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¿Sirve de algo el Día contra la Violencia de Género?

El 25 de noviembre no nació para una conmemoración vacía. Es la fecha en la que los Estados, los servicios públicos y la ciudadanía miran de frente la violencia contra las mujeres y miden —sin excusas— qué funciona y qué no.

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Día contra la Violencia de Género

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25N con datos: origen, cifras en España y en el mundo, medidas eficaces, fallos que persisten y pasos urgentes para proteger a las víctimas.

El 25 de noviembre no nació para una conmemoración vacía. Es la fecha en la que los Estados, los servicios públicos y la ciudadanía miran de frente la violencia contra las mujeres y miden —sin excusas— qué funciona y qué no. Hoy, 25 de noviembre de 2025, el balance en España deja una imagen con luces y sombras: 38 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año (datos cerrados a mediados de noviembre), 1.333 desde 2003 y 20 menores huérfanos en 2025. Las cifras hablan por sí mismas: hay avances innegables en prevención y atención, pero la violencia machista sigue matando y dejando huella en miles de vidas.

A escala global el panorama continúa siendo duro. La violencia de pareja y otros feminicidios no se han erradicado; la tendencia desciende a un ritmo demasiado lento, con estancamientos periódicos. Se sigue repitiendo un dato estructural que no admite maquillajes: casi una de cada tres mujeres sufrirá violencia física y/o sexual a lo largo de su vida. En paralelo, los organismos internacionales alertan de una constante que hiela: cada día son asesinadas en el mundo decenas de mujeres y niñas a manos de su pareja, expareja o familiares. El hogar, que debería ser refugio, continúa siendo un lugar de riesgo para millones de ellas. Con este marco, el 25N sirve para revisar la utilidad pública de las políticas y para exigir su despliegue los 365 días del año.

25N: origen, sentido y utilidad pública

El 25 de noviembre remite a un crimen político que sacudió a América Latina. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las hermanas Mirabal, fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por sicarios del régimen de Rafael Trujillo en República Dominicana. Aquella ejecución se transformó en símbolo. Primero, el movimiento feminista latinoamericano fijó la fecha como jornada de denuncia. En 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas la proclamó oficialmente como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No fue un gesto cosmético, sino una decisión política: reconocer la violencia machista como un problema de derechos humanos que exige prevención, atención, sanción y reparación.

Para qué sirve el 25N hoy, en 2025. Para recordar el origen y, sobre todo, para evaluar compromisos. ¿Se atiende mejor a las víctimas que hace cinco, diez o veinte años? ¿Se investiga con rigor y se protegen a los menores? ¿Se sostiene el presupuesto y se coordinan los servicios? El día es útil cuando se traduce en leyes aplicadas, presupuestos ejecutados, equipos formados y datos de calidad. De lo contrario, se queda en una liturgia que siempre llega tarde.

España 2025: radiografía y contexto

España cuenta con una serie histórica que permite un análisis serio. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirma 38 asesinatos por violencia de género en 2025 hasta el 17 de noviembre y 1.333 desde 2003. El año 2023 cerró con 55 víctimas mortales y 2024 con 47/48 (la revisión de casos pendientes ajustó el cómputo en meses posteriores). El goteo no es lineal; hay repuntes tras periodos de aparente descompresión. La lectura responsable es doble: los sistemas de detección y protección alcanzan a más mujeres que antes, pero persisten fallas de coordinación y valoración del riesgo que, en algunos casos, terminan en tragedia.

Los indicadores cualitativos completan la foto. La mayor parte de los asesinatos se producen en el ámbito doméstico, con la pareja o expareja como agresor. El momento de la ruptura o la convivencia en tensión sigue siendo un factor crítico. El tramo de 41 a 50 años concentra muchos casos, aunque no hay un perfil único de víctima; tampoco de agresor. Y, de nuevo, los menores aparecen no solo como víctimas indirectas: desde 2013 el Estado contabiliza a niños y niñas asesinados en el contexto de violencia de género, y en 2025 se añaden decenas de huérfanos cuya protección y acompañamiento deben ser inmediatos, sostenidos y específicos.

La red de atención también ofrece señales. El 016, que no deja rastro en factura, y el WhatsApp 600 000 016, complementados por la web y la atención por correo, registran un volumen alto de consultas. En el primer semestre de 2025 se atendieron más de 59.000 demandas de información, asesoramiento o intervención. Estas cifras no equivalen, por sí solas, a “más violencia”. En muchos casos indican mayor confianza en el sistema y mejor acceso a los recursos. Conviene no confundir niveles de uso con prevalencia, pero tampoco minimizar lo que revelan: mujeres que piden ayuda, entornos que llaman, profesionales que derivan.

