Glovo plantea despedir hasta 750 repartidores en 60 ciudades

Glovo ha comunicado a los sindicatos su intención de abrir un expediente de regulación de empleo que podría afectar a hasta 750 repartidores en unas 60 ciudades españolas. La compañía relaciona el ajuste con la reducción de su actividad en determinados municipios y sostiene que necesita adaptar la operativa para evitar tener que abandonar por completo algunos mercados. La cifra es un máximo anunciado, no la confirmación de que se despedirá a todas esas personas.

La medida llega después de que la plataforma cambiara su modelo laboral y comenzara a contratar directamente a miles de repartidores. También se produce en un contexto de denuncias sindicales por despidos anteriores, que CCOO considera parte de un proceso que debía haberse tramitado colectivamente. El alcance final del ajuste, las localidades afectadas y las condiciones para la plantilla todavía dependen de cómo avance la negociación.

Qué ha anunciado la compañía y qué se sabe del alcance

El anuncio trasladado a los sindicatos plantea una reestructuración con impacto potencial en alrededor de 750 repartidores distribuidos en cerca de 60 ciudades. Glovo ha explicado que la reducción de su servicio en algunas zonas responde a dificultades para mantener allí una operativa viable. En esos lugares, la alternativa que describe la empresa es ajustar recursos para continuar prestando servicio, en vez de afrontar un posible cierre local.

Ese planteamiento permite entender por qué la cifra debe leerse con cautela: 750 es el máximo de personas que podrían verse afectadas, no un balance definitivo de despidos ejecutados. La comunicación de una intención de iniciar el procedimiento abre una etapa distinta de la decisión final. Durante ese proceso pueden discutirse la justificación, el alcance territorial y las consecuencias laborales, de modo que el número inicialmente anunciado no permite anticipar por sí solo cuál será el resultado.

La compañía afirma que mantiene su actividad habitual en más de 800 localidades de España, aunque prevé reducir el servicio en más de medio centenar. La coexistencia de ambas cifras dibuja un ajuste territorial, no una retirada general de la plataforma del país. La cuestión central es cómo se traduce esa reducción en cada mercado: una menor disponibilidad de repartidores, menos cobertura o la salida de determinadas zonas son escenarios distintos, y la información disponible no detalla todavía la situación municipio por municipio.

El recorte se explica por la operativa de las ciudades

Según las informaciones sobre el anuncio, Glovo vincula la reestructuración a localidades donde la actividad resulta difícil de sostener con el funcionamiento actual. La empresa alude a problemas operativos y a la necesidad de ajustar el servicio en mercados concretos. No ha trascendido un desglose público que permita comparar el volumen de pedidos, los costes o los ingresos de cada ciudad, por lo que no es posible atribuir el ajuste a una única causa económica común a todas ellas.

La diferencia entre una gran área urbana y una población más pequeña ayuda a situar el problema, aunque no lo resuelve por completo. En una ciudad con una demanda amplia, la plataforma puede reunir más pedidos y repartir la actividad entre más repartidores; en mercados de menor tamaño, la demanda puede ser más irregular y cubrir franjas de servicio resultar más complicado. La escala local importa porque el reparto depende de que coincidan pedidos, disponibilidad de trabajadores y cobertura suficiente, no solo de que una aplicación esté activa en el mapa.

La contratación laboral también cambia la forma de organizar esa actividad. Pasar a una plantilla asalariada exige gestionar el trabajo mediante relaciones laborales directas o a través de empresas intermediarias, en lugar de recurrir al esquema anterior de repartidores autónomos. Las fuentes del sector citadas en la información disponible relacionan la reducción en algunas ciudades con la complejidad y el coste de organizar flotas bajo ese modelo. Se trata de una explicación atribuida al sector, no de un cálculo detallado presentado por la compañía para cada localidad.

El cambio laboral que precede al expediente

El anuncio se produce siete meses después de la transición al modelo de contratación laboral comunicada por Glovo en julio de 2025. En ese momento, la empresa informó de que había contratado a unos 14.000 repartidores que hasta entonces trabajaban como autónomos o mediante flotas intermediarias. La transformación respondía a la presión para abandonar el uso de repartidores considerados falsos autónomos y adaptarse a la regulación conocida como ley rider.

