¿Por qué quieren echar a Maricarmen tras 70 años viviendo en Madrid?

Maricarmen Abascal tiene 87 años y vive desde 1956 en el mismo piso del distrito madrileño de Retiro. Este miércoles 23 de septiembre afronta su cuarto intento de desahucio, después de que los tribunales consideraran extinguido el antiguo contrato de alquiler que había pasado de su padre a su madre y posteriormente a ella. No se trata de un lanzamiento por dejar de pagar la renta: el conflicto nace de la validez de aquella segunda subrogación y del derecho de la actual propietaria a recuperar la vivienda.

La mañana ha llevado el procedimiento judicial directamente a la calle. Cientos de personas han pasado la noche frente al número 46 de Alcalde Sáinz de Baranda para intentar impedir el desalojo. La Policía Nacional acordonó la zona desde primera hora, retiró las tiendas instaladas junto al portal y despejó los accesos entre momentos de tensión. A media mañana, la comisión judicial ya había llegado al edificio para intentar ejecutar el lanzamiento.

La escena resume en unos pocos metros de acera un conflicto que lleva años creciendo: una mujer que se acerca a los 88 años, una vivienda en la que ha pasado prácticamente toda su vida, una resolución judicial firme y una movilización que ha convertido su nombre en uno de los símbolos más reconocibles de la crisis de vivienda madrileña.

Cientos de personas pasan la noche frente a la casa de Maricarmen

La movilización comenzó la tarde del martes. Alrededor de 400 personas, según las cifras difundidas sobre el dispositivo, acudieron a la concentración y parte de ellas pasó la madrugada al raso. Actores, músicos y otros rostros conocidos se sumaron también al apoyo, aunque al amanecer el protagonismo volvió al lugar exacto donde se decide todo: un portal de Retiro y una mujer esperando dentro.

Pasadas las siete de la mañana llegaron los agentes. Las tiendas fueron retiradas y se estableció un cordón policial alrededor del inmueble. Hubo empujones y momentos de tensión mientras los concentrados trataban de permanecer cerca de la entrada. El dispositivo reunió a numerosas unidades policiales y dejó a los manifestantes apartados del portal mientras esperaban a la comisión judicial.

La hora inicialmente difundida para el lanzamiento era las 7.30, aunque posteriormente se situó la llegada de la comisión judicial a partir de las 9.30. Finalmente, la comisión alcanzó el inmueble bien entrada la mañana. No era una concentración preventiva a varios días vista. El desahucio estaba previsto para este miércoles y la ejecución había llegado, literalmente, al otro lado de la puerta.

Por qué pueden desahuciarla aunque siga pagando el alquiler

Aquí está el detalle que suele perderse cuando el caso se reduce a una subida del alquiler. Maricarmen no afronta un desahucio por impago de esos aproximadamente 500 euros mensuales que continúa abonando. El problema es anterior y bastante más enrevesado: afecta a un contrato de renta antigua firmado hace siete décadas y a las reglas que limitan su transmisión entre familiares.

El padre de Maricarmen firmó el alquiler en 1956, cuando ella tenía 17 años. Tras su fallecimiento, el contrato pasó a su esposa. Cuando murió la madre, en 2005, Maricarmen continuó como arrendataria. Durante años pagó la renta actualizada conforme a las condiciones del contrato sin que esa situación impidiera que siguiera ocupando la vivienda.

El problema está en la segunda subrogación del contrato

La disputa acabó llegando a los tribunales. La legislación aplicable a determinados contratos antiguos establece límites a las sucesivas subrogaciones del alquiler, es decir, al derecho de un familiar a continuar en el contrato después de la muerte del anterior inquilino. En determinadas circunstancias se permite la continuidad del descendiente, pero existen requisitos relacionados con la duración, la edad y determinadas situaciones de discapacidad.

Maricarmen tiene reconocido un 50% de discapacidad. La normativa aplicada en el procedimiento establece un régimen diferente para determinados supuestos cuando ese porcentaje alcanza el 65%. Parece una diferencia administrativa escrita con bolígrafo fino, cinco palabras y un porcentaje; en este caso, sin embargo, termina pesando sobre una casa ocupada desde los años cincuenta.

Maricarmen obtuvo inicialmente una resolución favorable, pero la Audiencia Provincial de Madrid terminó declarando extinguido el contrato. Los recursos posteriores no lograron revertir esa decisión y la resolución quedó firme, abriendo la puerta jurídica al lanzamiento. El caso ya había atravesado varios intentos de desahucio y aplazamientos antes de llegar a este nuevo episodio.

La cronología anterior del conflicto puede consultarse en la información publicada por DonPorque sobre el desahucio de Maricarmen, que recoge los antecedentes de un procedimiento que lleva meses saltando de los juzgados a la calle y de la calle, otra vez, a los juzgados.

