Aldama, el PSOE y el petróleo: qué se investiga en la trama

La investigación sobre el negocio de los hidrocarburos reúne dos asuntos que, en apariencia, avanzaban por carriles distintos: un presunto fraude fiscal de gran escala y una serie de maniobras para influir en causas judiciales con derivaciones políticas. En el centro aparecen Víctor de Aldama, empresarios del sector, el exministro José Luis Ábalos y antiguos cargos y asesores socialistas. La Audiencia Nacional trata de aclarar qué parte de las acusaciones tiene respaldo documental y si hubo decisiones administrativas condicionadas por pagos o contactos.

El trasfondo económico es un sistema de sociedades interpuestas que, según los investigadores, habría permitido vender carburante sin ingresar el IVA correspondiente. La dimensión política surge alrededor de la licencia de Villafuel, las gestiones atribuidas a Koldo García y las declaraciones de Aldama sobre dinero, reuniones y petróleo venezolano. A esa causa se ha añadido otra línea especialmente delicada: la posible búsqueda de información sobre la defensa del empresario y los intentos de apartar a su abogado, extremos que siguen bajo investigación y sin sentencia firme.

Una causa económica que se convirtió en un problema político

La trama no nació como una investigación sobre el PSOE. Su núcleo es el presunto fraude en la comercialización de carburantes, un negocio con grandes volúmenes, varios intermediarios y obligaciones fiscales que se generan a lo largo de la cadena. Las pesquisas sobre Villafuel y otras sociedades buscan establecer quién controlaba realmente las empresas, qué operaciones realizaron y si algunas fueron utilizadas para acumular deudas tributarias antes de desaparecer o declararse insolventes.

El caso adquirió una dimensión política por las conexiones que la investigación atribuye a sus protagonistas. Aldama ya era conocido por su papel en el caso Koldo, relacionado con contratos de mascarillas y con el exasesor ministerial Koldo García. En la causa de hidrocarburos, su nombre aparece ligado a Villafuel y a Claudio Rivas, además de a gestiones para obtener autorización como operador mayorista. La coincidencia de nombres entre expedientes no demuestra por sí sola una organización común, pero explica por qué los investigadores cruzan comunicaciones, sociedades, agendas y movimientos económicos.

Las informaciones conocidas sobre el sumario del caso Leire Díez han abierto otro frente: si hubo una operación para contener el impacto de investigaciones sensibles, recabar información sobre agentes o fiscales y modificar la estrategia de personas investigadas. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa a Díez y al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán entre los protagonistas de esa presunta trama de influencia, según los elementos que han trascendido. El juez Santiago Pedraz levantó parcialmente el secreto de las actuaciones, lo que permitió conocer más detalles, aunque la instrucción todavía debe separar indicios de hechos probados.

La licencia de Villafuel y las gestiones atribuidas a intermediarios

Una de las preguntas centrales es cómo obtuvo Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de hidrocarburos y si cumplía los requisitos exigidos. Un informe de la UCO de diciembre de 2025 sostuvo que la trama habría penetrado en niveles directivos de los ministerios de Transportes, Industria y Transición Ecológica para lograr una resolución favorable, pese a que la empresa no reuniría las condiciones necesarias. La hipótesis policial añade que esa gestión se habría vinculado a una contraprestación económica; corresponde a la Justicia determinar si las pruebas sostienen esa interpretación.

En las declaraciones recogidas por la prensa, Carmen Pano sostuvo que en una reunión de diciembre de 2020 en el Ministerio de Industria el entonces jefe de gabinete de Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, les indicó que le hicieran llegar la documentación de la licencia después de registrarla. Según esa versión, el canal señalado era Koldo García. Díaz Bidart había admitido reuniones con representantes de Villafuel para tratar cuestiones relacionadas con licencias, pero el contenido y el alcance de esos contactos son materia de investigación. Una reunión, por sí sola, no acredita una intervención ilícita.

Aldama también ha situado a Koldo García y a Ábalos en gestiones para acelerar trámites empresariales. En una declaración judicial, según las informaciones publicadas, sostuvo que las entregas de dinero que Pano le habría hecho, de entre 40.000 y 50.000 euros, estaban destinadas a Koldo y al exministro. Pano, por su parte, declaró que llevó dinero a Ferraz por indicación de Aldama. Son relatos que difieren en aspectos relevantes y que deben contrastarse con documentos, comunicaciones y otros testimonios; ninguna de esas versiones equivale a una conclusión judicial.

