Hacienda pone la lupa en pisos, obras y ventas online

Hacienda refuerza el control fiscal sobre comercio electrónico, construcción, alquileres, Bizum y neobancos en su plan tributario de 2026.

La Agencia Tributaria ha decidido apretar el cerco sobre dos focos que llevan años creciendo a toda velocidad y que, al mismo tiempo, concentran algunas de las grietas fiscales más sensibles del sistema: el comercio electrónico y el negocio inmobiliario y de la construcción. El movimiento no es menor. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este 12 de marzo de 2026 el Plan de control tributario y aduanero con el que el Ministerio de Hacienda fija las prioridades de vigilancia para este año, y el mensaje es nítido: habrá más inspección en los sectores donde circula mucho dinero, abundan las estructuras complejas y aparecen con frecuencia prácticas diseñadas para rebajar o eludir el pago de impuestos.

El plan no se limita a señalar grandes compañías o entramados internacionales, aunque ahí también endurece el foco. Mete de lleno el bisturí en realidades mucho más pegadas a la economía diaria: alquileres gestionados por plataformas digitales, subcontratación en obras, ventas a través de internet, cobros por tarjeta, negocios nacidos en redes sociales, neobancos, criptomonedas y hasta la costumbre de algunos establecimientos de seguir funcionando casi como si el tiempo no hubiera pasado, reacios al pago electrónico. La fotografía que dibuja Hacienda es la de un mercado más digital, más fragmentado y también más escurridizo, donde el fraude ya no siempre se esconde en una caja B de manual, sino en algoritmos, sociedades pantalla y flujos de dinero que viajan a golpe de móvil.

Un plan con dos sectores en el centro de la diana

La novedad más visible del documento está en la elección de los sectores que la inspección tributaria considera hoy más delicados. Hacienda habla de actividades “pujantes” con “riesgos específicos”, una fórmula burocrática que, traducida al terreno, significa que son negocios que mueven mucho volumen, cambian deprisa y ofrecen vías relativamente cómodas para maquillar ingresos, inflar gastos o desplazar la tributación donde conviene menos al fisco.

En ese mapa aparecen con fuerza el comercio electrónico y la actividad inmobiliaria y de construcción. No es casual. El primero ha dejado de ser un nicho para convertirse en un escaparate gigante, casi sin persianas, donde conviven desde multinacionales a pequeños vendedores, intermediarios y operadores que a veces juegan con la localización de sus sociedades para aprovechar resquicios fiscales. El segundo, el ladrillo en su versión más amplia —promoción, compraventa, reformas, alquiler, subcontratas—, sigue siendo uno de los territorios clásicos donde la Agencia Tributaria detecta prácticas de riesgo, con especial atención a la deducción de gastos financieros, la valoración de inmuebles y la utilización abusiva de subcontratas.

La lectura política y económica también importa. El Gobierno sitúa la vigilancia en dos ámbitos donde hay actividad intensa, flujo constante de dinero y una larga tradición de conflictos entre lo declarado y lo realmente cobrado. No se trata solo de perseguir fraude flagrante; también de cerrar espacios grises. En el lenguaje de Hacienda, eso incluye desde estructuras societarias usadas para rebajar artificialmente la factura fiscal hasta operaciones aparentemente ordinarias que, vistas de cerca, muestran una ingeniería bastante más sofisticada.

El ladrillo vuelve al escaparate fiscal

La construcción y el mercado inmobiliario regresan así al primer plano del control fiscal. El motivo es doble. Por un lado, son sectores con una capacidad enorme para movilizar capital. Por otro, arrastran desde hace décadas una mezcla delicada de financiación, subcontratación, compraventas, alquileres, reformas y pagos difíciles de seguir con precisión cuando la trazabilidad se debilita.

Hacienda pone el acento en varios frentes. Uno de ellos es la deducción de gastos financieros, un terreno técnico en apariencia, pero decisivo en la práctica. Ahí se juegan parte de las estrategias con las que algunas empresas reducen la base imponible que finalmente tributa. Otro punto sensible es la correcta valoración de los inmuebles en el momento de la venta, una cuestión que afecta de lleno al cálculo del impuesto y que puede alterarse mediante precios declarados que no reflejan con fidelidad el valor real de la operación o mediante estructuras contractuales diseñadas para desplazar la carga fiscal.

Subcontratas, alquileres y pisos turísticos bajo revisión

Dentro del negocio de la construcción, Hacienda avisa de que vigilará la utilización abusiva de subcontratas. Es un aviso serio. La cadena de subcontratación, perfectamente legal cuando responde a una necesidad real de la obra, se convierte en una zona de riesgo cuando sirve para diluir responsabilidades, fragmentar obligaciones o esconder relaciones laborales y mercantiles que deberían tributar de otra manera. En un sector donde una obra puede parecer una muñeca rusa —una empresa dentro de otra dentro de otra—, la inspección buscará precisamente esas capas.

