¿Cuánto paga España por el calor extremo y cómo afecta a la economía?

El calor extremo no es un impuesto legal, claro. No aparece en el BOE, no tiene casilla propia y Hacienda no envía una carta cuando el termómetro rebasa los 40 grados. Pero actúa de manera bastante parecida: obliga a gastar más, reduce la renta disponible, encarece bienes esenciales y resta capacidad productiva a hogares y empresas. Con un matiz poco tranquilizador: se trata de un gravamen involuntario, imprevisible y marcadamente regresivo. Quien tiene menos paga más, al menos en proporción a sus ingresos.

España se encuentra entre las economías europeas más expuestas. Un escenario de estrés publicado en 2026 calcula que la repetición progresiva de años extremadamente calurosos podría provocar 120.000 millones de dólares en pérdidas acumuladas de PIB entre 2026 y 2030. No es una predicción cerrada ni la factura de una sola ola de calor, sino una simulación de riesgo. Aun así, dibuja la escala del problema: el calor ya no es solo una molestia estacional, sino una variable económica que afecta a la productividad, la inflación, el consumo, la inversión y las cuentas públicas.

El impuesto que nadie aprueba, pero todos pagan

La expresión funciona porque el calor impone un coste sin pedir permiso. Las familias consumen más electricidad para refrigerar sus viviendas, compran ventiladores, aparatos de aire acondicionado, toldos o persianas térmicas y, cuando pueden, reforman ventanas y fachadas. Las empresas hacen algo parecido a mayor escala: climatizan oficinas, enfrían almacenes, ajustan horarios, detienen determinadas tareas y protegen maquinaria, mercancías y trabajadores. Es el peaje térmico de una economía que continúa funcionando mientras el asfalto se ablanda.

Junio de 2026 ofreció una fotografía bastante elocuente. La temperatura media en la España peninsular alcanzó los 23,3 grados, 3,2 por encima del promedio habitual. Fue el segundo junio más cálido desde 1961 y el tercero más seco de toda la serie. En Lleida se registraron 42,9 grados; en el aeropuerto de Bilbao, 42,7. Norte y sur, interior y costa: el viejo mapa climático español empieza a tener las costuras chamuscadas.

Ese coste no se distribuye como un impuesto progresivo. Una familia que vive en una vivienda bien aislada, con placas solares y climatización eficiente, puede mantener una temperatura razonable sin destrozar su presupuesto. Otra, alojada bajo una cubierta recalentada, con ventanas antiguas y un contrato eléctrico poco favorable, tiene dos opciones: pagar o sudar. A veces, ambas. La desigualdad térmica también existe, aunque resulte menos visible que una nómina.

El 20 % de los hogares españoles con menor nivel de gasto destinó en 2025 el 61,5 % de su presupuesto a vivienda, agua, electricidad, gas y alimentación. Cuando suben simultáneamente la factura energética y el precio de los alimentos, apenas queda margen para absorber el golpe. El restaurante, la ropa, una reparación o unos días fuera desaparecen primero. El calor no solo aumenta ciertos gastos: también expulsa otros consumos.

La factura macroeconómica puede restar crecimiento

El Banco de España ha estudiado cómo una sequía o una ola de calor severa podría propagarse por la economía. En su escenario adverso, el crecimiento del PIB real sufriría un impacto de alrededor de 1,3 puntos porcentuales durante el primer año, mientras la inflación aumentaría 1,5 puntos y el precio de la vivienda caería un 4,2 % respecto a un escenario sin ese episodio climático.

Conviene subrayarlo: son resultados de una prueba de resistencia, no una previsión meteorológica ni una estimación automática para cualquier verano caluroso. Sirven para observar las conexiones. Menor productividad, daños en el capital físico, reducción de cosechas, transporte más difícil, costes energéticos elevados, menor confianza y decisiones de inversión aplazadas. Una pieza empuja a la siguiente, como fichas de dominó sobre una mesa que ya está inclinada.

Los sectores más sensibles serían la construcción, las industrias extractivas, la silvicultura, la pesca y el transporte. Pero el impacto termina filtrándose hacia el resto de la actividad: una obra que se retrasa, una cosecha más pobre, un camión que necesita más refrigeración, una nave que consume electricidad a pleno pulmón. La cadena económica no necesita arder para sufrir los efectos del calor.

El cálculo de Allianz plantea un guion aún más persistente: reproducir entre 2026 y 2030 los cinco años más calurosos experimentados por cada país durante la década anterior. Bajo esa secuencia, las economías más expuestas podrían perder entre un 5 % y un 7 % de PIB acumulado. Para España, el impacto ascendería a los citados 120.000 millones de dólares.

