¿Qué pasó con Ayuso y el «bulo del culo» del Hospital Ramón y Cajal?

Isabel Díaz Ayuso ha entrado de lleno en la polémica por las listas de espera quirúrgicas del Hospital Ramón y Cajal. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado contra Luis Alberto Martos, el cirujano que denunció las alteraciones, y ha bautizado el asunto como «el bulo del culo de la semana», responsabilizando al propio facultativo de la manipulación de las citas sanitarias.

Pero el caso sigue abierto. La controversia nace de la modificación de la prioridad de 57 pacientes de Traumatología, que pasaron de una categoría preferente a otra normal. El Gobierno madrileño atribuye la irregularidad al médico denunciante; en sentido distinto, documentos internos publicados por El País recogen indicaciones atribuidas a responsables del hospital para modificar prioridades. La Comunidad ha abierto diligencias informativas y Facua ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid.

Qué ha dicho Ayuso sobre el médico denunciante

Ayuso respaldó este jueves, 17 de septiembre, la explicación ofrecida por su consejera de Sanidad, Fátima Matute. Durante el pleno de la Asamblea de Madrid sostuvo que el médico denunciante era quien estaba manipulando sus propias citas y recordó expedientes disciplinarios y conflictos profesionales anteriores relacionados con el facultativo.

La presidenta hizo referencia también a acusaciones relacionadas con daños en el vehículo de un superior. La disputa ha desplazado así parte del foco desde las listas quirúrgicas hacia el historial de enfrentamientos internos entre profesionales del hospital. Martos, por su parte, ha negado las acusaciones y sostiene que los registros informáticos permiten conocer quién realizó los cambios.

La Consejería de Sanidad mantiene una tesis muy concreta: Martos habría modificado de manera irregular la prioridad de los 57 pacientes para beneficiarse profesionalmente, «trabajar menos» y abordar intervenciones de menor complejidad. Según Matute, los responsables del centro detectaron esa conducta y le exigieron corregirla. La Comunidad niega que exista una política dirigida a maquillar las listas de espera madrileñas.

Los 57 pacientes que están en el centro de la polémica

Los hechos conocidos se remontan al periodo comprendido entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025. Durante esas semanas, 57 pacientes de Cirugía Ortopédica y Traumatología que habían sido clasificados como preferentes pasaron a figurar en el sistema como pacientes de prioridad normal.

La diferencia no es un simple detalle burocrático. Según la documentación publicada, la categoría preferente manejaba un horizonte de intervención de 90 días, mientras que la normal lo ampliaba hasta 180 días. Un cambio informático podía, por tanto, modificar la manera en que aparecía reflejado el retraso de una operación dentro de los indicadores de espera.

El punto central es determinar quién ordenó esos cambios y bajo qué criterio clínico. Médicos consultados por El País afirmaron que algunas modificaciones se produjeron sin consultar a los cirujanos que habían establecido inicialmente la prioridad. Los registros publicados incluyen referencias a cambios atribuidos a indicaciones de responsables superiores del centro.

Los documentos internos chocan con la versión oficial

Los correos y registros internos difundidos añaden una capa importante al caso. En uno de los mensajes publicados se aludía a los avisos que recibía la dirección cuando los pacientes preferentes superaban determinados plazos, mientras que otro recogía una indicación para evitar registrar ciertos casos como preferentes.

La existencia de esos documentos no resuelve por sí sola las responsabilidades individuales ni demuestra automáticamente una motivación concreta. Sí obliga a aclarar la trazabilidad de las modificaciones: quién tenía capacidad para cambiar las prioridades, quién pidió hacerlo, qué documentación clínica justificaba cada decisión y cuál fue el efecto real sobre los pacientes.

La propia polémica contiene, por tanto, dos relatos enfrentados. El Gobierno regional atribuye el origen de las irregularidades al denunciante; los documentos difundidos por varios medios recogen intervenciones atribuidas a la dirección médica y a responsables del servicio. Esa contradicción es precisamente uno de los elementos que deberán despejar las diligencias abiertas.

