¿Por qué cae Meta un 3,5% con el juicio por menores en California?

Meta ha vuelto a descubrir que hay cosas capaces de inquietar a Wall Street incluso más que una mala previsión de ingresos. Sus acciones llegaron a caer este martes un 3,53%, hasta 548,89 dólares, coincidiendo con el arranque en California de uno de los mayores procesos judiciales a los que se ha enfrentado la compañía propietaria de Facebook e Instagram: varios estados de EE. UU. sostienen que sus plataformas fueron diseñadas de forma deliberada para enganchar a niños y adolescentes y que la empresa vulneró normas de protección de datos de menores.

El descenso bursátil se moderó después. Ya avanzada la sesión, la acción rondaba los 552,92 dólares, con una caída próxima al 2,8%, de modo que ese 3,5% debe entenderse como un movimiento intradía y no como el balance definitivo de la jornada. El mercado, en cualquier caso, ha identificado perfectamente el problema: el juicio no se limita a discutir una multa. Podría desembocar en cambios concretos en Facebook e Instagram, desde restricciones de edad hasta modificaciones de algunas de las herramientas concebidas para que el usuario permanezca mirando la pantalla durante más tiempo.

Ahí está el núcleo del caso. Meta no se sienta en el banquillo porque Instagram resulte irritante, porque los adolescentes pasen demasiadas horas con el móvil o porque los adultos hayamos descubierto, con cierta tardanza, que deslizar el dedo durante cuarenta minutos no constituye exactamente una actividad contemplativa. Lo que debe determinar la Justicia estadounidense es bastante más preciso: si la compañía diseñó y explotó conscientemente mecanismos perjudiciales para usuarios jóvenes y si engañó sobre su seguridad.

Meta cae en Wall Street en plena apertura del caso

El proceso se celebra en un tribunal federal de Oakland, California, ante la jueza de distrito Yvonne Gonzalez Rogers. California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey encabezan esta fase del procedimiento, aunque detrás existe una coalición bipartidista de 29 estados que llevó a Meta ante los tribunales en 2023. El litigio nació después de una investigación conjunta sobre los efectos de Facebook e Instagram entre los usuarios más jóvenes.

Es una diferencia importante. No estamos ante la reclamación aislada de una familia, sino ante una ofensiva de administraciones estatales que pretende demostrar un patrón de conducta empresarial. Los cuatro estados que protagonizan esta parte del juicio acusan a Meta de infringir sus normas de protección del consumidor; las alegaciones vinculadas a la privacidad infantil afectan al conjunto de los 29 estados implicados.

La compañía rechaza esas acusaciones y sostiene que lleva años desarrollando herramientas para proteger a adolescentes, antes incluso de que estos procedimientos llegaran a los tribunales. Meta también argumenta que los estados no han demostrado que sus ciudadanos fueran engañados o sufrieran daños atribuibles directamente a la empresa. Es la línea defensiva previsible, pero no menor: entre una red social que presenta riesgos y una empresa legalmente responsable de esos riesgos hay un trecho que el tribunal tendrá que recorrer prueba por prueba.

Qué acusan los estados a Meta

La acusación sostiene que Facebook e Instagram incorporaron deliberadamente características capaces de fomentar un uso compulsivo entre menores y que Meta conocía los posibles efectos de esas prácticas. Entre los daños alegados aparecen problemas de ansiedad y depresión y, en algunos casos expuestos por los demandantes, consecuencias mucho más graves.

La demanda multestatal se remonta a octubre de 2023 y acusa formalmente a Meta de vulnerar legislación federal y estatal. California cita, entre otras normas, la ley federal de protección de la privacidad infantil en internet, conocida por sus siglas inglesas COPPA, junto con las leyes californianas contra la publicidad engañosa y las prácticas empresariales desleales. COPPA protege específicamente los datos de menores de 13 años y exige determinadas garantías relacionadas con el consentimiento parental.

Del scroll infinito a los datos de menores

Una parte especialmente delicada del litigio está en el diseño. Los estados señalan mecanismos como el scroll infinito, ese suministro de publicaciones que nunca termina, junto con otros recursos destinados a mantener la interacción. Algo que durante años se presentó como una maravillosa fluidez de uso puede recibir en un juzgado un nombre bastante menos seductor: arquitectura de captación de atención.

No significa que el desplazamiento infinito sea ilegal por sí mismo. El asunto es si Meta utilizó determinadas funciones sabiendo que podían favorecer conductas adictivas entre niños y adolescentes, mientras ofrecía al público una imagen de seguridad que, según los demandantes, no se correspondía con lo que la empresa conocía internamente.

Las autoridades también sostienen que Meta recogió información personal de menores de 13 años sin obtener correctamente el consentimiento verificable de sus padres. La demanda original afirma que la compañía tenía conocimiento de que existían usuarios de esas edades en Instagram y Facebook pese a las restricciones formales de acceso. Meta disputa las acusaciones y tendrá ocasión de combatirlas durante el juicio.

