¿Gravar grandes fortunas evitaría 29 millones de muertes hasta 2030?

Un impuesto internacional sobre las grandes fortunas podría evitar hasta 29,5 millones de muertes de aquí a 2030 si el dinero recaudado se destinara a compensar los recortes de la ayuda al desarrollo. Es la estimación más elevada de un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, ISGlobal, que analiza qué ocurriría si parte de la riqueza concentrada en manos de los más ricos se transformara en financiación para programas sanitarios y humanitarios en los países con menos recursos.

La cifra impresiona, pero conviene colocarla donde corresponde. No significa que aprobar un impuesto produzca automáticamente 29,5 millones de supervivientes, como quien introduce una moneda en una máquina. Se trata de una proyección estadística construida a partir de la relación observada entre ayuda internacional y mortalidad, combinada después con distintos escenarios de recaudación y redistribución. El resultado, aun con esa cautela, dibuja una dimensión difícil de ignorar: cuando desaparece financiación para vacunas, atención materna, nutrición, malaria o enfermedades infecciosas, las consecuencias dejan de ser una discusión contable bastante rápido.

Un impuesto del 3% concentra la estimación más alta

El trabajo estudia distintos mecanismos internacionales para obtener recursos y destinarlos a la cooperación. El escenario de mayor impacto corresponde a un gravamen del 3% sobre grandes patrimonios, que, según el modelo publicado, permitiría financiar intervenciones asociadas con hasta 29,5 millones de muertes evitadas antes de 2030.

Con tipos más bajos, el efecto calculado sigue siendo considerable. Un impuesto del 1% sobre esas fortunas estaría asociado con unos 15 millones de fallecimientos evitados, mientras que con un 2% la estimación ascendería a aproximadamente 22,9 millones.

No se trata únicamente de poner la lupa sobre los multimillonarios. Los investigadores modelizaron diez fórmulas distintas de redistribución y financiación, entre ellas gravámenes sobre transacciones financieras, multinacionales, emisiones de carbono, criptomonedas e intereses derivados de determinadas operaciones de deuda soberana.

Una tasa sobre las transacciones financieras, de la familia de lo que suele conocerse como tasa Tobin, podría alcanzar aproximadamente 24 millones de muertes evitadas según las hipótesis utilizadas. Un impuesto mínimo sobre grandes multinacionales rondaría los 20 millones. En el extremo inferior aparece uno de los modelos aplicados a las mayores fortunas en criptomonedas, con unos 6,6 millones.

El dinero solo salva vidas cuando acaba convertido en servicios

Ahí está la pieza que puede perderse entre titulares de ricos, impuestos y cifras con muchos ceros. El mecanismo no es cobrar impuestos y reducir la mortalidad. Entre una cosa y otra existe todo un puente: recaudar, redistribuir y financiar servicios que de otro modo quedarían debilitados o desaparecerían.

Hablamos de campañas de vacunación, atención primaria, programas nutricionales, tratamientos contra enfermedades transmisibles, cuidados maternoinfantiles, saneamiento o estructuras sanitarias que en muchos países dependen parcialmente de fondos internacionales. Una cantidad relativamente pequeña puede adquirir otro peso cuando paga medicamentos básicos o personal sanitario en regiones donde los costes son bajos y las necesidades, enormes.

El estudio no atribuye propiedades medicinales al impuesto, faltaría más. Lo que sostiene es que determinados mecanismos fiscales podrían reemplazar fondos retirados de la Ayuda Oficial al Desarrollo, y que conservar esa financiación evitaría el deterioro sanitario que sus modelos anticipan.

Qué ha medido realmente el estudio de ISGlobal

Los investigadores analizaron información de 59 países de renta baja y media-baja entre 2002 y 2021. Primero estudiaron cómo variaban los indicadores de mortalidad en relación con la ayuda al desarrollo recibida por habitante, teniendo en cuenta variables demográficas, económicas y relacionadas con los sistemas sanitarios.

Los resultados muestran una asociación entre mayores niveles de ayuda y una reducción aproximada del 24% en la mortalidad general ajustada por edad. Entre los menores de cinco años, la reducción asociada alcanza el 33%.

Después llegó la parte prospectiva. A partir de esas relaciones históricas, el equipo utilizó modelos para calcular qué podría suceder hasta 2030 si continúa el retroceso de la cooperación internacional y qué cambiaría si ese agujero financiero fuese cubierto mediante nuevos instrumentos fiscales.

La palabra importante vuelve a ser modelo. Una proyección sanitaria no es una fotografía enviada desde 2030. Trabaja con supuestos sobre financiación, comportamiento económico, distribución de recursos y continuidad de políticas públicas. También intenta controlar numerosos factores que influyen en la mortalidad, pero ningún modelo puede encerrar en una hoja de cálculo guerras, epidemias o crisis alimentarias todavía inexistentes.

