¿Por qué Maricarmen, de 87 años, encara su cuarto desahucio en Madrid?

María del Carmen Abascal, Maricarmen para todo el barrio, afronta este miércoles 23 de septiembre su cuarto intento de desahucio de la vivienda de Retiro en la que reside desde 1956. Tiene 87 años, está a punto de cumplir 88 y sigue pagando una renta cercana a los 500 euros. La sociedad propietaria, Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., sostiene que el antiguo contrato quedó extinguido y reclama la recuperación del inmueble. El lanzamiento vuelve así a estar señalado después de tres aplazamientos.

La historia parece sencilla hasta que se abre la carpeta judicial. Entonces deja de serlo. El contrato original lo firmó el padre de Maricarmen en 1956; después de su muerte se subrogó su madre y, cuando esta falleció en 2005, Maricarmen pasó a ocupar la posición de arrendataria. Ahí está el centro del pleito: la legislación aplicable a aquellos alquileres antiguos limita las sucesivas subrogaciones y los tribunales acabaron considerando extinguido el contrato. No se trata, por tanto, de un desahucio por impago de las mensualidades. Ella mantiene que sigue abonando la renta.

El cuarto intento llega después de casi un año de aplazamientos

El primer lanzamiento estaba previsto para el 29 de octubre de 2025, pero fue suspendido antes de ejecutarse mientras se valoraba su situación de vulnerabilidad y la inexistencia de una alternativa habitacional adecuada. Meses después llegó una nueva fecha, el 3 de junio de 2026. Tampoco entonces salió Maricarmen de su casa.

Aquel segundo intento se desplazó unas semanas y acabó generando otro recurso. El Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid terminó aplazando el procedimiento hasta septiembre porque debía respetarse el plazo previsto para el desalojo de una vivienda habitual. Así se llegó a la fecha actual: 23 de septiembre de 2026.

Esta vez la situación procesal es mucho más estrecha. Vecinos y miembros del Sindicato de Inquilinas de Madrid han convocado una concentración y una acampada frente al inmueble de la calle Alcalde Sáinz de Baranda durante la noche anterior al lanzamiento. El objetivo es acompañar a Maricarmen y tratar de impedir que la comisión judicial ejecute el desalojo a primera hora de la mañana.

Una casa en Retiro desde 1956 y un contrato entre tres generaciones

Maricarmen llegó al piso cuando tenía 17 años. Allí vivió con sus padres, allí murieron ellos y allí ha transcurrido prácticamente toda su vida adulta. Siete décadas bajo el mismo techo convierten el conflicto en algo más difícil de medir que una discusión sobre metros cuadrados y mensualidades: el domicilio es también su red vecinal, sus recuerdos y su entorno cotidiano.

El contrato pertenece a la llamada renta antigua, denominación habitual para muchos arrendamientos celebrados antes de las grandes reformas que fueron limitando su duración y sus posibilidades de subrogación. Tras la muerte del padre de Maricarmen en 1960, su esposa pasó a ocupar su posición como arrendataria. Cuando la madre murió en 2005, la hija comunicó su voluntad de continuar en el alquiler.

Durante años permaneció en la vivienda y siguió pagando. El problema apareció cuando la propiedad cuestionó que esa segunda subrogación pudiera mantenerse indefinidamente.

El nudo jurídico está en la segunda subrogación

La disposición transitoria segunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 estableció reglas específicas para los contratos anteriores al 9 de mayo de 1985. En determinados supuestos permitía que los hijos continuaran en una vivienda después de una subrogación anterior, pero imponía límites de duración y requisitos concretos, entre ellos determinadas circunstancias de edad o discapacidad.

Maricarmen tiene reconocido un grado de discapacidad del 50%, según la información conocida sobre el caso. La regulación utilizada en el procedimiento contempla un tratamiento diferente cuando la discapacidad alcanza al menos el 65%. Esa diferencia, aparentemente fría —un porcentaje escrito en una ley—, terminó teniendo un enorme peso jurídico en un piso habitado desde mediados de los años cincuenta.

La primera sentencia le dio la razón; la Audiencia la revocó

El litigio tuvo un giro importante en enero de 2022. El Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid rechazó inicialmente la demanda de Urbagestión, al considerar relevante que los anteriores propietarios y después la propia sociedad hubieran aceptado durante años la continuidad del alquiler y sus pagos.

