¿EE. UU. se prepara para disturbios por la IA y vigila la disidencia?

Las fuerzas de seguridad estadounidenses están estudiando la posibilidad de que el despliegue acelerado de la inteligencia artificial provoque protestas multitudinarias, disturbios y ataques violentos durante los próximos años. Más de 1.000 páginas de informes internos muestran que el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y distintos centros regionales de inteligencia ya manejan una denominación nueva y deliberadamente amplia: “extremismo violento antitecnológico”.

Eso es lo que puede afirmarse con contundencia. Lo que esos documentos no demuestran es que Washington haya aprobado un plan nacional para aplastar cualquier crítica contra la IA o convertir automáticamente en terrorista a quien se oponga a un centro de datos. La realidad, bastante inquietante sin necesidad de inflarla, vive en una zona gris: las autoridades temen episodios violentos reales, pero algunos análisis están mezclando esas amenazas con protestas legales, reuniones vecinales, fotografías y discursos críticos.

Los documentos, examinados inicialmente por la revista WIRED, fueron obtenidos en buena medida mediante solicitudes amparadas por la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos. No estamos ante la clásica filtración clandestina, con un funcionario huyendo de madrugada y una memoria USB escondida en el calcetín. Son materiales no publicados que permiten asomarse a la manera en que las agencias interpretan el creciente rechazo social a la inteligencia artificial y, sobre todo, a la infraestructura física que la mantiene encendida.

El malestar ya no pertenece a una conversación de especialistas. Los grandes centros de datos aparecen junto a viviendas, campos de cultivo y redes eléctricas que iban justas antes de que llegara la fiebre algorítmica. Consumen agua, reclaman enormes cantidades de energía, reciben ventajas fiscales y prometen empleos que no siempre aparecen en el número anunciado. A la vez, millones de trabajadores escuchan que la automatización aumentará la productividad mientras se preguntan si ellos formarán parte del beneficio o del siguiente recorte de plantilla.

Qué revelan realmente los informes sobre los disturbios

Uno de los documentos más relevantes procede de la Oficina de Inteligencia y Contraterrorismo de Nueva York. Sus analistas consideran que el ambiente caótico derivado de la implantación de la IA durante los próximos cinco años podría alimentar grandes movilizaciones, desórdenes civiles y episodios de violencia antitecnológica, especialmente en núcleos urbanos densos como Nueva York.

El informe emplea la expresión “extremismo violento antitecnológico”, una etiqueta que no figuraba entre las categorías públicas habituales del FBI o del Departamento de Seguridad Nacional. La elección de las palabras importa. Una cosa es perseguir a alguien que prepara un sabotaje contra una subestación eléctrica; otra, construir un concepto tan elástico que dentro quepan un terrorista, un sindicalista, una asociación vecinal y una señora enfadada porque le han colocado generadores diésel detrás del jardín.

Otros documentos señalan que grupos extremistas, actores vinculados a gobiernos extranjeros y organizaciones criminales podrían atacar centros de datos por su valor económico y estratégico. Estas instalaciones concentran servidores, conexiones de telecomunicaciones y sistemas esenciales para empresas y administraciones. Un sabotaje bien dirigido podría interrumpir servicios digitales, dañar redes eléctricas o comprometer información sensible. La amenaza, por tanto, no es imaginaria.

También existen mensajes en internet que defienden ataques contra directivos tecnológicos, plantas eléctricas o infraestructuras informáticas. Empresas especializadas en analizar contenidos extremistas aseguran haber detectado más amenazas y conversaciones favorables al sabotaje de instalaciones digitales. Ignorar ese material sería una imprudencia. Convertirlo en una red de arrastre para vigilar a cualquiera que critique a Silicon Valley sería otra.

El FBI sostiene que investiga a personas que cometen o pretenden cometer delitos violentos o actividades que amenazan la seguridad nacional. Esa explicación marca sobre el papel una frontera razonable: violencia y delito, no ideología. Los informes conocidos, sin embargo, sugieren que en algunos niveles de la maquinaria de inteligencia esa frontera empieza a emborronarse.

