¿Por qué el CGPJ no revierte el traslado de Luís Villares en el TSXG?

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha revertido el traslado de Luís Villares de la Sección Tercera a la Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La decisión más reciente, adoptada por el Pleno el 16 de septiembre, mantiene de hecho la situación porque inadmite el recurso presentado por Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), al considerar que la asociación carece de legitimación para impugnar la medida.

Ahí está el matiz importante. El CGPJ no ha vuelto a examinar el fondo del traslado para concluir que fue correcto. La mayoría ha cerrado la puerta al recurso por una cuestión procesal: quién tiene derecho a recurrir. El acuerdo salió adelante con el apoyo de diez vocales y de la presidenta del Consejo, Isabel Perelló, mientras otros diez vocales formularon un voto particular. Una división casi geométrica —diez a un lado, diez al otro y la Presidencia inclinando la balanza— en un asunto que lleva meses provocando discrepancias dentro del órgano de gobierno de los jueces.

El CGPJ deja intacto el traslado, pero no entra en el fondo

El recurso de JJpD cuestionaba el cambio de composición de las secciones Tercera y Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. El movimiento afectó a cuatro magistrados y llevó a Luís Villares desde la Sección Tercera hasta la Cuarta, alejándolo de la sección que venía resolviendo numerosos litigios relacionados con proyectos eólicos en Galicia.

La mayoría del CGPJ ha aplicado la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y entiende que la asociación judicial no posee la legitimación necesaria para plantear ese recurso. Los diez vocales discrepantes sostienen justo lo contrario: consideran que JJpD tiene un interés legítimo suficiente porque la controversia no afecta únicamente a la situación particular de Villares y los demás magistrados, sino también a cuestiones generales sobre la organización de los tribunales, las facultades de sus presidencias y las garantías de la carrera judicial.

Es una diferencia bastante más profunda de lo que parece. Para la mayoría, antes de discutir si el traslado estuvo bien o mal hay que determinar si quien lo recurre está habilitado jurídicamente para hacerlo. Para los discrepantes, impedir que una asociación judicial plantee una impugnación de este tipo supone dejar fuera del debate asuntos relacionados con el estatuto de jueces y magistrados que forman parte de sus fines asociativos.

El resultado práctico, de momento, es sencillo: Villares continúa en la Sección Cuarta y no regresa a la Tercera por efecto de este recurso. Pero la última resolución del CGPJ no despeja la discusión sobre la legalidad material del cambio, porque esa discusión no ha sido la que ha decidido el Pleno en septiembre.

De marzo a septiembre: cómo se llegó hasta aquí

La historia comenzó el 12 de marzo de 2026. María Azucena Recio, recién llegada a la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, decidió modificar la composición de sus secciones Tercera y Cuarta. Cuatro magistrados cambiaron de sección. Entre ellos estaban Luís Villares y María Dolores López, que pasaron de la Tercera a la Cuarta.

La decisión se justificó mediante razones de organización, carga de asuntos y funcionamiento interno, así como por la búsqueda de equilibrio entre las secciones. En el caso específico de Villares apareció también otro elemento: la necesidad de preservar la apariencia y la realidad de imparcialidad después de varias resoluciones del Tribunal Supremo relacionadas con asuntos del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

El traslado resultaba especialmente sensible porque la Sección Tercera había dictado resoluciones que afectaban a numerosos proyectos eólicos. Algunas habían supuesto la suspensión de parques y habían recibido críticas públicas tanto de responsables políticos gallegos como de representantes empresariales. Ese contexto explica buena parte de la repercusión del caso, pero no demuestra por sí mismo la motivación del traslado: la cuestión jurídica debe separarse de las interpretaciones políticas que cada parte ha hecho del episodio.

En julio, el asunto ya llegó al Pleno del CGPJ. El Consejo rechazó los recursos contra el cambio por 11 votos frente a 10. Ocho vocales suscribieron entonces un voto particular en el que cuestionaban tanto el procedimiento seguido como la proporcionalidad y justificación de la medida. La fractura no nació esta semana; septiembre ha añadido otro capítulo a una discusión que estaba abierta desde el verano.

La imparcialidad y el Hospital Álvaro Cunqueiro

Para entender por qué el nombre de Villares aparece unido a la palabra imparcialidad hay que retroceder a su etapa política. El magistrado fue dirigente de En Marea y, durante aquella etapa, se pronunció sobre el modelo del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y la actuación de su concesionaria.

Después regresó a la carrera judicial y participó en resoluciones del TSXG sobre litigios relacionados con esa misma concesión. El Tribunal Supremo anuló tres sentencias al considerar comprometida la garantía de imparcialidad por aquellas posiciones públicas anteriores. En uno de los procedimientos, Villares había intervenido como ponente.