016: demanda de ayuda y capacidad de respuesta

El 016 funciona como termómetro de activación del sistema. La combinación de teléfono, mensajería instantánea y asesoramiento jurídico y psicológico permite llegar a víctimas, familiares y amistades. A mayor difusión, más entradas; a mayor formación de profesionales de sanidad, educación, servicios sociales, policía y justicia, más derivaciones. Este año el servicio mantiene una media diaria elevada y una derivación ágil hacia recursos autonómicos y municipales. La clave ya no es solo atender, sino acompañar y sostener en el tiempo, con especial foco en violencia sexual, violencia económica y control coercitivo, dimensiones que el sistema aborda cada vez con mayor precisión.

Pulseras y sistema COMETA: protección que se comprueba

Las pulseras telemáticas integradas en el sistema COMETA —que vigilan el cumplimiento de órdenes de alejamiento— superan las 4.700 activas. Cuando un agresor se aproxima a la zona prohibida, salta la alarma y se registran las coordenadas. En noviembre se comunicó una incidencia puntual de acceso a la aplicación de gestión, sin impacto en los dispositivos de víctima ni en los botones de emergencia. Es tecnología sensible: si falla, aunque sea un rato, se resiente la confianza; cuando funciona, salva vidas y documenta quebrantamientos que acaban en sanciones. La expansión de estos dispositivos desde 2018 ha sido sostenida y su valor probatorio ante los juzgados, creciente.

Europa y el mundo: magnitud y evolución

La nueva encuesta europea sobre violencia contra las mujeres, impulsada por Eurostat, la FRA y el EIGE y cerrada recientemente, confirma una prevalencia alta y persistente en la Unión Europea. El dato grueso, repetido en distintas mediciones, sitúa a alrededor del 30% de las mujeres europeas con experiencias de violencia física y/o sexual en algún momento de su vida adulta. Se consolida, además, un capítulo que no era tan visible hace una década: acoso, acecho y ciberviolencia, incluidos el control digital y la difusión no consentida de imágenes íntimas. Ese universo requiere marcos legales y recursos técnicos específicos que no se resuelven con campañas genéricas.

En el plano global, la Organización Mundial de la Salud y ONU Mujeres dibujan un escenario que apenas se mueve: la prevalencia cae, sí, pero demasiado despacio para marcar diferencias en una generación. Se repite una constante: el ámbito familiar concentra buena parte de los feminicidios del planeta. Las regiones muestran patrones distintos —más asesinatos absolutos en África, un peso notable en América, ratios particularizadas en Europa—, pero la conclusión es transversal: sin prevención temprana, acrecentamiento de la autonomía económica de las mujeres y sistemas judiciales accesibles y eficaces, la curva no doblega. El 25N recuerda, también, esa dimensión internacional que España no debe perder de vista: cooperación, intercambio de buenas prácticas y enfoque de derechos humanos.

Políticas que han dejado huella

España cuenta con una arquitectura legislativa reconocida fuera de sus fronteras. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue un punto de inflexión al definir la violencia de género, articular prevención, atención, protección y sanción y ordenar la coordinación interinstitucional. A ella se suma el Convenio de Estambul (Consejo de Europa), en vigor en España desde 2014, que eleva los estándares y exige evaluaciones periódicas. En 2017, el país dio otro paso con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ha canalizado financiación a comunidades autónomas y ayuntamientos para reforzar recursos, formación y prevención.

La novedad política de este año es la renovación del Pacto de Estado en 2025, con un catálogo ampliado —en torno a 461 medidas— que integra de forma expresa la violencia vicaria, la violencia económica y la violencia digital, refuerza la atención a los huérfanos y acelera la transparencia de los datos. Este compromiso presupuestario, si se ejecuta con rigor, permite blindar casas de acogida, equipos psicológicos, puntos de atención 24/7 y programas de intervención con agresores. No es casualidad: los tramos en los que baja la letalidad suelen coincidir con periodos en los que las plantillas están estables, las derivaciones funcionan y los recursos municipales tienen combustible.

El marco europeo acompaña. En 2024 la Unión Europea aprobó su primera Directiva específica contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica. Tipifica conductas como el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina y la difusión no consentida de imágenes íntimas, fija estándares mínimos de protección y refuerza los derechos procesales de las víctimas. España debe transponer la norma antes del 14 de junio de 2027. Es una ventana de oportunidad para ordenar procedimientos, homogeneizar medidas de protección y actualizar la respuesta frente a la ciberviolencia sin perder garantías.