De 500 a 1.650 euros: las cifras que explican el conflicto

La otra parte del caso está en el precio. Maricarmen continúa pagando alrededor de 500 euros mensuales, mientras que la propietaria le planteó permanecer en la vivienda con una renta muy superior.

A lo largo del conflicto han aparecido dos cantidades diferentes. La cifra inicial reclamada llegó a situarse en 2.650 euros al mes. Después, durante las negociaciones, la propiedad planteó una renta de 1.650 euros, cantidad difundida como una de las últimas propuestas para que Maricarmen permaneciera en el piso. Son cifras correspondientes a momentos distintos y no conviene mezclarlas como si fueran una sola oferta.

La diferencia sigue siendo enorme. Pasar de unos 500 a 1.650 euros supone más que triplicar el alquiler y coloca la mensualidad por encima de los ingresos que puede asumir la inquilina. El mercado inmobiliario tiene esa extraña capacidad de convertir tres cifras impresas en un papel en una mudanza imposible.

La propietaria es Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., una sociedad inmobiliaria a la que los colectivos de vivienda que apoyan a Maricarmen califican de fondo buitre. La empresa sostiene su derecho a recuperar el inmueble una vez extinguido judicialmente el contrato; los activistas cuestionan que, disponiendo ya de una resolución favorable, no haya prosperado alguna de las fórmulas económicas planteadas para permitir que la mujer permanezca en la casa.

Una escritora se ofrece a pagar para evitar el desahucio

En las horas anteriores al lanzamiento apareció una posibilidad inesperada. Una conocida escritora, cuya identidad se mantiene en el anonimato, se ofreció a cubrir la diferencia del alquiler para que Maricarmen pudiera quedarse en su vivienda.

La propuesta trasladada a la propiedad contempla que la mujer continúe pagando los aproximadamente 500 euros que abona actualmente y que la donante asuma el resto. También se habría mostrado dispuesta a hacerse cargo de cantidades pendientes y mantener su aportación durante el tiempo necesario.

La oferta no había bastado, al menos a primera hora de este miércoles, para detener el procedimiento. La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, sostuvo que la propiedad no estaba interesada en renovar el alquiler, mientras desde el movimiento de inquilinos se señalaba que no se había obtenido una respuesta capaz de frenar el lanzamiento.

También el Ministerio de Vivienda ha tratado de intervenir en el conflicto. Entre las fórmulas planteadas apareció la posibilidad de adquirir el piso mediante un mecanismo público para evitar el desalojo, pero la operación no llegó a materializarse. Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Gobierno central han defendido posiciones distintas sobre qué administración debía ofrecer una solución y sobre las alternativas disponibles. Mientras tanto, la orden judicial siguió su curso.

La ONU pidió evitar que quedara sin una alternativa adecuada

El caso salió hace meses del ámbito estrictamente madrileño. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas pidió a España adoptar medidas provisionales mientras examina la denuncia presentada en relación con Maricarmen: suspender el desalojo o garantizarle una alternativa habitacional adecuada para evitar un daño irreparable.

Esa petición no anula por sí sola una resolución de los tribunales españoles ni convierte en inexistente el derecho reconocido a la propietaria. Introduce, sin embargo, otro problema bastante menos contable: qué alternativa puede considerarse realmente adecuada para una mujer de 87 años y movilidad reducida, que lleva desde la adolescencia en la misma vivienda y cuyo entorno personal y vecinal se encuentra allí.

El Ayuntamiento de Madrid ha señalado anteriormente que los servicios sociales habían ofrecido recursos y alternativas. Maricarmen y quienes la asesoran sostienen que ninguna de esas opciones resolvía su situación de una manera asumible y adaptada a sus necesidades. Las dos versiones no coinciden, y esa diferencia forma parte del conflicto.

Una casa desde 1956 y una vida entera detrás de la puerta

Maricarmen llegó a ese piso cuando España era otro país. Ha visto cambiar el barrio, las leyes de alquiler, los propietarios del edificio y hasta la manera de entender qué es una vivienda: hogar para quien reside dentro, activo inmobiliario para quien figura en determinadas hojas de cálculo. Las dos realidades existen. Y cuando chocan, el ruido se escucha bastante más que el de una llave entrando en una cerradura.

La resolución judicial permite ejecutar el desahucio. También es un hecho que Maricarmen ha seguido pagando su renta, que vive allí desde hace 70 años y que a sus 87 afronta el traslado con problemas de movilidad. Del mismo modo, han aparecido propuestas privadas y públicas para buscar una salida sin que, a primera hora de este 23 de septiembre, hubieran conseguido cerrar un acuerdo capaz de paralizar definitivamente el procedimiento.

Fuera, cientos de personas aguardaban detrás del cordón policial. Dentro, una comisión judicial había llegado para aplicar una resolución largamente aplazada. Después de años de recursos, tres intentos anteriores y muchas conversaciones que terminaron en ninguna parte, el conflicto de Maricarmen había quedado reducido a su expresión más física: una mujer, una casa y una puerta que llevaba abierta para ella desde 1956.