Sin nuevas fuentes de financiación, el escenario empeora

Según los cálculos difundidos con la investigación, mantener los actuales recortes de ayuda podría relacionarse con alrededor de 7,6 millones de muertes adicionales hasta 2030. Unos 1,4 millones de esos fallecimientos corresponderían a niños menores de cinco años.

Puede parecer paradójico que determinados escenarios fiscales permitan evitar más muertes que las atribuidas únicamente a los recortes proyectados. No hay contradicción necesariamente: algunos mecanismos no se limitarían a rellenar exactamente el agujero dejado por la retirada de financiación, sino que podrían aportar recursos adicionales y elevar el gasto sanitario y de desarrollo por encima del escenario de referencia.

Es ahí donde la cifra máxima de 29,5 millones adquiere sentido dentro del modelo. No representa simplemente recuperar lo perdido; representa lo que podría ocurrir en el escenario de mayor redistribución evaluado y con esos fondos efectivamente destinados a las intervenciones contempladas.

La ayuda internacional atraviesa su mayor retroceso histórico

El estudio aparece, además, en un momento poco académico y muy material. La ayuda oficial al desarrollo proporcionada por los miembros y asociados del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE cayó un 23,1% en términos reales durante 2025, hasta 174.300 millones de dólares.

Fue la mayor contracción anual registrada hasta entonces y devolvió el volumen de ayuda a niveles comparables con los de 2015. En proporción a la renta nacional bruta conjunta de los países donantes, se quedó en el 0,26%.

El contraste con el antiguo objetivo internacional del 0,7% de la renta nacional bruta resulta incómodo. Medio siglo después de que comenzara a consolidarse ese compromiso, la distancia sigue siendo amplia. Y las perspectivas tampoco son especialmente luminosas: las previsiones apuntan a nuevas reducciones durante 2026, con un impacto especialmente duro sobre los países menos desarrollados y el África subsahariana.

La cooperación internacional tiene defectos conocidos: burocracia, proyectos mal diseñados, dependencia, prioridades definidas desde despachos muy alejados del terreno y, en ocasiones, una eficacia discutible. Fingir que cada euro de ayuda está bendecido por la eficiencia sería hacer propaganda, no información. Pero buena parte de ese dinero financia vacunas, medicamentos, alimentación y atención materna.

Cuando esos programas pierden financiación de golpe, no siempre existe un Estado con capacidad fiscal suficiente esperando para sustituirla. Un recorte presupuestario puede parecer una raya roja en un Excel de Washington, Londres, Berlín o París. A miles de kilómetros, esa misma raya puede convertirse en una clínica sin suministros. La contabilidad tiene esas pequeñas manías.

Gravar a los superricos vuelve al debate internacional

La fiscalidad sobre patrimonios extremos lleva años entrando y saliendo de las reuniones internacionales. El debate ha recibido nuevo impulso en foros como el G20, donde se ha discutido una coordinación fiscal sobre grandes patrimonios, y también estuvo presente en la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo celebrada en Sevilla en 2025.

El problema práctico no es menor. Las grandes fortunas son extraordinariamente móviles, sus activos pueden repartirse entre sociedades, fondos, propiedades y distintas jurisdicciones, y un impuesto aplicado solo por algunos países puede incentivar estrategias para trasladar patrimonio. De ahí que las propuestas más ambiciosas insistan en la coordinación internacional, del mismo modo que ha ocurrido con el impuesto mínimo global para grandes multinacionales.

También existe una discusión política legítima sobre hasta dónde debe llegar el Estado, qué patrimonio debe considerarse gravable, cómo evitar la doble imposición y qué efectos tendría un tributo de este tipo sobre inversión, ahorro o actividad empresarial. El estudio de ISGlobal no liquida ese debate —ningún artículo científico podría hacerlo—, sino que añade una variable que suele quedarse fuera de las conversaciones fiscales: el posible impacto sanitario de la redistribución.

Entre el patrimonio acumulado y una vacuna hay una decisión política

La investigación no demuestra que cualquier impuesto a cualquier rico vaya a salvar automáticamente millones de personas. Demuestra algo más concreto y, quizá por eso, más interesante: tomando la relación histórica entre cooperación y mortalidad y aplicándola a determinados mecanismos globales de financiación, redistribuir una parte de la riqueza extrema podría tener efectos sanitarios enormes si los recursos llegan realmente a los programas previstos.

La horquilla, entre 6,6 y 29,5 millones de muertes evitadas según el instrumento elegido, es amplísima. También lo son las incertidumbres. Pero incluso el escenario inferior coloca la discusión fiscal en una escala distinta.

Durante años, el impuesto a las grandes fortunas se ha debatido en términos de justicia, eficiencia económica, incentivos o ideología. El estudio introduce una medida mucho menos abstracta: vidas humanas. Y recuerda algo bastante antiguo, aunque a veces se nos olvide entre porcentajes y cumbres internacionales. El dinero público no cura por sí mismo; lo hacen hospitales, vacunas, alimentos, medicamentos y profesionales. La cuestión incómoda es quién los paga cuando quienes los financiaban deciden dejar de hacerlo.