No aparece una orden pública que anuncie despliegues militares nacionales contra manifestantes contrarios a la IA. Tampoco hay una fecha prevista para los disturbios ni una estimación fiable de su tamaño. Son evaluaciones de riesgo, boletines de inteligencia y documentos de planificación. Conviene recordarlo porque un escenario de seguridad no es una profecía. Las agencias redactan informes sobre acontecimientos posibles antes de que sucedan; unas veces aciertan y otras describen tormentas que nunca descargan.

Una categoría nueva con fronteras demasiado blandas

La expresión “antitecnológico” puede abarcar realidades incompatibles. Incluye desde grupos que celebran el sabotaje de infraestructuras hasta ciudadanos que rechazan un proyecto urbanístico por su consumo de agua. Esa vaguedad es cómoda para un analista, porque permite reunir señales dispersas bajo una misma carpeta. Para una democracia, en cambio, puede convertirse en una puerta lateral hacia la vigilancia política.

Cuando una fotografía empieza a parecer sospechosa

El Centro Regional de Inteligencia del Norte de Virginia identifica como posibles indicadores de actividad sospechosa conductas como observar instalaciones, tomar fotografías, probar medidas de seguridad, expresar amenazas o intentar acceder a zonas restringidas. Algunas resultan lógicas en una investigación sobre sabotajes. Otras podrían describir el comportamiento de un periodista, un vecino o un activista que examina desde la carretera el lugar donde se proyecta un centro de datos.

Los llamados informes de actividad sospechosa se elaboran con criterios amplios y pueden incorporar prejuicios personales. Una cámara frente a una infraestructura crítica puede ser una señal relevante dentro de una investigación más amplia. Por sí sola, también puede ser simplemente una cámara. Parece una obviedad, pero las burocracias de seguridad tienen una conocida afición por convertir obviedades en expedientes.

Los documentos muestran, además, que algunos centros de fusión —organismos creados después de los atentados del 11 de septiembre para compartir información entre agencias federales, estatales y locales— han seguido reuniones públicas y manifestaciones protegidas por la Constitución. Entre ellas figuran protestas contra Tesla, actos críticos con empresas tecnológicas y sesiones de presupuestos municipales o consejos escolares.

Esas reuniones son precisamente los lugares donde los habitantes discuten permisos urbanísticos, desgravaciones fiscales, suministro eléctrico y consumo de agua. No son rincones clandestinos. Hay micrófonos que fallan, concejales mirando el reloj, vecinos con carpetas y esa luz blanca de los salones municipales que vuelve sospechoso hasta un ficus. El corazón poco cinematográfico de la democracia local.

En varios estados, asistentes a reuniones públicas contrarios a centros de datos han sido expulsados o arrestados por la policía. Se han registrado incidentes en California, Illinois, Indiana, Nueva Jersey, Oklahoma y Wisconsin. Las circunstancias cambian según el caso y no permiten concluir que exista una campaña federal coordinada, pero sí muestran un clima de confrontación alrededor de proyectos que hasta hace poco se aprobaban casi sin atención pública.

Uno de los episodios más reveladores afecta a More Perfect Union, una organización progresista que difundió un vídeo sobre las consecuencias de un centro de datos para una comunidad de Georgia. El contenido no defendía ataques contra personas o propiedades. Aun así, apareció en un informe privado distribuido entre organismos policiales como posible vector de amenaza. El salto es considerable: de denunciar un daño ambiental a circular por la red de inteligencia.

El precedente político que ensancha la sospecha

La inquietud no nace únicamente de los documentos técnicos. En septiembre de 2025, el presidente Donald Trump firmó un memorando de seguridad nacional destinado a combatir el terrorismo interno y la violencia política organizada. El texto mencionaba como elementos recurrentes el antiamericanismo, el anticapitalismo y la hostilidad contra el cristianismo, junto con la defensa del derrocamiento del Gobierno y otras posiciones extremistas.

El memorando habla de violencia y terrorismo, pero la inclusión de creencias políticas imprecisas ha alimentado el temor de que determinadas ideas puedan utilizarse como indicios de peligrosidad. Criticar el capitalismo no equivale a colocar una bomba. Ser hostil a una empresa tecnológica tampoco. En una democracia liberal, incluso las opiniones ásperas, equivocadas o profundamente antipáticas siguen protegidas mientras no se transformen en delitos.