Lo más delicado no está solo en el consumo perdido. En esa simulación, la caída de la formación de capital fijo, es decir, la inversión en edificios, maquinaria, infraestructuras y equipos productivos, alcanza un promedio del 8 % en los países afectados. Cuando una empresa espera obtener menos rendimiento porque su fábrica necesita más refrigeración, sus trabajadores rinden peor o su suministro de agua es incierto, el proyecto que parecía rentable deja de serlo. Se retrasa, se reduce o se archiva. Y esa inversión que no se realiza es capacidad productiva que faltará después.

El bolsillo doméstico se enfría a golpe de kilovatio

El uso de energía para refrigerar viviendas en la Unión Europea se duplicó entre 2018 y 2024. España fue el segundo país con mayor consumo total destinado a enfriar hogares, con 14.300 terajulios, solo por detrás de Italia. La refrigeración representó todavía un 2,5 % del consumo energético residencial español, pero la trayectoria importa más que la fotografía: los aparatos se multiplican y funcionan durante más semanas.

No todo ese consumo se traduce directamente en una subida equivalente de la factura. Influyen el precio contratado, la eficiencia del equipo, el aislamiento, la temperatura elegida y la presencia de autoconsumo solar. Un aparato moderno manteniendo una habitación a 26 grados no se comporta como una máquina antigua intentando convertir un piso entero en una cámara frigorífica. Pero la tendencia resulta nítida: refrigerarse ha pasado de comodidad a necesidad básica en buena parte del país.

El Gobierno ya reconoce expresamente la pobreza energética de verano. La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 incorpora refugios climáticos, rehabilitación de viviendas vulnerables y medidas para mejorar envolventes y sistemas de climatización. La carga energética media del hogar se sitúa en 1.072 euros anuales, según los datos oficiales utilizados por el Ejecutivo, aunque esa cifra incluye el conjunto de usos energéticos y no únicamente el aire acondicionado.

El problema tiene algo de círculo vicioso. Las viviendas peor aisladas necesitan más energía para enfriarse, pero sus habitantes suelen disponer de menos recursos para rehabilitarlas. Pagan facturas mayores por obtener menos confort. Mientras tanto, los edificios eficientes conservan el frescor durante más horas y reducen el consumo. La arquitectura, de repente, deja de ser una cuestión estética y se convierte en protección económica y sanitaria.

Empresas: menos rendimiento, más costes y más riesgo

El cuerpo humano no negocia demasiado bien con el calor. Cuando la temperatura y la humedad se disparan, baja la concentración, empeora la coordinación, aparece la fatiga y aumenta la probabilidad de cometer errores. En una oficina mal refrigerada se trabaja más despacio; en una obra, un invernadero, una cocina industrial o una nave logística, el riesgo puede ser directamente físico. La productividad laboral también suda.

Los accidentes laborales aumentan un 17,4 % durante las olas de calor, según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Más de 5,5 millones de trabajadores españoles, el 26 % del total, afirman estar expuestos a calor extremo en interiores o exteriores. Agricultura, pesca, construcción, suministros y minería soportan la parte más áspera, aunque el problema también entra en colegios, hospitales, comercios y fábricas. El aire quieto de una nave a media tarde no entiende de sectores económicos.

Las empresas deben reorganizar horarios, introducir descansos, reducir la exposición o paralizar temporalmente determinadas tareas cuando existe peligro. Son medidas necesarias; también tienen un coste. Menos horas efectivas, cambios de turnos, sustituciones, equipos de protección, climatización y posibles retrasos contractuales. La alternativa —mantener la actividad ignorando el riesgo— puede acabar en accidentes, bajas y sanciones bastante más caras.

La OCDE ha comprobado que las jornadas con temperaturas elevadas y las olas de calor reducen la productividad de las empresas. El impacto es mayor en compañías pequeñas, menos productivas y con menor capacidad financiera. Existe cierta adaptación en países acostumbrados al calor moderado, pero no aparecen pruebas de una adaptación eficaz frente a temperaturas severamente extremas. Conocer el verano no convierte a nadie en inmune al horno.

Las grandes compañías pueden trasladar horarios, renovar maquinaria o invertir en climatización industrial. Muchas pymes no disponen de ese colchón. Para ellas, una semana de temperaturas extremas puede significar menos producción y mayores costes al mismo tiempo, una combinación bastante ingrata para cualquier balance.