La empresa recurrió. En junio de 2022, la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid revocó aquella decisión y declaró extinguido el contrato atendiendo al régimen legal de las subrogaciones. La defensa intentó llevar el asunto al Tribunal Supremo, pero la Sala Primera inadmitió el recurso de casación en diciembre de 2023, por lo que la sentencia de la Audiencia quedó firme. El matiz importa: el Supremo no dictó una nueva sentencia entrando a resolver el fondo del conflicto, sino que inadmitió el recurso.

Ahí quedó consolidada la base jurídica del desahucio que permite a la propiedad reclamar la vivienda.

De unos 500 euros de alquiler a cifras superiores a su pensión

La dimensión económica termina de explicar por qué Maricarmen no ha resuelto el conflicto firmando simplemente un nuevo contrato. Según la información conocida sobre el caso, paga alrededor de 500 euros mensuales y percibe una pensión cercana a los 1.350 euros.

En las negociaciones se han manejado distintas cantidades. La propiedad llegó a plantear una renta de 2.650 euros al mes y posteriormente una cifra de 1.650 euros. Incluso la opción más baja superaría los ingresos mensuales de Maricarmen antes de pagar comida, suministros o cualquier otro gasto cotidiano. Las cifras hablan bastante solas.

La vivienda tampoco puede separarse del mercado que la rodea. Retiro es una de las zonas de Madrid donde el coste residencial ha aumentado con fuerza durante los últimos años, y los contratos de renta antigua representan una anomalía cada vez más escasa dentro de un mercado construido sobre precios muy distintos. Para una empresa inmobiliaria, un piso puede ser un activo cuyo rendimiento está muy por debajo del mercado. Para quien lleva allí desde 1956, es otra cosa. Las dos realidades chocan en la misma puerta.

La ONU pidió evitar un desalojo sin alternativa adecuada

El caso salió del ámbito estrictamente madrileño en junio. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas solicitó a España medidas provisionales mientras analiza la denuncia presentada por la defensa de Maricarmen. Entre ellas figuraba suspender el desalojo o garantizar una alternativa habitacional adecuada a sus necesidades para evitar posibles daños irreparables.

Eso no anuló la resolución judicial española ni resolvió el conflicto contractual. Sí añadió otro elemento: qué ocurre cuando una orden de lanzamiento jurídicamente ejecutable afecta a una persona de 87 años, con movilidad reducida y sin una vivienda equivalente a la que trasladarse.

El Ayuntamiento de Madrid sostiene que los servicios sociales han ofrecido distintas formas de asistencia, desde ayuda para localizar otro alojamiento hasta recursos residenciales o de emergencia. Maricarmen mantiene que no ha recibido una alternativa que pueda asumir y que preserve su entorno de vida. El Sindicato de Inquilinas también considera insuficientes las opciones planteadas. Son versiones que no coinciden del todo, y ese desacuerdo sigue abierto a pocas horas del lanzamiento.

Su deterioro físico añade peso al problema. En los últimos meses ha pasado a necesitar una silla de ruedas para desplazarse y ella misma ha contado públicamente que ha perdido fuerza y movilidad. Conviene no confundir una consecuencia personal con una conclusión médica: lo comprobable es que su situación física actual es peor que meses atrás y que un eventual traslado resulta hoy más complejo que cuando comenzó la última fase del procedimiento.

Una mañana decisiva en una casa que guarda 70 años de vida

El desahucio de Maricarmen concentra, casi en miniatura, varias capas de la vivienda en España: los últimos contratos de renta antigua, las sucesivas reformas legales, el precio actual de los alquileres, la protección de las personas vulnerables y una cuestión nada abstracta sobre qué significa realmente ofrecer una alternativa habitacional adecuada a alguien que se acerca a los 88 años.

Legalmente, la sociedad propietaria dispone de una resolución firme que reconoce la extinción del contrato. Socialmente, el caso ha provocado una movilización poco habitual y una intervención provisional del comité de Naciones Unidas. Entre ambas cosas está Maricarmen, que vive en ese piso desde septiembre de 1956 y que este 23 de septiembre verá llegar, por cuarta vez, la fecha señalada para abandonarlo.

No hay ya demasiado espacio para la retórica. Quedan una orden judicial, una anciana que no quiere salir de su casa, vecinos preparados para pasar la noche en la calle y una puerta en Retiro que, después de siete décadas, vuelve a convertirse en la frontera entre quedarse y marcharse.