Esta ampliación del lenguaje coincide con la apuesta de la Casa Blanca por acelerar el desarrollo de la IA y facilitar la construcción de la infraestructura necesaria para competir con China. La Administración considera los centros de datos una cuestión industrial y estratégica. Los críticos temen que, cuando el Gobierno se identifica estrechamente con una tecnología, la oposición a esa tecnología termine interpretándose como oposición al propio Estado.

En Estados Unidos, el terrorismo doméstico no funciona habitualmente como un delito autónomo equivalente a otras figuras penales. Su definición puede abrir la puerta a investigaciones, vigilancia y agravantes, mientras los cargos finales se presentan por allanamiento, daños, amenazas o vandalismo. De ahí que una etiqueta de inteligencia tenga consecuencias incluso cuando nunca aparece escrita en una sentencia.

El rechazo a la IA ya tiene cifras y territorio

El malestar social que describen los informes no ha surgido en un foro marginal. Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el 11 de junio de 2026 mostró que solo el 33 % de los estadounidenses consideraba positiva la rápida construcción de centros de datos, mientras que el 64 % rechazaba ese ritmo. El 57 % se opondría a que una instalación de este tipo se levantara en su comunidad y apenas el 14 % aceptaría tenerla cerca.

La preocupación atraviesa las fronteras partidistas. El 77 % teme que la expansión de los centros de datos encarezca la electricidad. La mitad cree que la inteligencia artificial podría dejar sin trabajo a alguien de su hogar. En un país donde casi cualquier asunto termina dividido entre rojo y azul, conseguir que republicanos, demócratas e independientes compartan miedo a la factura eléctrica tiene cierto mérito. No el mérito que esperaba la industria, desde luego.

Estados Unidos cuenta con centenares de instalaciones operativas y más de un millar de proyectos planificados. Al menos 14 estados han considerado o están considerando moratorias. La oposición ha retrasado o bloqueado inversiones multimillonarias y ha reunido a grupos muy distintos: agricultores preocupados por los acuíferos, propietarios que temen perder valor inmobiliario, ecologistas, conservadores contrarios a las subvenciones y usuarios cansados de ver subir las tarifas.

Electricidad, agua y empleo: el combustible del conflicto

Los centros de datos no son almacenes silenciosos donde internet duerme en estanterías. Dentro trabajan miles de servidores que procesan información y generan calor de manera constante. Necesitan electricidad para funcionar, sistemas de refrigeración para no sobrecalentarse, líneas de transmisión, generadores de respaldo y grandes extensiones de terreno. La infraestructura digital tiene peso, ruido y temperatura.

El Departamento de Energía calculó que estas instalaciones consumieron alrededor del 4,4 % de toda la electricidad estadounidense en 2023. Para 2028 podrían absorber entre el 6,7 % y el 12 %, dependiendo del crecimiento de la demanda, la eficiencia de los equipos y el ritmo de construcción. El consumo anual podría pasar de unos 176 teravatios hora a una horquilla de entre 325 y 580.

El impacto tampoco es uniforme. Una red nacional puede mostrar capacidad suficiente mientras una región concreta sufre cuellos de botella. En Virginia, donde se concentra uno de los mayores corredores mundiales de centros de datos, estas instalaciones ya representan una parte sustancial de la demanda eléctrica. Cuando una nueva planta requiere cientos de megavatios, las compañías deben ampliar subestaciones y tendidos o contratar nueva generación. Al final alguien paga.

El agua añade otra capa. Las instalaciones pueden utilizarla directamente en sus sistemas de refrigeración e indirectamente en las centrales que producen su electricidad. Un gran centro puede consumir varios millones de galones diarios en determinadas condiciones, un volumen comparable al de una pequeña ciudad. No todos alcanzan esa cifra y algunos emplean circuitos cerrados, aire exterior o agua reciclada.

