¿Por qué Costa Rica acepta migrantes expulsados por EE.UU.?

Costa Rica se ofrece como escala migratoria de EE.UU. y reabre un debate incómodo sobre soberanía, derechos y el precio político del acuerdo

Costa Rica ha decidido dar un paso que, dicho sin rodeos, la coloca en un lugar nuevo y bastante incómodo dentro del mapa migratorio del continente. El Gobierno de Rodrigo Chaves firmó con Estados Unidos un memorando de entendimiento de carácter no vinculante para que Washington pueda proponer el traslado de personas extranjeras —que no son ciudadanos estadounidenses— a territorio costarricense. San José se reserva la potestad de aceptar o rechazar cada caso de forma individual, pero el significado político del acuerdo va mucho más allá de esa cláusula prudente y tranquilizadora. En la práctica, Costa Rica acepta convertirse en un receptor temporal de personas que EE.UU. no quiere mantener en su propio territorio mientras se define su situación migratoria.

La operación, según explicó la Casa Presidencial costarricense, se enmarca en una visita de Kristi Noem, enviada especial del Escudo de las Américas, y prevé una cifra estimada de hasta 25 personas por semana, con margen para ajustar el volumen. Una vez en suelo costarricense, esas personas quedarían bajo la legislación migratoria del país y recibirían una condición legal temporal mientras se estudia su caso. El Ejecutivo insiste en que no habrá coste directo para el Estado, porque Estados Unidos aportará la financiación y la OIM asumirá apoyos como alojamiento y alimentación. El mensaje oficial intenta transmitir serenidad administrativa. El problema es que aquí no se está discutiendo solo una logística de vuelos y camas, sino una cesión funcional dentro de la política migratoria de la Casa Blanca.

Un memorando que cambia el papel de Costa Rica

Lo primero que conviene aclarar es que Costa Rica no se convierte formalmente en un “tercer país seguro”, ni asume por escrito una obligación automática de recibir todo lo que envíe Washington. Ese matiz importa. El acuerdo, tal como lo ha descrito el Gobierno, es un protocolo voluntario y cada expediente podrá ser aceptado o rechazado. También se mantiene, al menos sobre el papel, la protección contra el retorno a países donde las personas puedan sufrir persecución, violencia o peligro. Ahora bien, una cosa es la arquitectura legal del documento y otra bastante distinta la lógica política que lo sostiene. Cuando una potencia como Estados Unidos pide a un socio regional que reciba en su territorio a extranjeros expulsados de su sistema migratorio, no está buscando solo colaboración técnica: está repartiendo hacia el sur una parte del coste migratorio que antes soportaba de forma más visible en casa.

La propia escenografía del anuncio ayuda a entenderlo. La reunión entre Rodrigo Chaves y Kristi Noem se celebró en privado, sin acceso a la prensa, y en las imágenes oficiales apareció también la presidenta electa Laura Fernández, señal de que la iniciativa no parece pensada como una maniobra de último minuto de un Gobierno saliente, sino como una línea de continuidad entre la actual administración y la que tomará posesión el 8 de mayo. Fernández, aliada estrecha de Chaves y vencedora en primera vuelta en las presidenciales de febrero, ha prometido prolongar buena parte del rumbo político del chavismo, también en materia de seguridad y cooperación con Washington.

Ese detalle —la presencia de la sucesora en una reunión de este calibre— no es ornamental. Indica que el acuerdo no se entiende en San José como un gesto coyuntural, sino como una pieza de política de Estado dentro del eje cada vez más visible entre Costa Rica y la segunda administración de Donald Trump. En apenas unas semanas, el Gobierno costarricense también ha reforzado su cercanía con Washington en otros terrenos muy sensibles, desde la cooperación en seguridad hasta decisiones diplomáticas de gran carga ideológica, como el cierre de la embajada costarricense en Cuba, acompañado por un discurso durísimo de Chaves. Ese contexto vuelve el acuerdo migratorio más legible: no es un accidente, es una derivada de un alineamiento político más amplio.

Cómo funcionará en la práctica el traslado de migrantes

El esquema anunciado por la Casa Presidencial es, en apariencia, sencillo. Estados Unidos propondrá casos concretos; Costa Rica examinará si acepta o no a esas personas; y, una vez trasladadas, pasarán a estar bajo la normativa migratoria costarricense con un estatus temporal mientras se define el camino posterior. El Gobierno insiste en que ese diseño permite preservar la soberanía nacional, porque nada obliga a aceptar un cupo cerrado ni una nacionalidad determinada. Rodrigo Chaves incluso subrayó que su país puede negarse a recibir a quien considere oportuno. Eso le sirve para defender internamente que no ha entregado las llaves de la casa.