El cambio tiene una relevancia que va más allá de la etiqueta contractual. Cuando una plataforma pasa a emplear directamente a repartidores, debe organizar la actividad dentro de una estructura laboral diferente, con obligaciones y formas de gestión distintas de las asociadas al trabajo autónomo. Eso no demuestra por sí mismo que el nuevo modelo sea la causa única del ajuste anunciado, pero sí explica por qué la reestructuración se produce en un momento de cambio profundo para la compañía.

Las cifras sobre el tamaño de la plantilla varían según qué relaciones se incluyan. La empresa indicó que incorporó a alrededor de 14.000 repartidores, mientras fuentes del sector calculan que el conjunto de personas vinculadas a la actividad en España, incluidos quienes trabajan mediante subcontratas, ronda las 21.000. Antes de la transición, se hablaba de unos 34.000 repartidores que operaban en el país. No son magnitudes directamente intercambiables: una cifra cuenta contrataciones directas y otra incluye también modelos de intermediación.

Por eso, el número de personas potencialmente afectadas no debe compararse sin matices con el total de repartidores vinculados a Glovo. El expediente se refiere a un grupo y a unas localidades concretas, mientras que las estimaciones generales abarcan fórmulas de empleo diferentes. Tampoco se ha ofrecido en la información disponible un reparto completo entre trabajadores contratados directamente y personal de empresas subcontratadas dentro de las zonas afectadas.

Los sindicatos cuestionan el momento y los despidos anteriores

CCOO ya había advertido en febrero de la posibilidad de que se estuviera produciendo un expediente encubierto. El sindicato sostuvo que había detectado una sucesión de despidos individuales y pidió a la dirección que cesara lo que calificó como prácticas antisindicales y abriera una negociación sobre las condiciones laborales. También advirtió de que podría impulsar movilizaciones de alcance estatal si no se atendían sus reclamaciones.

El día en que Glovo comunicó su intención de iniciar el expediente, CCOO presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional. El sindicato afirma que la empresa había superado los 30 despidos en 90 días y que, por ese motivo, debía tramitar un proceso colectivo debidamente justificado, informado y negociado con la representación de los trabajadores. Ese umbral y la interpretación de los despidos forman parte de la denuncia sindical; no equivalen por sí solos a una resolución judicial que haya determinado que la compañía incumplió la normativa.

La disputa se refiere, por tanto, tanto al recorte anunciado como a la forma en que se habrían producido las salidas anteriores. CCOO sostiene que algunos despidos previos debían haberse incluido en un procedimiento colectivo. La empresa, por su parte, ha comunicado ahora que quiere abrir formalmente un expediente. La secuencia temporal explica la tensión entre ambas partes, pero la información disponible no permite dar por probado que los despidos anteriores y el nuevo ajuste formen jurídicamente una única operación.

También se han difundido críticas de CGT sobre las condiciones de los repartidores tras el cambio de modelo laboral. Esas posiciones sindicales muestran que la regularización contractual no ha terminado con el conflicto sobre la organización del trabajo. Ser asalariado no elimina automáticamente las controversias sobre horarios, sanciones, gestión de incidencias o representación; son cuestiones distintas que pueden seguir enfrentando a trabajadores, sindicatos y empresa incluso después de cambiar el tipo de contrato.

Qué localidades pueden notar los cambios

Las informaciones sobre el ajuste mencionan ciudades y provincias de distintas zonas del país, entre ellas Barcelona, Valencia y Sevilla, además de territorios como Alicante, Málaga, Cádiz, Tarragona, Girona, Ciudad Real, Guadalajara, Cáceres, Las Palmas y Gipuzkoa. También se citan Ceuta y Melilla. Esa relación orienta sobre la amplitud geográfica del anuncio, pero no constituye una lista definitiva de centros afectados ni confirma que en todos esos lugares se produzca el mismo tipo de reducción.

