¿Por qué Dinamarca paga 40.000 euros por las espirales de Groenlandia?

Dinamarca ha convertido en ley una reparación largamente reclamada por miles de mujeres de Groenlandia. El Parlamento danés, el Folketing, ha aprobado una indemnización individual de 300.000 coronas danesas, algo más de 40.000 euros, para las mujeres sometidas a anticoncepción sin consentimiento durante el periodo en que el Estado danés administraba el sistema sanitario groenlandés. La votación terminó con 100 votos a favor y 10 en contra, sin abstenciones.

La norma cubre las actuaciones ocurridas entre 1960 y 1991 y va más allá de las célebres espirales que dieron nombre al escándalo: contempla anticonceptivos administrados sin consentimiento a mujeres que cumplan las condiciones establecidas. No supone que 4.500 personas vayan a recibir automáticamente el dinero. Cada afectada deberá solicitarlo y acreditar de forma verosímil lo sucedido, aunque el procedimiento está diseñado precisamente para evitar que mujeres sometidas a intervenciones hace medio siglo tengan que reconstruir un expediente clínico imposible.

Qué ocurrió con las espirales de las mujeres de Groenlandia

La historia empieza mucho antes de que existieran demandas, disculpas públicas o informes sobre derechos humanos. En los años sesenta, Groenlandia atravesaba una transformación acelerada. Había dejado formalmente su condición colonial en 1953 y Dinamarca impulsaba un amplio proceso de modernización. Al mismo tiempo, las autoridades observaban una natalidad muy elevada, familias numerosas con pocos recursos y un aumento de madres muy jóvenes. La planificación familiar pasó a considerarse una herramienta sanitaria y social. Sobre el papel, un servicio. En la práctica, la frontera entre ofrecer y decidir por otros terminó siendo bastante menos limpia.

El DIU comenzó a introducirse en Groenlandia a mediados de aquella década. Tras ensayos realizados en 1966 y 1967, las autoridades sanitarias aprobaron un uso más generalizado de la espiral. La expansión fue fulminante. La investigación histórica independiente publicada en 2025 concluyó que al menos 4.070 mujeres groenlandesas habían recibido una espiral al terminar 1970, apenas unos años después de su introducción. Equivalían aproximadamente a la mitad de las mujeres nacidas en Groenlandia que estaban en edad fértil. La magnitud y la velocidad de aquella implantación resultaban llamativas incluso para los parámetros de la época.

Aquello tampoco fue simplemente la suma casual de miles de decisiones médicas aisladas. Los investigadores encontraron una acción muy activa del sistema sanitario para extender el DIU. Personal médico, instituciones y otros actores intervenían para llevar sobre todo a adolescentes, pero también a mujeres adultas, hasta los hospitales donde se les ofrecía la anticoncepción. Algunas declararon haberse encontrado ante una situación en la que no percibían una verdadera posibilidad de elegir. Otras aseguraron que recibieron una espiral durante un parto, después de un aborto o en otra consulta sin comprender que se les estaba colocando ese dispositivo.

Una política presentada oficialmente como voluntaria

Aquí aparece uno de los matices importantes del caso. Los documentos examinados no describen simplemente una orden estatal escrita para colocar espirales a todas las groenlandesas. Las autoridades centrales hablaban formalmente de la anticoncepción como una oferta voluntaria, acompañada de información médica. Eso convivía, sin embargo, con indicios de presión y con el conocimiento administrativo de que algunas mujeres consideraban excesivamente agresiva la iniciativa y de que muchas ni siquiera habían acudido por iniciativa propia solicitando anticonceptivos.

El trasfondo también está documentado. Los médicos y responsables públicos relacionaban la alta natalidad con problemas sociales, económicos y sanitarios, mientras determinados círculos internacionales presentaban el DIU como una tecnología moderna para contener el crecimiento demográfico. Existía además cierta desconfianza hacia la capacidad de las groenlandesas para utilizar correctamente métodos que exigían una intervención cotidiana, como la píldora. La espiral, colocada una vez y eficaz durante años, parecía a muchos profesionales la solución más conveniente. Conveniente, claro, para quien tomaba la decisión.

