¿Qué pasa en Sinaloa? 10 muertos y una marcha por la paz en Culiacán

Sinaloa volvió a contar cadáveres justo antes de salir a la calle para pedir que deje de haberlos. Diez personas fueron asesinadas el sábado 12 de septiembre en distintos puntos del estado mexicano, en una jornada especialmente violenta que precedió a la marcha por la paz celebrada este domingo en Culiacán. Cuatro homicidios se registraron en la capital, cinco en Mazatlán y uno en Escuinapa.

Horas después, cientos de ciudadanos —otros recuentos situaron la asistencia por encima de esa cifra— caminaron vestidos de blanco por Culiacán para exigir seguridad y el fin de una guerra interna del Cártel de Sinaloa que se prolonga desde hace dos años. Familias de asesinados y desaparecidos, empresarios, colectivos civiles y representantes de la Iglesia católica compartieron una escena difícil de separar de la realidad que denunciaban: mientras la ciudad pedía paz, la violencia seguía dejando víctimas.

Diez asesinatos en Sinaloa en apenas 24 horas

El balance del sábado retrata hasta qué punto la crisis de seguridad ha dejado de circunscribirse a un único foco. Culiacán, Mazatlán y Escuinapa registraron homicidios durante la misma jornada, con ataques armados y hallazgos de cadáveres en distintos puntos del estado.

En Culiacán fueron localizados cuatro muertos. Uno de los cuerpos apareció envuelto en plástico en la colonia Lázaro Cárdenas; otro fue encontrado parcialmente cubierto con plástico negro y junto a un mensaje amenazante en Tierra Blanca. En la carretera Culiacán-Eldorado fue hallado otro hombre muerto y esposado.

La cuarta víctima en la capital sinaloense fue una mujer atacada a tiros mientras conducía una camioneta por el bulevar José Limón. Los agresores, según los primeros informes, dispararon desde una motocicleta. La conductora perdió el control del vehículo tras recibir los impactos.

Fue, otra vez, una sucesión de escenas que en otras circunstancias paralizarían una ciudad. En Sinaloa corren el riesgo de convertirse en parte del paisaje. Y precisamente contra esa peligrosa normalización de la violencia salió la gente a la calle horas después.

Mazatlán concentró la mitad de los homicidios

La jornada fue todavía más grave en Mazatlán, donde se contabilizaron cinco asesinatos pese al refuerzo de los dispositivos de seguridad.

Por la mañana fueron encontrados los cuerpos de un hombre y una mujer con signos de violencia en el fraccionamiento Pradera Dorada III. Horas más tarde, un hombre armado entró en una vivienda del fraccionamiento Santa Fe y mató a un joven de 19 años.

Otro ataque, esta vez en la colonia Estero, dejó muerto a un joven de 25 años y provocó heridas a otras dos personas. Después, un hombre de entre 45 y 50 años fue asesinado a tiros dentro de su vivienda en la colonia Shumizu.

El décimo homicidio de la jornada se produjo en Escuinapa, donde una mujer fue encontrada muerta junto a la carretera México 15.

No se trató, pues, de un único enfrentamiento que disparase excepcionalmente la estadística. Fueron episodios distintos repartidos por el territorio, la expresión más cruda de una inseguridad que se ha ramificado al ritmo de la disputa entre las facciones del narcotráfico.

Culiacán se viste de blanco para pedir paz

Con ese balance todavía fresco, Culiacán amaneció el domingo 13 de septiembre con una imagen casi inversa. Camisetas blancas, fotografías de desaparecidos y familias enteras ocuparon las calles para exigir el fin de la violencia.

La movilización estuvo precedida por una misa en el templo de La Lomita, celebrada por el obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñónez. Desde allí, los participantes avanzaron hacia la catedral mientras reclamaban paz y seguridad para Sinaloa.

Hubo globos blancos en recuerdo de los muertos y desaparecidos. Hubo también fotografías sostenidas por familiares que llevan meses —a veces años— esperando respuestas. La protesta reunió a colectivos de búsqueda, jóvenes, empresarios y ciudadanos que han visto cómo acciones tan ordinarias como esperar a un hijo que vuelve a casa o elegir por qué carretera circular han adquirido otra dimensión.

El miedo se ha instalado en la rutina. Avisar al llegar, preguntar por dónde viene un familiar, inquietarse cuando alguien tarda demasiado. Son gestos pequeños, domésticos, pero dicen quizá más sobre una crisis de seguridad que cualquier gráfico.

Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, puso precisamente el acento en ese peligro: que asesinatos, balaceras y desapariciones terminen aceptándose como una especie de ruido de fondo. Cuando la excepcionalidad se convierte en costumbre, la derrota social empieza mucho antes que la estadística.

Dos años de guerra dentro del Cártel de Sinaloa

La violencia que atraviesa actualmente el estado tiene su principal origen inmediato en la ruptura interna del Cártel de Sinaloa. La detención en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en julio de 2024 alteró el equilibrio de poder dentro de la organización.

Poco después, las tensiones desembocaron en una guerra abierta entre los grupos vinculados a Los Chapitos, herederos de la estructura de El Chapo, y los seguidores de Zambada, conocidos como Los Mayos o La Mayiza.