El caso de una niña de tres años eleva la gravedad del asunto

Entre los expedientes conocidos aparece el de una niña de tres años cuya cirugía había sido considerada prioritaria. Una de las médicas que atendía el caso detectó que la clasificación se había modificado y sostuvo que la menor necesitaba una intervención rápida por el riesgo existente para una de sus piernas. Finalmente fue operada cuando hubo disponibilidad de quirófano.

No es un detalle menor. Las listas quirúrgicas pueden parecer, vistas desde un despacho, una sucesión de columnas, fechas y colores. Para un paciente, cada casilla tiene otra textura: dolor, movilidad, evolución de una enfermedad o riesgo de complicaciones. Ahí es donde una disputa administrativa deja de ser abstracta.

Otros pacientes afectados presentaban distintas patologías traumatológicas. El debate que se abre va mucho más allá de si un dato apareció durante unas semanas en una categoría u otra: se trata de establecer si las prioridades respondieron siempre a criterios clínicos y si algún cambio alteró de forma efectiva los tiempos de atención.

Por qué aparece la productividad en esta historia

La documentación publicada incorpora otro elemento que explica parte de la controversia: el cumplimiento de determinados objetivos relacionados con los tiempos de espera puede formar parte de los indicadores de gestión y productividad de responsables hospitalarios. Ese contexto ha alimentado las sospechas sobre las razones de las modificaciones.

Conviene separar el dato de la conclusión. La existencia de incentivos vinculados a objetivos no demuestra, por sí misma, que se cambiaran prioridades para mejorar cifras o cobrar complementos. Precisamente por eso resulta relevante reconstruir cada modificación y comprobar si estuvo sustentada por una valoración médica documentada o por criterios distintos.

La Consejería sostiene que Madrid no falsea sus listas de espera y ha presentado lo ocurrido como un problema circunscrito a un profesional y al Ramón y Cajal. Desde el Ministerio de Sanidad se han pedido explicaciones sobre la aparente alteración de los datos y mayores garantías de control y supervisión.

Facua lleva el caso a la Fiscalía

La polémica ha salido ya del terreno estrictamente político y hospitalario. Facua presentó el 16 de septiembre una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el gerente y el director médico del Ramón y Cajal y solicitó que se investigue si los hechos pueden constituir un delito de prevaricación administrativa. Una denuncia, claro está, no equivale a que exista delito probado ni responsabilidad penal establecida.

Uno de los puntos decisivos será determinar quién realizó cada modificación, qué instrucciones existieron y si hubo un perjuicio asistencial concreto. Una cosa es que cambie una categoría en el sistema y otra distinta acreditar las consecuencias sanitarias que ese cambio pudo tener sobre una persona determinada.

Martos niega haber realizado las modificaciones en los términos que le atribuye el Ejecutivo regional. El cirujano afirma que existen huellas informáticas capaces de reconstruir los movimientos efectuados en el sistema y sostiene que las acusaciones contra él pretenden desacreditar su denuncia.

Lo que todavía debe aclararse en el Ramón y Cajal

A 17 de septiembre de 2026 hay un dato en el centro de toda la controversia: 57 pacientes cambiaron de categoría dentro de la lista quirúrgica del Ramón y Cajal. Sobre la autoría, la motivación y la justificación de esos movimientos existen versiones contrapuestas que todavía deben ser aclaradas.

Ayuso ha defendido públicamente la versión de su Gobierno y ha resumido la polémica con la expresión «el bulo del culo de la semana». Al mismo tiempo, los documentos internos publicados recogen indicaciones y movimientos que amplían el foco más allá del denunciante. Son dos planos distintos y, de momento, conviven sin una resolución definitiva.

Debajo de la bronca política, de las acusaciones cruzadas y de una expresión destinada inevitablemente a ocupar titulares quedan los pacientes. Y ahí está el dato que importa: cuando se habla de una operación pendiente, 90 y 180 días no son dos números intercambiables.