El Lippes Loop y una medicina que decidía demasiado

Entre los dispositivos utilizados figuró el Lippes Loop, un DIU de plástico habitual en aquellos años. Los investigadores comprobaron que se emplearon diferentes tamaños y que llegó a recomendarse el modelo de mayor tamaño incluso cuando se sabía que podía provocar más efectos secundarios en mujeres que nunca habían dado a luz. Aquella medicina era hija de su tiempo en muchos sentidos, incluido un modelo profundamente paternalista de relación entre médico y paciente. Pero el contexto histórico no convierte automáticamente el consentimiento en un detalle decorativo.

La propia investigación encontró testimonios de mujeres que sufrieron dolor, hemorragias e infecciones, además de posteriores dificultades reproductivas. Algunas relacionaron las infecciones sufridas tras la colocación del dispositivo con su imposibilidad de tener hijos. Otras describieron consecuencias psicológicas prolongadas, una mezcla de trauma, pérdida y rabia que permaneció durante décadas prácticamente fuera del debate público danés.

Cuántas mujeres recibieron anticonceptivos sin consentimiento

Aquí conviene separar dos cifras que a menudo aparecen mezcladas. La investigación histórica acredita que miles de groenlandesas recibieron espirales, con un mínimo de 4.070 hasta finales de 1970. Por otro lado, las autoridades han calculado que alrededor de 4.500 mujeres podrían llegar a reunir las condiciones para obtener la indemnización dentro del periodo 1960-1991. Eso no significa que la investigación haya demostrado individualmente 4.500 intervenciones forzadas. La compensación exige estudiar cada solicitud.

Los testimonios recopilados, eso sí, dibujan un patrón muy difícil de ignorar. En 453 episodios de anticoncepción relatados a los investigadores, las mujeres señalaron que en 330 habían dicho que no o no habían otorgado un consentimiento claro. En 55 constaba un consentimiento y en otros 68 no había información suficiente para determinarlo. Si se observan únicamente los 410 episodios relacionados con espirales, 300 aparecen como casos sin consentimiento o sin un consentimiento inequívoco, frente a 47 en los que sí lo hubo y 63 en los que faltan datos.

Esas cifras tienen que leerse correctamente. Los testimonios proceden de mujeres que decidieron participar en una investigación sobre el escándalo y no constituyen una muestra estadística aleatoria de todas las groenlandesas tratadas durante aquellas décadas. No permiten extrapolar porcentajes de forma mecánica. Sí aportan algo distinto: centenares de relatos personales que coinciden en problemas de información, consentimiento, presión institucional y consecuencias físicas o psicológicas.

Quién recibirá los 300.000 coronas y cómo funciona la compensación

La ley aprobada por el Folketing establece una compensación de 300.000 coronas por mujer, independientemente del método anticonceptivo utilizado o del número de intervenciones sufridas. Durante la tramitación hubo una propuesta para que cada episodio pudiera generar una indemnización independiente, pero no obtuvo el respaldo de la mayoría. La cantidad, por tanto, no se multiplica cuando una misma mujer sufrió varias actuaciones.

Las solicitudes son gestionadas por Patienterstatningen, el organismo danés de compensación a pacientes. La solicitante debe haber residido en Groenlandia durante el periodo correspondiente, declarar bajo responsabilidad que recibió anticoncepción sin su consentimiento en Groenlandia o, en determinados supuestos, durante una estancia en Dinamarca, y hacer verosímil su relato. La legislación prevé una valoración global de cada caso y permite partir del testimonio de la mujer, una cuestión esencial cuando muchos documentos clínicos son incompletos o han desaparecido.

La indemnización será libre de impuestos, no reducirá prestaciones sociales y contará con protección frente a determinados acreedores. Las solicitudes pueden presentarse desde el 1 de julio de 2026 y el plazo termina el 1 de septiembre de 2028. Si una mujer fallece después de haber solicitado la compensación, sus herederos podrán continuar el procedimiento.