Conviene no mezclar dos planos. El Supremo no estaba diciendo con ello que el contenido material de aquellas decisiones tuviera que ser necesariamente incorrecto, sino que el tribunal debía resolver con una composición que no generase dudas sobre imparcialidad.

Y ocurrió algo jurídicamente llamativo después. Un tribunal completamente distinto del TSXG volvió a resolver uno de los asuntos sobre el IBI del Hospital Álvaro Cunqueiro y llegó al mismo resultado sustantivo: correspondía a la concesionaria afrontar el impuesto. Que la conclusión fuese coincidente no elimina la cuestión de imparcialidad examinada previamente por el Supremo; simplemente muestra que una cosa es quién debe juzgar y otra, distinta, cuál acaba siendo el sentido de la sentencia.

El choque jurídico: legitimación, inamovilidad y criterios objetivos

El nuevo voto particular de los diez vocales pone el foco en algo más amplio que Villares. Sus firmantes consideran que la reorganización plantea interrogantes sobre los límites de las presidencias de Sala a la hora de alterar la composición de las secciones y sobre los criterios que deben utilizarse para hacerlo.

Según esta posición discrepante, durante 2026 no se habían establecido previamente los criterios objetivos anuales para la composición de las secciones en los términos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial y la normativa correspondiente. Los vocales también cuestionan que la posterior toma de conocimiento por los órganos de gobierno pudiera subsanar esa ausencia inicial.

Aquí aparece una de las piezas más delicadas del caso: la inamovilidad judicial. JJpD ha sostenido que los cambios forzosos entre secciones pueden incidir en esa garantía y, con ella, en la independencia judicial. Otras interpretaciones jurídicas distinguen, sin embargo, entre el destino del magistrado en un órgano judicial —que permanece intacto— y la organización funcional de las distintas secciones de una misma Sala. No es una discusión semántica. Cambia por completo el alcance que puede atribuirse a una presidencia cuando reorganiza un tribunal.

Los vocales discrepantes también apuntan a los mecanismos ordinarios previstos para afrontar problemas de imparcialidad en procedimientos concretos: la abstención y la recusación. Su argumento es que una posible incompatibilidad en determinados asuntos no conduce automáticamente a la necesidad de cambiar de sección al magistrado de manera general. En el voto particular de julio ya se reprochaba que no se hubiera explicado suficientemente por qué esos instrumentos eran inadecuados para resolver el problema.

La Fiscalía ya había cuestionado la motivación

Antes de las votaciones del CGPJ, la Fiscalía Superior de Galicia había mostrado sus propias reservas. En junio, dentro de un procedimiento vinculado al cambio de composición y a un recurso presentado por la CIG, el Ministerio Público apreció falta de motivación suficiente y ausencia de criterios objetivos y precisos en la actuación.

La Fiscalía consideró que una modificación de este tipo no podía tratarse simplemente como una cuestión doméstica de organización y señaló su posible incidencia sobre el derecho al juez predeterminado por la ley. También advirtió de que una actuación insuficientemente motivada podía proyectar una apariencia de arbitrariedad y perjudicar la imagen de independencia de la Justicia.

Eso no significa que la Fiscalía haya dictado una resolución capaz de anular por sí sola el traslado. Un dictamen fiscal no equivale a una sentencia ni sustituye la decisión del órgano competente. Su importancia está en otra parte: demuestra que las objeciones jurídicas al procedimiento no proceden únicamente de la asociación recurrente o de los vocales discrepantes del CGPJ.

Una decisión procesal que no apaga el conflicto

El último acuerdo deja una fotografía bastante nítida. Luís Villares sigue trasladado a la Sección Cuarta, el recurso de JJpD no ha prosperado y el CGPJ no ha entrado a resolver en esta ocasión las objeciones materiales planteadas contra la reorganización. La razón de la inadmisión es la falta de legitimación que aprecia la mayoría.

Al mismo tiempo, diez vocales defienden que la asociación sí podía recurrir y que el Consejo debía estudiar cuestiones como la existencia de criterios objetivos, la motivación de la reorganización, su proporcionalidad y su posible repercusión sobre las garantías judiciales. El dato político previo de Villares y el ruido de los litigios eólicos hacen el caso más vistoso; el núcleo jurídico es bastante menos cinematográfico y bastante más importante.

Lo que se discute, al cabo, es hasta dónde llega la capacidad de organizar internamente una Sala cuando esa reorganización afecta a los magistrados que conocen determinados grupos de asuntos y qué controles deben acompañarla. El traslado permanece y la discrepancia también. La votación del CGPJ, partida exactamente por la mitad entre sus veinte vocales antes del voto de la Presidencia, deja claro que el expediente podrá haber superado otra estación procesal, pero el debate jurídico está lejos de parecer pacífico.