Colombia bajo el agua: 14 muertos y 9.000 casas destruidas

Lluvias fuertes e inundaciones arrasan Córdoba y Sucre: 14 muertos 9.000 viviendas destruidas y alerta por otro frente frío en el mar Caribe.

Colombia amanece con el norte desbordado y un balance que ya pesa como plomo: al menos 14 fallecidos, 9.000 viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas, 35.000 hectáreas inundadas y otras 300.000 hectáreas tocadas por el agua, el lodo o el aislamiento. Las cifras las difundió el presidente Gustavo Petro tras una cadena de inundaciones que ha golpeado con fuerza a Córdoba y Sucre, dos departamentos acostumbrados a convivir con ríos y ciénagas, sí, pero no a verlos así en una época que suele ser más tranquila.

La explicación inmediata no llega desde una sola nube, sino desde el tablero completo: el Ideam ha advertido de la entrada y desplazamiento de un nuevo frente frío desde el hemisferio norte hacia el Caribe, un fenómeno que está intensificando lluvias y agitando el mar con vientos fuertes y oleaje inusual. Eso, en cadena, empuja desbordamientos, anega carreteras, revienta canales, mete el agua en casas dormidas y deja la región en modo supervivencia, con un Gobierno que ya habla de “emergencia económica, ambiental y social” para responder y, si hace falta, extenderla al resto del país.

Un febrero fuera de guion en el Caribe colombiano

El Caribe colombiano suele tener su propio calendario y febrero, por regla general, no es el mes de la lluvia interminable. Por eso el episodio suena raro incluso antes de mirar los daños: llueve cuando “no toca”, el agua no se retira y el sistema —drenajes urbanos, vías secundarias, cultivos, viviendas de bloque sin terminar, techos livianos— se queda sin margen. En ese hueco aparece el desastre, no como una imagen de telediario, sino como algo mucho más doméstico: barro que no seca, colchones levantados sobre ladrillos, neveras mudadas a la casa de un familiar, niños sin clase, y una ciudad como Montería donde hay calles que ya no parecen calles, sino canales quietos, espesos, de un marrón denso.

La pieza meteorológica que más se repite estos días es el frente frío. En España la palabra invita a bufandas; allí, en el Caribe, significa otra cosa: aire más frío empujando y reordenando el aire cálido y húmedo, y ese choque, con el mar como combustible, abre la puerta a tormentas, chubascos intensos y condiciones meteomarinas peligrosas. El Ideam ha situado un tramo especialmente sensible entre el viernes y el lunes, con un nuevo frente avanzando hacia el Caribe, y eso no se traduce solo en lluvia, también en un mar más bravo, con oleaje que obliga a cerrar playas y frena la navegación pequeña, la del día a día, la que sostiene turismo y pesca.

Viento, mar de leva y la costa en modo alerta

Cuando el mar entra en escena, el relato deja de ser únicamente rural. En el Golfo de Morrosquillo, por ejemplo, las autoridades han ordenado restricciones y cierres por el mar de leva, ese oleaje que llega con fuerza y regularidad y que convierte un paseo de orilla en una trampa. En jornadas previas al último balance nacional, Coveñas, Tolú y Rincón del Mar, en el área de San Onofre, vivieron emergencias por lluvias y por mar agitado; allí se llegó a reportar un fuerte impacto sobre miles de familias, con arroyos desbordados como el Amansa Guapos y agua entrando en zonas rurales y barrios urbanos. En ese mismo contexto se produjo la muerte por inmersión de Joan Sebastián Castañeda Quintero, un joven de 20 años que había llegado como turista desde Copacabana (Antioquia) y se ahogó en el sector conocido como Boca de la Ciénaga, en un momento en el que ya existían restricciones para entrar al mar por el riesgo.

