¿Por qué la huelga de profesores de Madrid no se frena ni al séptimo día?

Veinte mil personas, según la Delegación del Gobierno, marcharon este jueves por el centro de Madrid en la séptima jornada de la huelga indefinida del profesorado. Entre cánticos contra las cargas policiales de días anteriores y petardos frente a la Consejería de Educación, la estampa dejaba clara una cosa: el conflicto no solo no se apaga, sino que suma apoyos. Las asociaciones de madres y padres se han unido a la marcha, las seis universidades públicas madrileñas han convocado huelga general para el 4 y 5 de noviembre, y al otro lado del tablero la Consejería sigue sin fijar fecha para sentarse a negociar.

¿Cómo se llega a una huelga indefinida en la educación pública de una de las regiones más ricas de Europa? La respuesta no cabe en un tuit, pero sí en seis reivindicaciones, una carta sin respuesta y una cifra: 6.502 euros por alumno al año, la inversión educativa más baja de toda España.

Seis reivindicaciones y una nómina congelada desde 2011

La huelga, convocada por CC OO, UGT, STEM, CGT, CNT y Solidaridad Obrera junto a plataformas como Menos Lectivas, Marea Verde o Educación Especial Digna, tiene una tabla reivindicativa cerrada en seis puntos. No es una lista improvisada: los sindicatos la enviaron por escrito a la Consejería el 24 de agosto, más de un mes antes del primer paro, pidiendo negociación para evitar el conflicto. La consejería, según los convocantes, nunca respondió.

• ✓Menos horas de clase: 17 semanales en Secundaria (ahora 19) y 22 en Infantil y Primaria (ahora 25).
• ✓Ratios más bajas: 13 alumnos en el segundo ciclo de Infantil, 15 en Primaria y 20 en Secundaria, con el alumnado de necesidades específicas contando doble.
• ✓Fin de la segregación socioeconómica entre la red pública y la concertada.
• ✓Subida salarial de 600 euros al mes para un profesorado que cobra sus sueldos congelados desde 2011.
• ✓Menos burocracia y al menos un auxiliar administrativo por centro.
• ✓Infraestructuras dignas: aulas climatizadas, sin amianto y centros que dejen de construirse «por fases».

Parar tiene un coste directo para quien lo hace. Cada jornada de huelga descuenta entre 80 euros en Infantil y Primaria y 140 euros en Secundaria del sueldo de los docentes. Aguantar siete días —y los que vengan— sale caro, y eso añade presión a un colectivo que ya está en el tercio de autonomías que menos paga a sus profesores, pese a que Madrid tiene el coste de vida más alto del país.

Lo que responde la Consejería: 328 colegios y 13.600 contratos

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no niega los datos, pero los traduce a otro idioma. La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, sostiene que bajar las ratios a los niveles que piden los sindicatos «significaría perder 282.000 plazas educativas» o, para compensarlas, «crear 328 nuevos colegios de aquí al curso que viene». Rebajar el horario lectivo, añadió en TeleMadrid, exigiría más de 13.600 contrataciones de golpe.

«Las reivindicaciones de esta huelga son reivindicaciones que no están al alcance de la gestión educativa de la Comunidad de Madrid.»

La lectura sindical es justo la contraria. Aida San Millán, responsable de enseñanza de CC OO en la región, considera que con esas cifras Zarzalejo «por fin reconoce que el problema de la Comunidad de Madrid con la educación pública es que no tienen dinero», dado que «el 50% de la educación la tienen privatizada». «Nadie les ha pedido que lo tengan que resolver en un año —matiza—, pero lo que no puede ser es que no lo tengan nunca».

El choque de marcos es total. La Consejería esgrime que Madrid lidera los resultados españoles en el informe PISA y recuerda que parte de los sindicatos firmaron el año pasado un acuerdo aún en despliegue que llevará las horas lectivas de Secundaria a 18 en 2028. Los convocantes replican que justamente por eso hace falta más: un acuerdo que llega tarde y no cubre ni ratios, ni salario, ni segregación.

Fuente: tabla reivindicativa de los sindicatos convocantes (CC OO, UGT, STEM, CGT, CNT y Solidaridad Obrera)

Por qué el conflicto estalla justo ahora (y no por las elecciones)

La Consejería repite que la huelga es «política y electoralista», enmarcándola en el malestar social de las acampadas por la vivienda y en la precampaña del 29N. El calendario, sin embargo, cuenta otra historia: la convocatoria se anunció en junio, cuando no había ni sospecha de adelanto electoral, y nació por imitación de lo que funcionó el curso pasado en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde paros similares acabaron con acuerdos sobre ratios y horas lectivas.

1. 1Mayo-junio de 2026: los sindicatos madrileños anuncian la huelga indefinida, inspirados en los paros de Valencia y Cataluña.
2. 224 de agosto: una veintena de organizaciones envían a la Consejería la tabla reivindicativa y piden negociar. No hay respuesta.
3. 3Septiembre: Ayuso anuncia la negociación de la carrera profesional docente, con «hasta 350 euros» más al mes. Los sindicatos la consideran insuficiente y mantienen el paro.
4. 415 de octubre: arranca la huelga indefinida, con seguimiento masivo según los convocantes y las educadoras de Infantil cortando el Paseo de la Castellana.
5. 522 de octubre: séptima jornada. 20.000 personas marchan en Madrid entre críticas a las cargas policiales de días anteriores.

Hay un factor económico de fondo que atraviesa todas las reivindicaciones: la segregación. Diversos estudios sitúan a Madrid a la cabeza de España en separación del alumnado pobre —que va mayoritariamente a la pública— y el rico —que asiste en general a la privada y la concertada—. España, a su vez, encabeza esa desigualdad dentro de la OCDE. Para los sindicatos, el sistema de conciertos no es un complemento, sino una vía de fuga de recursos que deja morir a la red pública.

Qué puede pasar ahora: presión en la calle y una ley sindical por medio

«La falta de voluntad para atender estos seis puntos es intolerable. Nos están despreciando. Decir que son excesivas es decir que le parece excesivo que nuestras alumnas no estén hacinadas en el aula o que nuestros sueldos lleven congelados desde 2011.» — Jessica Belda, portavoz de CGT

Chema Pinto, portavoz de UGT, añade un argumento jurídico que puede pesar en los próximos días: negarse a abrir una mesa de negociación «atenta contra las leyes del Estado», porque la ley sindical obliga a la administración a sentarse con los representantes de los trabajadores desde el primer día de huelga. Si algún sindicato lleva el bloqueo a los tribunales, el conflicto podría cambiar de terreno.

Mientras tanto, la presión se multiplica. Las seis universidades públicas madrileñas han convocado huelga general para el 4 y 5 de noviembre por su propia «asfixia económica», las familias se suman a las marchas y la protesta amenaza con convertirse en un asunto nacional a cinco semanas de las elecciones generales. La Comunidad de Madrid ha demostrado que puede aguantar el pulso una semana entera sin mover ficha. La pregunta es si puede hacerlo cuando el paro cumpla quince días, las aulas de media región sigan a medio gas y la carrera por el 29N haya empezado oficialmente. De momento, nadie en la Consejería da una fecha para sentarse. Y nadie en los piquetes habla de desconvocar.