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¿Qué dijo Ulf Kristersson de la regularización española de migrantes?
Suecia critica la regularización española y alerta del riesgo de otra crisis migratoria como la de 2015, mientras Madrid defiende la medida.

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha elevado el tono contra la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El dirigente conservador la considera una «muy mala idea» y sostiene que decisiones de este tipo pueden empujar a Europa hacia una situación migratoria parecida a la vivida en 2015, además de generar nuevas tensiones dentro del espacio Schengen. Kristersson asegura que ya trasladó personalmente su malestar a Sánchez.
La advertencia llega cuando el proceso español ya ha cerrado su fase de solicitudes con 1.174.978 peticiones, una cifra muy superior a las estimaciones iniciales. Conviene hacer aquí una precisión importante: solicitar la regularización no significa obtenerla automáticamente y, para quienes reciban una resolución favorable, el permiso inicial permite residir y trabajar en España durante un año, no establecerse ni trabajar libremente en Suecia, Alemania, Francia o cualquier otro país de la Unión Europea.
Kristersson convierte la regularización española en un asunto europeo
El reproche sueco no se limita a discutir cómo gestiona España a las personas extranjeras que ya se encuentran dentro de sus fronteras. Kristersson plantea algo más amplio: las consecuencias que una decisión nacional puede producir en una Europa donde buena parte de las fronteras interiores prácticamente han desaparecido.
Su temor es que una regularización de esta magnitud facilite posteriores desplazamientos hacia el norte del continente. El primer ministro recuerda la experiencia de Suecia durante la crisis migratoria de 2015 y sostiene que muchas personas que llegan al sur europeo terminan intentando desplazarse hacia países septentrionales. Por eso considera que los socios de la UE deben mantener políticas migratorias suficientemente coordinadas y evitar decisiones capaces, a su juicio, de alterar el equilibrio conseguido durante los últimos años.
Hay, sin embargo, un matiz jurídico nada pequeño. Schengen permite viajar; no concede automáticamente derechos laborales en todos los países miembros. Una persona con residencia legal concedida por España puede desplazarse bajo las reglas aplicables dentro del espacio Schengen, pero eso no significa que adquiera por arte administrativo el derecho a establecer su residencia permanente o incorporarse al mercado laboral de otro Estado miembro. La autorización extraordinaria española sirve inicialmente para residir y trabajar en España.
Qué ha aprobado realmente España
La regularización extraordinaria se abrió el 16 de abril de 2026 y permitió presentar solicitudes hasta el 30 de junio. Está dirigida, entre otros supuestos contemplados por la norma, a extranjeros que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y podían acreditar una permanencia continuada mínima de cinco meses, además de cumplir los requisitos establecidos sobre antecedentes penales y seguridad pública.
El procedimiento tampoco consiste, por tanto, en repartir tarjetas de residencia desde una ventanilla con la alegría de quien entrega números para una rifa. Hay expedientes que examinar, documentación que acreditar y resoluciones administrativas que dictar. Entre las condiciones previstas aparecen la permanencia previa en España, la ausencia de antecedentes penales y, para determinados solicitantes, circunstancias laborales, familiares o de vulnerabilidad.
Una vez iniciado correctamente el procedimiento, el sistema permite trabajar en territorio español y facilita la incorporación a la Seguridad Social; si finalmente se concede la autorización, esta tiene una vigencia inicial de un año. Después será necesario encajar la situación del beneficiario dentro de las vías ordinarias previstas por el Reglamento de Extranjería.
Por qué 2015 pesa tanto cuando habla Suecia
Para entender la dureza de Kristersson hay que mirar once años atrás. En 2015, Suecia recibió alrededor de 163.000 solicitantes de asilo, unos 100.000 de ellos concentrados en apenas unos meses. El país acogió una proporción excepcionalmente elevada de las solicitudes de protección registradas entonces en la Unión Europea y soportó una presión enorme en relación con su población.
Aquella experiencia modificó profundamente el debate político sueco. La inmigración dejó de abordarse únicamente como una cuestión humanitaria o laboral y empezó a mezclarse de manera mucho más intensa con vivienda, integración, delincuencia, servicios públicos y capacidad administrativa. Suecia fue endureciendo después su legislación y su política migratoria; la fotografía del país, contemplado durante décadas desde fuera como uno de los grandes escaparates del modelo social escandinavo, cambió bastante.
Por eso cuando Kristersson dice que Europa no debe acercarse otra vez a lo sucedido en 2015, no utiliza una fecha cualquiera. En la política sueca funciona casi como una palabra completa: evoca fronteras desbordadas, administraciones bajo presión y una discusión nacional que todavía atraviesa las urnas.
