¿Cómo se vivía la violencia de género durante el franquismo?

Violencia y silencio bajo Franco: permiso marital, adulterio delito y sin divorcio. Contexto legal, cifras actuales y claves para entenderlo.

Decir que en la España de Franco hubo “cosas buenas” es falsear la historia. La violencia contra las mujeres existía, pero casi nunca encontraba salida eficaz en comisarías o juzgados. La ley las situó en régimen de dependencia civil y económica —sin divorcio, con delitos y faltas sesgados y con un “honor” masculino al que el ordenamiento concedió privilegios durante décadas—. Sí hubo denuncias, aunque escasas y desincentivadas por un sistema que priorizaba la “paz conyugal” sobre la protección de la víctima. El resultado fue un silencio estadístico que hoy algunos confunden con ausencia de maltrato. No lo fue.

El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres obliga a mirar atrás con precisión jurídica y memoria social. Bajo el franquismo, una mujer casada necesitaba el permiso del marido para la mayoría de actos civiles, no podía disolver su matrimonio, podía ir a la cárcel por adulterio y, hasta 1963, el artículo 428 del Código Penal contempló un trato atenuado para el marido que mataba o lesionaba gravemente a su esposa sorprendida “en flagrante adulterio”. En la práctica, denunciar a un agresor íntimo implicaba exponerse a la vergüenza pública, a perder sustento y, con frecuencia, a volver a casa con el problema intacto. Hoy hay leyes, juzgados especializados y rutas de salida; entonces, lo habitual era el muro.

Un andamiaje legal que las dejó sin salida

El régimen edificó una arquitectura normativa que redujo la capacidad de obrar de las mujeres, sobre todo de las casadas. El Fuero del Trabajo (1938) proclamó “liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica”, una declaración de intenciones que se tradujo en presiones explícitas e implícitas para que abandonaran el empleo asalariado. Que la esposa dependiera de la nómina del marido no era un efecto colateral: era el diseño. La Sección Femenina, bajo Pilar Primo de Rivera, difundió durante años manuales de urbanidad, cursos de formación del hogar y una moral oficial que consagraba la obediencia. La economía manda: quien no tiene recursos propios denuncia menos y puede menos.

El segundo pilar fue el Código Civil. Hasta 1975, con la Ley 14/1975, rigió la licencia marital: sin el permiso del marido, una casada tenía severamente restringidas la administración de bienes, la firma de contratos, la apertura de cuentas o el ejercicio de un empleo. La reforma del 75 no cayó del cielo; fue el desenlace de una presión social creciente y del propio deshielo político. Es importante subrayarlo porque desmonta un mito cómodo: la igualdad no fue “natural” ni inmediata con la Transición, sino una conquista paulatina.

El Código Penal (texto de 1944) añadió su propia asimetría. La penalización del adulterio recaía de modo especialmente gravoso sobre las mujeres y, en paralelo, el citado artículo 428 permitió hasta 1963 atenuar —incluso eximir en supuestos de lesiones— la responsabilidad del marido que actuaba “en defensa del honor”. Ese precepto es clave para entender el clima de época: no se trataba solo de costumbres, era Derecho positivo. En 1963 se suprimió el privilegio, pero el andamiaje simbólico quedó.

Tercera columna: no existía el divorcio. La Ley de 23 de septiembre de 1939 anuló la norma republicana y ordenó la revisión de divorcios ya concedidos. ¿Qué significaba esto para una mujer maltratada? Que la “salida” jurídica era casi inexistente: separación canónica, retornos a casa de los padres, vidas a medias. El estigma social completaba la ecuación. Y el adulterio —aún delictivo— convertía en riesgo penal el intento de rehacer la vida. El círculo se cerraba.

Denuncias en comisaría y juzgados: la realidad práctica

No había la categoría “violencia de género” tal como se entiende hoy. Las agresiones domésticas se encajaban en lesiones o faltas, y lo frecuente era que el conflicto se trivializara, se retirara o se recondujera hacia la “reconciliación”, a veces con la mediación de un párroco, a veces en el propio despacho del juez. Las órdenes de protección no existían, ni recursos de acogida, ni un sistema público de atención psicológica. La mujer que se atrevía a denunciar encontraba trabas formales y una batería de “consejos” para evitar el escándalo.

