¿Qué cambiará en España con el plan para restaurar sus ecosistemas?

España ha enviado a la Comisión Europea su proyecto de Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, una hoja de ruta que pretende recuperar miles de kilómetros cuadrados de hábitats deteriorados, mejorar ríos y bosques, proteger los ecosistemas marinos, recuperar poblaciones de polinizadores y evitar que las ciudades sigan perdiendo verde. El documento llegó a Bruselas el 31 de agosto de 2026, justo antes de vencer el plazo europeo del 1 de septiembre.

La cifra que mejor permite entender la dimensión del plan está en tierra firme: España ha recopilado propuestas de actuación sobre 9.475 kilómetros cuadrados de hábitats de interés comunitario y plantea restaurar el hábitat de cerca de 200 especies protegidas por la normativa europea. Pero el proyecto va bastante más allá. También pone números a la restauración marina, los ríos, las llanuras inundables, los espacios agrarios, los bosques y las zonas verdes urbanas. Y ahí está realmente la noticia: Bruselas ya no pide únicamente conservar lo que todavía queda en buenas condiciones, sino empezar a reparar parte de lo que se ha degradado.

España pone cifras a la restauración de sus ecosistemas

El Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza nace de una obligación europea, pero su aplicación será eminentemente española: comunidades autónomas, ayuntamientos y Administración central tendrán que convertir los objetivos generales en actuaciones concretas sobre el terreno.

El proyecto coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico contempla medidas para ecosistemas terrestres, costeros, marinos, fluviales, urbanos, agrarios y forestales. No es precisamente una pequeña operación de jardinería institucional.

En los hábitats terrestres considerados de interés comunitario, las propuestas recopiladas alcanzan esos 9.475 kilómetros cuadrados. Son espacios que albergan formaciones naturales relevantes desde el punto de vista de la conservación europea y cuyo estado, en muchos casos, necesita mejorar.

La escala europea explica semejante despliegue. El Reglamento de Restauración de la Naturaleza obliga a los Estados miembros a contribuir conjuntamente a aplicar medidas de recuperación sobre al menos el 20% de las zonas terrestres y el 20% de las marinas de la Unión Europea para 2030, mientras que para 2050 el horizonte se extiende a todos los ecosistemas que necesiten restauración. Para determinados hábitats terrestres, costeros y de agua dulce que no estén en buen estado, la norma fija además actuaciones sobre al menos el 30% de la superficie afectada antes de 2030, con objetivos crecientes para 2040 y 2050.

El mar también entra en los planes de recuperación

La restauración no termina donde empieza la playa. El proyecto español prevé actuaciones sobre 288 kilómetros cuadrados de ecosistemas marinos antes de 2030 y señala otros 12,3 kilómetros cuadrados susceptibles de recuperación del hábitat de fanerógamas marinas.

Las fanerógamas son plantas marinas con raíces, tallos y hojas que forman auténticas praderas bajo el agua. No tienen la espectacularidad de una ballena ni el magnetismo fotográfico de un delfín, mala suerte para ellas, pero desempeñan funciones cruciales: sirven de refugio y zona de reproducción para numerosas especies, estabilizan los fondos y participan en el almacenamiento de carbono.

La lógica del plan, por tanto, no consiste simplemente en declarar protegido un espacio sobre un mapa. Restaurar significa recuperar funciones ecológicas: conseguir que un hábitat vuelva a albergar especies, retener suelo, regular agua o resistir mejor determinadas perturbaciones.

Ríos con menos barreras y llanuras aluviales recuperadas

Otra de las piezas importantes está en los cursos de agua. España plantea recuperar unos 65 kilómetros de ríos de flujo libre antes de 2030 y actuar sobre más de 120 kilómetros cuadrados de llanuras aluviales. El objetivo incluye identificar y retirar barreras artificiales allí donde resulte adecuado para devolver conectividad a los sistemas fluviales.

Europa se ha fijado como objetivo recuperar al menos 25.000 kilómetros de ríos de flujo libre en el conjunto de la Unión para 2030. La normativa no dice, sencillamente, que haya que ponerse a derribar cualquier presa que aparezca por el camino. Exige inventariar las barreras y tener en cuenta su función socioeconómica; la prioridad son aquellas estructuras obsoletas que ya no resultan necesarias para el abastecimiento, la navegación, la producción energética o la protección frente a inundaciones.

Hay un matiz importante. Recuperar un río no es solo conseguir que el agua circule. Significa permitir el movimiento de peces y sedimentos, reconectar cauces con sus riberas y devolver espacio a unas llanuras inundables que funcionan como esponjas naturales cuando llegan episodios de crecida.

Polinizadores y campos: la biodiversidad también se cultiva

Las abejas, mariposas y otros insectos polinizadores ocupan otro lugar central. El proyecto contempla actuaciones sobre 576 kilómetros cuadrados antes de 2030 y un mínimo de 1.079 kilómetros cuadrados antes de 2050 destinadas a favorecer su recuperación.

No es un detalle decorativo. El reglamento europeo obliga a revertir el declive de las poblaciones de polinizadores como máximo en 2030 y, después, mantener una tendencia ascendente hasta alcanzar niveles considerados satisfactorios. Su desaparición afecta directamente a la reproducción de plantas silvestres y también a numerosos cultivos.