Hay otra frontera temporal importante. La responsabilidad danesa contemplada por esta ley llega hasta 1991, año en que Groenlandia asumió las competencias sanitarias. El Gobierno autónomo groenlandés ha abierto su propio procedimiento para estudiar casos posteriores, desde 1992, y ha adoptado también como referencia una compensación de 300.000 coronas. Son dos responsabilidades institucionales distintas para dos periodos diferentes de gestión sanitaria.

De las denuncias al perdón oficial de Dinamarca

Durante décadas, el asunto permaneció en los márgenes de la historia oficial. El cambio llegó cuando las propias afectadas empezaron a contar públicamente lo sucedido y la radiotelevisión danesa investigó el alcance de las prácticas anticonceptivas. Dinamarca y Groenlandia acordaron en 2022 encargar una investigación independiente, desarrollada por especialistas de instituciones groenlandesas y danesas y publicada finalmente en septiembre de 2025.

Antes incluso de publicarse aquel informe, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, reconoció oficialmente la injusticia cometida y posteriormente acudió a Nuuk para pedir perdón en persona a las afectadas. El jefe del Gobierno groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, participó también en aquel acto. Para muchas mujeres suponía algo elemental después de décadas de silencio: que el Estado dejara de discutir únicamente sobre estadísticas y reconociera que detrás de ellas había cuerpos y biografías concretas.

La indemnización tampoco liquida todos los frentes jurídicos. 143 mujeres groenlandesas mantienen una demanda contra el Estado danés por presuntas vulneraciones de derechos humanos y reclaman conjuntamente 43 millones de coronas, alrededor de 5,8 millones de euros. El proceso judicial está previsto para 2027. La existencia de una compensación administrativa, por tanto, no equivale a una sentencia que determine toda la responsabilidad jurídica del Estado.

La cuestión que sigue abierta: derechos humanos y genocidio

La aprobación de la ley llega, además, en vísperas de otra fecha delicada. Groenlandia tiene previsto publicar el 28 de agosto de 2026 dos informes elaborados por expertos para analizar las implicaciones del caso desde la óptica de los derechos humanos y estudiar, entre otras cuestiones, si los hechos pueden encajar jurídicamente en el concepto de genocidio. Habrá dos documentos porque los miembros del grupo de expertos no alcanzaron una posición común.

Conviene no adelantarse a esas conclusiones. El entonces jefe del Gobierno groenlandés, Múte B. Egede, utilizó en 2024 la palabra «genocidio» para referirse a las prácticas anticonceptivas, pero esa caracterización política no equivale por sí sola a demostrar jurídicamente el delito internacional de genocidio, que exige requisitos muy específicos, entre ellos una determinada intención. Precisamente esa discusión forma parte del trabajo encargado a los expertos.

Lo que ya no está seriamente en discusión es la dimensión del daño. La investigación histórica encontró una expansión extraordinariamente rápida de los dispositivos, numerosos relatos de ausencia de consentimiento y una actuación sanitaria que, aun presentada oficialmente como voluntaria, ejerció en determinados casos una presión incompatible con la autonomía que se espera de una decisión médica.

Una deuda histórica que el dinero no convierte en pasado

Las 300.000 coronas no ponen precio a una maternidad que nunca llegó, a años de dolor o a una adolescente entrando en un hospital sin saber exactamente lo que iban a hacerle. Tampoco pueden reescribir una relación entre Dinamarca y Groenlandia atravesada por décadas de decisiones tomadas desde Copenhague para una población que apenas participaba en ellas.

Sí cambian algo más concreto. El Estado danés deja de limitarse al reconocimiento político y acepta una reparación económica individual respaldada por una mayoría abrumadora del Parlamento. Después de décadas en las que aquellas prácticas fueron descritas incluso como un éxito de planificación familiar, la perspectiva se ha invertido: el centro del relato ya no es cuántos nacimientos se evitaron, sino quién decidió, quién pudo negarse y quién cargó después con las consecuencias.

Es quizá la distancia más reveladora entre aquella Groenlandia de los años sesenta y la de 2026. Un pequeño dispositivo de plástico fue tratado durante años como una pieza eficiente de política social. Medio siglo después, Dinamarca paga por reconocer que la voluntad de aquellas mujeres debía haber contado.