España exhuma 9.000 víctimas: ¿qué falta por abrir?

España recupera miles de víctimas del franquismo y encara la búsqueda pendiente entre fosas, ADN, memoria familiar y deber democrático vivo.

España ha recuperado ya los restos de alrededor de 9.000 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, una cifra que sitúa el proceso de exhumaciones en torno a la mitad del camino previsto por el Gobierno. El dato no es menor. Durante décadas, buena parte de esa tarea quedó en manos de familias, asociaciones, ayuntamientos valientes y equipos forenses que trabajaban casi con más empeño que medios, como quien excava no solo tierra, sino una habitación cerrada de la historia española. Ahora, el Ejecutivo calcula que quedan otras 10.000 personas susceptibles de ser recuperadas, aunque reconoce que no todas podrán ser exhumadas por las condiciones de los lugares donde fueron enterradas.

La novedad política y práctica es que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, ha anunciado pruebas de ADN gratuitas para familiares de desaparecidos y ha impulsado el reparto de tres millones de euros entre comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para actuaciones de memoria democrática en 2026, con el grueso de esos fondos destinado a localizar, exhumar e identificar a personas desaparecidas. El acuerdo se adoptó en el Consejo Territorial de Memoria Democrática celebrado en Fuencaliente, La Palma, sin votos en contra y con dos abstenciones, Madrid y La Rioja. Bastante menos épico que un discurso de mármol, sí; bastante más útil también.

El país que mira por fin debajo de la tierra

Hablar de fosas comunes en España nunca ha sido solo hablar de huesos. Sería cómodo reducirlo a una operación arqueológica, a una secuencia de técnicos con guantes, pinceles, bolsas numeradas y silencio de cementerio. Pero debajo hay otra cosa: nombres borrados de los registros familiares, abuelos convertidos en un rumor, mujeres que murieron sin saber dónde estaba su padre, hijos que aprendieron a callar antes que a preguntar. La dictadura no solo castigó cuerpos; administró el miedo como una herencia, lo metió en las cocinas, en las sobremesas, en esa frase tan española y tan triste de “de eso no se habla”.

Por eso la cifra de más de 9.000 víctimas exhumadas tiene una dimensión política, jurídica y humana. Política, porque implica que el Estado asume una responsabilidad que durante mucho tiempo quedó deshilachada. Jurídica, porque la Ley de Memoria Democrática atribuye a la Administración General del Estado la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra y la dictadura, con planes plurianuales y apoyo en mapas de localización. Humana, porque una identificación no devuelve la vida, claro que no, pero devuelve algo que también fue robado: el derecho de una familia a saber, a enterrar, a pronunciar un nombre sin que parezca una imprudencia.

La Palma no aparece en esta noticia como decorado insular, con postal volcánica y cielo limpio. Aparece con peso propio. En Fuencaliente se recordó que allí se desarrolló en 1994 una de las exhumaciones pioneras con tutela judicial en España, un episodio menos conocido de lo que debería. La isla, lejos del centro peninsular y de sus ruidos habituales, se convirtió así en una especie de brújula incómoda: desde un extremo del mapa se puede señalar el centro moral de un país.

9.000 recuperados, 10.000 pendientes y una cifra que no cabe en una estadística

Las cifras sirven para ordenar el horror, no para domesticarlo. Decir 9.000 exhumados puede sonar a avance administrativo. Decir 10.000 pendientes puede parecer una meta de gestión. Pero cada número encierra una biografía rota en seco: un jornalero sacado de casa, un maestro depurado, un alcalde republicano, una mujer castigada por ser pariente de quien no convenía, un joven enterrado sin lápida en un paraje que después se cubrió de monte, de obras, de olvido o de esa maleza muy española que crece cuando nadie quiere mirar.

El ministro Torres ha situado el proceso en torno al 50 % de los cuerpos susceptibles de recuperación. La expresión importa. No se está hablando del total de víctimas del franquismo, ni de todo el universo represivo de la dictadura, que fue más amplio, más ramificado y más difícil de encerrar en una sola cifra. Se habla de personas cuyos restos podrían ser localizados y recuperados mediante trabajos de búsqueda, excavación e identificación. Hay fosas documentadas, fosas probables, fosas perdidas por transformaciones urbanísticas o rurales, enterramientos alterados y lugares donde la recuperación puede ser técnicamente imposible. La historia, cuando se entierra mal, también se descompone mal.