Lo meteomarino, además, no se queda solo en el Golfo. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en varios sectores costeros del Caribe, se han venido señalando vientos sostenidos y alturas de ola por encima de lo habitual. Ese mar movido, que a veces se cuenta como un dato “de costa”, repercute hacia dentro: se complica la movilidad, se paran embarcaciones, se cierran playas, se corta un ingreso económico entero durante días. En paralelo, la lluvia sigue haciendo su trabajo en tierra firme, con ríos que se cargan, caños que se inflan y ciénagas que dejan de ser amortiguadores para convertirse en superficie continua.

Córdoba y Sucre, la inundación en tierra firme

En Córdoba y Sucre, el agua tiene memoria. Hay zonas donde la gente mide las crecidas por marcas en la pared y por historias heredadas: “hasta aquí llegó aquella vez”. El problema de esta semana es que el agua ha superado límites conocidos y, además, llega con un factor de desgaste: no es una crecida de unas horas, es un nivel que sube, baja un poco, vuelve a subir, y se instala. Mientras tanto, el balance oficial crece y se acumulan daños que no siempre se ven en una foto: vías cortadas, cultivos encharcados, pérdida de animales, escuelas afectadas, centros de salud con dificultades, servicios básicos tensados, y una presión permanente sobre la gestión local del riesgo.

Parte del golpe se concentra en la capital cordobesa, Montería, atravesada por el río Sinú, que estos días se ha convertido en protagonista indeseado. Otras afectaciones se reparten por el sur del departamento, en zonas rurales donde el agua entra por desbordamientos y por la red de caños y ciénagas que conectan cuencas enteras. En Sucre, la emergencia mezcla interior y litoral: por un lado, la presión del sistema fluvial de La Mojana; por otro, el oleaje y los vientos del Golfo. En ambos casos, el patrón se repite con variaciones: agua entrando donde no debería, familias moviéndose con lo puesto, y autoridades corriendo detrás del nivel del río.

Montería: el Sinú entra en las casas

En Montería, hay barrios donde la inundación no llega como un golpe seco, sino como una visita que se queda. En sectores bajos como Zarabanda y Nuevo Milenio, el Sinú empezó a subir con fuerza desde la noche del lunes 2 de febrero y, a partir de ahí, el agua se abrió paso mientras muchos dormían. Ese detalle —el agua entrando de madrugada— lo cambia todo: se evacúa sin plan, se improvisa con lo que hay, se despierta a niños con linternas, se arrastran bolsas, se levantan muebles como se puede. En casas donde el piso es casi la misma cota que la calle, la entrada del agua no se discute: sucede.

Los relatos que circulan desde esos barrios describen una escena repetida en cada esquina: pasillos con tablas haciendo de puente, patios convertidos en estanques, paredes empapadas, puertas que ya no cierran porque la madera se hincha. Una vecina, Yela Contreras, ha contado que la convivencia con el agua se mide en semanas y no en horas; la cocina se vuelve imposible dentro de casa y la noche obliga a buscar techo fuera. En esa misma casa, la inundación no solo se lleva objetos: también se lleva el sustento, porque su pareja, Alberto Contreras, trabaja como arenero, un oficio informal pegado al río, basado en extraer arena del lecho para abastecer construcciones. Con el río fuera de madre, el trabajo se detiene y lo que entra en la mesa se evapora. Es una cadena silenciosa: sin trabajo, sin ingreso, sin capacidad de reponer lo perdido.

Barro, lodo y el miedo que llega arrastrado

La crecida trae un miedo adicional, menos visible pero muy real, que aparece cuando el agua entra con fuerza en zonas urbanas: animales y residuos arrastrados por la corriente. En Zarabanda se ha hablado de serpientes que entran en viviendas empujadas por el agua; puede sonar a detalle menor hasta que se piensa en una casa inundada, con poca luz, con muebles desplazados, con barro que tapa el suelo, y entonces el hogar deja de ser refugio y se vuelve terreno incierto. A eso se suma el lodo, que no es solo suciedad: es una trampa física, porque dificulta caminar, sostiene humedad, y complica la limpieza incluso cuando el nivel baja unos centímetros.

