¿Por qué la Universidad de La Habana suspende clases 30 días?

La Universidad de La Habana cierra aulas, 30 días por la crisis energética: semipresencial, EVEA, congreso aplazado y pulso por el petróleo.

La Universidad de La Habana ha decidido suspender las clases presenciales durante 30 días y extender la modalidad semipresencial a todas las carreras y programas de Técnico Superior Universitario (TSU), con entrada en vigor desde el viernes 6 de febrero. La medida también pospone las actividades asociadas al Congreso Universidad 2026 y ordena a cada facultad afinar, casi con bisturí, qué prácticas requieren presencia física y qué parte del curso puede sostenerse con plataformas digitales y trabajo desde casa o “en el territorio”.

El motivo inmediato es la crisis energética que atraviesa Cuba, descrita por las autoridades como un escenario agravado por el bloqueo petrolero y la presión internacional sobre el suministro de combustible. En paralelo al anuncio universitario, el Gobierno ha empezado a mover piezas más amplias —racionamiento de carburantes, ajustes de horarios administrativos, teletrabajo— para ahorrar energía y priorizar servicios esenciales; en esa misma lógica encaja la decisión del campus habanero: menos desplazamientos, menos edificios funcionando a pleno, y la docencia “en marcha” aunque sea con el país medio a oscuras.

Un mes sin aulas: la decisión y su letra pequeña

El comunicado que circuló por canales oficiales universitarios aterriza con una frase que parece simple y en realidad lo cambia todo: “por espacio de 30 días”. Treinta días desde el 6 de febrero empujan el calendario hacia principios de marzo, un tramo lo bastante largo para alterar evaluaciones, prácticas, tutorías y rutinas; y lo bastante corto, sobre el papel, para que la institución lo venda como ajuste temporal, no como parón. Hay una idea insistente, repetida con otras palabras: continuidad, pero con el consumo de energía en la nuca, como quien corre mirando de reojo el marcador de gasolina.

La medida no habla de “cierre” total, y eso importa: se mantiene una universidad “viva” aunque sea en modo mínimo. Se ordena transformar los escenarios educativos (una forma elegante de decir “reorganizarlo todo”), se pide que cada proceso —cada carrera, cada departamento, cada engranaje— decida qué exige presencialidad y qué no, y se pone el foco en una plataforma concreta, EVEA, como “espacio principal” para gestionar materiales docentes y científicos. En la práctica, EVEA se convierte en la puerta de entrada a apuntes, orientaciones, tareas, bibliografía y comunicación con el profesorado; en un país con apagones, esa puerta a veces se abre a trompicones, pero es la que hay.

Hay otra pieza menos visible desde fuera y crucial por dentro: la universidad pide mantener la comunicación entre estudiantes y trabajadores y, al mismo tiempo, preservar las instalaciones mediante grupos de guardia. Esto no es una nota al margen; es la fotografía completa de una institución que reduce presencia diaria pero no puede dejar campus desatendido. Guardias en facultades, centros, direcciones, departamentos docentes y áreas administrativas; menos gente circulando, sí, pero ojos puestos en equipos, laboratorios, aulas, redes internas, bibliotecas, servidores, lo que sea que no conviene que se deteriore mientras el país ahorra energía.

Semipresencial para todas las carreras y el TSU

Extender la semipresencialidad “a todas las carreras” suena uniforme, y no lo es. Una carrera con fuerte carga teórica respira mejor en remoto; una carrera con laboratorios, prácticas clínicas, trabajo de campo o uso intensivo de equipos no se traslada sin pérdidas. Por eso el comunicado insiste en que se evalúe qué requiere alguna presencialidad: “alguna”, no toda, y ahí está el matiz. Se abre la puerta a que haya días puntuales de campus para prácticas imprescindibles, y el resto del aprendizaje se sostenga con materiales digitales y actividades diseñadas para ejecutarse “en los domicilios o en el territorio”, una expresión que en el lenguaje institucional cubano lo mismo significa barrio, municipio, provincia o centro de trabajo asociado.