España observa la cuestión desde otro ángulo. El Ejecutivo de Sánchez sostiene que la regularización pretende sacar de la irregularidad administrativa a personas que ya viven en el país, incorporarlas al empleo formal, facilitar su cotización y ordenar una realidad social que existe con independencia de que aparezca o no en una estadística administrativa. El Gobierno recuerda también que España ha realizado otros procesos extraordinarios de regularización bajo ejecutivos de distinto signo político.
Más de un millón de solicitudes, pero no más de un millón de permisos
La cifra de 1,17 millones explica buena parte del impacto político europeo, aunque necesita apellido. Son solicitudes recibidas, no autorizaciones concedidas. Cada expediente debe ser evaluado conforme a las condiciones del procedimiento. Hablar directamente de 1,2 millones de personas regularizadas confunde la puerta de entrada con la salida del edificio.
El tamaño del proceso sí resulta extraordinario. El Gobierno había defendido inicialmente la medida pensando en una bolsa considerable de población en situación irregular, pero la demanda terminó mostrando una dimensión bastante mayor. Esa magnitud ha alimentado las críticas de gobiernos europeos que temen un posible efecto llamada y movimientos secundarios posteriores dentro de Europa.
Aquí se encuentra precisamente el desacuerdo de fondo. Madrid presenta la regularización como una operación para ordenar una población que ya reside en España. Kristersson teme que las consecuencias no terminen en España porque Schengen, por definición, conecta territorios. Ambas afirmaciones pueden coexistir: el permiso español no concede derecho automático a trabajar en Suecia, pero la existencia de un espacio europeo sin controles interiores permanentes convierte cualquier política migratoria nacional de gran escala en materia de discusión comunitaria.
Una crítica pronunciada a un mes de las elecciones suecas
La intervención de Kristersson tampoco sucede en un vacío político. Suecia celebra elecciones parlamentarias el 13 de septiembre de 2026, apenas un mes después de estas declaraciones, y la inmigración vuelve a ocupar un espacio importante en el debate electoral.
Kristersson gobierna desde 2022 al frente de una coalición de centroderecha que ha dependido durante esta legislatura del respaldo parlamentario de los Demócratas de Suecia, una formación nacionalista y muy restrictiva en materia migratoria. De cara a las elecciones de septiembre, el líder conservador incluso ha abierto la puerta a que ese partido pueda incorporarse formalmente a un futuro Gobierno de derechas.
Eso no invalida su crítica a España, pero ayuda a colocarla bajo la luz correcta. Las palabras sobre inmigración se pronuncian también ante votantes suecos, en plena campaña y en un país donde 2015 sigue siendo una referencia política de enorme potencia. La política exterior rara vez viaja sin equipaje doméstico.
La discusión sobre España ya atraviesa varias capitales europeas
Kristersson tampoco está hablando solo. Las críticas suecas llegan dentro de un clima europeo cada vez más áspero respecto a la inmigración y después de que otros gobiernos hayan cuestionado el rumbo español. El debate se ha calentado todavía más tras las recientes tensiones migratorias en Ceuta, que han devuelto las fronteras exteriores y el funcionamiento de Schengen al centro de la discusión comunitaria.
España, mientras tanto, mantiene una orientación distinta a la de varios socios que han endurecido su política migratoria. El Gobierno argumenta que una población envejecida, determinados déficits de mano de obra y la presencia de cientos de miles de personas viviendo irregularmente aconsejan combinar control fronterizo e integración laboral. La regularización extraordinaria forma parte de ese enfoque y posteriormente se ha integrado dentro del Plan de Integración y Ciudadanía presentado por Sánchez.
El choque, por tanto, supera a Kristersson y Sánchez. Es una discusión sobre qué hacer con quienes ya están dentro, cuánto margen debe conservar cada Estado y hasta dónde las decisiones nacionales producen consecuencias compartidas. Una vieja discusión europea con papeles nuevos.
Schengen vuelve a quedar atrapado entre movilidad y desconfianza
La crítica del primer ministro sueco tiene una base política fácilmente reconocible: Suecia no quiere repetir 2015 y contempla con recelo cualquier medida que pueda favorecer nuevos movimientos migratorios hacia el norte. España responde desde una lógica diferente, la de legalizar y llevar al mercado laboral formal a personas que ya se encontraban en su territorio antes del inicio del proceso.
Entre ambos discursos queda Schengen, quizá el invento europeo que mejor funciona cuando nadie piensa demasiado en él y que empieza a crujir políticamente en cuanto aparece una crisis. Kristersson puede llamar «muy mala idea» a la regularización española; Madrid puede defender que sus permisos solo autorizan residencia y trabajo en España. Las dos capitales están hablando, en realidad, del mismo problema europeo: hasta dónde puede diferenciarse la política migratoria de cada país cuando las fronteras interiores son cada vez menos fronteras.

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