¿Por qué un alumno asturiano repetirá 3º de ESO con seis suspensos?

Un alumno asturiano no podrá pasar de 3º a 4º de ESO después de terminar el curso con seis asignaturas suspensas y acumular 34 días lectivos de expulsión. Sus padres llevaron el caso a los tribunales porque entendían que esas ausencias forzadas habían perjudicado su aprendizaje y que el centro no había garantizado un seguimiento educativo suficiente. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, sin embargo, ha respaldado la actuación de Educación y la decisión de que permaneciera un año más en 3º.

El punto decisivo es menos simple de lo que sugiere la cifra de suspensos. El tribunal considera acreditado que, pese a las expulsiones, el estudiante recibió materiales, tareas e indicaciones para continuar las clases, mientras que el equipo docente justificó de forma colegiada que afrontar 4º de ESO con seis materias pendientes podía dificultar seriamente su progreso. La normativa tampoco establece que cualquier alumno con más de dos suspensos deba repetir automáticamente: a partir de ahí entra en juego la valoración educativa del profesorado.

Seis suspensos y una decisión unánime del profesorado

El caso se remonta al curso 2024-2025, cuando el menor estudiaba 3º de ESO. Al terminar el año académico tenía cinco asignaturas de ese curso sin superar: Educación Plástica, Visual y Audiovisual; Lengua Castellana y Literatura; Tecnología y Digitalización; Educación en Valores Cívicos y Éticos, e Inglés. A ellas se sumaba Lengua Castellana y Literatura pendiente de 2º de ESO. En total, seis.

La Junta de Evaluación decidió por unanimidad que el estudiante no promocionara a 4º. No fue, según consta en el expediente analizado judicialmente, una mera operación aritmética del tipo «seis suspensos, repite». El profesorado valoró que la cantidad y naturaleza de las materias pendientes suponían una carga considerable y que intentar recuperarlas mientras cursaba simultáneamente las asignaturas de 4º podía complicar aún más su trayectoria académica.

Había otro elemento relevante. Varias de las materias no superadas tenían un peso instrumental importante, especialmente Lengua e Inglés, conocimientos que atraviesan buena parte del trabajo escolar posterior. El equipo docente consideró que permanecer otro año en 3º podía facilitar que el alumno consolidara aprendizajes que todavía no había adquirido. La decisión fue posteriormente respaldada por el Servicio de Inspección Educativa.

Tener más de dos suspensos no significa repetir automáticamente

Aquí aparece uno de los matices que suele perderse cuando la promoción escolar se convierte en debate de barra de bar. La regulación asturiana establece que promocionan en todo caso quienes hayan superado todas las materias o tengan una o dos evaluaciones negativas. Cuando existen más asignaturas suspensas, la situación debe ser valorada por el equipo docente atendiendo al grado de adquisición de competencias, las posibilidades de recuperación y aquello que resulte más favorable para la evolución académica del estudiante.

Dicho de otro modo: la normativa actual no funciona simplemente como aquellos viejos marcadores en los que tres cruces rojas cerraban la puerta del curso siguiente. Hay margen de valoración profesional. Pero margen no significa promoción automática. En este caso concreto, con seis materias sin superar, el profesorado entendió de manera unánime que el alumno no estaba en condiciones adecuadas para abordar 4º mientras arrastraba esa carga académica.

Los 34 días de expulsión, el centro del conflicto

La parte más delicada del procedimiento estaba, en realidad, fuera del boletín de notas. Durante el curso el estudiante acumuló 34 días lectivos de expulsión por distintas sanciones disciplinarias. Es más de un mes de clases, una cantidad suficientemente importante como para que la familia planteara que aquellas ausencias habían afectado al rendimiento del menor.

Los padres sostenían que durante determinados periodos no se habían facilitado de manera regular materiales ni actividades equivalentes a las impartidas presencialmente. Según su argumentación, aquello habría colocado al alumno en una posición de desventaja que después terminó reflejándose en las notas. La familia llegó a atribuir a la Administración educativa un funcionamiento incorrecto del servicio y reclamó también responsabilidad patrimonial.

El TSJA no comparte esa interpretación. Del expediente se desprendía que profesores del centro habían utilizado Microsoft Teams para enviar instrucciones, esquemas, ejercicios, contenidos y vídeos explicativos, además de comunicar al estudiante las pruebas que debía realizar y la materia que tenía que preparar. El tribunal entiende que existió continuidad educativa suficiente durante los periodos de expulsión.