El caso del TSU añade presión extra porque suele apoyarse en competencias aplicadas y en una formación más orientada a la inserción laboral. Meterlo en semipresencial durante un mes obliga a reajustes finos: qué parte se aplaza, qué parte se simula con ejercicios, qué parte se adapta con tutorías, qué parte se concentra cuando haya condiciones. La universidad no detalla un calendario único por titulación, y eso también dice algo: el plan se delega hacia abajo, a colectivos de carrera y coordinación docente, como si cada facultad estuviera resolviendo el rompecabezas con piezas distintas.

Becados, guardias y administración a medio gas

El comunicado incorpora una frase que, para quien conozca el funcionamiento universitario cubano, pesa muchísimo: se atenderá “de manera diferenciada” a los estudiantes becados hasta que pueda concretarse su traslado hacia las provincias. En la Universidad de La Habana, “becado” suele significar residencia estudiantil, comedor, vida universitaria concentrada; y si la presencialidad se reduce y el combustible escasea, mover a esa población —o mantenerla— se vuelve un problema logístico y energético a la vez. Trato diferenciado significa, en términos reales, que no se aplica la misma solución a todos: habrá estudiantes que se queden, otros que se organicen para regresar a sus territorios, otros que esperen instrucciones porque el transporte no es una simple cuestión de horarios, sino de disponibilidad de carburante.

La administración también entra en modo semipresencial. Facultades, centros y direcciones reorganizan trabajo interno y trámites con menos presencia física, lo que afecta desde la gestión académica hasta el mantenimiento. Y mientras tanto, los grupos de guardia preservan instalaciones. No hay romanticismo en esa imagen: es la universidad protegiendo su infraestructura en una coyuntura en la que el país entero está recortando consumo y actividad.

Congreso Universidad 2026, en pausa

Posponer las actividades asociadas al Congreso Universidad 2026 no es un detalle decorativo. En el calendario académico, un congreso de ese tamaño suele ser vitrina de proyectos, red de contactos, agenda de ponencias, espacio de cooperación e incluso termómetro político y académico. Ponerlo en pausa sugiere que el sistema está priorizando lo básico: docencia y funcionamiento mínimo. También implica un efecto dominó sobre investigación, viajes internos, organización logística, acreditaciones y todo lo que se mueve alrededor; en un país con combustible escaso, cada reunión presencial masiva es un gasto energético indirecto, desde transporte hasta climatización, desde logística hasta impresión.

Energía al límite: por qué Cuba vuelve a apretar el interruptor

Para entender por qué una universidad se ve obligada a suspender presencialidad, hay que mirar el mapa del país como si fuera un circuito eléctrico. Cuando falta combustible, no falla solo la luz: fallan los autobuses, los horarios, los alimentos refrigerados, la logística de hospitales, la cadena de suministros. El Gobierno ha anunciado racionamiento en la venta de combustible ante el desabastecimiento, y ha planteado recortes y prioridades: servicios esenciales, generación eléctrica, salud, agua, defensa, y también sectores que generan divisas, como el turismo. En ese contexto, la educación superior aparece como un servicio que debe seguir, sí, pero sin consumir lo que el país ya no tiene.

La comparecencia pública de altos cargos ha puesto nombres y frases a ese escenario. El viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga ha explicado que, al no haber combustible suficiente, no se pueden mantener niveles de venta anteriores; y que algunas actividades administrativas fundamentales operarían de lunes a jueves para ahorrar energía. El Ministerio de Trabajo, con Jesús Otamendiz al frente, ha mencionado teletrabajo, reubicación y ajustes de horarios “según la situación energética de la zona”. Todo eso dibuja un país que entra en modo contingencia: menos movilidad, más remoto, más recorte. La universidad, por tanto, no está inventando un modelo nuevo; está alineándose con una política general de supervivencia cotidiana.

