¿Cómo pudo costar solo 623 euros el polémico viaje de Ayuso a México?

El viaje institucional de Isabel Díaz Ayuso a México no costó 623,28 euros, al menos no puede afirmarse eso con los documentos disponibles. Esa cantidad es únicamente lo que el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid atribuye de forma expresa al desplazamiento: dos pagos por utilizar la sala de autoridades de la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Ni vuelos, ni hoteles, ni manutención, ni transportes dentro de México. La factura completa continúa fuera de plano.

Los cargos publicados ascienden a 220,89 euros, anotados el 2 de mayo, y 402,39 euros, correspondientes al 11 de mayo. La suma correcta es 623,28 euros. Ambos tienen el mismo concepto contable: «Sala de autoridades Madrid T4». Convertir esa cifra en el coste total de diez días al otro lado del Atlántico sería confundir el marco con el cuadro; una proeza de austeridad que ni las aerolíneas, ni los hoteles, ni las leyes de la física parecen dispuestas a secundar.

La cuestión incómoda, por tanto, no es cómo pudo salir tan barato, sino quién abonó el resto de los gastos, qué partidas asumió la Administración madrileña y cuáles corrieron por cuenta de las instituciones o empresas anfitrionas. Ayuso aseguró después del viaje que había sido invitada durante buena parte de la estancia por el Gobierno de Aguascalientes y por los organizadores de los Premios Platino. El Ejecutivo regional también habló de gastos públicos y otros pagados por promotores, aunque sin presentar un desglose completo.

Los 623,28 euros no son la factura completa

El Portal de Transparencia recoge gastos protocolarios, dietas y desembolsos de viaje cargados a la presidenta madrileña. En este caso aparecen dos apuntes vinculados al aeropuerto de Barajas, pero las casillas correspondientes a los principales costes de cualquier desplazamiento internacional permanecen vacías. No consta cuánto costaron los billetes de avión, dónde se alojó la delegación, cuánto se destinó a comidas o qué importe tuvieron los traslados entre Ciudad de México, Aguascalientes y la Riviera Maya.

La ausencia de esos datos no demuestra, por sí sola, que se ocultaran pagos públicos. Puede significar que determinadas facturas fueron asumidas por anfitriones, organizadores o entidades mexicanas. Pero tampoco permite concluir que el viaje fuera prácticamente gratuito para las arcas regionales. Lo único acreditado es más modesto: la información publicada resulta insuficiente para calcular el coste real.

La Comunidad había prometido que los gastos se incorporarían al portal. La información, actualizada hasta el 30 de junio, apareció meses después del desplazamiento, aunque limitada a las dos salas aeroportuarias. Antes, una solicitud para conocer el coste detallado de otros viajes había sido denegada porque los datos estaban todavía en elaboración y serían publicados posteriormente. Cuando finalmente llegaron, llegaron con poco equipaje contable.

Dos salas de autoridades y un gran vacío contable

Las salas de autoridades de los aeropuertos ofrecen espacios reservados, controles y servicios protocolarios para representantes institucionales. Su inclusión en las cuentas resulta normal. Lo llamativo es que sean el único rastro económico visible de una visita programada durante diez días y desarrollada a miles de kilómetros de Madrid.

El primer pago se realizó antes de la salida y el segundo al regreso, tras un vuelo con origen en Dallas. En medio quedan la estancia mexicana, los cambios de ciudad, los actos empresariales, los encuentros políticos y varios días cuya actividad pública no fue detallada. Un viaje institucional puede financiarse mediante invitaciones, claro. Lo que no puede hacer una Administración que presume de transparencia es dejar al ciudadano reconstruyendo la factura del viaje como quien busca piezas bajo el sofá.

La Ley de Transparencia madrileña obliga a publicar y mantener actualizadas las dietas y los gastos de viaje derivados de las funciones institucionales de la Presidencia y los altos cargos, indicando el motivo y la identidad y cargo de quien efectúa u ordena el pago. La norma se refiere al gasto de la Administración; las invitaciones de terceros plantean otra cuestión, no menos relevante: conocer quién ofrece el beneficio, cuál es su valor y qué relación mantiene con el Gobierno regional.

Quién pagó los vuelos, los hoteles y la estancia

Ayuso explicó que fue invitada por el estado mexicano de Aguascalientes y por los responsables de los Premios Platino. El Gobierno madrileño sostuvo, en distintos momentos, que había partidas satisfechas con dinero público y otras asumidas por el promotor. Sin embargo, no se ha difundido un documento que permita separar con claridad cada vuelo, alojamiento y traslado, ni los gastos correspondientes a cada miembro de la delegación.

La distinción importa. No es lo mismo que una institución extranjera cubra el alojamiento ligado a un acto oficial que aceptar una estancia pagada por una empresa privada con intereses económicos o contratos relacionados con la Comunidad de Madrid. Esto último no implica automáticamente una irregularidad, pero requiere más explicación, no menos. La transparencia sirve precisamente para disipar sospechas antes de que la política se convierta en un concurso de insinuaciones.

