¿Por qué el PP tumba el tratado con Francia y qué supone para España?

El Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia ha sufrido un nuevo frenazo. El Senado lo ha rechazado con 142 votos en contra, procedentes del PP y Vox, frente a 106 votos favorables; UPN se abstuvo y el BNG no participó en la votación. Ha ocurrido, además, en un momento de notable carga diplomática: Emmanuel Macron se encuentra de visita de Estado en España.

El efecto inmediato es claro: España no puede completar sin más la ratificación del tratado. Pero el rechazo de la Cámara Alta tampoco significa que el acuerdo haya muerto definitivamente. Como el Congreso lo aprobó el 18 de junio y el Senado acaba de rechazarlo, existe una discrepancia entre las dos Cámaras para la que la propia Constitución establece un mecanismo específico. El acuerdo queda bloqueado, sí; enterrado, todavía no.

Qué ha pasado con el tratado de España y Francia

El acuerdo no nació precisamente ayer. España y Francia firmaron el tratado en Barcelona el 19 de enero de 2023, durante una cumbre bilateral. Su propósito era elevar las relaciones entre ambos países a un marco político estable y mucho más estructurado, con mecanismos periódicos de coordinación entre los dos gobiernos.

La ratificación, sin embargo, lleva años recorriendo despachos, Cámaras y tribunales. Un primer procedimiento terminó sin autorización parlamentaria en 2025. El Tribunal Constitucional cerró entonces el requerimiento que tenía abierto sobre uno de los artículos controvertidos al considerar que había perdido su objeto después del rechazo parlamentario.

El Gobierno volvió a remitir el acuerdo a las Cortes en abril de 2026, esta vez acompañado de una interpretación pactada con Francia sobre el artículo que había provocado las mayores dudas. El Congreso concedió finalmente su autorización el 18 de junio con 175 votos a favor, 170 en contra y una abstención, y el expediente pasó al Senado.

La Cámara Alta volvió a llevar el asunto ante el Constitucional. El 23 de septiembre de 2026, el Pleno del tribunal concluyó por unanimidad que el artículo cuestionado no contradice la Constitución. Seis días después llegó el no del Senado. Una cosa no obligaba a la otra: el Constitucional examinaba la compatibilidad jurídica del precepto; los senadores decidían políticamente si autorizaban el tratado.

Qué es realmente el Tratado de Amistad con Francia

El nombre puede sonar a declaración ceremonial, copa de champán incluida, pero el tratado va bastante más allá de proclamar que españoles y franceses se llevan razonablemente bien. Tiene 36 artículos distribuidos en diez títulos y pretende institucionalizar buena parte de una relación bilateral que hasta ahora descansa en numerosos acuerdos y mecanismos separados.

Entre sus previsiones aparecen cumbres bilaterales periódicas, declaraciones conjuntas, hojas de ruta y consultas regulares entre los respectivos ministerios. La idea es convertir la coordinación política en algo menos dependiente del calendario, las afinidades personales o el humor diplomático del momento.

De Europa y defensa a energía, empleo y la frontera

El alcance es amplio. El texto articula cooperación en política exterior, asuntos europeos, seguridad y defensa, justicia e interior, cultura, educación, universidades, ciencia, juventud y deporte. También desarrolla mecanismos destinados a reforzar el diálogo político entre Madrid y París.

La cooperación alcanza igualmente a la economía, la industria, la conectividad, el turismo, la energía, el transporte, la agricultura, la sanidad, el empleo y los asuntos sociales. Hay además un espacio específico para las relaciones transfronterizas, especialmente relevante para dos países separados y, al mismo tiempo, cosidos por los Pirineos.

No crea, por tanto, una política exterior conjunta ni convierte a Francia en participante de las decisiones soberanas españolas. Funciona más bien como un armazón institucional estable: fija contactos, mecanismos de seguimiento y espacios de cooperación para una relación que ya existe en numerosos ámbitos.

Por qué el PP ha rechazado el acuerdo

El principal foco de conflicto ha estado en el artículo 2.4. Su redacción establece que un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra al menos una vez cada tres meses y por rotación. El PP cuestionó la compatibilidad de esa fórmula con el diseño constitucional español del Gobierno y promovió el control previo del Constitucional desde el Senado.

España y Francia intentaron despejar el problema mediante una interpretación conjunta: esos encuentros con ministros del otro país se desarrollarían “en los márgenes” del Consejo de Ministros y en reuniones formalmente separadas. Dicho de otra manera, el ministro extranjero no entra a deliberar ni a adoptar decisiones como miembro del Gobierno español.

El Constitucional avaló el artículo más polémico

Ese matiz resultó decisivo. El Constitucional concluyó el 23 de septiembre que no existe contradicción entre el artículo 2.4 y la Constitución española. La decisión fue adoptada por unanimidad.