La diferencia importa porque una ciudad puede verse afectada por el recorte de cobertura sin que eso signifique necesariamente el cierre completo del servicio. En el anuncio se relaciona la reducción de actividad con la intención de evitar cierres locales, pero no se detalla qué nivel de servicio quedará en cada zona ni cuántos trabajadores corresponden a cada una. Sin ese desglose, no se puede traducir el máximo de 750 afectados en un impacto concreto para cada municipio.

Para los establecimientos que utilizan la plataforma, una menor cobertura puede modificar el alcance del canal de reparto, aunque no hay datos suficientes para medir el efecto comercial en cada localidad. Para los usuarios, el cambio podría reflejarse en la disponibilidad del servicio o en las zonas en las que se pueden realizar pedidos, pero la información publicada no confirma cambios específicos en la aplicación. La escala nacional del anuncio convive así con consecuencias que, en la práctica, dependen de cada mercado.

El expediente no equivale todavía a un resultado cerrado

Un expediente de regulación de empleo es el cauce colectivo al que se recurre en una reestructuración de este tipo. En este caso, el dato confirmado por las informaciones disponibles es que Glovo ha comunicado su intención de ponerlo en marcha y que el posible impacto alcanza a unos 750 repartidores. No se han detallado aquí las condiciones finales, el calendario completo del proceso, las medidas que podrían plantearse ni la cifra definitiva de personas que saldrían de la empresa.

La negociación tiene importancia porque puede precisar qué puestos entran en el proceso y cómo se organiza el ajuste. También permite que la representación de los trabajadores exponga sus argumentos frente a la justificación empresarial. La apertura de un expediente no significa que las posiciones estén acordadas ni que el máximo anunciado vaya a convertirse automáticamente en el número final. La diferencia entre una previsión inicial y una decisión ejecutada es esencial para no presentar como consumado un desenlace que aún puede cambiar.

Al mismo tiempo, la denuncia de CCOO ante la Audiencia Nacional abre un frente distinto. El procedimiento judicial deberá abordar las alegaciones del sindicato sobre los despidos previos y la necesidad, según su interpretación, de haber recurrido antes a un mecanismo colectivo. La existencia de esa denuncia no resuelve de antemano el conflicto ni confirma todas las acusaciones; sí deja constancia de que parte de la representación laboral cuestiona cómo se ha llegado hasta el anuncio actual.

Un pulso entre cobertura, empleo y sostenibilidad

La reestructuración de Glovo refleja una tensión característica del reparto a domicilio: mantener cobertura amplia en territorios diversos mientras se organiza el empleo con un modelo laboral distinto del que predominó antes. El servicio puede ser rentable o viable en unos lugares y más difícil de sostener en otros, pero no hay información desglosada suficiente para medir esa diferencia con cifras. El ajuste no permite concluir por sí solo que el modelo asalariado sea inviable, igual que la continuidad en más de 800 localidades no demuestra que las condiciones sean idénticas en todas ellas.

El cambio de 2025 y el expediente anunciado en los meses posteriores plantean una cuestión más amplia que el número de despidos: cómo se distribuyen los costes de una transformación laboral en una actividad que depende de la demanda local. La formalización del empleo responde a exigencias regulatorias y laborales; la continuidad del servicio, a su vez, depende de que la plataforma pueda organizar la actividad en cada mercado. El equilibrio entre ambas dimensiones no se mide solo en puestos eliminados, sino también en qué zonas conservan cobertura y bajo qué condiciones se presta el trabajo.

Por ahora, el desenlace sigue abierto. Glovo plantea un ajuste de hasta 750 repartidores en unas 60 ciudades, los sindicatos cuestionan tanto la decisión como los despidos que la precedieron y la actividad de la plataforma continúa en la mayor parte del territorio, según la información difundida. La cifra definitiva y el alcance local dependerán del procedimiento y de los acuerdos o decisiones que se produzcan. Hasta entonces, la noticia describe un proceso de reestructuración anunciado, no una lista cerrada de salidas ni una retirada general del servicio en España.