En los ecosistemas agrarios, España prevé medidas sobre aproximadamente 1.982 kilómetros cuadrados hasta 2030 y alrededor de 2.363 kilómetros cuadrados en los horizontes posteriores. La propuesta habla de prácticas agrícolas sostenibles, conservación de elementos del paisaje y protección de sistemas agrarios de alto valor natural.

Setos, lindes vegetales, pequeños humedales, márgenes y otros espacios que durante décadas parecían terreno sobrante pueden ser justo lo contrario: pequeños corredores biológicos dentro de paisajes agrícolas intensamente transformados.

Más bosque, pero también bosques más resistentes

El capítulo forestal tampoco se limita a contar árboles. El plan prevé actuaciones sobre 3.241 kilómetros cuadrados antes de 2030, con medidas destinadas a mejorar la biodiversidad, estructura y naturalidad de los bosques y reforzar su resistencia frente al cambio climático y los incendios.

La diferencia es relevante. Plantar árboles puede aumentar una cifra; restaurar un bosque exige bastante más. Importan la diversidad de especies, la edad de los ejemplares, la conectividad entre masas forestales, el suelo, la disponibilidad de agua y la capacidad del ecosistema para regenerarse después de una perturbación.

España calcula además una primera contribución de alrededor de 3,5 millones de árboles al compromiso europeo de plantar 3.000 millones de ejemplares adicionales. La plantación debe estar vinculada a criterios de conectividad ecológica y gestión sostenible; no consiste en llenar de plantones cualquier parcela libre y dar por terminado el trabajo.

Las ciudades tendrán que conservar y aumentar su verde

La restauración entra también en barrios, parques y calles. El proyecto plantea medidas municipales sobre más de 200 kilómetros cuadrados antes de 2030 para evitar una pérdida neta de espacios verdes y cobertura arbórea. A largo plazo, las actuaciones estratégicas alcanzarían más de 10.000 kilómetros cuadrados antes de 2050.

La legislación europea establece que, al finalizar 2030, los Estados deberán evitar una pérdida neta de superficie verde urbana y de cobertura arbórea respecto a 2024, con determinadas excepciones para las zonas que ya presenten niveles elevados. A partir de 2031 deberá registrarse una tendencia creciente tanto del espacio verde como de la cobertura de árboles.

Eso convierte parques, árboles de alineación, vegetación urbana e incluso soluciones verdes integradas en edificios en algo más que elementos estéticos. Una ciudad con más sombra vegetal puede reducir el efecto isla de calor, retener parte del agua durante lluvias intensas y ofrecer refugio a aves e insectos. El árbol de la esquina, vaya, empieza a tener bastante más currículum del que parecía.

Bruselas todavía tiene que revisar el proyecto español

Lo enviado por España es un proyecto, no el documento definitivo. Ese matiz importa. La Comisión Europea dispone de hasta seis meses desde su recepción para evaluar el plan y formular observaciones. España deberá tenerlas en cuenta y presentar después la versión definitiva dentro de los seis meses siguientes a recibirlas.

El Gobierno sitúa como fecha límite para la entrega del plan final el 1 de septiembre de 2027. A partir de ahí vendrá la parte menos vistosa y bastante más difícil: convertir superficies, porcentajes y calendarios en proyectos ejecutados, financiados y comprobables.

La preparación del documento ha incluido cuatro rondas de reuniones con cerca de 500 entidades y una consulta ciudadana desarrollada entre el 21 de enero y el 31 de marzo de 2026 que recibió 26.543 aportaciones. También participaron las comunidades y ciudades autónomas y otras administraciones con competencias ambientales.

El propio reglamento exige que los planes nacionales identifiquen las necesidades estimadas de financiación, los posibles efectos socioeconómicos, los mecanismos de seguimiento y las medidas destinadas a evitar que las zonas restauradas vuelvan a deteriorarse. Es decir, Bruselas no solo quiere hectáreas coloreadas de verde sobre un documento: pretende poder comprobar qué se restauró y qué ocurrió después.

De proteger la naturaleza a reparar lo que se perdió

El cambio de enfoque es probablemente lo más relevante del plan español. Durante décadas, buena parte de la política ambiental europea se construyó alrededor de una idea defensiva: proteger aquello que todavía conservaba valor natural. La restauración añade otra obligación, bastante más incómoda y costosa: intervenir también allí donde el deterioro ya se produjo.

Eso significa devolver espacio a determinados ríos, recuperar hábitats de especies, mejorar bosques empobrecidos, conservar polinizadores, ampliar verde urbano o reconstruir praderas submarinas. No todo podrá volver a su estado original —la naturaleza tampoco tiene botón de deshacer—, pero la legislación europea intenta que degradar deje de ser un camino de una sola dirección.

España ha puesto sobre la mesa sus primeras cifras: 9.475 kilómetros cuadrados de hábitats de interés comunitario, 288 kilómetros cuadrados marinos antes de 2030, 65 kilómetros de ríos de flujo libre, 3.241 kilómetros cuadrados de actuaciones forestales y unos 3,5 millones de árboles, entre otros objetivos. El examen de Bruselas dirá si el plan tiene suficiente músculo. Después llegará la prueba que realmente cuenta: que esos números salgan del papel y aparezcan en el territorio.