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Militares rocían con gas pimienta a menores migrantes en plena Ceuta
Los testimonios, las pruebas disponibles y las obligaciones de protección que plantea el caso de Ceuta.

Las denuncias de uso de gas irritante por parte de patrullas militares contra migrantes en Ceuta incluyen tres episodios documentados por una investigación periodística, dos de ellos con menores afectados. Los adolescentes relataron que caminaban por la calle cuando recibieron el aerosol. En uno de los casos, el joven regresaba de comprar comida; en otro, volvía al lugar donde dormía. El tercer episodio ocurrió junto a un coche ocupado por personas migrantes. La documentación disponible no describe altercados que expliquen el empleo de la fuerza en esas situaciones.
El Gobierno anunció una investigación interna sobre denuncias de agresiones y vejaciones atribuidas a patrullas militares, pero la información de referencia no aporta sus resultados ni una resolución que determine responsabilidades por estos episodios. Esa distinción importa: hay síntomas observados, testimonios, imágenes y un vídeo con distinto alcance probatorio, pero no una conclusión oficial conocida que permita dar todos los hechos por establecidos. El caso plantea, además, una cuestión que va más allá del aerosol: cómo se protege a un adolescente que vive en la calle cuando los uniformados de los que huye forman parte del despliegue estatal.
Lo ocurrido en los desplazamientos cotidianos
Uno de los adolescentes, de 17 años, caminaba con un amigo por las inmediaciones del polígono del Tarajal después de comprar comida. Según su relato, el producto salió de un vehículo militar al pasar junto a ellos. Llevaba gafas y señaló pequeñas gotas sobre los cristales; la piel de la cara comenzó a enrojecerse. La reportera que documentó el episodio describió también irritación de garganta y tos en el lugar. No observó una pelea ni una situación de peligro inmediato: había personas dispersas cerca de la frontera y jóvenes que se dirigían hacia las naves.
Los indicios de ese episodio no son todos de la misma naturaleza. El enrojecimiento, las gotas y la irritación ambiental fueron descritos en el momento; la identificación de quien accionó el aerosol procede del relato del menor. La presencia de un irritante en la zona no equivale por sí sola a una atribución oficial de autoría, aunque la coincidencia temporal entre el paso del vehículo y los efectos relatados constituye un elemento relevante de la denuncia. Tampoco consta en la información una identificación química del producto empleado, por lo que no es posible precisar si era gas pimienta u otro irritante.
El segundo adolescente, también de 17 años, dijo que una patrulla lo roció cerca del puerto mientras regresaba al campamento de la playa del Trampolín. Poco después envió imágenes de sus ojos enrojecidos. La periodista que seguía su caso comprobó más tarde que todavía le costaba abrir el ojo derecho y que el párpado presentaba una ligera inflamación, aunque la irritación había disminuido. El joven explicó que iba acompañado de otro menor, que los militares les gritaron en español y que no entendió lo que le decían.
Según ese mismo testimonio, un agente de la Policía Local le facilitó una solución que alivió el ardor. Las fotografías y la observación posterior permiten describir el estado de sus ojos, pero no muestran el instante en que se utilizó el aerosol. El hecho de que el menor estuviera intentando registrarse como tal añade una dimensión decisiva: la discusión no se reduce a lo que pasó en una calle de Ceuta, sino que alcanza a la identificación y la protección de quienes dicen ser menores y permanecen fuera de los recursos de acogida.
Un vídeo en el Tarajal y los límites de lo que demuestra
El tercer episodio denunciado tuvo lugar de madrugada en el polígono del Tarajal. La investigación periodística describe la entrada de un furgón militar en una zona privada y su aproximación a un coche en el que dormían varias personas migrantes. En un vídeo al que accedió la periodista se observa, según su relato, a siete militares alrededor del vehículo y golpes propinados al coche por al menos uno de ellos. Las personas presentes denunciaron después que se había rociado con gas a quienes estaban dentro.
El alcance del vídeo debe expresarse con precisión. La descripción disponible acredita que existe una grabación de la presencia y la actuación de la patrulla junto al coche, pero no establece que las imágenes muestren el momento de la pulverización. La exposición al irritante figura en los testimonios recogidos tras el incidente. Una fuente del asentamiento señaló que una de las personas afectadas tenía dificultades para ver y que sus molestias se aliviaron después de recibir atención de activistas. No se aporta un parte médico ni la identificación del producto.
Los tres relatos comparten un rasgo que explica su gravedad: las personas afectadas realizaban actividades ordinarias. Comprar comida, regresar a una tienda de campaña o dormir en un coche son circunstancias distintas, pero ninguna constituye por sí misma una amenaza. La conducta concreta de cada patrulla es el hecho que debe esclarecerse; ni la presencia de migrantes cerca de la frontera ni la precariedad de los asentamientos sustituyen esa investigación. Tampoco permiten presumir que todos los militares desplegados actuaron del mismo modo.