El colegio debía enseñar, pero no podía garantizar el aprobado

La distinción jurídica resulta importante. Un centro sigue teniendo responsabilidades educativas cuando un estudiante cumple una sanción que le impide asistir temporalmente al aula. Expulsar no equivale a borrar al alumno del sistema durante unos días. Deben existir mecanismos para que pueda seguir trabajando y manteniendo contacto con las materias.

En este caso, además, constaban medidas individualizadas de apoyo, seguimiento por la Unidad de Conducta, adaptaciones curriculares y otras actuaciones vinculadas a sus necesidades educativas. A juicio de la Sala, el colegio había puesto medios suficientes para mantener el proceso educativo pese a las sanciones.

Y ahí está una de las ideas centrales de la resolución: proporcionar apoyos constituye una obligación de medios, no una garantía de determinado resultado académico. Un centro puede estar obligado a facilitar materiales, seguimiento y oportunidades de aprendizaje; lo que difícilmente puede exigírsele es asegurar que esas medidas terminen necesariamente en un aprobado. El TSJA concluyó que no se había probado que las expulsiones hubiesen dejado al estudiante, de hecho, fuera del proceso educativo.

La familia tampoco recurrió a tiempo varias notas

El procedimiento judicial incorporaba otro detalle menos vistoso, pero jurídicamente relevante. Los padres cuestionaron posteriormente algunas de las calificaciones que habían servido para decidir la no promoción, aunque tres de esas notas no fueron recurridas dentro del plazo previsto cuando fueron comunicadas.

La legislación asturiana contempla mecanismos para reclamar tanto las calificaciones finales como las decisiones de promoción. La evaluación no queda, por tanto, blindada frente a las familias; puede revisarse siguiendo el procedimiento establecido. Pero los plazos importan. Una calificación que no fue impugnada cuando correspondía resulta mucho más difícil de convertir después en la pieza central de un recurso contra la decisión final de curso.

El tribunal tampoco aprecia que la evaluación haya sido arbitraria. Frente a la tesis familiar de que la ausencia de materiales explicaría buena parte del fracaso académico, la documentación del centro mostraba actuaciones educativas durante las expulsiones y una decisión final motivada por el conjunto del equipo docente. No bastaba, por tanto, con plantear una posible relación entre los días fuera del aula y las malas notas: había que demostrarla de forma suficiente.

El TSJA mantiene la repetición y rechaza la indemnización

La resolución termina respaldando la decisión de la Consejería de Educación que había confirmado la no promoción a 4º de ESO. También queda rechazada la reclamación por responsabilidad patrimonial formulada por la familia, que atribuía el resultado académico a un funcionamiento anormal del servicio educativo. Los padres han sido condenados, además, al pago de las costas del procedimiento.

El caso deja una fotografía bastante más compleja que la de un alumno que repite sencillamente porque suspendió seis asignaturas. Hubo sanciones disciplinarias extensas, necesidades educativas que exigían apoyo, una familia que consideró insuficiente la respuesta del centro y un expediente en el que los docentes documentaron las medidas aplicadas.

Pero el resultado judicial es nítido. Las expulsiones no invalidan por sí mismas las calificaciones, ni obligan a permitir que un estudiante promocione cuando el equipo docente considera, de manera motivada, que no reúne las condiciones para seguir el curso siguiente. Para que una ausencia derivada de una sanción pueda cambiar el desenlace habría que acreditar que el centro incumplió sus obligaciones educativas y que ese incumplimiento afectó realmente a la evaluación. En este caso, el TSJA considera que eso no quedó demostrado.

Cuando repetir curso no depende solo del número de suspensos

La sentencia recuerda, de paso, algo que a veces se pierde entre titulares: promocionar en la ESO no es únicamente contar asignaturas aprobadas y suspensas. La normativa concede al equipo docente capacidad para valorar si el alumno puede seguir con aprovechamiento el curso posterior, qué posibilidades reales tiene de recuperar lo pendiente y qué decisión puede favorecer más su evolución académica.

En el caso asturiano pesaron seis materias pendientes, la evolución observada durante el curso y el criterio unánime de quienes evaluaban al estudiante. Los 34 días de expulsión dieron pie al conflicto judicial, pero no bastaron para desmontar esa decisión porque el expediente acreditaba que siguieron existiendo tareas, materiales y apoyos educativos. Ahí terminó inclinándose la balanza: no en una cifra aislada, sino en lo que podía demostrarse dentro del expediente.