Pero la realidad suele ser menos limpia que el argumentario oficial. El nudo está en esa expresión tan correcta y tan borrosa de “condición legal temporal”. Puede significar una estancia breve con garantías y una salida relativamente rápida. O puede abrir un limbo donde la persona trasladada no tiene aún un futuro claro, no puede regresar con seguridad a su país de origen, no logra entrar en otro sistema de protección y queda atrapada entre procedimientos, recursos y silencios administrativos. En migración, un adjetivo como “temporal” a veces dura poco; otras veces se convierte en una sala de espera sin reloj.

Aquí entra el papel de la Organización Internacional para las Migraciones, que, según el anuncio oficial, facilitará apoyo material como alojamiento y alimentación. Eso reduce la factura inmediata para las autoridades costarricenses y permite envolver la operación en un marco humanitario más pulcro. Aun así, la responsabilidad jurídica y política seguirá siendo de Costa Rica una vez esas personas pisen su territorio. La OIM ayuda, gestiona, acompaña. No sustituye al Estado cuando llega la parte difícil: revisar un expediente delicado, evitar una devolución indebida, garantizar acceso a asistencia o responder ante los tribunales si alguien denuncia una vulneración de derechos.

El detalle decisivo: aceptar caso por caso

La cláusula más importante del memorando es, precisamente, la que permite a San José decidir caso por caso. Ahí está el corazón del acuerdo y también su primera fragilidad. Porque si el Gobierno mantiene ese filtro con criterios públicos, consistentes y controlables, podrá sostener que conserva la soberanía migratoria. Pero si ese poder de aceptar o rechazar termina funcionando con opacidad, por presiones políticas o por simple conveniencia diplomática, el margen legal quedará reducido a un decorado elegante.

Todavía falta conocer casi todo lo que de verdad importa: qué nacionalidades llegarán con más frecuencia, qué perfiles vulnerables serán trasladados, qué plazos máximos manejará Costa Rica, qué recursos tendrá una persona para cuestionar su situación y qué autoridad judicial intervendrá si el procedimiento se atasca. Ninguna de esas preguntas es secundaria. De hecho, son las preguntas que separan una cooperación controlada de un sistema que puede degenerar en almacén migratorio de terceros países.

El precedente de 2025 que explica casi todo

Presentar este memorando como una sorpresa total sería falsear la historia reciente. Costa Rica ya hizo un ensayo muy parecido en febrero de 2025, cuando aceptó recibir a deportados de terceros países enviados por Estados Unidos. Entonces se habló de hasta 200 personas, muchas procedentes de Asia, y el primer vuelo aterrizó en San José con 135 migrantes, entre ellos familias y menores. La estancia prevista era de varias semanas, el coste lo asumía Washington y el alojamiento se organizó en un centro del sur del país, cerca de la frontera con Panamá. Aquella operación convirtió a Costa Rica, de hecho, en un punto de escala de las deportaciones estadounidenses junto con Panamá y Honduras.

Ese antecedente es decisivo porque demuestra que Washington no improvisa y que San José ya sabe de qué tipo de mecanismo está hablando. No se trata de una oferta abstracta de cooperación hemisférica ni de una firma simbólica para la galería. Se trata de un modelo ya probado: EE.UU. expulsa a personas de nacionalidades diversas, un país centroamericano las recibe de forma temporal y, mientras se intenta la repatriación o se decide el paso siguiente, esas personas quedan fuera del radar político estadounidense, aunque no fuera de sus consecuencias humanas. En el papel parece una derivación técnica. En la realidad, es una externalización práctica del problema.

Aquel episodio, además, dejó grietas muy visibles. Parte de los migrantes trasladados en 2025 acabó en una situación de bloqueo jurídico. No todos aceptaron regresar a sus países, no todos podían hacerlo sin riesgo y no todos encontraron una salida clara dentro de Costa Rica. Meses después, el propio Estado costarricense terminó otorgando a 85 de esas personas un estatus migratorio especial de 90 días, ampliable, para que pudieran moverse libremente dentro del país y recuperar sus documentos. La medida llegó después de críticas de abogados y organizaciones de derechos humanos por la situación de decenas de menores y por las restricciones sufridas durante su estancia en el centro migratorio del sur.