Hay una dificultad adicional para reconstruir sucesos de este tipo. Una imagen tomada minutos después puede registrar ojos irritados, pero no revela quién accionó el aerosol; un vídeo de la llegada de un furgón sitúa a una patrulla en el lugar, pero puede dejar fuera el instante decisivo. Distinguir entre observación, testimonio e inferencia no debilita una denuncia: permite determinar qué pruebas faltan y evita convertir una sospecha fundada en una certeza que todavía no se ha acreditado.
Por qué la función de los militares es una cuestión central
La presencia de las Fuerzas Armadas en un despliegue fronterizo no convierte automáticamente a sus integrantes en agentes encargados del orden público. Las tareas policiales y de seguridad ciudadana corresponden a cuerpos civiles como la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esa diferencia de funciones ayuda a entender por qué las denuncias suscitaron preguntas específicas sobre las instrucciones recibidas por las patrullas, su intervención ante personas que circulaban por la ciudad y el eventual uso de material irritante.
Una frontera puede requerir vigilancia y coordinación entre instituciones, pero esa realidad no elimina los límites aplicables a cada actuación. Lo decisivo no es solo qué uniforme aparece en una denuncia, sino qué amenaza concreta existía y qué respuesta se empleó. En los episodios descritos, los testimonios sitúan a los afectados caminando o descansando, sin atribuirles una agresión. Si una investigación estableciera hechos distintos, tendría que explicarlos con pruebas; mientras tanto, no cabe presentar el uso del gas como una intervención necesaria.
El Ministerio de Defensa no respondió a las preguntas sobre estas denuncias que le trasladó la periodista que documentó los casos. Por su parte, un portavoz de la Asociación de Tropa y Marinería Española afirmó que no tenía conocimiento de ellos y defendió que se aplicara la ley si algún militar se había excedido. Ninguna de esas posiciones equivale a un esclarecimiento de los hechos: la ausencia de respuesta no prueba la denuncia, y el desconocimiento expresado por una asociación tampoco la refuta.
El anuncio gubernamental de una investigación interna abrió una vía para examinar las acusaciones de agresiones, vejaciones y robos formuladas por migrantes contra patrullas. La documentación facilitada, sin embargo, no incluye conclusiones de esa investigación ni permite saber si cada episodio de gas fue examinado de manera individual. Atribuirle un resultado, dar por impuesta una sanción o afirmar que hubo una absolución sería ir más allá de los datos conocidos.
Cuándo puede emplearse un aerosol irritante
El gas pimienta es un medio menos letal, pero esa denominación no significa que sea inocuo. Produce una irritación intensa que puede afectar a los ojos y a las vías respiratorias, y su uso exige valorar la situación concreta. Las orientaciones de Naciones Unidas citadas en el caso sitúan el empleo manual de irritantes ante un agresor violento o una resistencia violenta a la detención, siempre vinculada a una amenaza de daño. No describen el tránsito de una persona por la calle como motivo suficiente.
La diferencia entre disuadir una agresión y castigar una presencia es fundamental. Un aerosol no debería funcionar como una orden informal para que alguien abandone un lugar ni como una reacción al hecho de dormir en un asentamiento. Necesidad y proporcionalidad son los criterios que permiten examinar el uso de la fuerza: qué peligro existía, por qué había que intervenir en ese momento y si la respuesta guardaba relación con ese peligro. Su aplicación a un incidente concreto requiere conocer pruebas y circunstancias que no figuran completas en los relatos disponibles.
La jurista consultada en la investigación periodística advirtió de que un uso destinado a castigar, discriminar o humillar podría tener consecuencias penales, dependiendo de las circunstancias. Ese condicional es esencial. Una denuncia de uso indebido no determina por sí sola un delito, del mismo modo que llamar menos letal al producto no justifica automáticamente su empleo. Para establecer responsabilidades haría falta esclarecer la autoría, la intención, el contexto, los daños y las instrucciones bajo las que actuó la patrulla.
Los adolescentes presentan, además, una vulnerabilidad particular ante los irritantes químicos. Una guía de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa recogida en la documentación del caso advierte de su sensibilidad a los efectos psicológicos del gas pimienta. A la molestia física puede sumarse el miedo a volver a encontrarse con una patrulla. En el relato de uno de los jóvenes, ese temor aparecía entre las razones por las que vivir en la calle le resultaba inseguro.
La protección de menores no depende de su situación migratoria
La edad cambia el marco de la actuación pública. Ante un adolescente extranjero que se encuentra sin acompañamiento adulto, la prioridad no puede limitarse al control de su presencia en el espacio público. La información del caso recuerda que las obligaciones de protección de menores exigen identificarlos y ofrecerles atención cuando las autoridades tienen conocimiento de su situación. La responsabilidad de acogida recae en la administración competente, también en una ciudad fronteriza sometida a presión asistencial.