En el ámbito del alquiler, la lupa se mueve tanto sobre la declaración de ingresos como sobre la identificación del uso real de las viviendas. Esto afecta especialmente a los arrendamientos canalizados mediante plataformas digitales, donde Hacienda cree que todavía existe margen para detectar rentas no afloradas o inmuebles que se presentan como una cosa y funcionan como otra. Ahí entra el fenómeno de las viviendas arrendadas para uso turístico o para fines distintos del declarado inicialmente. No es una persecución abstracta: el plan deja claro que la Administración quiere cruzar información y comprobar que lo que se cobra, cómo se cobra y para qué se usa un inmueble encaja con lo comunicado al fisco.

Ese punto tiene un trasfondo que va más allá de la recaudación. El mercado del alquiler atraviesa desde hace tiempo una etapa de tensión extrema, con precios elevados, oferta menguante en muchas ciudades y una convivencia a veces confusa entre alquiler residencial, temporal y turístico. Para Hacienda, esa mezcla genera una zona especialmente fértil para la opacidad. Un piso puede cambiar de naturaleza fiscal con la misma facilidad con la que cambia de anuncio en una plataforma. Y ahí, precisamente, es donde la Agencia Tributaria quiere mirar más de cerca.

El comercio electrónico, entre el IVA y las sociedades pantalla

Si el ladrillo representa un viejo conocido del fraude fiscal, el comercio electrónico simboliza su mutación más veloz. No hay caja registradora visible, no hay mostrador y, en muchos casos, tampoco una localización empresarial clara a simple vista. El plan de Hacienda sitúa aquí una de sus prioridades más específicas: localizar sociedades que aparentan estar constituidas en la Unión Europea para eludir el pago del IVA.

La clave está en que internet ha borrado parte de las fronteras comerciales, pero no las fiscales. Vender desde una web o una plataforma global permite operar en varios mercados a la vez, facturar a consumidores de distintos países y utilizar estructuras jurídicas complejas que dificultan saber desde dónde se vende realmente, quién ingresa el dinero y dónde debería tributarse. Hacienda apunta a esas empresas que juegan a parecer europeas cuando no lo son o que usan esa apariencia para esquivar obligaciones en materia de IVA, uno de los impuestos más vigilados por su capacidad recaudatoria y, a la vez, por la facilidad con que puede manipularse en operaciones transfronterizas.

No se trata solo de las grandes plataformas. El ecosistema del comercio electrónico está lleno de capas intermedias: marketplaces, operadores logísticos, importadores, revendedores, pequeñas sociedades, autónomos digitalizados, vendedores que nacen en redes sociales y desaparecen a la misma velocidad con la que subieron. La Agencia Tributaria sabe que buena parte del negocio legítimo circula por esos canales. También sabe que algunos de los esquemas más creativos para rebajar impuestos han encontrado en ese entorno una pista de aterrizaje ideal.

Redes sociales, neobancos y dinero difícil de rastrear

El plan incorpora otro elemento que retrata bien la economía de 2026: los nuevos modelos de negocio surgidos en redes sociales. No es una mención decorativa. Hacienda anticipa que comprobará también la residencia fiscal de quienes generan ingresos por estas vías, un asunto especialmente delicado en un momento en que creadores de contenido, intermediarios digitales, vendedores y profesionales online pueden trabajar desde un país, facturar desde otro y mostrar en internet una vida que no siempre coincide con su domicilio fiscal real.

A ese universo se suman las cuentas en neobancos utilizadas para ocultar rentas o patrimonios en el exterior y la operativa con monedas virtuales. El mensaje es bastante claro: la digitalización, por sí sola, ya no es una coartada opaca. Hacienda quiere cruzar más datos, seguir más huellas y reducir la ventaja que hasta hace poco tenían quienes movían ingresos en estructuras financieras menos visibles para los circuitos clásicos de control.

La imagen de fondo casi se puede tocar. Antes, el fraude olía a efectivo guardado en cajones. Ahora puede parecerse a una sucesión de cobros troceados en apps, cuentas abiertas en entidades digitales, pagos internacionales casi instantáneos y carteras de criptoactivos que cambian de titular o de jurisdicción con un par de clics. El objetivo del plan es convertir esa niebla en algo legible.