El problema real no fue el vuelo, sino lo que vino después

La parte más incómoda de aquel precedente no fue la llegada de los aviones ni el gesto diplomático del primer día. Fue el día 20, el día 40, el momento en que la palabra “temporal” empezó a agrietarse. Los migrantes permanecieron durante semanas en instalaciones bajo supervisión estatal, con limitaciones de movimiento, acceso restringido a pasaportes y un marco legal que no terminaba de encajar ni como tránsito breve ni como protección internacional plena. Ahí apareció la zona gris que persigue este tipo de acuerdos: nadie quiere decir que esas personas están detenidas, pero tampoco se las deja realmente libres; nadie quiere admitir que el traslado puede alargarse, pero la resolución tampoco llega enseguida.

Ese precedente vuelve especialmente delicado el nuevo memorando firmado el 24 de marzo de 2026. Porque Costa Rica no entra virgen en este esquema. Entra después de una experiencia discutida, con una mochila de litigios, reproches y rectificaciones parciales. Lo que entonces se vendió como una operación transitoria terminó mostrando algo más áspero: que recibir deportados de terceros países no es solo habilitar un centro y pagar unos autobuses. Es abrir un frente jurídico, humanitario y político que puede durar mucho más de lo anunciado.

Lo que busca Washington al mover la presión migratoria

Desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, la política migratoria estadounidense ha acentuado una lógica muy concreta: sacar hacia fuera una parte del conflicto. No basta con reforzar la frontera o acelerar expulsiones. También se intenta que otros países del continente absorban funciones de tránsito, acogida temporal, verificación o repatriación. Dicho en castellano llano: cuanto más lejos del territorio estadounidense quede la parte incómoda del proceso, mejor funciona el relato de control interno que vende Washington.

En 2025 ya quedó bastante claro que esa estrategia iba acompañada de presión diplomática y económica. Entonces Rodrigo Chaves justificó la cooperación con EE.UU. aludiendo a la necesidad de mantener buenas relaciones económicas con la potencia del norte, en un momento en que la administración Trump amenazaba con aranceles y otras medidas para forzar una mayor colaboración regional en migración y narcotráfico. La frase fue bastante transparente, incluso brutal en su sinceridad: ayudar al socio poderoso también era una manera de evitar problemas mayores.

Eso explica por qué Costa Rica, como antes Panamá o Honduras, acepta jugar un papel que a primera vista ofrece más riesgos que beneficios inmediatos. La relación con Estados Unidos pesa en comercio, inversión, seguridad, cooperación policial y respaldo diplomático. Un país pequeño no negocia con el mismo margen que una gran economía. Y si la Casa Blanca mezcla migración, narcotráfico y castigo comercial en la misma conversación, el espacio para resistirse se estrecha. De ahí que este tipo de pactos suelan presentarse como cooperación amistosa cuando, por debajo, late una asimetría clarísima.

Rodrigo Chaves estrecha su alianza y Laura Fernández hereda el tablero

El acuerdo también se lee mejor si se mira la política interna costarricense. Rodrigo Chaves termina su mandato con una estrategia cada vez más marcada de acercamiento a Washington, especialmente en seguridad, lucha contra el crimen organizado y política regional. No es casual que en marzo haya coincidido este memorando migratorio con otros movimientos de fuerte sintonía con la administración Trump. La reciente extradición a Estados Unidos del exmagistrado Celso Gamboa, la primera de un ciudadano costarricense tras la reforma de 2025, se ha interpretado en el mismo clima de cooperación reforzada entre ambos países.

Chaves ha querido construir la imagen de aliado confiable en un continente donde Washington busca socios muy obedientes y muy útiles. Esa voluntad encaja con el nuevo rol de Kristi Noem, apartada del Departamento de Seguridad Nacional y recolocada por Trump como enviada especial del Escudo de las Américas, una plataforma regional centrada en seguridad hemisférica y combate a redes criminales. Que Noem aparezca en San José como figura de enlace no es anecdótico: sitúa el acuerdo dentro de un marco más amplio donde migración, crimen transnacional y disciplina geopolítica empiezan a hablar el mismo idioma.

La presencia de Laura Fernández, presidenta electa, remata la fotografía. Fernández ganó las elecciones del 1 de febrero y llegará a la presidencia el 8 de mayo con un discurso de continuidad respecto a Chaves, especialmente en seguridad y relación con Estados Unidos. Así que lo firmado no parece una concesión que el siguiente Gobierno vaya a desmontar por principio. Más bien al contrario: todo apunta a que la nueva administración recibirá este acuerdo como una herencia asumida, quizá incluso como una plataforma para profundizar la cooperación con Washington en materias aún más sensibles.

