¿Qué pasó en Padrón para que la Xunta reclame 1,6 millones a Naturgy?

La Xunta de Galicia ha acordado reclamar 1.584.673,77 euros a UFD Distribución Electricidad, empresa del grupo Naturgy, por los daños y los gastos ocasionados por el gran incendio forestal que comenzó el 12 de junio en Herbón, en el municipio coruñés de Padrón. La investigación de la Administración autonómica atribuye el origen del fuego a una negligencia en la gestión de la biomasa próxima a una línea eléctrica.

El dato cambia bastante la lectura de aquel incendio. No se trata únicamente de cuánto monte ardió —373,21 hectáreas— ni de lo que costó desplegar durante días medios terrestres y aéreos. La Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) concluyó que el entorno de la línea no tenía el mantenimiento exigido y, todavía más relevante, que existían advertencias anteriores al fuego sobre esa situación.

La decisión fue aprobada este martes, 1 de septiembre, por el Consello de la Xunta. La reclamación se dirige formalmente contra UFD Distribución Electricidad S.A., la distribuidora eléctrica integrada en Naturgy. No significa que la cantidad esté ya pagada ni que exista una sentencia judicial firme contra la compañía: abre el procedimiento mediante el cual la Administración gallega pretende repercutir los costes y daños que considera derivados del incumplimiento detectado.

La factura del incendio de Padrón: casi 1,6 millones de euros

La cifra no está redondeada al azar. De los 1.584.673,77 euros reclamados, 884.724,45 corresponden a los gastos de extinción asumidos durante el incendio. Otros 699.949,32 euros representan los daños y pérdidas ocasionados por la destrucción de arbolado en montes vecinales que mantienen contratos con la Xunta.

El reparto permite entender la dimensión económica de un gran incendio más allá de la superficie negra que queda después. Helicópteros, aviones, brigadas, motobombas, maquinaria pesada, personal técnico, agentes forestales, vigilancia posterior… apagar un fuego de estas características moviliza una pequeña ciudad logística en mitad del monte. Y cuesta dinero: solo los trabajos de extinción se acercaron a los 885.000 euros.

Durante la emergencia llegaron a participar, de manera acumulada, 7 técnicos, 70 agentes, 102 brigadas y 73 motobombas, además de palas, unidades técnicas de apoyo, helicópteros y aviones. El incendio se inició a las 16.01 horas del viernes 12 de junio y su evolución obligó a mantener durante días un dispositivo especialmente amplio.

Por qué la Xunta señala a UFD, la distribuidora de Naturgy

El informe trasladado al Gobierno gallego sostiene que la investigación de la UIFO permitió determinar que el fuego estuvo relacionado con una línea eléctrica y con una gestión deficiente de la vegetación situada en sus proximidades. Dicho de forma bastante menos administrativa: la biomasa que debía estar controlada no lo estaba, según las conclusiones de la Xunta.

Ese detalle es fundamental. La normativa gallega de prevención de incendios establece obligaciones específicas de mantenimiento y gestión de vegetación alrededor de determinadas infraestructuras, incluidas las redes eléctricas. No es simplemente una recomendación estética para que el monte parezca más limpio. Las franjas de protección buscan evitar que ramas, matorral seco y otra vegetación conviertan una incidencia junto a una infraestructura en combustible para un incendio.

La legislación gallega de prevención y defensa contra los incendios forestales permite a la Administración repercutir los gastos de extinción a quienes resulten responsables cuando el incumplimiento de las obligaciones de gestión de biomasa haya contribuido al inicio, propagación o agravamiento del fuego. Es precisamente ese mecanismo el que la Xunta pretende aplicar en Padrón.

Los avisos anteriores al incendio complican el caso

Hay un elemento especialmente delicado para UFD. Según la información trasladada por el Gobierno autonómico, existían denuncias previas relacionadas con el estado de mantenimiento de las líneas eléctricas de la zona. El incendio, por tanto, no habría encontrado a la Administración ante un problema completamente desconocido.