La economía sumergida cambia de forma, no desaparece

Hacienda dedica otro bloque relevante a la economía sumergida, que no desaparece: se adapta. El plan anuncia un control específico sobre establecimientos que no admiten pagos con tarjeta, con la finalidad expresa de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. La decisión no es inocente. En un entorno donde el pago electrónico se ha normalizado casi por completo, negarse sistemáticamente a aceptar tarjeta puede convertirse en un indicador de riesgo, no una prueba automática de fraude, pero sí una señal que invita a mirar con más detalle.

La Agencia Tributaria también vigilará a contribuyentes con discordancias entre la renta declarada y su nivel de vida. Es una fórmula conocida, aunque sigue siendo una de las más eficaces. Cuando el patrimonio visible, el consumo, los movimientos bancarios o determinados gastos relevantes no encajan con los ingresos oficialmente declarados, salta una sospecha clásica: hay rentas que no están aflorando. Este tipo de control apunta tanto a personas físicas como a estructuras empresariales y conecta con una idea central del plan: el fraude no siempre se descubre por una confesión o por una denuncia, a veces aparece porque los datos cuentan una historia distinta a la que figura en el papel.

En este terreno se enmarca también el seguimiento de los pagos con tarjeta y de los cobros asociados a números de móvil. Hacienda recuerda que ya recibe mensualmente información sobre la titularidad de cuentas bancarias y sobre los ingresos obtenidos por empresarios mediante estos sistemas, algo que permite detectar ventas ocultas. El dato es importante porque muestra hasta qué punto la Administración quiere pasar de la inspección reactiva a una vigilancia basada en el cruce automatizado de información.

Bizum, profesionales y empresarios en el radar

Uno de los asuntos que más ruido genera cada vez que se anuncia un plan de control es el de Bizum. Conviene afinar ahí, porque el foco no se dirige al uso cotidiano entre particulares, sino a los cobros de profesionales y empresarios cuando esos movimientos forman parte de su actividad económica. La clave no está en la herramienta, sino en la obligación de declarar correctamente los ingresos obtenidos a través de ella.

El mensaje de Hacienda es sencillo: da igual que el pago llegue por transferencia, tarjeta, efectivo o aplicación móvil; si responde a una actividad profesional o empresarial, debe tributar como corresponde. La popularidad de Bizum lo ha convertido en una fórmula de cobro muy extendida en pequeños negocios, autónomos y servicios de proximidad. Esa comodidad, casi doméstica, no borra su rastro fiscal. Y precisamente por eso se incorpora con naturalidad al ecosistema de información del que dispone la Agencia Tributaria.

La misma lógica se proyecta sobre otros circuitos de cobro digitales. La Administración quiere ver el conjunto, no una herramienta aislada: qué se factura, por dónde entra el dinero, con qué frecuencia, a qué titular está vinculado y si esa realidad coincide con lo declarado. Es un control menos espectacular que una gran operación policial, pero mucho más pegado a la rutina económica real.

Grandes patrimonios, sociedades instrumentales y empresas con cifras anómalas

Aunque el comercio electrónico y la construcción destacan como sectores señalados, el plan no se agota ahí. Hacienda anuncia un refuerzo de la investigación sobre casos complejos, entre ellos la fiscalidad internacional, las grandes empresas, las personas físicas con patrimonios relevantes y el uso indebido de fórmulas societarias. Es decir, no solo mira al pequeño fraude disperso; mantiene también la presión sobre estructuras de alta capacidad económica.

Especial interés despiertan las llamadas sociedades instrumentales, utilizadas en ocasiones para canalizar rentas personales o patrimoniales con una tributación más favorable de la que correspondería si esos ingresos se declararan directamente por la persona física. No toda sociedad es sospechosa, claro. Lo que busca la inspección es discernir cuándo existe una actividad real, una organización efectiva y una justificación económica sólida, y cuándo la sociedad es poco más que una carcasa diseñada para pagar menos.

El plan menciona igualmente los grupos empresariales con ingresos “llamativamente” bajos, una expresión que suena casi coloquial dentro del lenguaje administrativo, pero que describe bien el problema: empresas o grupos cuyo volumen declarado no encaja con el tipo de actividad que desarrollan, el mercado en el que operan o la estructura que sostienen. Ahí Hacienda percibe un filón de inconsistencias que pueden esconder desde planificación fiscal agresiva hasta fraude más descarnado.

En paralelo, la Agencia Tributaria mantendrá la vigilancia sobre el fraude en la matriculación de vehículos en otros países, otra práctica conocida para abaratar la fiscalidad o eludir determinadas obligaciones. Todo ello compone un tablero amplio donde conviven el fraude tecnológico, el fraude tradicional y las fórmulas híbridas que mezclan ambos mundos.

