¿Por qué los vecinos de la Horta Sud reclaman 58 millones?

418 afectados de l’Horta Sud reclaman 58 millones a Generalitat y CHJ por la riada: quién pagaría, plazos y obras clave tras el 29-O y costes

La reclamación ya está sobre la mesa y con nombres y apellidos. 418 personas de l’Horta Sud exigen 58 millones de euros a dos administraciones: la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El escrito de responsabilidad patrimonial cita daños personales y materiales y les atribuye fallos de prevención, alerta y mantenimiento de cauces que habrían agravado una inundación que la ciencia y los planes de riesgo llevan décadas dibujando. Jurídicamente, el camino es nítido: se ha abierto un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial y ambas instituciones disponen de seis meses para resolver. Si no lo hacen —o si desestiman—, el caso saltará a la jurisdicción contencioso-administrativa, donde un juez podrá fijar quién paga y cuánto, incluso de forma solidaria.

En esa respuesta, que no será inmediata, está la clave. El pago —si lo hay— saldrá de los presupuestos públicos de las administraciones declaradas responsables, descontando ayudas ya abonadas o coberturas del Consorcio de Compensación de Seguros y pólizas privadas. La reclamación no pretende duplicar indemnizaciones: busca cubrir el perjuicio no resarcido y reconocer una responsabilidad institucional por una cadena de decisiones y omisiones. Tras un año de informes, peritajes y duelo, el expediente abre la puerta a una reparación integral y, sobre todo, a una depuración técnica de lo ocurrido el 29 de octubre de 2024 en la llanura al sur de València.

Qué se reclama y en qué punto está el expediente

La plataforma de afectados ha formalizado 418 reclamaciones —agrupadas en un solo frente— que sumarán 58 millones si prosperan íntegramente. Ahí aparecen indemnizaciones por fallecimientos y lesiones, pero también por viviendas y garajes anegados, vehículos siniestrados, comercios paralizados, naves industriales y maquinaria arruinadas, cultivos perdidos y redes de riego colapsadas. En el relato técnico, el rastro del agua atraviesa la Rambla del Poyo y su red de afluentes y acequias; en el jurídico, se ancla en un marco muy concreto: responsabilidad patrimonial por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

El procedimiento arranca en la vía administrativa. Plazo para resolver: seis meses. Si no hay resolución expresa, opera el silencio desestimatorio y queda libre el recurso contencioso-administrativo. Plazo para reclamar: en términos generales, un año desde el hecho dañoso o desde la estabilización de secuelas. Efecto práctico: el caso entra en una cuenta atrás muy conocida por las asesorías jurídicas públicas. A partir de aquí, la discusión será pericial y documental: ¿qué intensidad y distribución real tuvo la lluvia? ¿qué caudales circularon por cada cauce? ¿qué avisos se emitieron y cuándo? ¿qué obras estaban proyectadas o en mantenimiento? ¿qué planes existían y cómo se activaron? Los informes responderán con mapas, series temporales y cronologías, no con eslóganes.

Cómo se construye la responsabilidad: leyes, deberes y límites

La responsabilidad patrimonial no es un invento de laboratorio ni un comodín. La Constitución reconoce el derecho a ser indemnizado por los daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos y la Ley 40/2015 lo desarrolla: daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado; relación de causalidad con la actividad administrativa; y ausencia de fuerza mayor. No se discute si llovió mucho —llovió muchísimo— sino si las administraciones cumplieron el estándar de diligencia que les corresponde en alerta temprana, conservación de cauces, planificación hidráulica y gestión de la emergencia.

En este caso, la Generalitat posee competencias en protección civil, ordenación del territorio y coordinación de emergencias, mientras que la CHJ gestiona el dominio público hidráulico de la demarcación del Júcar: cauces, autorizaciones, obras, explotación de sistemas y vigilancia de caudales. La reclamación se dirige contra ambas para evitar un vacío por conflictos de competencia. Si el tribunal aprecia concurrencia de culpas, puede repartir la factura; si decide que una sola administración incumplió su deber, apalancará sobre esa el pago. También puede concluir que el daño deriva de fuerza mayor y exonerar a ambas. Ese es el abanico realista.