El punto más delicado: derechos humanos, control judicial y tiempo

La gran batalla alrededor de este tipo de acuerdos no se libra en la rueda de prensa del anuncio, sino en la letra pequeña de la ejecución cotidiana. Porque una cosa es recibir a una persona durante unos días con garantías suficientes y otra muy distinta mantenerla durante semanas o meses en una suerte de interinidad vigilada. El Gobierno costarricense ha insistido en que el acuerdo garantiza el respeto a los derechos humanos y evita el retorno a países donde haya peligro o persecución. Eso es importante, sí, pero en realidad no pasa de ser el mínimo exigible según el derecho internacional.

El problema aparece cuando esos principios tienen que aterrizar en situaciones concretas. ¿Qué ocurre si una persona trasladada por EE.UU. teme volver a su país? ¿Qué pasa si pide protección en Costa Rica? ¿Qué margen real tendrá para asesorarse, recurrir o salir del centro donde sea alojada? ¿Cuánto tiempo puede prolongarse el “tránsito” sin que empiece a parecer una privación de libertad encubierta? La experiencia costarricense de 2025 demostró que estas preguntas dejan de ser teóricas enseguida. Y una vez que aparecen menores, familias o personas con necesidades especiales, el terreno se vuelve todavía más resbaladizo.

Aquí hay otro aspecto que merece atención. Costa Rica conserva una imagen internacional de democracia estable, institucional y bastante más garantista que la de otros vecinos de la región. Precisamente por eso, aceptar un papel activo en la recepción de deportados de terceros países coloca al país bajo un foco especial. Si el sistema funciona con estándares altos, San José podrá defender que ha prestado una ayuda controlada y humanitaria. Si se repiten el limbo, las restricciones excesivas o la opacidad, el coste reputacional será notable, porque no se tratará solo de una mala gestión migratoria: se leerá como una contradicción entre la imagen democrática y la práctica real.

Costa Rica entra en una función nueva dentro del continente

La cifra oficial de hasta 25 personas por semana puede parecer pequeña. Y en términos absolutos lo es. No estamos hablando de una avalancha ni de una reconfiguración demográfica del país. Pero fijarse solo en el volumen sería quedarse en la superficie. Lo importante no es tanto el número como la función que Costa Rica acepta desempeñar. Deja de ser un país que observa desde cierta distancia las maniobras migratorias de Washington y pasa a ser un eslabón operativo de esa cadena. Un eslabón con voz propia, sí, pero eslabón al fin y al cabo.

Ese cambio tiene implicaciones para todo el continente. Confirma que Estados Unidos sigue avanzando en una estrategia de dispersión regional de la carga migratoria, usando socios más pequeños para gestionar lo que políticamente le resulta costoso procesar dentro de sus fronteras. Confirma también que varios gobiernos latinoamericanos están dispuestos a colaborar si a cambio obtienen respaldo, financiación o protección frente a presiones mayores. Y confirma algo más: que la migración se ha convertido en una moneda de cambio geopolítica con la que se negocian muchas otras cosas al mismo tiempo.

El acuerdo que retrata una época

Lo firmado entre Costa Rica y Estados Unidos no es un simple trámite técnico ni un detalle menor en la agenda de un presidente centroamericano. Es un retrato bastante preciso del momento político que vive la región. Por un lado, una Casa Blanca empeñada en expulsar, derivar y descargar parte del conflicto migratorio fuera de su territorio. Por otro, un gobierno como el de Rodrigo Chaves, que busca reforzar su perfil de aliado útil, pragmático y muy poco dado a desafiar a Washington. Y, en medio, personas migrantes convertidas en expedientes móviles de una negociación entre Estados.

La cuestión no está solo en si San José puede decir que no a determinados casos, ni en si la financiación la pondrá Estados Unidos, ni siquiera en si el cupo semanal será finalmente modesto. La cuestión de fondo es que Costa Rica ha aceptado un papel nuevo: el de país receptor temporal de extranjeros que la potencia norteamericana desplaza hacia su territorio para aliviar presión propia. Eso redefine su posición en el tablero continental y reabre un debate incómodo sobre soberanía, dependencia y derechos. Un debate que ya se encendió en 2025, que este memorando convierte en política más formal y que la próxima presidenta, Laura Fernández, heredará casi intacto desde el primer día de mandato.