Ahí está una de las partes más duras del anuncio. El Gobierno aspira a avanzar todo lo posible antes de que acabe la legislatura y ha hablado de culminar la recuperación de esas 10.000 personas restantes. Pero la tierra no siempre obedece al calendario político. Hay zonas removidas, restos mezclados, testimonios muy envejecidos, archivos incompletos, descendientes directos fallecidos y señales geográficas que han cambiado con el tiempo. Donde antes había una cuneta, hoy puede haber una carretera. Donde había una tapia, una urbanización. Donde había memoria oral, a veces queda apenas un susurro.

El mapa de fosas, previsto por la legislación, es una herramienta decisiva precisamente por eso. No basta con saber que hubo represión; hay que ubicarla. Poner coordenadas al crimen. La Ley de Memoria Democrática establece un mapa integrado de localización de personas desaparecidas en todo el territorio español, actualizado periódicamente y con carácter público, y prevé especial preservación para las zonas incluidas en esos mapas. Dicho de otra manera: el Estado no solo debe mirar al pasado, debe impedir que el pasado sea asfaltado sin más, como si nada hubiera ocurrido.

El ADN cambia la velocidad de la memoria

La decisión de ofrecer pruebas de ADN gratuitas a los familiares de desaparecidos es una de las piezas centrales del nuevo impulso. No se trata de un detalle técnico ni de un complemento de laboratorio. Es, probablemente, la diferencia entre recuperar restos anónimos y devolver una identidad completa. En una exhumación, encontrar huesos abre una puerta; identificarlos permite cruzarla.

El Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura ya está previsto en la Ley de Memoria Democrática como una base de datos estatal destinada a recibir y almacenar perfiles genéticos de víctimas y familiares, con el fin de compararlos para la identificación. La aportación de muestras por parte de los familiares debe ser voluntaria y gratuita, y el sistema debe funcionar con garantías de privacidad y colaboración entre instituciones forenses, laboratorios y comunidades autónomas. Esto último parece burocracia, pero es el esqueleto real del proceso. Sin bases de datos compatibles, sin laboratorios coordinados, sin protocolos limpios, la memoria se queda a medio camino: se excava, se emociona uno, se fotografía el momento… y luego faltan nombres.

El problema es el tiempo. No el tiempo histórico, ese ya está encima de la mesa, sino el biológico. Las generaciones más cercanas a las víctimas están desapareciendo. Hijos, hermanos, sobrinos de edad avanzada. Cada año que pasa reduce las posibilidades de obtener muestras directas y complica los cotejos genéticos. Un país puede discutir eternamente sobre símbolos; el ADN, en cambio, no espera. Se degrada la muestra, se muere el familiar, se pierde la oportunidad. Así de sobrio. Así de cruel.

Por eso el anuncio de pruebas gratuitas tiene un sentido muy concreto. No es solo una medida de reparación moral, también es una carrera contra el calendario. En muchos casos, las familias llevan décadas reconstruyendo una historia con fotografías desvaídas, certificados dudosos, rumores del pueblo y una frase transmitida de generación en generación: “creemos que está allí”. La ciencia forense no sustituye esa memoria doméstica, pero puede darle suelo. Literalmente.

Devolver un nombre no es reabrir nada

Uno de los argumentos más repetidos contra las políticas de memoria democrática sostiene que las exhumaciones reabren heridas. La frase tiene éxito porque suena prudente, casi terapéutica. Pero falla en lo esencial: una herida con un cuerpo sin enterrar dentro nunca estuvo cerrada. España ha convivido durante décadas con esa paradoja algo grotesca de llamar pasado a lo que seguía bajo sus pies. Como si la cronología bastara para cancelar una desaparición.

