¿Por qué España importa el 70% de su energía pese a las renovables?

España produce cada vez más electricidad con el sol, el viento y el agua, pero todavía depende del exterior para cubrir el 68,4% de sus necesidades energéticas. No es un espejismo estadístico ni una contradicción irresoluble: el sistema eléctrico se ha vuelto mucho más limpio, mientras el transporte, la calefacción y buena parte de la industria continúan alimentándose con petróleo y gas importados. Ahí está el nudo.

El nuevo informe de Foro Regulación Inteligente sostiene que la transición española está avanzando con una pierna —la generación renovable— mientras arrastra la otra: redes insuficientes, poco almacenamiento, escasas interconexiones y expedientes administrativos que pueden dormir años en algún despacho. El diagnóstico coincide en parte con los objetivos oficiales, aunque la palabra burocracia simplifica un paisaje donde también hay evaluaciones ambientales, planificación territorial, consultas públicas y una red eléctrica que no puede crecer a golpe de improvisación.

La paradoja: electricidad verde, economía todavía fósil

Las renovables generaron el 55,5% de la electricidad española en 2025, un máximo que sitúa al país entre los sistemas eléctricos más descarbonizados de Europa. Al incorporar la producción estimada del autoconsumo, la proporción se elevó al 56,6%. El dato es sólido, notable. También incompleto cuando se utiliza para describir toda la energía que mueve España.

La electricidad es solo una parte del consumo energético nacional. Los coches, camiones y aviones siguen dependiendo en gran medida de combustibles derivados del petróleo; numerosas fábricas emplean gas para alcanzar temperaturas difíciles de conseguir mediante electrificación; muchos edificios conservan calderas fósiles. Mientras esos usos no cambien, colocar más placas solares mejora el balance eléctrico, pero no corta de raíz las importaciones.

La propia Administración reconoce que la dependencia energética exterior continúa en una franja aproximada del 67% al 70%, especialmente fuera del sector eléctrico. Es decir, España ha limpiado con rapidez el enchufe, pero todavía no el depósito, el horno industrial ni todas las salas de calderas. Una casa con tejado solar puede seguir teniendo dos coches de gasolina y calefacción de gas. El país, a otra escala, se parece bastante.

El petróleo y el gas siguen mandando fuera del enchufe

Según el estudio, el petróleo y el gas representan alrededor del 97% de las importaciones energéticas españolas. Esa concentración convierte cualquier crisis internacional en una corriente de aire que entra directamente por la factura: una guerra, el cierre parcial de una ruta marítima, una avería en una infraestructura o una disputa diplomática pueden alterar el precio y el suministro en cuestión de días.

Diversificar proveedores reduce el riesgo inmediato, pero no elimina la dependencia. Comprar gas a varios países es más prudente que fiarlo todo a uno; continúa siendo, sin embargo, gas comprado fuera, sujeto al mercado mundial y pagado con renta nacional. El informe calcula que la factura energética exterior se ha acercado a los 40.000 millones de euros en ejercicios marcados por precios elevados. Es dinero que sale del país antes de encender una máquina, calentar una vivienda o transportar una mercancía.

La independencia energética absoluta tampoco existe, salvo en discursos de sobremesa. Las economías modernas intercambian electricidad, combustibles, minerales, tecnología y componentes. La cuestión seria es otra: cuánto puede producir España con recursos propios, qué capacidad tiene para resistir una interrupción y qué sectores quedarían expuestos cuando el mercado internacional se tuerce.

Redes y almacenamiento: producir más ya no basta

España dispone de abundantes recursos solares y eólicos, pero un parque renovable no funciona aislado. Necesita líneas eléctricas capaces de transportar la energía desde las zonas de generación hasta los centros de consumo, subestaciones, sistemas de control, conexiones internacionales y mecanismos que guarden la electricidad cuando sobra para devolverla cuando falta.

España continúa siendo una isla eléctrica

La capacidad de intercambio con el resto de Europa ronda, según el informe, el 3% de la potencia instalada, muy lejos del objetivo comunitario del 15% para 2030. Los Pirineos son una frontera física complicada y Francia no siempre ha mostrado entusiasmo por abrir más autopistas eléctricas hacia la península. El resultado es una integración europea bastante más modesta que la que sugiere el mapa.

Una interconexión limitada impide exportar con facilidad los excedentes solares o eólicos y reduce la capacidad de importar apoyo durante periodos de escasez. La conexión submarina del Golfo de Vizcaya con Francia pretende aliviar ese aislamiento, aunque las grandes infraestructuras energéticas tienen calendarios largos, costes abultados y una conocida habilidad para tropezar con retrasos.

Baterías: el sol del mediodía no espera a la noche

El almacenamiento permite guardar electricidad barata y abundante durante las horas solares para utilizarla al caer la tarde, cuando sube la demanda y desaparece buena parte de la generación fotovoltaica. Sin baterías, bombeo hidroeléctrico y otras tecnologías, el sistema puede encontrarse con energía sobrante a las dos de la tarde y necesidad de gas unas horas después. El sol, poco considerado, no adapta su horario a la cena.