El PP mantuvo pese a ello su oposición. Durante el debate en el Senado, la senadora popular Pilar Rojo señaló que su formación seguía preocupada por el alcance de los compromisos adquiridos y mostró su desacuerdo con la fórmula utilizada para resolver la controversia. También recalcó que su voto contrario no suponía cuestionar a Francia como vecino y socio de España.

Los defensores del tratado sostuvieron la posición contraria y remarcaron que la principal controversia constitucional había quedado despejada. Conviene separar ambos planos: el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la compatibilidad jurídica del artículo discutido; las fuerzas políticas mantienen posiciones diferentes sobre la conveniencia de aprobar el conjunto del acuerdo.

Qué supone el rechazo del Senado y qué ocurre ahora

Aquí está la parte menos intuitiva. El rechazo del Senado no funciona como el veto ordinario a una ley ni significa necesariamente que el tratado termine en una papelera parlamentaria.

El artículo 74.2 de la Constitución establece que las decisiones relativas a tratados de esta naturaleza deben ser aprobadas por cada una de las dos Cámaras. Cuando Congreso y Senado discrepan, se intenta alcanzar un acuerdo mediante una Comisión Mixta formada por el mismo número de diputados y senadores. El texto resultante vuelve después a someterse a ambas Cámaras.

Existe todavía un último escalón. Si la propuesta de la Comisión Mixta tampoco obtiene la aprobación en los términos previstos, decide el Congreso por mayoría absoluta. En una Cámara de 350 diputados eso exige alcanzar al menos 176 votos favorables.

Eso explica por qué resulta más preciso hablar de un bloqueo parlamentario que de una defunción jurídica definitiva. El PP dispone de mayoría absoluta en el Senado y ha podido frenar el acuerdo allí; la Constitución, sin embargo, contempla expresamente una salida cuando ambas Cámaras mantienen posiciones diferentes sobre determinados tratados internacionales.

Hasta que ese procedimiento termine y España pueda prestar formalmente su consentimiento, el Tratado de Amistad y Cooperación no puede entrar en vigor para España. La firma de 2023, por sí sola, no sustituye la autorización parlamentaria exigida para un acuerdo de este carácter.

Lo que no cambia entre España y Francia

El voto del Senado tampoco rompe las relaciones bilaterales ni borra de un plumazo los acuerdos que ya existen entre ambos Estados. La relación hispano-francesa se apoya en una extensa red de acuerdos políticos, económicos, policiales, culturales y fronterizos que no dependen de este tratado concreto.

Un ejemplo bastante claro es la cooperación en defensa. España y Francia firmaron en Barcelona, también el 19 de enero de 2023, un tratado específico en esta materia que siguió su propio procedimiento de ratificación y entró en vigor el 1 de agosto de 2025. Es un instrumento distinto del gran Tratado de Amistad rechazado por el Senado.

Tampoco desaparecen la cooperación policial y fronteriza, los intercambios económicos, las conexiones energéticas o los programas educativos que dispongan de su propio fundamento jurídico. Lo que queda pendiente es ese nuevo marco general de cooperación política, concebido para ordenar y elevar a un nivel más estable el conjunto de la relación.

La coincidencia con la visita de Macron añade, inevitablemente, una dimensión diplomática visible. La votación tuvo lugar durante la visita de Estado del presidente francés a España, mientras su agenda incluía encuentros con Felipe VI y Pedro Sánchez, además de actos económicos e institucionales. Tras conocerse el rechazo, Macron se mostró convencido de que el acuerdo terminará saliendo adelante.

Un tratado atrapado entre dos Cámaras

España y Francia siguen siendo vecinos, socios europeos y aliados; nada de eso dependía de una votación celebrada el 29 de septiembre. Lo que sí ha quedado frenado es un acuerdo pensado para aportar más regularidad y profundidad institucional a esa relación, desde la coordinación política hasta la energía, la economía o los asuntos transfronterizos.

El Constitucional ya ha despejado la principal duda jurídica que acompañaba al artículo 2.4. El Senado, aun así, ha ejercido su capacidad política para rechazar el conjunto del tratado. Y ahí aparece la peculiaridad del procedimiento: el voto de la Cámara Alta pesa, pero no cierra por sí solo el expediente.

El Tratado de Amistad con Francia sale de esta jornada tocado, no enterrado. El siguiente terreno será esencialmente parlamentario: Comisión Mixta, nuevas votaciones y, si persiste el desacuerdo, una eventual decisión del Congreso por mayoría absoluta. Un camino bastante menos ceremonial que la palabra “amistad”, pero decisivo para saber si aquel acuerdo firmado en Barcelona en 2023 acaba convirtiéndose en un tratado plenamente vigente.