¿Por qué fue falso el veto a la concentración por Ceuta en Madrid?

La supuesta prohibición de la concentración en apoyo a Ceuta que debía celebrarse en Madrid nunca fue tal prohibición. La Delegación del Gobierno rechazó tramitar la convocatoria del Ayuntamiento como una manifestación al amparo del derecho de reunión, pero dejó expresamente abierta su celebración como acto institucional. Y se celebró. Multitudinariamente, además.

La controversia nació de una diferencia jurídica bastante menos épica de lo que terminó pareciendo en las redes sociales. El Ayuntamiento de Madrid presentó la decisión administrativa como un veto; dirigentes del PP, entre ellos Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, cargaron contra el Gobierno y hablaron de miedo, boicot y restricciones. Sin embargo, el escrito remitido por la Delegación decía otra cosa: un ayuntamiento, como Administración pública, no puede acogerse al derecho fundamental de reunión del mismo modo que un ciudadano, una asociación o un partido, pero puede organizar el mismo acto dentro de sus competencias institucionales.

De un trámite administrativo a una supuesta prohibición

El conflicto estalló el 1 de septiembre, víspera del Día de Ceuta. El Ayuntamiento de Madrid comunicó que había recibido un escrito de la Delegación del Gobierno que, según la interpretación municipal, “prohibía” la concentración prevista en la plaza de Cibeles.

Ahí prendió la mecha. La noticia saltó rápidamente del terreno administrativo al político, donde una palabra como “prohibición” cotiza bastante mejor que expresiones como “incorrecta tramitación jurídica”. Es comprensible desde el punto de vista de la propaganda; desde el informativo, bastante menos.

Lo que había dicho la Delegación era que el Ayuntamiento, por su condición de institución pública, no podía tramitar aquella convocatoria mediante el procedimiento reservado al derecho de reunión. El escrito añadía, sin embargo, que esto no afectaba a la posibilidad de organizar el encuentro como acto institucional y comunicaba la convocatoria a las fuerzas de seguridad para que pudieran garantizar su desarrollo.

Ese detalle cambia bastante la película. No se estaba ordenando cancelar Cibeles, impedir que acudieran ciudadanos ni dispersar a quienes respaldasen a Ceuta. Se discutía bajo qué figura jurídica debía celebrarse una convocatoria promovida directamente por una Administración.

Ayuso y Feijóo elevaron el tono antes de la concentración

La distinción administrativa quedó rápidamente sepultada por la refriega política. Isabel Díaz Ayuso reaccionó asegurando que el delegado del Gobierno “no tiene narices de mandar a los antidisturbios”, una frase de considerable potencia política para una concentración que, en realidad, nadie había ordenado desalojar ni impedir.

Alberto Núñez Feijóo difundió por su parte el mensaje “Que España hable. A eso le tienen miedo”, mientras otros dirigentes populares presentaban lo ocurrido como un intento gubernamental de frenar las concentraciones en apoyo de Ceuta.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, llegó a plantear si Félix Bolaños estaba detrás de un supuesto intento de “boicotear” las movilizaciones. Ester Muñoz habló de limitación de derechos fundamentales. El relato estaba montado: Gobierno contra manifestantes, instituciones tratando de acallar la calle, Ceuta convertida en escenario de una batalla mucho mayor.

Había un pequeño inconveniente. El acto podía celebrarse.

Lo que realmente decía el escrito de la Delegación

La Delegación del Gobierno sostuvo desde el primer momento que no había prohibido ninguna concentración. Francisco Martín, delegado en Madrid, respondió públicamente a las acusaciones y explicó que las administraciones públicas no son titulares del derecho fundamental de reunión en los mismos términos que los particulares.

La cuestión resulta menos vistosa que un choque entre manifestantes y antidisturbios, pero era esa. El Ayuntamiento podía convocar un acto institucional. Un particular, asociación, partido u otra entidad legitimada podía comunicar una concentración conforme a la legislación sobre derecho de reunión. Lo que no podía hacerse, según el criterio administrativo aplicado, era presentar al propio Ayuntamiento como titular de ese derecho fundamental y utilizar exactamente ese procedimiento.

Ni censura previa ni orden de disolución. Un problema de encaje jurídico convertido, en cuestión de horas, en una acusación política de enorme calibre.