La primera advertencia de la UIFO se remonta a marzo de 2022. Posteriormente hubo comunicaciones de agentes ambientales y, en agosto de 2023, un vecino presentó otra reclamación por la situación de la vegetación alrededor de las instalaciones.

Según los antecedentes manejados por la Xunta, la empresa respondió entonces reconociendo la existencia del problema y comprometiéndose a actuar. El reclamante sostiene que los trabajos de adecuación no llegaron a realizarse antes del incendio de junio de 2026. Ese historial importa, y mucho: una cosa es discutir sobre una deficiencia descubierta después de las llamas y otra encontrarse sobre la mesa con avisos formulados años antes.

La responsabilidad definitiva, con todo, deberá sustanciarse dentro del procedimiento correspondiente y UFD podrá formular alegaciones y defender su posición. La reclamación acordada por la Xunta expresa la conclusión administrativa alcanzada tras la investigación, pero no equivale por sí misma a una condena judicial firme ni elimina las garantías del expediente.

Un incendio de 373 hectáreas que llegó a amenazar viviendas

El fuego de Herbón comenzó el 12 de junio a las 16.01 horas. Las primeras estimaciones hablaban de algo más de 20 hectáreas, pero el incendio creció con rapidez y terminó afectando a 373,21: 298,57 hectáreas de superficie arbolada y otras 74,64 de terreno raso.

La evolución del incendio obligó a declarar la Situación 2 de emergencia el 13 de junio por su proximidad a zonas habitadas. Entre los núcleos que preocuparon especialmente a los servicios de emergencia estaban Cruxeiras de Abaixo y Sobrerribas. La situación operativa pudo desactivarse dos días después, cuando el fuego quedó estabilizado.

El incendio fue dado por controlado el 17 de junio. Habían transcurrido casi cinco días desde aquella primera columna de humo. Cinco días parecen poco en un calendario; delante de un frente de llamas, con viento, monte seco y viviendas cerca, son otra medida del tiempo.

La superficie definitiva terminó siendo algo superior a las estimaciones difundidas durante la emergencia. Las 373,21 hectáreas quemadas convierten el episodio de Padrón en uno de los incendios relevantes del verano gallego de 2026 y explican que la investigación sobre sus causas haya adquirido ahora una dimensión económica considerable.

La prevención también acaba pasando factura

El caso de Padrón deja una consecuencia que trasciende a Naturgy. Las obligaciones de limpieza alrededor de infraestructuras sensibles suelen resultar invisibles mientras todo funciona. No generan grandes titulares, no tienen el dramatismo de un hidroavión entrando entre el humo. Pero el sistema de prevención descansa precisamente sobre esas tareas grises: cortar, retirar vegetación, mantener distancias y revisar.

La maleza no entiende de organigramas empresariales. Arde igual. De ahí que la normativa permita reclamar después los costes cuando la investigación concluye que un incumplimiento de mantenimiento intervino en el inicio o propagación de un incendio forestal.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió que la Administración debe actuar con contundencia ante este tipo de situaciones. El mensaje político es sencillo, aunque detrás haya un expediente bastante menos sencillo: si una obligación preventiva se incumple y esa omisión termina contribuyendo a un gran incendio, la factura no tiene por qué recaer íntegramente en las cuentas públicas.

De las llamas de junio al expediente de septiembre

Casi tres meses después del incendio, el foco se ha desplazado del monte quemado a la responsabilidad por lo ocurrido. La Xunta sostiene que dispone de informes técnicos, antecedentes y denuncias previas suficientes para reclamar a UFD más de 1,58 millones de euros.

La empresa tendrá margen para discutir esa atribución dentro del procedimiento. Esa parte todavía está abierta. Lo que ya está cuantificado es el rastro económico del fuego: cerca de 885.000 euros empleados en extinguirlo y casi 700.000 euros en daños sobre el arbolado contabilizado por la Administración.

Padrón dejó en junio 373 hectáreas quemadas. En septiembre deja también una cuestión mucho menos abstracta sobre la mesa: quién asume el coste cuando la prevención falla. La Xunta ya ha dado su respuesta y ha puesto una cifra concreta a la reclamación: 1.584.673,77 euros.