La investigación también ha examinado reuniones atribuidas a Koldo García con Marc Pons, jefe de gabinete de la entonces ministra Teresa Ribera. En el caso de Industria, los contactos con Díaz Bidart se relacionan con la licencia mayorista de Villafuel y con Have Got Time, la sociedad vinculada a Pano. Leonor González Pano negó cualquier operación destinada a conseguir esa autorización, mientras que su madre describió una intervención de responsables públicos. La distancia entre ambas versiones ilustra una dificultad habitual en estas causas: reconstruir quién tomó cada iniciativa y con qué propósito.

El intento de influir en la defensa de Aldama

La investigación sobre hidrocarburos se cruza con el caso Leire Díez en una conversación atribuida a Díez, al abogado Jacobo Teijelo y a los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn. Según lo publicado a partir de las diligencias, se habría hablado de que Hamlyn intentara apartar a José Antonio Choclán de la defensa de Aldama. También se habría buscado información sobre la estrategia del empresario. La relevancia de ese episodio no depende de que la conversación contenga una orden formal: importa determinar si hubo actuaciones concretas para condicionar a un investigado o acceder a comunicaciones protegidas.

Choclán, exmagistrado de la Audiencia Nacional y abogado penalista, ha tenido un papel relevante en la defensa de Aldama mientras este declaraba en distintas piezas. Sustituir a un abogado no es ilícito por sí mismo: cualquier investigado puede cambiar de defensa. Lo que la causa debe aclarar es si alguien trató de provocar ese cambio para orientar el relato del empresario, conocer información confidencial o dificultar su colaboración con los tribunales. El derecho de defensa protege precisamente esa relación frente a interferencias externas, incluso cuando el cliente está investigado por delitos graves.

Otra persona mencionada en las informaciones es Joaquín Parra, empresario e investigado en causas relacionadas con hidrocarburos. Según esos relatos, Díez y Pérez Dolset habrían intentado utilizar su relación con Aldama para acercarse a él o influir en su posición. También se ha publicado que Parra no aceptó cambiar de abogado ni participó en las maniobras propuestas. Ese extremo, como los demás contactos atribuidos a los implicados, debe valorarse atendiendo a las pruebas incorporadas a la causa y no solo a la descripción de una conversación.

La línea sobre la defensa es importante porque una investigación puede afectar tanto a lo que una persona declara como a quién tiene acceso a su estrategia procesal. Pero hay que distinguir entre hablar de un posible cambio de abogado y ejecutar una presión con finalidad delictiva. La UCO y el juzgado deben establecer quién participó, qué se ofreció o pidió, si hubo pagos y si alguien actuó por encargo de terceros. La conversación conocida es un indicio que requiere contexto y corroboración, no una sentencia anticipada.

El petróleo venezolano, el sobre de PDVSA y las acusaciones de Aldama

El flanco internacional se ha alimentado de las declaraciones de Aldama sobre un sobre identificado con PDVSA, la petrolera estatal venezolana. El empresario afirmó que se lo entregó Delcy Rodríguez y que su contenido guardaba relación con una presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista. También sostuvo ante el juez que el documento incluía información sobre operaciones de petróleo venezolano. Son afirmaciones graves, pero el hecho de que un documento se haya aportado a una investigación no demuestra que su interpretación sea correcta ni que el dinero llegara a un partido.

La controversia sobre el sobre tiene un límite concreto. La demanda de conciliación promovida por Rodríguez se centró en negar que ella hubiera entregado personalmente la documentación a Aldama. Esa disputa no acredita por sí misma que el sobre sea auténtico, que su contenido pruebe una financiación irregular ni que los demás elementos del relato sean ciertos. Aldama se negó a retractarse en el acto de conciliación, según la información disponible, y la representación de Rodríguez anunció acciones judiciales. La atribución de la entrega y el valor probatorio de los papeles son cuestiones distintas.

En otra declaración, Aldama relacionó a un empresario, Manuel Sallés, con un viaje a Canarias junto a Koldo García en diciembre de 2020 para reunirse con Ángel Víctor Torres, entonces presidente canario. Según su versión, el objetivo era adquirir un depósito fiscal y recibir producto transportado en barco a una zona franca. Pano también habría mencionado viajes de Aldama a Canarias y planes para descargar carburante procedente de Venezuela y República Dominicana. Hasta que se contraste con registros, contratos y testimonios independientes, se trata de un relato atribuido a los implicados, no de una operación acreditada.