El peso del qué dirán y la autoridad de la moral oficial operaron como un segundo tribunal. Mensajes reiterados por la radio más escuchada del país —el popular consultorio de Elena Francis, con respuestas supuestamente expertas que apelaban a la paciencia, la resignación y la discreción— marcaron el tono de época. En los partes médicos, las lesiones “domésticas” podían archivarse como accidentes; en las comisarías, el relato de “cosas de familia” tenía recorrido. Hubo mujeres que insistieron, que dejaron actas, que pidieron auxilio. Pero eran islas en un océano de silencios inducidos.

El temor económico era decisivo. Con la licencia marital en vigor y sin divorcio posible, denunciar podía equivaler a perder techo e ingresos. El círculo social, además, presionaba por mantener “la honra”: madres, suegras, vecindario, confesores. La cultura del honor no era solo retórica de púlpito; se traducía en decisiones concretas sobre si acudir o no a la policía, si “dar parte”, si “aguantar por los hijos”. Por eso son pocas las estadísticas y abundantes los testimonios recogidos décadas después, cuando hubo lenguaje y espacios para contarlo.

Moral oficial y silencios: Sección Femenina, púlpito y radio

Hubo una pedagogía del sometimiento. La Sección Femenina de Falange, dirigida por Pilar Primo de Rivera, institucionalizó una idea de la mujer como madre y esposa, depositaria de las virtudes domésticas y garante del orden íntimo. Los cursos prematrimoniales y los manuales de economía doméstica no hablaban de derechos ni de autonomía; hablaban de cumplimiento del deber y de discreción. La estructura parroquial del régimen reforzó estas pautas: el confesionario funcionó como molde de conducta y como disuasor de “escándalos”.

La radio llevó ese ideario a millones de hogares. El consultorio de Elena Francis —un formato con cartas de oyentes y respuestas en clave moralizante— consolidó la receta de “salvar el matrimonio” a toda costa. Las cartas, muchas reales y otras recreadas, trazan hoy un mapa del dolor soterrado: violaciones conyugales sin nombre penal, maltrato físico que se minimizaba, humillaciones sistemáticas disfrazadas de “carácter fuerte”. Lo importante aquí es el efecto: cuando la cultura hegemónica llama “virtud” a callar, las denuncias se hunden.

No faltaron instituciones auxiliares. La Sección Femenina gestionó servicios sociales, comedores y redes de asistencia que, si bien ayudaron materialmente a familias, funcionaron también como correas de transmisión de la obediencia. Las revistas y los consultorios de la época replicaban un canon de feminidad disciplinada. La censura cerraba el triángulo: literatura, prensa y cine no podían ofrecer contrarrelatos potentes sobre emancipación, maltrato o divorcio. Sin referentes culturales ni amparo legal, denunciar era, muchas veces, una quimera.

Violencia política y sexual: la posguerra también tuvo género

La violencia contra las mujeres durante el franquismo no se limitó al ámbito doméstico. Durante la guerra y la posguerra se ejercieron castigos con sesgo de género: rapados de cabeza en plazas públicas, purga con aceite de ricino, paseos humillantes, violencia sexual como escarmiento a mujeres identificadas con el bando derrotado. La represión no fue abstracta; tuvo nombres, pueblos, fechas. En expedientes militares y civiles, y en testimonios orales, aparecen ecos de esa violencia dirigida a “corregir” la conducta femenina asociada a la República o al antifranquismo.