La batalla no gira solo alrededor de lo que aparece en pantalla

Ese matiz cambia mucho el alcance del proceso. Durante años, las grandes plataformas han podido defenderse de numerosas demandas recordando que buena parte del contenido que circula por ellas procede de terceros. Aquí los fiscales intentan desplazar el foco desde el contenido hacia el propio diseño del producto y las prácticas comerciales de Meta.

No se discute únicamente qué vídeo vio un adolescente o quién publicó determinada fotografía. Se examinan decisiones empresariales: cómo funciona una recomendación, qué incentiva una notificación, cuánto dura un flujo de contenidos, qué información se recopila y qué sabía la compañía sobre el comportamiento de sus usuarios menores.

Ese cambio de terreno jurídico es precisamente lo que puede tener consecuencias para todo el sector tecnológico. Una red social no es solo la plaza donde otros hablan; también es el arquitecto que decide dónde coloca las puertas, cuántos pasillos construye y por qué resulta tan fácil entrar y, curiosamente, tan difícil marcharse.

Cuánto dinero está realmente en juego

Las cifras que rodean el caso son gigantescas, pero conviene no confundir una hipótesis procesal con una factura ya enviada a Menlo Park. Meta llegó a calcular en documentos judiciales que las pretensiones de los estados podían implicar sanciones teóricas de hasta 1,4 billones de dólares. Los fiscales han señalado posteriormente que una cantidad más próxima a 200.000 millones de dólares podría ajustarse mejor a sus cálculos. Ninguna de las dos cifras constituye por ahora una condena.

La jueza dispondrá de un margen considerable si determina que Meta es responsable. Y la parte económica quizá ni siquiera sea la amenaza empresarial más profunda. California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey pretenden también que se introduzcan restricciones de edad, que desaparezcan determinadas características como el desplazamiento infinito para ciertos usuarios y que se modifiquen aspectos del funcionamiento de las plataformas.

Eso explica mejor el nerviosismo bursátil. Una multa, incluso muy grande, puede anotarse una vez en las cuentas. Cambiar la maquinaria con la que Instagram convierte atención en minutos de uso y minutos de uso en publicidad toca algo más sensible: el producto.

Zuckerberg, Mosseri y unos precedentes incómodos

El juicio está previsto inicialmente para unas seis semanas y se espera que declaren Mark Zuckerberg, consejero delegado y cofundador de Meta, y Adam Mosseri, responsable de Instagram. Un jurado de ocho personas emitirá un veredicto consultivo, pero la decisión sobre la responsabilidad jurídica de Meta corresponderá finalmente a la jueza Gonzalez Rogers.

La compañía llega, además, con algunos antecedentes recientes poco cómodos. En marzo, un jurado de Los Ángeles consideró responsables a Meta y YouTube en el caso de una joven que aseguró haber desarrollado una relación perjudicial con las redes sociales desde su infancia. Se concedieron 6 millones de dólares entre daños compensatorios y punitivos, con una responsabilidad superior atribuida a Meta. La compañía discrepó del fallo.

Más recientemente, un juez de Nuevo México ordenó a Meta aportar 567 millones de dólares a un fondo relacionado con la salud mental de adolescentes. Son procedimientos diferentes y no determinan automáticamente lo que ocurrirá en Oakland, pero forman un paisaje judicial bastante reconocible: la vieja idea de que la plataforma es poco más que un escenario neutral está siendo sometida a un examen cada vez más incómodo.

Y esta vez la escala es otra. No hay una sola demandante, sino gobiernos estatales; no se persigue únicamente una indemnización individual, sino cambios potencialmente estructurales.

Un juicio que puede cambiar el negocio de la atención

Durante dos décadas, Silicon Valley convirtió la atención humana en una materia prima extraordinariamente rentable. Más tiempo dentro de una aplicación significa más actividad, más información sobre el usuario, más oportunidades de mostrar publicidad. La lógica es sencilla y ha producido compañías valoradas en cifras que hace no tanto pertenecían al terreno de la ciencia ficción financiera.

El problema aparece cuando ese mecanismo se aplica a menores. Entonces la cuestión jurídica deja de ser cuánto tiempo consigue retener una aplicación a alguien y pasa a ser qué responsabilidad tiene la empresa que ha diseñado deliberadamente ese mecanismo, qué sabía sobre sus posibles efectos y qué hizo con ese conocimiento.

Meta sostiene que ha creado importantes protecciones para adolescentes y que los fiscales simplifican un fenómeno complejo cuya explicación no puede cargarse sobre una sola aplicación. Los estados pretenden demostrar justo lo contrario: que había decisiones de diseño, información interna y prácticas comerciales suficientes para atribuir a la compañía una responsabilidad concreta.

La caída bursátil del martes es, por eso, apenas la primera sombra del proceso. Facebook e Instagram no están ante un juicio sobre su popularidad, sino sobre la arquitectura de su negocio cuando al otro lado de la pantalla hay un menor. Si los estados consiguen que esa tesis prospere, la factura más importante quizá no sea la que aparezca expresada en dólares. Será la obligación de rediseñar algunas de las piezas que hicieron tan extraordinariamente rentable seguir deslizando el dedo.