En Montería, la respuesta institucional se mueve entre albergues, asistencia intermitente y apoyo comunitario. Se ha informado de una atención a gran escala, con unas 32.000 personas asistidas según cifras manejadas por la Alcaldía, mientras fundaciones, comerciantes y vecinos aportan comida preparada en algunas noches. El problema es que una ciudad puede repartir platos, mantas, bolsas de agua, pero no puede ordenar a un río que se retire. Y cuando el río se queda “quieto” en un nivel alto, la vida entera entra en pausa, una pausa pesada: escuela, trabajo, salud, movilidad, todo queda supeditado a un dato que nadie controla.

La Mojana, San Jorge y la red de caños que rebosa

Si Montería muestra la cara urbana de la inundación, La Mojana muestra el mapa grande, el de humedales y cuencas que se conectan como si fueran venas. Allí, el agua no se comporta como una avenida que baja y se va; se comporta como una ocupación. En los primeros días de febrero, se declaró alerta roja en esa región por el crecimiento de caños y ríos, con especial foco en la corriente del río San Jorge y el río Uré, y con el punto de referencia en el sector conocido como Pica Pica, en el municipio cordobés de San José de Uré. En Sucre se pidió a municipios como Majagual, Guaranda, San Benito Abad, Caimito, Sucre y San Marcos activar protocolos, revisar rutas de evacuación y preparar albergues, un mensaje que revela algo clave: no es solo lo que está pasando, es lo que puede venir en cadena.

Los avisos no son abstractos. En Córdoba, el Ideam llegó a señalar atención especial sobre Puerto Libertador y Montelíbano por la posibilidad de crecientes súbitas en el sistema del San Pedro y el Uré, además de algunas quebradas. Y en Ayapel, la preocupación incluye el crecimiento de caños y ciénagas alimentados por aguas que entran desde el río Cauca a través del boquete conocido como Caregato, una herida hidráulica que se ha convertido en palabra cotidiana cada vez que el agua se desborda en la región. Ese “boquete” no es una anécdota geográfica: es una puerta abierta que cambia flujos, llena humedales y, cuando coincide con lluvias fuertes, multiplica el volumen disponible para inundar.

En este paisaje, el término “ciénaga” deja de ser poético. Es infraestructura natural, es amortiguador, es espacio de expansión del agua. Cuando ese espacio se reduce o se altera —por ocupación, por diques, por canalizaciones mal planificadas, por mantenimiento insuficiente— el agua busca otras salidas. Y esas salidas suelen ser carreteras, patios, aulas, cosechas. Lo que en el mapa parece una mancha azul, en el terreno es una familia moviéndose con sacos, una finca sin acceso, un puesto de salud sin suministro.

Petro, la emergencia y el choque con el reloj institucional

El último balance que ha encendido titulares llegó desde la Presidencia y desde un mensaje público del propio Gustavo Petro, difundido tras participar en una reunión del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres. Ahí se colocaron sobre la mesa los números que ahora marcan el relato: 14 muertos, 9.000 viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas, 35.000 hectáreas inundadas y otras 300.000 hectáreas afectadas. Petro añadió un elemento sensible, casi de alarma social: recordó una advertencia de la FAO sobre riesgo de hambre en Córdoba y Sucre vinculada a la crisis climática. No lo presentó como teoría, sino como posibilidad concreta cuando se pierde cultivo, se corta carretera y se frena la economía de subsistencia.

En paralelo a la emergencia material, apareció la emergencia política y jurídica. Petro afirmó que debe “declarar de nuevo la emergencia económica, ambiental y social” en la región afectada, una medida que, en su planteamiento, podría extenderse al resto del país si la situación escala. En ese mismo tono, habló de actuar con el Ejército para derribar diques que impiden el flujo del agua en la zona de desastre y de restituir tierras “robadas” a ciénagas y caños, con el objetivo de mitigar inundaciones. Es un lenguaje que mezcla intervención inmediata y una discusión estructural sobre el territorio, y por eso genera fricción: porque tocar diques no es solo mover tierra, es tocar intereses, mapas de propiedad y decisiones de décadas.