Un capítulo aparte merecen los sistemas de información. El avance estadístico de los últimos años, con fichas que incorporan variables como denuncia previa, medidas en vigor, convivencia, quebrantamientos o contexto de ruptura, ha mejorado el diagnóstico. España, además, amplió el conteo para visibilizar los feminicidios fuera de la pareja (ámbito familiar, social y sexual), un reclamo histórico para comprender la magnitud real. Sin números finos es imposible priorizar, redirigir recursos y corregir protocolos.

Lo que falta por ajustar

No todo depende de grandes titulares legislativos. La prevención necesita capas complementarias. La primera, detección temprana: equipos de Atención Primaria, salud mental, urgen­cias y ginecología formados para identificar señales de control, coacción, violencia sexual y agresiones psicológicas que preceden a la física. Los institutos y universidades son otro frente clave para trabajar relaciones sanas, consentimiento y competencias digitales que corten de raíz la escalada del acoso online. La segunda, autonomía económica: sin empleo, vivienda y apoyos económicos adecuados, muchas mujeres no pueden romper con el agresor; el resultado es conocido. La tercera, territorio: en zonas rurales las distancias y el anonimato dificultan pedir ayuda y sostener terapias. No basta con replicar medidas urbanas; hay que diseñar recursos pensados para la baja densidad, con equipos itinerantes y teleatención segura.

El sistema judicial y policial tiene tareas nítidas. El porcentaje de víctimas mortales con denuncia previa en algunos tramos obliga a revisar algoritmos y protocolos de valoración del riesgo, y a reforzar formación especializada. Una orden de protección ha de acompañarse, de forma real y no solo en papel, de medidas materiales: alojamiento, apoyo psicológico, acompañamiento a juzgados, dispositivos telemáticos cuando proceda y seguimiento activo. El quebrantamiento de una medida no puede degradarse a incidencia administrativa: requiere respuesta rápida, proporcional y efectiva que proteja a la víctima y desincentive la reincidencia.

La tecnología —pulseras, apps, comunicación segura— debe consolidar redundancias para que las incidencias puntuales no generen agujeros de protección. La confianza se construye con transparencia: auditorías técnicas, protocolos claros y comunicación verificada cuando ocurre un fallo. A la vez, hay que sostener la formación de las y los profesionales que operan esos sistemas y la evaluación externa de su eficacia, incorporando los testimonios de las usuarias de forma sistemática.

La financiación es otro eje sensible. El Pacto de Estado inyecta fondos a comunidades y ayuntamientos, pero hay desigualdades en ejecución y ritmo de gasto. Algunos municipios, especialmente los pequeños, tienen dificultades para tramitar y consolidar equipos. Este cuello de botella se resuelve con asistencia técnica, plazos realistas y planes plurianuales que impidan el parón cuando termina un contrato o una subvención. De nuevo, no se trata solo de más dinero, sino de gastar bien y a tiempo.

Queda, por último, un frente cultural que no es abstracto. La violencia vicaria —el daño a los hijos e hijas para castigar a la madre— ha obligado a reordenar regímenes de visitas y custodias cuando hay violencia. La violencia digital exige equipos capaces de retirar contenidos, rastrear a los responsables y proteger a las víctimas con medidas cautelares eficaces. Y la violencia sexual necesita circuitos integrales de atención —médica, psicológica y jurídica— que eviten la revictimización y aceleren la prueba forense.

Un día para medirnos con los hechos

Este 25N no pide consignas brillantes, pide resultados. España dispone de una ley integral, un pacto renovado, el Convenio de Estambul plenamente vigente, la Directiva europea de 2024 por transponer con ambición, una red 016 que no para y miles de profesionales que sostienen la primera línea en juzgados, comisarías, centros de salud, servicios sociales y colegios. Aun así, el conteo de 2025 —38 asesinatos confirmados hasta hoy, 1.333 desde 2003, 20 menores huérfanos— recuerda que ningún sistema es infalible ni está terminado.

El camino está trazado y no es retórico. Menos fallos de coordinación, mejor valoración del riesgo, recursos estables, protección redundante, ejecución presupuestaria sin retrasos y datos abiertos que permitan corregir a tiempo. Si algo ha demostrado la experiencia es que cuando estos engranajes funcionan en simultáneo, la letalidad desciende y las salidas se multiplican. No hay atajos ni milagros. Hay constancia, revisión y política pública con nombres y apellidos.

Y un recordatorio práctico que salva vidas: 016 (atención 24/7, no aparece en la factura), WhatsApp 600 000 016, 112 para emergencias y AlertCops como canal discreto. Pueden usarlos las víctimas y su entorno. A veces la diferencia entre una estadística y una vida está en una llamada a tiempo.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.