El aparato ideológico del régimen también dejó huella en el terreno más doloroso: la separación forzosa de hijos e hijas de presas políticas o de mujeres consideradas “desafectas”, amparada en doctrinas pseudo científicas del psiquiatra militar Antonio Vallejo-Nájera, que fabuló sobre una supuesta “degeneración marxista” transmisible. La idea de “arrancar” a los menores del entorno “tóxico” tuvo consecuencias documentadas: trayectorias vitales truncadas, identidades falsas, tutelas semiclandestinas o religiosas. No es un anexo menor: muestra cómo el régimen entendió la maternidad como terreno de disciplinamiento político.

En paralelo, el Estado mantuvo herramientas de control social de amplio espectro, como la Ley de Vagos y Maleantes (reformada en 1954 para perseguir también a homosexuales) y, después, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (1970). Estas normas no se diseñaron para “proteger” a las mujeres; se aplicaron para castigar conductas consideradas desviadas, reforzando un orden moral que las dejaba a ellas más vulnerables. En ese ecosistema, si el agresor encajaba en el molde del “cabeza de familia” proveedor, su relato gozaba de presunción de normalidad. La víctima, no.

Mitos y bulos: qué es cierto y qué no lo es

Cada 25 de noviembre reaparece el supuesto “manual de la buena esposa” con decálogos que invitan a tener la cena lista, callar y sonreír. Esa versión viral, tal como circula en redes, no es un documento oficial del franquismo, sino un montaje tardío que mezcla tópicos reales con invenciones. Conviene decirlo con claridad para no regalar munición al negacionismo. La crítica al machismo de la época no necesita bulos: basta con leer el Código Penal de 1944, las restricciones civiles previas a 1975, la criminalización del adulterio hasta 1978 o la ausencia de divorcio hasta 1981. La realidad es suficientemente dura.

Otro mito insistente: “si antes no había denuncias, sería porque no había violencia”. Es un argumento falaz. La denuncia es un indicador de acceso a derechos, no la medida total del maltrato. Sin tutela judicial efectiva, con estigma social y economía de dependencia, la mayoría de las agresiones quedan subnotificadas. Aun hoy, con juzgados especializados y campañas de sensibilización, una parte significativa de las víctimas no denuncia; pensar que bajo un régimen autoritario las mujeres “lo tendrían más fácil” para hacerlo es desconocer cómo funcionan el miedo, la dependencia económica y el descrédito institucional.

También se banaliza el alcance del artículo 428 al hablar del “crimen de honor”. No fue un mito urbano ni una ocurrencia de tertulia: estuvo vigente hasta 1963 y reflejaba un lugar común jurídico de la época, heredero de códigos europeos del siglo XIX. Su supresión no limpió, de la noche a la mañana, la mentalidad que lo sostenía. Esa inercia cultural explica por qué las mujeres siguieron tropezando con la condescendencia institucional cuando pretendían denunciar agresiones íntimas incluso después de la reforma.

Los números de hoy para entender lo de ayer

La comparación sirve para entender el pasado, no para relativizar el presente. Hoy España dispone de estadísticas oficiales y de un marco normativo robusto. El Observatorio del Consejo General del Poder Judicial registró 194.658 víctimas en procedimientos por violencia de género en 2023. Siete de cada diez denuncias las presentaron las propias afectadas; el resto proceden de atestados policiales, partes de lesiones o denuncias de familiares. La cifra impresiona, sí, pero no significa que “ahora haya más violencia”, sino que ahora sabemos más y mejor de un fenómeno que siempre estuvo ahí.

Desde 2003, año en que arranca el conteo oficial de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, el acumulado supera el millar. Cada caso tiene nombre y apellido, investigación y, en su caso, juicio. La diferencia con los años del franquismo es radical: entonces el Estado no medía ni reconocía la violencia específica contra las mujeres; ahora la nombra, la registra y la persigue. Esa distancia institucional cambia la fotografía. La Macroencuesta sobre violencia contra la mujer —la más amplia que se realiza en España— muestra además un dato incómodo: incluso hoy, una mayoría de agresiones sexuales fuera de la pareja no se denuncia y solo alrededor de una de cada cuatro víctimas de violencia en la pareja llega a la policía. Si con recursos vigentes seguimos sin captarlo todo, imagínese sin ellos.

