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¿Quién es Teresa Peramato y cómo será su nombramiento?
El Gobierno ha propuesto este martes, 25 de noviembre de 2025, a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado.

Foto de Montserrat Boix, CC BY-SA 4.0.
Teresa Peramato, propuesta para fiscal general: perfil, trámites y prioridades con foco en violencia de género, política criminal y justicia.
El Gobierno ha propuesto este martes, 25 de noviembre de 2025, a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado. La elección llega tras días de máxima tensión en la cúpula del Ministerio Fiscal y abre un proceso reglado, con tiempos relativamente breves, para convertir la propuesta en un nombramiento efectivo. El itinerario es conocido: informe del Consejo General del Poder Judicial (preceptivo y no vinculante), comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso, real decreto a propuesta del Consejo de Ministros, firma por el Rey y publicación en el Boletín Oficial del Estado, con la consiguiente jura o promesa del cargo y la toma de posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo. Si las agendas institucionales encajan, el relevo puede materializarse en pocos días.
El perfil de Peramato explica la rapidez con la que su nombre se ha situado en la primera línea. Con más de tres décadas de carrera, ha ejercido como fiscal de Sala y ha dirigido áreas de relevancia en la Fiscalía del Tribunal Supremo, con una especial dedicación a la lucha contra la violencia de género y a la mejora de la respuesta a las víctimas. Su trayectoria combina experiencia de gestión, solvencia técnica y un discurso muy asentado sobre la perspectiva de género en la política criminal. No es un rostro nuevo para la plantilla fiscal ni para los operadores jurídicos. Es, sobre todo, una jurista que llega al escaparate principal con un bagaje que pesa.
Perfil y trayectoria de Teresa Peramato
Peramato nació en Salamanca, cursó Derecho y se incorporó a la carrera fiscal a finales de los años ochenta, en una generación marcada por la profesionalización acelerada del Ministerio Fiscal y por la implantación de nuevas jurisdicciones y especialidades. Tras sus primeros destinos, fue asentando un perfil penalista sólido. Con los años, su nombre empezó a asociarse con equipos que empujaban cambios técnicos de calado: mejor coordinación con cuerpos policiales, protocolos para la prueba preconstituida en delitos sexuales, refuerzo de la detección temprana del riesgo y formación específica para operadores jurídicos. Esa mirada, eminentemente práctica, no se quedaba en los titulares: bajaba al detalle de cómo interrogar a una víctima sin revictimizarla, cuándo activar mecanismos de protección y cómo homogeneizar criterios para que el territorio no se convirtiera en una lotería.
En 2021 dio un salto cualitativo al asumir la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, desde la que consolidó líneas de trabajo muy concretas: guías de actuación para casos de violencia vicaria, pautas de coordinación con servicios sociales y sanitarios, y un diálogo estable con Interior para cruzar datos de reincidencia y mejorar la supervisión de agresores de alto riesgo. Ya entonces, su nombre circulaba como el de una fiscal con autoridad para tejer consensos internos y, llegado el caso, marcar criterio. Ese recorrido la situó después en la Sección Penal de la Fiscalía del Supremo, una jefatura de alto voltaje donde se lidia con macrocausas, recursos de casación delicados y la necesidad constante de coordinar criterios con las fiscalías territoriales y especializadas.
Nada de eso se improvisa. Su expediente, con publicaciones, ponencias y dirección de equipos, la acredita también en la dimensión pedagógica de la función: explicar por qué un archivo es correcto, por qué una acusación se sostiene o por qué un cambio de criterio es obligado tras una sentencia relevante. En un contexto donde la comunicación institucional resulta decisiva —sin sobreactuaciones—, esa habilidad añade valor a un despacho que vive bajo escrutinio permanente.
Especialización en violencia de género
La pieza que más define el nombre de Teresa Peramato es su trabajo en violencia de género, y no tanto por las declaraciones públicas —comedidas y técnicas— como por el rastro de medidas implantadas. La extensión de la prueba preconstituida en delitos sexuales, el uso más afinado de valoraciones forenses de riesgo, la mejora de la interoperabilidad entre sistemas policiales y judiciales o la insistencia en reducir la revictimización en sala forman parte de su agenda conocida. También el diseño de circuitos para avisar a una víctima cuando un agresor reincidente cambia de residencia o pareja, un detalle operativo que evita sorpresas fatales. Esos ajustes, aparentemente menores, son los que convierten una política criminal en resultados medibles.