El punto crítico se llamará previsibilidad. Un evento extremo no se vuelve indemnizable por sí solo; lo es si existían riesgos identificados, obras programadas y no ejecutadas sin causa, cauces con capacidad evidente insuficiente o sistemas de alerta que no funcionaron como debían. La fuerza mayor —la gran eximente— requiere imprevisibilidad e inevitabilidad. Y esa frontera, conviene decirlo, no se traza en tertulias: la dibujan hidrólogos, meteorólogos, ingenieros y registros de campo.

Lo que pasó aquel 29-O: de los barrancos a las calles

La cronología ya no es un borrador. El 29 de octubre de 2024 un tren de tormentas descargó con picos torrenciales en áreas del interior y sur de la provincia de València. La Rambla del Poyo, gran colector natural de l’Horta Sud, recibió avenidas súbitas alimentadas por afluentes como el Horteta y el Gallego. Localidades como Paiporta, Catarroja, Sedaví, Picanya o Benetússer vieron cómo el agua irrumpía a velocidades que dejaban escaso margen de reacción. Se formaron frentes de inundación con varios metros de altura en puntos bajos, arrastrando vehículos, anegando plantas bajas y sótanos, colapsando talleres y comercios.

El balance humano impactó al país entero: más de dos centenares de fallecidos en la Comunitat y su entorno, con concentraciones particularmente severas en l’Horta Sud. En calles y portales, en urbanizaciones y polígonos, quedó una cartografía cruda del riesgo que los técnicos llevaban tiempo señalando: la llanura urbana conquistó viejas zonas de inundación y los cauces secundarios —canalizados en tramos, ahogados por obstáculos o con secciones insuficientes— se convirtieron en lanzaderas de agua y lodo. Se entendió de golpe lo que significan metros por segundo en velocidad de flujo, y por qué una alerta 30 minutos antes cambia el destino de una planta baja.

Ese día, los sistemas de aviso fueron y serán materia de interrogatorio. Qué datos llegaron, a qué hora, quién los interpretó, cómo se comunicaron a la población. No se discutirán sensaciones, se reconstruirá un minuto a minuto con correos, mensajes, actas, log de sensores y llamadas. Paralelamente, los peritajes evaluarán el estado de cauces y barrancos, las obras pendientes de laminación o ensanche, los puntos negros donde el agua se encajonó o “saltó” a través de conexiones improvisadas con la red urbana.

Indemnizaciones, seguros y Consorcio: el puzle del dinero

Una cifra de 58 millones no surge de la nada. Equivale a centenares de expedientes con daños muy distintos. Una parte ya la han cubierto pólizas privadas y el Consorcio de Compensación de Seguros, que responde a fenómenos extraordinarios. ¿Qué se discute entonces? El tramo de daño que no cubrieron esas pólizas y que los afectados atribuyen a mal funcionamiento del servicio público. El esquema jurídico permite que, si una sentencia declara responsable a una administración, aseguradoras o el propio Consorcio repitan contra ella para recuperar lo abonado en exceso si se acredita ese nexo causal. No hay doble pago: hay asunción final por quien corresponda.

En el agro y el regadío, l’Horta Sud sufrió golpes quirúrgicos en azudes, derivaciones y tramos iniciales de canales, especialmente tras el desbordamiento de la Rambla del Poyo. Comunidades de regantes describen daños estructurales que hicieron inoperantes sistemas enteros durante meses, pasando la factura a cosechas y contratos. En polígonos y comercios, la pérdida fue doble: equipos y existencias a la basura y parón de actividad con plantillas que en muchos casos acabaron en ERTE de emergencia. Pequeños talleres y tiendas de barrio soportaron el impacto más desnudo: semanas cerrados, préstamos improvisados, clientes perdidos.