Desde septiembre de 2024, Culiacán se convirtió en uno de los principales escenarios de esa disputa. Pero el conflicto fue extendiéndose. Carreteras cortadas, vehículos incendiados, asesinatos selectivos, desapariciones, secuestros y enfrentamientos han terminado alcanzando otras zonas del estado, incluida Mazatlán.

Las cifras acumuladas no son idénticas según la metodología empleada. Distintos recuentos sitúan el número de asesinados por encima de 3.000 desde el comienzo de la guerra interna, mientras los organizadores de la marcha elevan el balance hasta al menos 4.000 muertos. También se cuentan por miles las desapariciones relacionadas con estos dos años de violencia.

No es una diferencia menor, pero tampoco altera el diagnóstico. Sinaloa acumula miles de víctimas en apenas dos años, un volumen que explica por qué la exigencia de paz ha dejado de ser una consigna abstracta para convertirse en una cuestión cotidiana.

Una guerra que también golpea a quienes no participan en ella

La factura ya no se limita a los integrantes de las organizaciones criminales. Civiles ajenos al conflicto han muerto en ataques y tiroteos, comerciantes han reducido sus horarios, familias han cambiado rutinas y numerosos vecinos han abandonado temporal o definitivamente algunas zonas.

El impacto sobre los menores resulta especialmente inquietante. A comienzos de septiembre, un bebé de un año y cuatro meses murió durante un ataque armado en Culiacán. El niño viajaba con su familia cuando quedó atrapado en la violencia desatada contra otros objetivos.

También han sido asesinados funcionarios locales, activistas y creadores de contenido. A finales de agosto, la buscadora de desaparecidos Alma Rosa Rojo sobrevivió a un ataque armado cuando viajaba con su hija y dos nietas. Recibió varios disparos y una bala quedó alojada en su espalda.

Son historias distintas unidas por la misma geografía. La frontera entre la disputa criminal y la vida civil se ha vuelto demasiado fina.

Once detenidos vinculados a Los Chapitos

La nueva jornada de violencia coincidió con otro movimiento importante de las fuerzas de seguridad. Once presuntos integrantes de Los Chapitos fueron detenidos en Escuinapa durante un operativo del Ejército mexicano y las fuerzas estatales.

Las autoridades los relacionan con una célula bajo el mando de Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco”, señalado como jefe regional de esa facción en el sur de Sinaloa.

En el operativo fueron intervenidas 12 armas largas, cargadores, munición y equipo táctico. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.

La célula está bajo investigación por sus posibles vínculos con el secuestro de diez trabajadores de una empresa minera ocurrido en enero en La Concordia. Los trabajadores desaparecieron el 23 de enero y fueron posteriormente encontrados muertos, un caso que volvió a mostrar la capacidad de los grupos criminales para operar incluso en zonas con una creciente presencia de fuerzas federales.

Las detenciones son relevantes, pero la sucesión de operaciones y capturas todavía no se ha traducido en una recuperación estable de la seguridad. Ese es, precisamente, uno de los reproches que atraviesa las protestas ciudadanas: hay despliegues y arrestos, pero continúan los asesinatos.

Una exigencia que también apunta a las instituciones

La protesta de Culiacán no fue únicamente una manifestación contra los narcotraficantes. También trasladó a las instituciones mexicanas una exigencia bastante menos abstracta: recuperar calles, carreteras y barrios en los que una parte de la población siente que su libertad cotidiana se ha encogido.

El obispo Jesús José Herrera Quiñónez reclamó durante la ceremonia previa a la marcha calles seguras, familias tranquilas e instituciones capaces de proteger la vida. También pidió directamente a los grupos criminales que detengan la violencia. El mensaje puede parecer elemental. Lo extraordinario es que, en el Sinaloa de 2026, pedir una vida ordinaria se haya convertido en una reivindicación pública.

Porque de eso iba finalmente la marcha. No de grandes conceptos geopolíticos ni de la eterna mitología construida alrededor del narcotráfico mexicano, esa que durante años ha convertido a criminales en personajes de canción, serie televisiva y camiseta. En las calles estaban quienes pagan la factura cuando se apagan las cámaras: madres con fotografías, padres que esperan llamadas y empresarios que abren mirando de reojo la calle.

Sinaloa se niega a convertir la violencia en costumbre

Las diez muertes registradas un día antes de la movilización dejaron una paradoja brutal: Sinaloa salió a pedir paz mientras seguía contando asesinatos.

Dos años después del comienzo de la guerra entre las principales facciones del Cártel de Sinaloa, no hay indicios suficientes para considerar estabilizado el estado. Las operaciones de seguridad han golpeado estructuras criminales y producido numerosas detenciones, pero la violencia continúa desplazándose de una zona a otra y entrando, sin demasiados miramientos, en la vida de quienes nada tienen que ver con la disputa.

La marcha de Culiacán no detiene una guerra. Tampoco pretende hacerlo por sí sola. Sí deja algo bastante menos retórico: una sociedad que se resiste a aceptar como normal la violencia, que aparecer muerto junto a una carretera, escuchar disparos de madrugada o esperar noticias de un desaparecido formen parte inevitable de vivir en Sinaloa.

A veces la frontera más importante no está entre dos facciones criminales, sino entre acostumbrarse al miedo o seguir considerándolo intolerable. Este domingo, cientos de personas salieron a la calle para escoger lo segundo.