En ese marco aparece un concepto con resonancia histórica: “opción cero”. Se evoca como plan de emergencia ante un escenario de “cero petróleo”, una idea que recuerda a los años noventa y que, cuando se menciona en público, suele funcionar como aviso: la crisis no es solo un bache, es un riesgo estructural. Hablar de opción cero es traer a primer plano medidas duras, desde racionamiento extremo hasta sustituciones energéticas y soluciones de transporte no motorizado. Que ese término vuelva a circular en el discurso oficial indica que el Gobierno está preparando a la población para un periodo de restricciones intensas, y la educación superior se adapta en consecuencia, con semipresencialidad como herramienta de ahorro energético más que como innovación pedagógica.

Cómo se estudia cuando falla la luz

La palabra semipresencial tiene en España un sabor relativamente conocido —clases mezcladas, campus virtual, tutorías online—, pero en Cuba, con apagones prolongados y conectividad irregular, significa otra cosa: significa estudiar cuando se puede. El comunicado pide “potenciar” el uso de plataformas online y diseñar actividades realizables en domicilios o territorio. Eso reordena el día: hay tareas que se hacen de madrugada si vuelve la electricidad; hay entregas que dependen del saldo del móvil; hay tutorías que pasan a ser mensajes breves, audios, intercambio asincrónico, un “lo reviso cuando conecte”. Y, aun así, la universidad insiste en continuidad, en mantener contacto, en no perder el hilo.

EVEA, en este escenario, no es solo un aula virtual: es la carretera principal. Materiales docentes y científicos se concentran ahí para evitar dispersión, y eso tiene lógica, pero también concentra vulnerabilidades. Si cae la conexión, cae el acceso; si falta electricidad, se apagan routers y móviles; si el campus reduce actividad, la biblioteca física pierde peso relativo. La semipresencialidad se convierte en una disciplina de ahorro: menos traslados, menos aulas encendidas, menos aire acondicionado, menos consumo en edificios; a cambio, más carga en dispositivos personales y en redes domésticas, que no siempre están a la altura.

La universidad pide evaluar qué actividades requieren “alguna presencialidad”. Esa expresión abre un abanico de decisiones: prácticas de laboratorio que no se pueden simular, exámenes presenciales por control académico, defensas de trabajos, actividades clínicas o de campo. La institución no detalla el porcentaje de presencialidad permitido, pero al usar “alguna” está reconociendo que hay aprendizaje que no sobrevive al 100% remoto. Ese reconocimiento, en términos educativos, es importante: evita vender la semipresencialidad como solución total y la presenta como lo que es, un parche complejo para sostener un curso en medio de la crisis.

El impacto no se limita a la docencia. La vida universitaria es también investigación, proyectos, seminarios, actividades culturales, laboratorios funcionando, reuniones, trámites, prácticas en instituciones externas. Cuando se reduce presencialidad durante un mes, las investigaciones que dependen de equipamiento pueden ralentizarse; los proyectos con plazos se tensan; las coordinaciones con centros de trabajo se reorganizan. Y la universidad intenta, por lo que se ha comunicado, que ese impacto no se convierta en ruptura: guardias para preservar instalaciones, comunicación constante, organización interna semipresencial. Todo suena metódico, sí, pero en el fondo responde a una realidad menos ordenada: la energía manda.

Petróleo, aranceles y diplomacia: el pulso exterior

El trasfondo de la crisis no se explica solo con averías o mala planificación energética: hay un componente político internacional que ha subido varios peldaños en pocas semanas. El 29 de enero, el presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que declara una emergencia nacional respecto a Cuba y abre la puerta a aranceles sobre bienes procedentes de países que vendan o suministren petróleo a la isla. El texto oficial presenta la medida como un asunto de seguridad nacional y política exterior, y sitúa al Gobierno cubano como “amenaza inusual y extraordinaria”; en términos prácticos, el mensaje hacia terceros países es nítido: comerciar con combustible hacia Cuba puede tener coste económico en el mercado estadounidense.