Uno de los jóvenes disponía, según la investigación periodística, de una tarjeta de identidad marroquí que indicaba que tenía 17 años y, aun así, dormía en la calle. La existencia de un documento no permite resolver desde fuera todos los trámites administrativos de un caso individual, pero sí muestra por qué la identificación de la edad y la respuesta de protección son asuntos distintos de la vigilancia fronteriza. La primera permite determinar qué atención corresponde; la segunda no reemplaza esa atención.
La vida diaria de estos adolescentes transcurría entre campamentos, naves y desplazamientos para conseguir comida o agua. Esa rutina explica por qué un incidente en una curva o junto a un puerto no es un suceso aislado de su contexto. Quien no dispone de un lugar seguro debe exponerse más al espacio público, incluso para necesidades elementales. Si teme a quienes patrullan ese espacio, también puede evitar acercarse a servicios o autoridades que deberían conocer su situación.
Los testimonios recogidos junto a las denuncias describían a menores que buscaban un lugar donde ser acogidos. No basta con suponer que todos atravesaban idénticas circunstancias ni que cualquier encuentro con una patrulla terminaba en violencia. Lo que muestran los casos es una tensión precisa: un sistema de protección que necesita localizar a los menores puede encontrar más dificultades para hacerlo cuando algunos de ellos asocian los uniformes con una experiencia de intimidación.
Otros incidentes con gas que no deben mezclarse
En Ceuta también se han conocido sucesos distintos en los que menores migrantes fueron víctimas de agresiones y uno de ellos resultó rociado con gas pimienta. En una intervención comunicada por la Policía Nacional se produjeron ocho detenciones por dos incidentes relacionados con cuatro menores: uno en la explanada del Chorrillo y otro en las naves del Tarajal. En este último, la denuncia incluía amenazas y golpes con una pistola de balines, además del uso del aerosol. El menor recibió atención hospitalaria.
Ese episodio no sirve para confirmar las acusaciones contra patrullas militares. Las personas detenidas por aquellos sucesos fueron descritas como ceutíes y migrantes en situación irregular, no como integrantes de las Fuerzas Armadas. Coincidir en la ciudad, en el perfil de las víctimas o en el producto utilizado no convierte incidentes diferentes en una misma investigación. Confundirlos alteraría tanto la atribución de responsabilidades como la comprensión del riesgo que afrontan los menores.
La comparación sí deja ver algo relevante: el gas irritante puede aparecer en escenarios de violencia de naturaleza muy distinta. En uno, se denuncia su empleo por miembros de una patrulla estatal; en otro, figura entre las agresiones atribuidas a particulares detenidos por la Policía. El contexto y la identidad de quien actúa cambian las preguntas que deben hacerse. En el primer supuesto hay que examinar, además de los hechos, las funciones y los límites de una intervención pública.
También cambia el estado de la información disponible. De los incidentes con detenciones se comunicaron arrestos y asistencia hospitalaria; de las denuncias contra militares se conocen observaciones periodísticas, testimonios y el anuncio de una investigación interna, pero no un resultado oficial recogido en el material consultado. No todos los hechos tienen el mismo grado de acreditación, y la cobertura responsable debe conservar esa diferencia incluso cuando varias noticias aparecen asociadas a una misma búsqueda.
Lo que aún debe aclararse en Ceuta
La reconstrucción de los episodios deja preguntas concretas. Habría que determinar qué patrullas estuvieron en cada lugar, qué instrucciones tenían, si portaban aerosoles irritantes, qué registros existen de su utilización y cómo se atendió a las personas afectadas. En el caso del coche del Tarajal, también importa establecer qué ocurrió fuera de lo que muestra el vídeo. El resultado de la investigación interna sería decisivo para separar conductas acreditadas, actuaciones descartadas y hechos que no pudieron verificarse.
El esclarecimiento no debería diluir otra cuestión, independiente de la eventual responsabilidad de un militar: la situación de los menores que dormían en asentamientos o intentaban registrarse sin haber accedido todavía a una protección efectiva. Una investigación sobre el uso de la fuerza puede establecer qué sucedió en una calle; la respuesta de acogida determina qué ocurre con el adolescente al día siguiente. Son planos diferentes de una misma obligación pública de actuar con garantías.
Ceuta reúne en un espacio reducido una frontera vigilada y trayectos tan comunes como volver de comprar comida. Ahí reside el rasgo más inquietante de estas denuncias: no describen una confrontación en el perímetro, sino encuentros durante la vida cotidiana. Mientras no se conozcan conclusiones oficiales, corresponde mantener a la vista tanto las pruebas disponibles como sus límites. Para los menores afectados, entretanto, la seguridad no es una discusión abstracta sobre competencias: también significa poder caminar hasta el lugar donde duermen sin miedo a lo que pueda salir de la ventanilla de un vehículo.