El informe cifra la capacidad de almacenamiento en unos 7,6 gigavatios y la compara con el objetivo de 22,5 GW para el final de la década. Las magnitudes varían según las tecnologías incluidas: Red Eléctrica situó la potencia de almacenamiento del sistema en 3.427 megavatios al terminar 2025, mientras el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima incorpora bombeo, baterías y almacenamiento termosolar. Conviene comparar siempre cifras cocinadas con los mismos ingredientes.

La carencia de flexibilidad ya deja escenas extrañas. Durante alrededor del 6% de las horas de 2025, el mercado mayorista registró precios negativos porque coincidieron una producción elevada y una demanda insuficiente para absorberla. Eso no significa que los hogares cobrasen por poner la lavadora: peajes, impuestos, márgenes y contratos siguen existiendo. Significa que, en determinados momentos, generar electricidad tenía menos valor que detener una instalación.

Burocracia energética y una demanda que no deja de crecer

Foro Regulación Inteligente identifica la lentitud administrativa como uno de los grandes obstáculos de la transición. El informe habla de esperas medias superiores a dos años y de proyectos que habrían alcanzado los siete, incluso con informes técnicos favorables. También señala que más de 20 GW de almacenamiento promovido por empresas permanecen en distintas fases de tramitación.

El problema no consiste únicamente en rellenar formularios. Un proyecto puede necesitar acceso y conexión a la red, autorización administrativa, evaluación ambiental, permisos municipales, compatibilidad urbanística, informes de distintos organismos y, según el lugar, acuerdos sobre terrenos o patrimonio. Cada control tiene una razón. El disparate aparece cuando varias administraciones piden documentos similares, los procedimientos no avanzan en paralelo y los plazos legales se convierten en decoración de oficina.

En Castellón, varios proyectos previstos en La Vall d’Uixó suman 171,5 MW de potencia y 726,4 MWh de capacidad. Parte de las instalaciones obtuvo permisos de acceso y conexión en 2024 y continuaba pendiente de trámites ambientales en julio de 2026. No es una central imaginada en una servilleta: hay promotores, ingeniería, inversión y un punto concreto de la red. Entre el proyecto y la obra, sin embargo, se extiende ese territorio brumoso llamado expediente.

Agilizar no equivale a conceder barra libre. La transición perdería legitimidad si eliminase controles ambientales, ignorase a los municipios o tratase el territorio como una parcela vacía. Simplificar significa coordinar administraciones, reforzar plantillas técnicas, unificar criterios y resolver dentro de plazos reales. Decir sí cuando procede. Decir no cuando corresponde. Pero decidir.

La electrificación reducirá el consumo de combustibles fósiles, pero elevará la demanda de electricidad. Vehículos eléctricos, bombas de calor, industrias que sustituyan el gas, producción de hidrógeno y centros de datos necesitarán mucha más potencia disponible durante las próximas décadas.

El estudio estima que la demanda eléctrica podría crecer entre un 33% y un 54% entre 2026 y 2030 y llegar a duplicarse hacia 2035. Más de un tercio de ese incremento procedería de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial. Son proyecciones del informe, no una profecía grabada en piedra, aunque reflejan una presión reconocible: las nuevas inversiones buscan energía abundante, estable y competitiva, no solo electricidad verde en una presentación corporativa.

España tiene una ventaja natural —mucho sol, viento razonable, territorio y experiencia empresarial—, pero puede perderla si una fábrica o un centro tecnológico tarda años en conseguir conexión. La energía barata que no llega al polígono industrial es una promesa. Y las empresas, a diferencia de algunas administraciones, suelen manejar calendario.

Un país con sol necesita algo más que paneles

El plan energético español pretende reducir la dependencia exterior hasta el 50% en 2030, alcanzar un 48% de renovables sobre el consumo final y elevar al 81% su participación en la generación eléctrica. Son objetivos ambiciosos, pero coherentes entre sí: producir más energía propia, consumir menos y sustituir petróleo y gas por electricidad renovable.

El salto no se logrará contando únicamente aerogeneradores. Harán falta redes más robustas, almacenamiento, interconexiones, rehabilitación de edificios, transporte electrificado y alternativas renovables para los procesos industriales que no puedan conectarse sin más a un cable. También una Administración capaz de proteger el interés general sin convertir cada autorización en una novela por entregas.

España ha demostrado que puede transformar su sistema eléctrico. Lo difícil viene después: trasladar esa revolución al conjunto de la economía. La dependencia energética no se rompe cuando se inaugura un parque solar, sino cuando el camión, la fábrica, la calefacción y la red pueden aprovechar esa energía sin recurrir constantemente al barril y al gas importado. Ahí se decide la autonomía real; no en el folleto, sino en el depósito, la subestación y el enchufe.