Aduanas, criptoactivos y blanqueo en la frontera invisible

La rama aduanera del plan tampoco pasa de puntillas. El área de aduanas concentrará parte de su actividad en el control de las operaciones de comercio electrónico y en los impuestos ligados a hidrocarburos, alcohol y tabaco, tres ámbitos históricamente sensibles por su volumen económico y por la rentabilidad que ofrece cualquier irregularidad en su tributación.

A la vez, Vigilancia Aduanera redoblará la atención sobre el tráfico de cocaína y hachís y sobre el blanqueo de capitales mediante neobancos. Esta combinación dice bastante sobre cómo ve el Estado los nuevos canales del dinero ilícito. Ya no basta con vigilar puertos, fronteras físicas y movimientos de mercancías; también hay que seguir la pista de fondos que se mueven por entidades financieras digitales, con rapidez, aparente dispersión y una capa extra de complejidad.

En ese contexto encaja la referencia a la futura llegada de más información sobre criptoactivos. La Agencia Tributaria ya venía dando pasos para cerrar el cerco sobre las operaciones con monedas virtuales, pero el plan sugiere un salto adicional en capacidad de seguimiento. El interés es obvio: las criptomonedas pueden utilizarse con fines legítimos, pero también sirven para ocultar patrimonio, trasladar valor entre jurisdicciones o dificultar la identificación del titular real de una renta. Para Hacienda, disponer de más datos en este campo equivale a reducir un espacio que durante años funcionó como territorio de penumbra.

Más ayuda al contribuyente y cambios en la campaña de la renta

El plan no solo habla de inspección. También incorpora medidas de información y asistencia, una parte menos llamativa del documento, aunque políticamente importante. La Agencia Tributaria quiere reforzar la idea de que el control más duro convive con más herramientas para cumplir. En esa línea se anuncia la ampliación de los beneficiarios y opciones de pago de ‘Renta Directa’, la modalidad que permite presentar la declaración del IRPF sin cambios en el borrador.

La novedad práctica está en que quienes presenten la declaración a través de la aplicación móvil podrán abonar la liquidación por Bizum o tarjeta electrónica. El gesto puede parecer pequeño, pero tiene un valor simbólico claro: la Administración adapta su interfaz a hábitos de pago que ya forman parte de la vida cotidiana. La relación con Hacienda, siempre un poco áspera, se vuelve más móvil, más instantánea y menos dependiente de trámites clásicos.

También se habilitarán las autoliquidaciones rectificativas en varios impuestos, entre ellos los relativos a gases fluorados, líquidos para cigarrillos electrónicos, el impuesto especial sobre la electricidad y el impuesto especial sobre el carbón. En la práctica, esto permitirá corregir errores de forma más directa cuando el propio contribuyente detecte fallos en su autoliquidación. No suprime la obligación de declarar bien desde el principio, pero introduce un mecanismo más flexible para ajustar lo declarado sin necesidad de laberintos administrativos innecesarios.

A ese paquete se suma el refuerzo de la asistencia presencial y telefónica mediante la incorporación de personal laboral y la puesta en marcha de nuevos instrumentos de ayuda, como un asistente virtual para el impuesto sobre la renta de no residentes, un informador del impuesto de matriculación y otro orientado a la exportación. Es una doble estrategia bastante reconocible: más datos, más control y también más automatización en la relación con el contribuyente.

Un año de vigilancia más fina y menos espacio para la opacidad

Lo que deja este plan es una sensación bastante concreta: Hacienda quiere afinar, no solo ampliar. El objetivo no parece ser una campaña masiva de inspecciones indiscriminadas, sino una vigilancia más precisa sobre sectores, perfiles y conductas donde los riesgos ya están identificados. El comercio electrónico y la construcción encajan en ese patrón porque representan dos caras de la economía actual: una completamente digital, otra profundamente física; una nueva en sus formas, otra vieja en sus inercias. Las dos, sin embargo, comparten algo decisivo: concentran dinero, complejidad y oportunidades de ocultación.

El documento publicado este 12 de marzo de 2026 también refleja un cambio de época. La administración tributaria ya no se limita a perseguir lo que aflora tarde; intenta anticiparse a partir de cruces de datos, trazas digitales y modelos de comportamiento económico. El fraude, por decirlo sin solemnidad, se ha modernizado. La respuesta del Estado también.

En ese tablero, el mensaje para empresas, propietarios, profesionales y operadores digitales resulta diáfano. Los alquileres mal declarados, las ventas online con estructuras opacas, las subcontratas usadas como pantalla, los cobros digitales no aflorados, las sociedades de conveniencia y los patrimonios escondidos tras circuitos financieros poco visibles tendrán este año una atención especial. No porque sean fenómenos nuevos, sino precisamente porque ya forman parte del paisaje. Y cuando algo se vuelve paisaje, Hacienda suele acabar desplegando prismáticos.