También ha cambiado el Derecho. La Ley Orgánica 1/2004 supuso un punto de inflexión: creación de juzgados específicos, órdenes de protección integrales, medidas de alejamiento, protocolos de coordinación y una política pública estable contra la violencia machista. El Pacto de Estado (2017) dio estabilidad presupuestaria y framework común a comunidades y municipios. Y la Ley Orgánica 10/2022, centrada en la libertad sexual, reordenó los delitos contra la libertad sexual con el consentimiento como eje. La discusión técnica sobre ajustes de penas —que los ha habido— no invalida el vector principal: el consenso social y jurídico se ha movido hacia la protección de la víctima y la identificación de todas las violencias que antes ni siquiera se nombraban (acoso, control digital, agresión en contextos de ocio, explotación sexual).

En empleo y autonomía económica, el contraste también importa. El acceso masivo de las mujeres al mercado de trabajo tras la Transición, la extensión de la educación superior y la generalización de derechos laborales sin tutela marital redujeron la dependencia material que tanto pesaba en la decisión de denunciar. El Estado Social —rentas mínimas, servicios sociales, casas de acogida— añadió palancas de salida que no existían bajo el régimen. No termina la historia aquí; persisten brechas salariales, techos de cristal y cuidados no remunerados que, en contextos de violencia, siguen siendo barreras. Pero la diferencia con los cuarenta y cincuenta es abismal.

El divorcio es otro antes y después. Recuperado por ley en 1981, permitió desatar nudos que, en tiempos de Franco, eran cuerdas. Bajo la dictadura, abandonar el domicilio conyugal podía llevar al banquillo por abandono de hogar; hoy, la ruptura es un derecho regulado con garantías para la custodia, las pensiones y el uso de la vivienda familiar. Donde antes el Estado forzaba a “aguantar”, ahora proporciona —con desigualdades territoriales— salidas jurídicas y acompañamiento.

Memoria frente a la nostalgia: hechos que no se borran

A quienes sostienen que “antes no había violencia” basta recordarles la literalidad de las leyes y la cultura que las envolvía. Hubo licencia marital hasta 1975. Hubo adulterio delictivo hasta 1978. Hubo privilegio penal de honor hasta 1963. No hubo divorcio entre 1939 y 1981. Hubo un Estado que expulsó a la casada del empleo, un púlpito y una radio que predicaron la sumisión y una censura que prohibió relatos emancipadores. Y, sí, hubo mujeres que se plantaron, que dejaron constancia en atestados, que se echaron a la calle cuando pudieron. La historia real no necesita exageraciones ni bulos. Necesita —justo hoy— precisión, memoria y contexto.

Nombrar las piezas del engranaje franquista no es arqueología: explica por qué no había denuncias masivas y por qué, cuando las había, no funcionaban. Explica también la rapidez con la que, a partir de la Transición, emergieron relatos y cifras que muchos quieren interpretar como “aumento” de la violencia, cuando lo que en realidad aumentó fue el reconocimiento institucional y la posibilidad de romper el silencio. Elena Francis, Pilar Primo de Rivera, Vallejo-Nájera, el Fuero del Trabajo, el artículo 428, la Ley 14/1975, la despenalización del adulterio y la vuelta del divorcio no son notas a pie de página: son la trama de una época que definió la vida de millones de mujeres.

Nada de esto idealiza el presente. Las cifras actuales duelen y obligan. Pero sirven, sobre todo, para desmitificar: si hoy contamos víctimas es porque por fin las contamos; si hoy existen recursos es porque antes no. La nostalgia que romantiza “orden” y “valores” olvida que aquel orden les exigía a ellas pagar un precio desorbitado: callar. Frente a la consigna de “no hagas escándalo”, el periodismo y el Estado democrático ofrecen otra: verdad, protección y justicia. Esa, y no otra, es la línea que separa el pasado que fue del país que, con todas sus imperfecciones, se ha dado instrumentos para que una mujer pueda decir basta y ser escuchada.