El simbolismo de la fecha de su propuesta —un 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer— no es casual en términos de conversación pública. Pero el expediente va más allá de la efeméride. En fiscalías donde se aplicaron sus pautas, se ha observado una reducción de tiempos muertos entre denuncia y medidas cautelares, así como una mayor calidad de la prueba en juicio, con menos repetición innecesaria de testimonios y una preparación más cuidadosa de las periciales. La apuesta por un lenguaje claro, sin merma de precisión jurídica, y por la coordinación interinstitucional ha sido su marca de fábrica.
Qué cambia en la Fiscalía General con su llegada
La Fiscalía General del Estado dirige una institución de casi dos mil fiscales, con especialidades que van de la delincuencia económica y medioambiental a la criminalidad informática, la jurisdicción de menores o la siniestralidad laboral. Quien se sienta en el despacho de Fortuny no instruye personalmente causas, pero marca prioridades, emite circulares e instrucciones, coordina criterios con las fiscalías de Sala y territoriales y, en definitiva, fija el marco de una política criminal que debe ser técnica, coherente y previsible. Ese equilibrio —autonomía frente a la política y unidad de criterio sin asfixia— es la esencia del cargo.
Con Peramato al frente, cabe anticipar continuidad en varios ejes: impulso a los delitos de violencia contra la mujer y violencia sexual, atención a las macrocausas económicas con ramificaciones internacionales y mayor coordinación con la Fiscalía Europea en materia de fraude financiero y fondos comunitarios. También un foco creciente en delincuencia digital —estafas masivas, sextorsión, delitos de odio—, un terreno donde la formación interna y la colaboración con unidades especializadas de Policía Nacional y Guardia Civil son determinantes. La experiencia de Sala permite manejar la maquinaria con conocimiento fino de las tensiones: homogeneizar criterios sin borrar la autonomía técnica del fiscal que firma, y exigir una motivación rigurosa cuando los criterios divergen.
Hay además un desafío interno que no se resuelve con una circular: recomponer confianzas tras meses convulsos, estabilizar equipos y asentar un estilo de mando que combine escucha, claridad doctrinal y capacidad de decisión. La Fiscalía no es un ministerio: su autoridad reposa tanto en la norma como en la legitimidad técnica que reconocen los propios fiscales. En ese ecosistema, las señales cuentan. Se espera un inicio de mandato con reuniones de alto nivel, actualizaciones de instrucciones, un mapa de prioridades y un calendario de formación especializada que apunte a las áreas más sensibles.
Independencia y procedimiento de nombramiento
El nombramiento de la fiscal general es un acto jurídico y político a la vez. La Constitución y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal marcan las reglas: el Gobierno propone, el CGPJ emite un informe no vinculante, el Congreso examina la idoneidad en la Comisión de Justicia y, con ese recorrido completado, el Consejo de Ministros eleva el real decreto para su firma por el Rey. A partir de la publicación en el BOE, el nombramiento surte efectos. Duración del mandato: cuatro años, salvo causas de cese previstas en la ley (dimisión, incapacidad, pérdida de requisitos, etc.). Entre el acto de jura o promesa y la toma de posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo suele mediar un margen muy breve.
La discusión sobre la independencia reaparece en cada designación. El informe del CGPJ, aun no siendo vinculante, importa por su valor técnico y por el mensaje que envía a la carrera judicial y fiscal. La comparecencia en el Congreso tampoco es una investidura, pero es un examen público exigente. Quien acude sabe que tendrá que responder por su visión de la autonomía del Ministerio Fiscal, su entendimiento del principio de legalidad, la relación con el Gobierno y el respeto a los criterios especializados. La experiencia muestra que la independencia no se proclama: se practica día a día, motivando cada instrucción y sosteniendo decisiones impopulares cuando la letra de la ley no ofrece atajos.
Conviene subrayar una precisión que suele perderse en el ruido: el informe del CGPJ es preceptivo, es decir, debe recabarse siempre, pero no condiciona jurídicamente el nombramiento. El equilibrio institucional está en otra parte: en la calidad del expediente del candidato, en la franqueza de la comparecencia y en la práctica posterior del cargo. Ese es el terreno donde Peramato se jugará la credibilidad: respetar la técnica, blindar los procedimientos y comunicar con mesura.
Antecedentes y contexto político-judicial
La propuesta de Teresa Peramato llega tras la renuncia de Álvaro García Ortiz, un final abrupto marcado por una sentencia que le inhabilita durante un periodo determinado por revelación de secretos. La salida forzó un interregno en el que la fiscal de Sala Ángeles Sánchez Conde asumió las funciones de forma provisional, garantizando la continuidad operativa mientras el Gobierno activaba el relevo. Ese “mientras tanto” no es baladí: la Fiscalía no se detiene, y los equipos de Sala y territoriales siguieron tramitando asuntos de máximo interés con normalidad institucional.