Existe, además, un elemento que conviene separar de la factura del viaje. La Comunidad de Madrid había formalizado con EGEDA un contrato de patrocinio de los Premios Platino por 450.120 euros, impuestos incluidos. Ese dinero no puede sumarse sin más al coste del desplazamiento de Ayuso: corresponde a la promoción institucional del certamen. Sí muestra, no obstante, que la relación entre el Gobierno regional y la entidad organizadora tenía una dimensión contractual y económica conocida.

La invitación a la gala, según las explicaciones difundidas, incluía la estancia de Ayuso y su delegación en un complejo de la Riviera Maya. La presidenta finalmente no asistió al acto. Queda por aclarar qué servicios se utilizaron, cuáles fueron cancelados, quién asumió las noches de alojamiento y si alguna parte terminó cargándose, directa o indirectamente, a fondos regionales. No hay un desglose documental completo. Ese es el núcleo del asunto.

Una agenda que empezó con negocios y acabó en disputa

El viaje no carecía totalmente de contenido oficial. La Comunidad de Madrid había anunciado una estancia de diez días con agenda en Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y Xcaret, además de encuentros con empresarios, organizaciones económicas e inversores. Ayuso se reunió con la alcaldesa de Cuauhtémoc, participó en actos empresariales y presentó Madrid como puerta de acceso al mercado europeo.

Durante la visita a la sede de Alsea, la presidenta anunció que el grupo planeaba invertir más de 77 millones de euros en Madrid durante cinco años, con 78 nuevos establecimientos y unos 2.400 empleos previstos. En Aguascalientes mantuvo reuniones con empresarios y recibió una distinción del Congreso estatal. Reducir toda la gira a unas vacaciones pagadas sería tan impreciso como presentar los 623 euros aeroportuarios como su coste definitivo.

El componente empresarial convivió, sin embargo, con una agenda cultural e ideológica mucho más inflamable. Ayuso intervino en actos dedicados al mestizaje, la evangelización, Malinche y Hernán Cortés. Sus discursos sobre la conquista española provocaron protestas y fuertes críticas de sectores políticos y comunidades indígenas mexicanas. Algunos actos cambiaron de ubicación o fueron cancelados. La diplomacia acabó oliendo más a pólvora histórica que a acuerdo comercial.

El choque con Claudia Sheinbaum y los Premios Platino

La crisis estalló cuando el Gobierno madrileño acusó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de promover un boicot y de presionar para impedir que Ayuso acudiera a los Premios Platino. La Comunidad canceló la parte restante de la agenda, incluida la visita prevista a Monterrey, y la presidenta regresó a Madrid el 11 de mayo. El desplazamiento institucional terminó así convertido en una disputa política internacional.

La versión mexicana fue distinta. La Secretaría de Gobernación afirmó que la visita se había desarrollado en un ambiente de total libertad y negó que las autoridades hubieran impedido actos públicos o privados. El grupo Xcaret, sede de la gala, también rechazó haber recibido amenazas del Gobierno federal y explicó que la retirada de la invitación pretendía evitar que la ceremonia cinematográfica se utilizara como plataforma política.

Sheinbaum calificó posteriormente la visita de fallida y criticó la exaltación de Hernán Cortés. Ayuso, por su parte, denunció una deriva autoritaria del Ejecutivo mexicano y acusó también al Gobierno español de no garantizar suficientemente su seguridad. Dos relatos enfrentados, mucha artillería verbal y una agenda institucional deshilachada entre comunicados.

Tras anunciar la suspensión de los actos restantes, Ayuso permaneció varios días sin una agenda pública conocida. El portavoz regional explicó que durante ese tiempo estuvo intentando regresar a España. Tampoco ese periodo aparece acompañado de un desglose de alojamiento, manutención o transporte. El silencio administrativo, a veces, resulta más ruidoso que una rueda de prensa.

La cifra pequeña no cierra la cuenta

La información disponible no permite sostener que el viaje de Ayuso a México costara únicamente 623,28 euros. Permite afirmar algo bastante distinto: la Comunidad de Madrid solo ha publicado esa cantidad como gasto directamente asociado a la presidenta, repartida entre dos usos de la sala de autoridades de Barajas.

Tampoco existe, con los datos conocidos, una prueba de gasto ilegal o de utilización irregular de dinero público. Lo que existe es una rendición de cuentas insuficiente para conocer el precio real, el reparto de las facturas y el valor de las invitaciones. No es un despilfarro demostrado, pero tampoco una austeridad acreditada. Es una cuenta con casi todas sus líneas en blanco.

El Gobierno regional puede defender los resultados empresariales del viaje, su estrategia internacional y la importancia de México para el turismo y la inversión madrileños. Todo eso forma parte del debate político legítimo. Pero ninguna inversión anunciada convierte en irrelevante la obligación de explicar quién pagó los vuelos, los hoteles y la estancia de una delegación oficial.

La transparencia no consiste en colocar un archivo en internet y esperar que el título haga el resto. Consiste en ofrecer información suficiente para que un ciudadano razonable pueda comprender el gasto sin recurrir a conjeturas. Por ahora, los 623,28 euros explican dos puertas de aeropuerto. El viaje sigue esperando su factura.