El decreto suspendido y la idea de “hecho sobreviniente”

Petro también hizo referencia a un punto concreto del pulso institucional: un decreto de emergencia que, según dijo, fue suspendido por la Corte Constitucional y que describía explícitamente el tipo de situación que ahora está ocurriendo. Habló de un “hecho sobreviniente”, un concepto que en castellano llano significa algo que aparece y obliga a reaccionar más allá de lo previsto, y lanzó incluso un comentario personal al señalar que la tragedia se da “paradójicamente” en la tierra del magistrado Camargo Assis. Esa mención no cambia el nivel del río, pero sí muestra el tipo de clima político que acompaña la gestión del desastre: decisiones rápidas, críticas cruzadas y necesidad de instrumentos legales para mover recursos.

En otra derivada de esa misma discusión, Petro ha pedido que se levante la suspensión de la emergencia económica para atender el desastre y sus consecuencias, y ha reclamado a la Superintendencia de Servicios Públicos revisar el manejo de embalses y sancionar posibles especulaciones con tarifas energéticas en un contexto donde el clima y la infraestructura también golpean el suministro. Aquí conviene no perder la proporción: el agua destruye casas, pero también tensiona energía, transporte, cadena de frío, abastecimiento. Y cuando esa tensión coincide con debates sobre precios y gestión de embalses, la crisis se amplifica hacia sectores que, en apariencia, no están bajo el agua.

Urrá I, rumores y el miedo a una presa

En Córdoba, el temor colectivo no solo ha mirado al cielo. También ha mirado a la infraestructura. El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, ha salido a desmentir rumores sobre un riesgo inminente en la presa vinculada a la Central Hidroeléctrica Urrá, y aseguró que se realizaron inspecciones sin encontrar riesgos actuales. Llegó a calificar parte de esos mensajes como desinformación en un contexto político sensible, y recalcó que no existe un riesgo que justifique pánico. La mención no es casual: una presa sobre el río Sinú, a decenas de kilómetros de Montería y cerca de Tierralta, es un símbolo potente; basta un rumor para cambiar el comportamiento de una ciudad.

Ese episodio de rumores, aun desmentidos, retrata bien el estado anímico de una región: con el agua entrando por debajo de las puertas, cualquier noticia sobre una presa se vuelve gasolina. Y también muestra la complejidad de la comunicación de riesgo: no basta con decir “no pasa nada”, hay que sostenerlo con verificaciones y con una presencia institucional que la gente reconozca en el terreno. Porque cuando el miedo se instala, compite con el barro y con la urgencia.

Infraestructura, servicios y economía: el daño invisible

Hay un daño que no siempre aparece en el titular de “muertos y casas”, pero que marca la vida durante meses. Las autoridades en Córdoba han llegado a declarar calamidad pública en municipios afectados por lluvias intensas, y se han reportado impactos en cultivos, en infraestructura pública y privada, en colegios, en entidades de salud y en servicios esenciales como energía, agua y alcantarillado. En las últimas horas, equipos de rescate han conseguido salvar a decenas de personas en operaciones puntuales, con casos como los rescates en Puerto Escondido y Canalete, dos nombres que vuelven a aparecer cuando se habla de evacuaciones y salvamentos en zonas donde la crecida se mete rápido y deja a familias atrapadas.

En el terreno, esa afectación de servicios tiene un efecto multiplicador. Sin electricidad estable, el agua potable se complica; sin agua potable, la higiene se vuelve un problema; con alcantarillado comprometido, el agua estancada se contamina más; con centros de salud tocados, una diarrea o una infección cutánea se vuelven más peligrosas de lo que deberían. Y mientras se repara, la gente sigue viviendo encima del barro, con humedad permanente, con ropa que tarda en secar, con la casa ventilada a medias para evitar moho. La inundación, en resumen, no se termina cuando deja de llover: se prolonga en la logística diaria.

También se resiente la economía en lugares que, desde fuera, parecerían secundarios. En el Caribe se han suspendido actividades y eventos por condiciones meteorológicas adversas, con ejemplos como las corralejas en Cereté o la final de un festival gastronómico en la costa. Puede sonar a detalle festivo, pero en muchos municipios esos eventos sostienen empleo temporal, ventas, transporte, consumo de barrio. Cuando se cancelan, se pierde dinero justo cuando más hace falta para reparar una nevera, reponer una cama o pagar el transporte de un familiar evacuado.