Del campo a la cesta de la compra

El calor económico termina llegando al supermercado. Una temperatura excesiva reduce rendimientos agrícolas, acelera la maduración, aumenta las necesidades de riego, favorece algunas plagas y deteriora cultivos durante la recolección o el transporte. La sequedad añade otra capa. Menos oferta y más costes suelen desembocar en precios mayores, aunque la intensidad varía según el producto, las importaciones y la duración del episodio.

El Banco Central Europeo estima que el calor extremo del verano de 2022 añadió 0,7 puntos porcentuales al precio de los alimentos en Europa. Frutas, hortalizas, aceite, café o cacao son especialmente sensibles a los fenómenos meteorológicos en las zonas productoras. El golpe no siempre aparece en la caja del supermercado al día siguiente; puede prolongarse durante meses, atravesando cosechas, almacenes y contratos.

La inflación alimentaria actúa, de nuevo, como un impuesto desigual. Los hogares con rentas bajas dedican una proporción mayor de sus recursos a comer y mantener la vivienda. Cuando esos dos capítulos suben a la vez, se reduce el consumo discrecional. El comercio vende menos ciertos productos, la hostelería recibe clientes más prudentes y las familias aplazan compras.

Se consume, sí, pero de otra manera: más electricidad, agua y alimentos básicos; menos bienes que pueden esperar. El dinero no desaparece, cambia de dirección. Sale del ocio, la cultura, la ropa o el mantenimiento del hogar para terminar en el contador eléctrico, el frigorífico y la cesta de la compra. Una redistribución silenciosa del gasto, sin debate parlamentario y con muy poco sentido del humor.

Adaptarse cuesta; no adaptarse cuesta bastante más

La respuesta económica no consiste únicamente en instalar millones de aparatos de aire acondicionado y confiar en que la red eléctrica aguante. Eso resolvería una parte del problema mientras alimenta otra: mayor demanda energética, picos de consumo, expulsión de aire caliente a la calle y desigualdad entre quienes pueden pagar la refrigeración y quienes no.

La adaptación eficaz se parece menos a un electrodoméstico y más a una transformación del entorno. Edificios con mejor aislamiento, cubiertas reflectantes, sombra, vegetación urbana, ventilación nocturna, redes de frío, escuelas y hospitales acondicionados, horarios laborales flexibles y cultivos ajustados al nuevo clima. También requiere agua disponible, redes eléctricas resistentes y financiación para pymes y comunidades de vecinos. La adaptación climática tampoco sale gratis.

El problema llega cuando se presenta esa adaptación como un lujo decorativo. Un árbol adulto en una calle no es una maceta simpática: reduce la radiación sobre el pavimento, proporciona sombra y puede rebajar la temperatura local. Una persiana exterior no es una reliquia doméstica: detiene el calor antes de que atraviese el cristal. Y aislar una cubierta suele resultar más sensato que combatir durante décadas el sol acumulado con electricidad. Física elemental, aquella señora poco dada a los discursos.

Las inversiones públicas también deberán cambiar. Carreteras, vías ferroviarias, redes eléctricas, hospitales, residencias, colegios y sistemas de abastecimiento fueron diseñados bajo unas referencias climáticas que empiezan a quedarse antiguas. Adaptarlos cuesta dinero, pero reconstruirlos tras cada episodio severo puede costar mucho más. El verdadero debate no está entre gastar o no gastar, sino entre anticiparse o pagar la avería.

España ya trabaja bajo un termómetro nuevo

El calor extremo funciona como un peaje térmico sobre la economía española. Lo pagan las familias mediante energía, alimentos y pérdida de bienestar; las empresas, mediante menor productividad, interrupciones e inversión adicional; el Estado, a través de sanidad, infraestructuras, protección social y menores ingresos cuando la actividad se frena.

No existe una cifra única y definitiva porque la factura depende de la duración, la humedad, la zona afectada, el tejido económico y la capacidad de adaptación. Los 120.000 millones de dólares estimados hasta 2030 pertenecen a un escenario severo, no a un destino inevitable. Pero negar el coste porque no llega impreso en papel timbrado sería una contabilidad bastante creativa.

España ha vivido durante siglos con veranos duros. Lo nuevo es su intensidad, su persistencia y la entrada del calor en lugares donde antes apenas figuraba en los balances empresariales. El termómetro ya participa en las decisiones sobre dónde vivir, qué cultivar, cuándo trabajar, cuánto invertir y qué puede comprar una familia después de pagar la luz.

No recauda dinero para el Estado. Lo retira, silenciosamente, de casi todos los demás bolsillos. Ese es el verdadero impuesto del calor extremo: una factura dispersa, difícil de ver completa y cada vez más presente en la economía cotidiana.