El contexto, además, venía cargado de controversias y de una polarización que roza —o supera— la línea de flotación del debate jurídico. Es en momentos así cuando más cuenta la estabilidad de criterio y la capacidad del liderazgo para —sin estridencias— volver a anclar la casa en su manual: legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica con autonomía funcional. No se trata de eslóganes, sino de principios que, cuando se aplican bien, resisten el desgaste de las olas políticas.
En ese ambiente, la candidatura de Peramato se interpreta también como un mensaje: continuidad en lo técnico donde funciona, ajustes donde haga falta y una prioridad clara en materia de protección de víctimas. No es únicamente una cuestión de biografía profesional; es una agenda reconocible que, sin necesidad de promesas grandilocuentes, orienta recursos, formación y prioridades hacia los puntos de mayor impacto social.
Hitos inmediatos y una agenda exigente
Lo que viene está muy pautado. Primero, el informe del CGPJ sobre los méritos de la candidata. Después, la comparecencia en la Comisión de Justicia para evaluar su idoneidad. Cumplidos ambos hitos, el Consejo de Ministros aprueba el real decreto de nombramiento, que firma Felipe VI y se publica en el BOE. Con ello, Teresa Peramato jurará o prometerá el cargo y asumirá plenamente la jefatura del Ministerio Fiscal. A partir de ese momento, la nueva fiscal general afrontará una cartera repleta de frentes: homogeneización de criterios entre fiscalías territoriales, coordinación con la Fiscalía Europea, respuesta penal a la criminalidad económica compleja, refuerzo de los equipos que combaten delitos informáticos y actualización de las instrucciones sobre violencia de género y violencia sexual para consolidar buenas prácticas.
Habrá que mirar también a la gestión interna: cubrir vacantes estratégicas, estabilizar equipos y recuperar inercias de trabajo que el ruido mediático erosiona. La modernización tecnológica —expedientes íntegramente digitales, mejores herramientas de análisis de datos, interoperabilidad con juzgados y fuerzas de seguridad— no es un asunto menor, y el liderazgo de la Fiscalía puede acelerar su adopción. En paralelo, se espera un pulso firme frente a la disparidad de criterios que a veces aflora entre territorios: no por disciplina ciega, sino por seguridad jurídica y confianza ciudadana. Cuando dos casos idénticos obtienen respuestas opuestas por diferencias evitables, se resiente la legitimidad del sistema.
En violencia de género, se da por hecho un impulso a medidas muy específicas: protocolos de valoración del riesgo más finos, refuerzo de la formación para fiscales y peritos en delitos sexuales, seguimiento estrecho de los maltratadores reincidentes y una atención aún más rigurosa a la revictimización. Es probable que se consoliden guías para pruebas periciales sensibles y se insista en la coordinación con servicios sociales y sanidad para no dejar huecos en el trayecto de una víctima desde la denuncia hasta el juicio. Son decisiones que no hacen ruido, pero suman protección real.
El terreno de los delitos económicos seguirá exigiendo músculo: causas con tramas societarias, estructuras offshore, blanqueo de capitales y corrupción de alta complejidad probatoria. Aquí, la cooperación internacional, la pericia financiera y la colaboración con unidades de investigación son la clave. Con Peramato, que llega desde la Sección Penal de la Fiscalía del Supremo, se espera una relación estrecha con fiscales de Sala y jefaturas territoriales para matizar instrucciones cuando la casuística lo imponga, siempre con motivación jurídica y sin discursos de brocha gorda.
Queda un punto sensible: la comunicación institucional. El Ministerio Fiscal no compite en titulares, pero sí debe explicar sus decisiones sin hermetismos improductivos. Un lenguaje claro y preciso, con datos y motivaciones accesibles, rebaja la fiebre del comentario y eleva el nivel del debate. En esa tarea, la nueva fiscal general parte con ventaja: acostumbrada a traducir tecnicismos, sabe que una explicación nítida evita muchas malinterpretaciones. No es cuestión de marketing, sino de servicio público.
La expectativa, a corto plazo, es un mandato que retorne a la normalidad técnica tras meses ásperos y que, sin estridencias, coloque de nuevo a la Fiscalía General del Estado en su coordenada natural: garantizar la legalidad y defender el interés público con criterios de coherencia y profesionalidad. El resto —los gestos, la liturgia— acompañará. Pero lo determinante se jugará, como casi siempre, en cómo se escriben las instrucciones, se sostienen las acusaciones y se motivan las decisiones que afectan a casos concretos y personas de carne y hueso. Porque ahí, en esa arena, es donde se reconoce de verdad a una fiscal general.