Cibeles acabó desmontando la historia del veto

La mejor comprobación llegó al día siguiente. El 2 de septiembre, la plaza de Cibeles acogió la concentración prevista en apoyo a Ceuta. Y no precisamente de forma clandestina.

La Delegación del Gobierno calculó alrededor de 50.000 asistentes, mientras que el Ayuntamiento de Madrid elevó la cifra hasta los 150.000. Como suele ocurrir con las guerras de aforos, entre ambos cálculos cabe una pequeña ciudad española. Lo indiscutible es que miles de personas ocuparon la plaza y participaron en el acto.

Acudieron Feijóo, Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, además de dirigentes de Vox, entre ellos Santiago Abascal. Hubo banderas de España y Ceuta, consignas contra Pedro Sánchez y críticas muy duras a la gestión gubernamental de la crisis migratoria abierta tras la entrada masiva de personas desde Marruecos a finales de julio.

Es decir: la concentración que supuestamente había sido prohibida se celebró en el lugar previsto y con presencia pública de quienes denunciaban su prohibición. Difícil encontrar una comprobación empírica más sencilla.

Ceuta, la crisis real detrás de la pelea política

Que la versión del veto fuese incorrecta no convierte en imaginarios los problemas que atraviesa Ceuta. Conviene separar ambas cosas, porque la política española tiene cierta afición a colocar todos los ingredientes en la misma batidora y luego discutir sobre el puré.

La ciudad autónoma vive desde finales de julio una grave crisis migratoria, social y política después de la entrada irregular de decenas de miles de personas desde Marruecos. Miles permanecían todavía en territorio ceutí a comienzos de septiembre, mientras continuaban las gestiones para retornos, traslados y solicitudes de protección internacional.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, ha reclamado más apoyo del Estado y ha advertido de la vulnerabilidad de la ciudad frente a Marruecos. También existe una controversia paralela sobre el papel desempeñado por las autoridades marroquíes durante la entrada masiva y sobre la información de la que disponían las instituciones españolas.

Son asuntos suficientemente serios por sí solos. No necesitan una prohibición inexistente para adquirir importancia.

El matiz que convirtió una media verdad en otra cosa

La polémica tampoco puede reducirse a decir que el Ayuntamiento de Madrid se inventó desde cero un papel administrativo que nunca existió. Existió, y tenía una consecuencia concreta: la Delegación no admitía tramitar la convocatoria municipal como concentración conforme al procedimiento elegido.

Ahí está el matiz que importa. El salto problemático vino después, cuando esa decisión se transformó públicamente en la afirmación mucho más amplia de que el Gobierno había prohibido la concentración. No es lo mismo decir “este procedimiento no corresponde porque el convocante es una Administración” que decir “usted no puede celebrar el acto”.

La diferencia parece pequeña escrita en un expediente. Políticamente es un abismo. Y precisamente por eso las medias verdades funcionan tan bien. No suelen inventar un universo completo; toman un hecho real, le quitan dos piezas incómodas y dejan que la imaginación haga el resto.

Aquí había un escrito, había una discrepancia y había una convocatoria. Lo que no había era una orden que impidiera celebrarla.

Una concentración celebrada y una polémica que quedó retratada

El episodio de Cibeles deja una fotografía bastante reconocible de la política española contemporánea: primero llega la interpretación más rentable, después el mensaje viral y, bastante más atrás, fatigado y con una carpeta bajo el brazo, aparece el matiz administrativo.

Feijóo, Ayuso y otros dirigentes del PP tenían todo el derecho a criticar la decisión de la Delegación, discutir su razonamiento jurídico o acusar al Gobierno de poner trabas innecesarias. Esa es la disputa política legítima. Otra cosa es presentar como prohibición una resolución que permitía expresamente que el acto continuase bajo otra naturaleza jurídica.

Al final, Cibeles habló por sí sola. Miles de personas acudieron, los dirigentes políticos participaron, el Ayuntamiento leyó su manifiesto y las fuerzas de seguridad garantizaron la celebración.

La supuesta concentración prohibida terminó siendo, paradójicamente, una concentración celebrada ante decenas de miles de personas. A veces los bulos necesitan largas verificaciones. Este necesitó simplemente que llegaran las ocho de la tarde.