Las exhumaciones no son una revancha, salvo que llamar a alguien por su nombre sea ya una forma de venganza, y entonces el problema no está en la memoria, sino en quien la teme. Tampoco son una operación partidista en su sentido más mezquino, aunque inevitablemente tengan lectura política porque todo lo que toca al franquismo en España entra, tarde o temprano, en la trituradora del presente. La cuestión de fondo es más simple y más antigua: nadie debería permanecer en una fosa común por razones ideológicas, ni una familia debería depender de su código postal o del color político de una administración para saber dónde están los suyos.

El Consejo Territorial celebrado en La Palma dejó una imagen institucional significativa: amplio acuerdo autonómico para financiar exhumaciones e investigaciones, sin votos en contra. Hay discrepancias sobre la memoria democrática, y algunas comunidades han impulsado normas alternativas bajo el lenguaje de la “concordia”, pero el trabajo material de exhumar parece reunir más consenso que la batalla simbólica que lo rodea. Curioso país: a veces se pelea más por las palabras que por los huesos.

La ley, las familias y el Estado que llegó tarde

Durante mucho tiempo, la búsqueda de desaparecidos dependió de la obstinación civil. Asociaciones memorialistas, historiadores locales, arqueólogos, antropólogos forenses y familiares hicieron el trabajo que el Estado no siempre asumió con claridad. Fueron ellos quienes llamaron a puertas, consultaron archivos, recogieron testimonios antes de que se apagaran, pidieron permisos, financiaron campañas y explicaron una y otra vez que no buscaban ajustar cuentas con los nietos de nadie, sino encontrar a los abuelos propios.

La Ley de Memoria Democrática de 2022 consolidó un marco de responsabilidad pública más amplio. Reconoce el derecho a la reparación integral de las víctimas, declara la nulidad de condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la dictadura, e incorpora la búsqueda de desaparecidos como política pública. No borra los retrasos acumulados, pero cambia el punto de partida: ya no se trata de una concesión graciable ni de una ayuda ocasional, sino de una obligación institucional.

Ese matiz es importante. Las democracias no se miden solo por cómo votan sus ciudadanos, sino también por cómo tratan a sus muertos incómodos. Y España, en esto, ha ido tarde. Muy tarde. La transición política abrió libertades fundamentales, permitió construir un sistema democrático y dejó atrás una dictadura de cuatro décadas, pero también convivió con silencios, prudencias, pactos tácitos y una especie de niebla oficial alrededor de las fosas. Se puede entender el contexto de aquellos años sin convertirlo en coartada eterna. La madurez democrática consiste precisamente en poder mirar lo que antes se apartó.

Hay una escena que se repite en muchas exhumaciones y que explica mejor el asunto que cualquier debate parlamentario: una persona mayor, a veces con bastón, a veces acompañada por hijos y nietos, observa cómo se levanta la tierra. No pide discursos. No pide estatuas. Quiere saber si allí está su padre, su hermano, su abuelo. Quiere llevar una flor a un lugar cierto. Quiere cerrar una frase que empezó antes de que naciera. Frente a eso, el cinismo habitual se queda pequeño, como una chaqueta mojada.

Fuencaliente y el valor de los lugares pequeños

Que el Consejo Territorial se haya celebrado en Fuencaliente tiene una carga simbólica evidente. La memoria democrática española no vive solo en grandes cementerios, en archivos nacionales o en valles monumentales resignificados a golpe de decreto y polémica. Vive también en pueblos donde todos sabían y nadie decía, en barrancos, tapias, cunetas, eras, montes. Lugares pequeños. Lugares donde el silencio tenía nombre y apellidos.

La Palma conserva episodios de resistencia y represión que permiten entender hasta qué punto la Guerra Civil no fue una abstracción peninsular. Tras el golpe de Estado de 1936, la isla vivió su propia secuencia de lealtades, persecuciones y miedo. La llamada Semana Roja, con la resistencia republicana durante unos días, dejó una memoria local intensa, transmitida muchas veces por cauces familiares. Allí, como en tantos otros lugares, los desaparecidos no fueron una cifra nacional sino vecinos concretos. Gente conocida. Gente cuya ausencia seguía sentada a la mesa.