La salud que se complica sin hacer ruido

Las inundaciones no traen solo agua: traen agua mezclada. Mezclada con residuos, con lodo, con filtraciones. Eso abre la puerta a problemas sanitarios que se instalan sin dramatismo, casi sin cámara: infecciones respiratorias por humedad, dermatitis, gastroenteritis, proliferación de mosquitos en charcos que se quedan, riesgos asociados a aguas contaminadas. En Montería y en poblaciones ribereñas, además, el agua dentro de casa cambia hábitos básicos: cocinar se vuelve una odisea, dormir se desplaza, la limpieza se limita, y la gente pasa más tiempo en espacios compartidos, lo que también impacta en convivencia y salud mental, aunque nadie lo diga con esa etiqueta.

A la vez, las emergencias obligan a priorizar. Primero es la vida, luego el techo, luego el resto. Pero el “resto” es enorme y se acumula: medicamentos que no llegan, controles médicos aplazados, vacunaciones que se retrasan, embarazadas que deben sortear caminos cortados, mayores que no pueden moverse. En cada día de inundación hay una factura invisible que se paga después, cuando ya no hay titulares y el barro sigue en el patio.

Cuando baje el agua: el regreso que siempre tarda

El Ideam ha hablado de un fin de semana con aumento generalizado de lluvias en buena parte del país, asociado a la influencia del frente frío y su interacción con otros sistemas atmosféricos. Ese detalle importa porque mantiene el escenario abierto: si la lluvia persiste, los ríos no sueltan, y si los ríos no sueltan, las viviendas no se recuperan. A la vez, el episodio no se limita a dos departamentos: en días previos ya se contabilizaban cientos de emergencias en municipios del país y miles de familias afectadas en diferentes regiones, un contexto que explica por qué el Gobierno menciona la posibilidad de ampliar medidas si el impacto se extiende.

En Montería, la frase que resume el ánimo no es técnica. Es simple, casi cansada: “esto se demora”. La dijo gente que conoce el río, que ha visto otras crecidas, que recuerda ocasiones en las que el nivel tardó semanas en bajar. Esa resignación no es pasividad, es experiencia. En una casa inundada, el tiempo se mide de otra forma: cada centímetro que sube el agua cambia una decisión; cada noche sin poder dormir dentro cambia un ánimo; cada día sin trabajar cambia una economía familiar. La inundación ocupa el espacio, pero también ocupa la cabeza.

Mientras tanto, las autoridades locales y departamentales han instalado puestos de mando, activado protocolos, señalado rutas de evacuación y localizado albergues, y hay un debate que seguirá incluso cuando salga el sol: qué hacer con los diques, con las ocupaciones sobre humedales, con los caños convertidos en “terreno”, con la infraestructura que no aguanta un episodio atípico. Petro ha puesto el foco en derribar barreras que impiden el flujo natural y en devolver espacio al agua a través de ciénagas y caños; esa idea, ejecutada sin precisión, puede generar nuevos conflictos, pero ignorada del todo deja al territorio condenado a repetir la misma escena con cada frente frío que se cuele por el Caribe.

El norte de Colombia, a esta hora, no está en debate académico: está en emergencia. Queda el recuento fino de víctimas, la evaluación real de daños, la reparación de vías, la recuperación de cultivos, el retorno seguro de quienes han salido, la vigilancia ante nuevas lluvias y el trabajo lento —lento de verdad— de limpiar y reconstruir. Entre la cifra oficial y la vida cotidiana hay un puente hecho de acciones pequeñas y constantes: bombas de achique, reparación de tuberías, asistencia sostenida, verificación de rumores, control de diques, limpieza de escuelas, reapertura de caminos. Y, por encima de todo, ese gesto que en un mapa no se ve pero que sostiene a una región entera: aguantar hasta que el agua decida retirarse.