Ayudas públicas autonómicas y estatales llegaron a distinta velocidad y con tramos que no siempre encajaron con la realidad de cada expediente. La reclamación deja claro que esas subvenciones no impiden pedir la responsabilidad patrimonial; si el juez fija una cantidad, se descontará lo ya cobrado por el mismo concepto. El resultado final, si el pleito prospera, será una compensación neta que rellene el hueco que quedó entre ayudas y seguros.

Dónde encajan —y dónde no— las cuentas públicas

Cuando una administración pierde un pleito de esta naturaleza, paga con dinero público y, si fuera el caso, pacta con el resto de partes el prorrateo según el grado de responsabilidad que marque la sentencia. Las intervenciones y finanzas autonómicas y estatales conocen el protocolo: consignaciones presupuestarias, fondos de contingencia y, si hace falta, modificaciones para atender a una condena. Para el ciudadano damnificado, esta parte es invisible; para el contribuyente, no debería serlo. De ahí que la prevención salga siempre más barata que la reparación.

Calendario realista y escenarios en el juzgado

Hay tres horizontes sobre la mesa. Primero, el administrativo: seis meses para que Generalitat y CHJ resuelvan. Pueden estimar parcialmente, desestimar o guardar silencio (que equivale a no). Segundo, el contencioso: el caso entraría en un juzgado que abriría periodo probatorio largo, con peritos cruzando modelos hidráulicos, precipitaciones, caudales, inventarios y cronologías de aviso. Tercero, un posible acuerdo: aunque inusual en asuntos con tantas aristas técnicas y políticas, no es imposible que, antes o durante el litigio, se pacten indemnizaciones si las administraciones asumen algún grado de responsabilidad.

Escenario A: el tribunal aprecia fuerza mayor y no asigna responsabilidad. Resultado: las ayudas y seguros quedan como vía de reparación y no habrá pago adicional con cargo a presupuestos.

Escenario B: el tribunal reconoce responsabilidad parcial. Se fija una indemnización global o por bloques y se reparten porcentajes entre Generalitat y CHJ, según fallos detectados. Aquí encajan sentencias que penalizan retrasos de aviso, mantenimiento insuficiente en tramos concretos, obras no ejecutadas clave o planificación desfasada.

Escenario C: el tribunal declara una responsabilidad amplia. Entra la factura completa de 58 millones (o la que resulte del juicio) y se paga solidariamente por ambas administraciones. Es el supuesto menos frecuente en desastres naturales con eventos extremos, pero no es inaudito si la cadena de negligencias está bien probada.

Obras pendientes y mantenimiento: el talón de Aquiles del Poyo

La Rambla del Poyo es el gran embudo hidráulico de la comarca. Técnicamente se sabe desde hace años: capacidad insuficiente en tramos, puentes y pasos con secciones que estrangulan el flujo, barreras puntuales que actúan como presas, zonas de laminación planificadas a medias y afluentes que aportan olas rápidas. Llovió en otros términos, pero la riada golpeó l’Horta Sud. Ahí está el drama: llover fuerte lejos y matar cerca.

En los despachos figuran proyectos de laminación —depósitos temporales de agua para amortiguar picos—, ensanches selectivos, tanques de tormenta urbanos y renaturalización de corredores para devolver espacio al agua. Parte de esas actuaciones se han acelerado tras la tragedia; otras siguen en fase de licitación o rediseño. En paralelo, limpieza y conservación de cauces y acequias —más allá del simple desbroce— se han convertido en asignatura de mínimos: capacidad hidráulica real, retirada de obstáculos, control de vertidos y gestión de sedimentos. Si todo funcionara como en el papel, la riada del 29-O habría sido muy dañina igualmente, pero menos letal. Esa es, al final, la tesis que se dirimirá en el juzgado.