En el empleo ocurre algo parecido: hay riesgo, pero no una medida exacta del terremoto. La IA puede automatizar tareas administrativas, atención al cliente, programación, diseño, traducción, análisis jurídico y producción de contenidos. También crea trabajos vinculados al desarrollo de modelos, la ingeniería eléctrica, la ciberseguridad y la construcción. El balance dependerá de la velocidad del cambio, la inversión y la capacidad de los trabajadores para pasar de unas ocupaciones a otras.

Una ola nacional de disturbios sigue siendo una hipótesis

Los documentos prueban que las agencias contemplan el riesgo de protestas masivas y episodios violentos. No prueban que esos disturbios sean inevitables. Tampoco que haya una organización nacional coordinando una rebelión contra la inteligencia artificial. La mayor parte de la oposición conocida actúa mediante recursos administrativos, campañas públicas, peticiones, elecciones locales y asistencia a plenos municipales.

Conviene evitar dos simplificaciones. La primera sostiene que cualquier alerta gubernamental es una invención para justificar la represión. Existen amenazas, llamamientos al sabotaje y grupos minoritarios que han incorporado el rechazo a la tecnología a ideologías violentas. Las instalaciones digitales forman parte de infraestructuras críticas y requieren protección.

La segunda presenta toda resistencia como una antesala del terrorismo. Esa idea es todavía más peligrosa porque convierte el conflicto político en un problema policial antes de intentar resolver sus causas. Un vecino que exige conocer el consumo de agua no está ensayando un atentado. Un trabajador que reclama protección frente a la automatización tampoco. Mezclarlos con grupos que planean ataques erosiona las libertades y dificulta encontrar las amenazas auténticas entre una montaña de ruido.

Diversos análisis académicos han advertido de ese efecto: clasificar como extremista una oposición amplia puede aumentar la radicalización al transmitir que los cauces legales están cerrados. Las críticas a la pérdida de empleo, el gobierno algorítmico, la construcción de centros de datos y los riesgos de la IA son legítimas. La respuesta más eficaz pasa por una regulación creíble, transparencia y reglas claras, no solo por ampliar la vigilancia.

La historia ofrece ejemplos incómodos. Los cambios industriales provocan resistencia cuando sus beneficios se concentran arriba y sus costes caen sobre comunidades concretas. Los telares mecánicos, los ferrocarriles, la automatización fabril y la deslocalización generaron conflictos que no se resolvieron llamando enemigos del progreso a los afectados. Se resolvieron —cuando se resolvieron— mediante derechos laborales, inversión pública, negociación y reparto de beneficios.

La inteligencia artificial no es idéntica a aquellas transformaciones, pero comparte una característica: altera relaciones de poder. Decide quién posee los modelos, quién proporciona los datos, quién paga la energía y quién conserva el salario. Presentarla como una fuerza natural, inevitable como la lluvia, es una forma cómoda de ocultar decisiones políticas y empresariales.

La democracia ante una máquina que prometía facilitarlo todo

Estados Unidos se prepara para posibles conflictos relacionados con la IA. Eso ya no es una conjetura. Sus organismos de inteligencia estudian escenarios de disturbios, vigilan amenazas contra centros de datos y experimentan con una categoría de extremismo antitecnológico que puede resultar útil para detectar violencia o peligrosamente amplia para perseguir disidencia.

El desenlace dependerá menos del nombre del archivo que de cómo se utilice. Si las autoridades limitan su actuación a amenazas concretas, sabotajes y delitos, estarán cumpliendo una función legítima. Si fotografías, discursos, vídeos críticos y reuniones vecinales empiezan a alimentar expedientes de extremismo, el país habrá cruzado una frontera bastante vieja con una tecnología muy nueva.

La tensión continuará porque las causas materiales siguen ahí: electricidad más cara, consumo de agua, exenciones fiscales, empleos amenazados y falta de información pública. Ninguna campaña de relaciones públicas borrará esas preocupaciones. Tampoco una base de datos policial.

La IA llegó prometiendo redactar correos, diagnosticar averías y ahorrar tiempo. Puede terminar obligando a Estados Unidos a discutir algo bastante más antiguo: quién controla la riqueza, quién asume los costes y hasta dónde puede vigilar el Estado a quienes protestan. La máquina es nueva. El dilema, no tanto.