Esa presión externa se cruza con otra variable: la interrupción o reducción de rutas tradicionales de suministro. En informes internacionales recientes se describe un escenario en el que el flujo de combustible se ha vuelto más difícil, más caro y más arriesgado para navieras y proveedores por el efecto de sanciones y amenazas secundarias. Cuba, por su parte, insiste en el concepto de “bloqueo energético” y atribuye al endurecimiento estadounidense buena parte del asfixio sobre el combustible. El resultado, sea cual sea la lectura política, es material y cotidiano: menos combustible entrando, más restricciones saliendo.

En ese tablero aparece México con un papel delicado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado el envío de alimentos e insumos como ayuda humanitaria, al tiempo que su Gobierno busca vías diplomáticas para retomar envíos energéticos sin exponerse a represalias. La discusión incluye la actividad de Petróleos Mexicanos y el freno de envíos en enero por presiones y amenazas comerciales. México se mueve entre dos fuegos: sostener una relación de apoyo con Cuba y, a la vez, no chocar de frente con un paquete de medidas estadounidenses que amenaza con castigos arancelarios.

Mientras tanto, el Gobierno cubano intenta blindar lo esencial con un plan de prioridades y racionamiento, y la educación superior se reordena. El ministro de Educación Superior Walter Baluja ha hablado públicamente de adaptar el sistema de trabajo hacia la semipresencialidad “según las condiciones de cada territorio”, subrayando que no es una práctica desconocida en las universidades cubanas. La frase suena a experiencia previa, a manual de contingencia ya usado en otros momentos. Y en paralelo, la ministra de Educación Naima Ariatne ha descrito reajustes que apuntan a modelos híbridos en niveles educativos, con matices según etapa. La Universidad de La Habana, por tamaño y simbolismo, se convierte en el escaparate de esa transición: si la institución más emblemática reduce presencialidad, es que el país no está jugando.

En medio del ruido geopolítico, los datos energéticos aparecen como recordatorio de una dependencia estructural. Se han citado estimaciones sobre el volumen de petróleo diario que necesita Cuba para cubrir sus necesidades, y sobre la proporción que ha llegado históricamente desde aliados regionales; cuando esa tubería se estrecha, el sistema eléctrico sufre y todo lo demás se encoge. Por eso, el Gobierno prioriza electricidad, salud, agua y turismo; por eso, raciona combustible; y por eso, una universidad decide que durante un mes la docencia se sostendrá con menos presencia física. No es una decisión académica; es una decisión energética vestida de decisión académica.

La Universidad de La Habana, entre guardias y pantallas

Lo que queda, por ahora, es un campus que baja el volumen sin apagarse del todo: aulas vacías a ratos, oficinas funcionando a medias, laboratorios esperando “el día de presencialidad” que toque, servidores sosteniendo el peso de EVEA, y grupos de guardia cuidando edificios que no pueden abandonarse. La medida está acotada a 30 días, pero su impacto no se mide solo en calendario: se mide en cómo se recalibran los programas, en cómo se evalúa, en cómo se acompaña a los becados, en cómo se mantiene la comunicación interna cuando el país entero está reprogramando horarios por la electricidad.

El mensaje institucional insiste en la continuidad: mantener procesos académicos y administrativos, reorganizar sin romper, preservar instalaciones, mantener contacto. Es un equilibrio complicado, casi físico: si la crisis energética aprieta, la universidad se hace más ligera; si el combustible entra, la presencialidad podría volver a estirarse. Pero mientras el combustible siga siendo el cuello de botella, la docencia seguirá ese patrón de respiración corta: avanzar cuando hay energía, pausar cuando se va la luz, recomponer cuando regresa.

Y hay un último detalle que explica el tono de todo esto: la Universidad de La Habana no es una escuela cualquiera. Es símbolo, es historia, es aparato académico y, también, una institución que en Cuba se lee políticamente. Que suspenda clases presenciales no es una anécdota universitaria: es un indicador de la gravedad del momento. La crisis energética, con su mezcla de sanciones, rutas de petróleo tensas, racionamiento interno y medidas de emergencia, ha entrado en el corazón del país. Y ahí, en ese corazón, la universidad aguanta como puede: con guardias, con pantallas, con semipresencialidad, y con un calendario que, durante un mes, se escribe al ritmo del combustible.