Hidrología, datos y una verdad incómoda

Los modelos hidráulicos que se han publicado en estos meses —con datos de lluvia y caudales reales— reproducen frentes de agua que avanzaron con velocidades de 5 a 8 m/s en segmentos concretos, imposibles para cualquiera que estuviera en planta baja. Mapas de isocotas y marcas en fachadas, coincidentes con testimonios, dibujan una línea de máxima que atraviesa barrios enteros. Las simulaciones no son infalibles, pero ayudan a llenar los huecos entre pluviometría, topografía y huella física. Y, sobre todo, delimitan la previsibilidad: si la señal estaba, la alerta debía saltar. Si no había sensores suficientes, tocaba prudencia. Si las pasarelas, puentes y encauzamientos estaban subdimensionados respecto a los escenarios de riesgo torrencial ya conocidos, la palabra “inevitable” pierde fuerza.

Qué significa para l’Horta Sud: memoria, gestión y justicia

La comarca vive desde entonces dos realidades a la vez. Una, la recuperación lenta de hogares y negocios, con obras que se eternizan y facturas que todavía muerden. Otra, el debate técnico-político por qué falló y cómo blindarse. El homenaje a las víctimas ha sedimentado una memoria común que exige transformarse en trabajos concretos: sensores, protocolos de aviso, rutas de evacuación, listados de puntos de riesgo, simulacros, rediseño urbanístico allí donde el agua manda. A ese suelo más firme —literal y figurado— quiere contribuir también la sentencia que llegue: reparar el daño y aclarar responsabilidades.

El pleito, pese a todo, no resolverá por sí solo la gestión del riesgo. Pago de indemnizaciones y ejecución de obras corren por carriles distintos, aunque se miren de reojo. La Generalitat y la CHJ han activado partidas y contratos tras la DANA. El tiempo dirá si se cumple el calendario y si las soluciones son las que los técnicos pedían. Y la justicia dirá si, aquel 29-O, la administración estuvo donde debía o dejó sola a la llanura.

Así encaja la cifra de 58 millones en la realidad social

La cifra total es una fotografía comprimida de vidas que dieron un vuelco en minutos. Familias que durmieron fuera de casa durante meses y negocios que no han reabierto. Asegurados que descubrieron letras pequeñas y vecinos que nunca habían pisado una oficina de emergencias. Pequeños agricultores con redes de riego para tirar que pasaron invierno y primavera a base de parches. Comunidades que improvisaron cadenas humanas y barcas en calles donde no llovía. Ese es el suelo de la cifra. Por eso en l’Horta Sud se habla de dinero, sí, pero también de dignidad y verdad.

Lo que decide este caso, más allá del cálculo final

El expediente de 418 reclamantes pone a prueba cómo responden las instituciones cuando falla el engranaje frente a un riesgo conocido. La resolución que llegue —administrativa o judicial— fijará quién asume los 58 millones o la parte que corresponda y establecerá un estándar para situaciones parecidas: qué es previsible, qué es fuerza mayor, qué nivel de alerta se exige, qué mantenimiento vale y qué obras dejan de ser “opcionales” cuando se habla de vidas y de barrios enteros.

Si hay condena, el dinero no reparará lo irreparable, pero cerrará un capítulo para cientos de familias y ordenará el sistema de coberturas entre seguros, Consorcio y administraciones. Si no la hay, quedará el mandato de terminar —y mantener— las obras que los técnicos escriben desde hace años y auditar sin ambigüedades qué falló en la cadena de avisos. En ambos escenarios, la política pública tendrá que mirarse al espejo y cumplir plazos.

Mientras tanto, la pregunta del titular se contesta con precisión honesta: pagará quien, a juicio del tribunal, no hizo lo que debía hacer, con su presupuesto y en la proporción que se determine, descontando lo ya cubierto por seguros y ayudas. Y ese “quién” no es una abstracción; son administraciones concretas con competencias claras. La riada del 29-O no se puede desandar, pero sí se puede poner nombre a cada responsabilidad y levantar un sistema que, la próxima vez, avance un minuto más rápido que el agua.

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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: Valencia Plaza, Confederación Hidrográfica del Júcar, Diari Oficial de la Generalitat, Ministerio de Política Territorial, Cadena SER, CHJ — SAIH, EL PAÍS.