Ese componente local es decisivo para las exhumaciones. Un mapa estatal puede ordenar datos, pero muchas búsquedas empiezan con una memoria de proximidad: “mi madre decía que fue por aquel camino”, “mi abuelo no quería pasar por esa zona”, “en esa esquina se oían cosas”. Luego llegan los archivos, los técnicos, la georradarización cuando procede, la excavación estratigráfica, los informes antropológicos. Pero a menudo la primera pista nace de la voz de alguien que durante años habló bajito.

La tensión entre memoria oral y prueba científica no debería verse como una contradicción. Son dos lenguajes distintos. La memoria señala; la ciencia verifica. La memoria conserva el temblor; la ciencia pone método. Sin una, muchas fosas ni siquiera se buscarían. Sin la otra, demasiados hallazgos quedarían envueltos en incertidumbre. Y en este terreno, la incertidumbre también duele.

Por qué este avance llega en un momento incómodo

La noticia aparece en una España políticamente áspera, con debates identitarios a flor de piel y una tendencia cansina a convertir cualquier cuestión histórica en un test de trincheras. La memoria democrática no escapa a esa dinámica. Para unos, es reparación pendiente. Para otros, propaganda. Para muchos familiares, que suelen hablar menos y soportar más, es algo bastante más sencillo: recuperar a los suyos.

El avance de las exhumaciones obliga a distinguir planos. Una cosa es el debate legítimo sobre cómo enseñar la historia, cómo redactar las leyes, cómo evitar relatos oficiales planos o cómo reconocer la complejidad de la Guerra Civil. Otra muy distinta es discutir si un desaparecido debe seguir en una fosa. Ahí el margen moral se estrecha. Se puede debatir sobre historiografía; no sobre el derecho a una sepultura digna.

También conviene evitar el error inverso: presentar cada exhumación como una purificación colectiva instantánea. España no se cura con una pala, ni con una prueba genética, ni con una declaración institucional. La reparación no funciona como un interruptor. Es lenta, desigual, a veces torpe, a veces emocionante. Habrá familias que reciban respuestas y otras que no. Habrá identificaciones completas y restos que no puedan asociarse a un nombre. Habrá acuerdos institucionales y ruido político. Todo a la vez, como suele pasar en los países reales.

La utilidad de esta nueva fase dependerá de la ejecución. Los tres millones aprobados para 2026 no son una cifra gigantesca si se compara con cualquier gran política pública, pero pueden ser relevantes si se orientan bien: localización rigurosa, equipos solventes, continuidad de campañas, coordinación autonómica, laboratorios capaces de absorber pruebas, comunicación clara con las familias y transparencia en los resultados. La memoria no se improvisa. Tampoco se subcontrata al entusiasmo.

Cuando una democracia aprende a contar sus muertos

Lo importante de esta noticia no es que España haya alcanzado una cifra redonda, porque no lo es. 9.000 personas exhumadas no cierran nada por sí solas. Lo relevante es que el país empieza a comportarse, aunque tarde, como una democracia que entiende que sus desaparecidos no son un asunto privado, ni una manía de asociaciones, ni una incomodidad que conviene dejar bajo tierra para no molestar al presente.

Quedan alrededor de 10.000 víctimas susceptibles de recuperación, y algunas no podrán ser encontradas jamás. Esa frase pesa. Pesa porque obliga a admitir que el tiempo perdido también tiene consecuencias materiales: huesos desplazados, testigos muertos, documentos extraviados, territorios transformados. La reparación llega, sí, pero no llega intacta. Llega con polvo, con lagunas, con expedientes incompletos, con familias cansadas. Aun así, llega.

España no abraza sus heridas porque adore sufrir, ni porque quiera vivir en 1936, ese tópico barato que aparece siempre que se toca el tema. Las abraza porque durante demasiado tiempo fingió que no estaban ahí. Y las heridas negadas no desaparecen; se vuelven costumbre, mal olor bajo la alfombra, educación sentimental del miedo. Exhumar no cambia el pasado. Cambia la relación del presente con ese pasado. Hay una diferencia enorme.

En el fondo, todo se reduce a una escena sencilla: un nombre escrito donde antes había silencio. Una familia que ya no tiene que decir “creemos”. Una tumba que puede visitarse. Una democracia que, por una vez, no mira hacia otro lado cuando la tierra habla.