Otra pieza mencionada en la información periodística es un contrato de 15 millones de euros fechado a finales de 2019, con Apamate Corporate and Trust, vinculada al empresario venezolano Francisco Flores. Según la documentación descrita y la versión de Aldama, el acuerdo estaba relacionado con la comercialización de crudo venezolano. Los investigadores tratan de comprobar si existió una actividad comercial efectiva y cuál fue el destino del dinero. Aldama también habría hablado de una operación inicial de cinco millones, de la que al menos 300.000 euros habrían llegado a cuentas suyas en España, y de entregas posteriores en efectivo a Koldo. Todo ello requiere comprobación bancaria y documental.

Hamlyn, por su parte, aparece en las informaciones sobre conversaciones en las que habría descrito una estructura en Ginebra vinculada a Aldama y Rodríguez y a operaciones con petróleo venezolano. En ese relato se mencionan intermediarios, barcos y cambios en la documentación de origen del combustible. La hipótesis tendría que verificarse con contratos, sociedades, cuentas y trazabilidad del producto. La mención de sanciones internacionales o de terceros países no basta para demostrar contrabando: la dimensión internacional amplía las preguntas, pero no resuelve las pruebas.

Cómo puede funcionar el fraude con carburantes

El mecanismo investigado suele apoyarse en empresas que intervienen en la cadena de compra y venta del combustible. Algunas sociedades adquieren carburante y lo revenden, pero no ingresan el IVA que han cobrado o que deben declarar. Después acumulan deudas, quedan insolventes o desaparecen, mientras el producto continúa circulando y llega a otros operadores. Los investigadores describen el uso de empresas pantalla, testaferros y documentación que dificulta seguir el rastro del dinero y de la mercancía.

La ventaja económica aparece en el precio. Si una empresa evita pagar los impuestos que corresponden, puede ofrecer combustible por debajo de los costes de sus competidores legales y aun así conservar un margen. El daño no se limita a la recaudación: los operadores que cumplen sus obligaciones compiten en condiciones desiguales y el mercado puede distorsionarse. Los investigadores han señalado que el fraude atribuido a Aldama en esta causa superaría los 182 millones de euros, mientras que la empresa Villafuel registró ventas superiores a 815 millones en 2022. Son cifras asociadas a la investigación y a la actividad empresarial, no importes que deban confundirse con una condena firme.

El fenómeno no se reduce a Villafuel. En mayo de 2024, la Agencia Tributaria requirió información a más de 400 gasolineras de 14 comunidades autónomas como parte de la operación Fuel. El objetivo era identificar estaciones que vendían a precios anormalmente bajos y reconstruir el origen del carburante y de sus proveedores. En febrero de 2025, la operación Quíone se saldó, según la información oficial recogida en el material de referencia, con 11 detenidos, 19 registros y la incautación de siete millones de euros en criptoactivos, dentro de una investigación por un fraude de IVA de 184 millones.

Otras causas permiten dimensionar la persistencia del problema. La operación Drake investigó un presunto fraude de más de 154 millones de euros en IVA entre 2016 y 2019 relacionado con Hafesa Energía; el juicio previsto para mayo de 2025 fue aplazado después de que su principal acusado no compareciera. La operación Gaslow, iniciada en 2021, también puso el foco en el impago sistemático del IVA en la distribución de carburantes. Estas investigaciones no son automáticamente partes de una misma organización, pero muestran que el fraude fiscal en el sector tiene mecanismos repetidos.

El coste para Hacienda y las medidas de control

Las estimaciones económicas varían según el periodo y las operaciones incluidas. La UCO situó por encima de 231 millones de euros las pérdidas directas por fraude de IVA entre 2021 y 2024 en los casos considerados, mientras otras estimaciones elevan el fraude acumulado a cifras cercanas a 3.000 millones al incorporar diferentes redes y causas aún abiertas. En 2023, la Agencia Tributaria detectó 715 millones de euros defraudados en el ámbito de los hidrocarburos, un 55% más que el año anterior, según los datos citados en la información de referencia. No son magnitudes intercambiables: responden a recuentos y perímetros distintos.

El Gobierno ha reforzado los controles mediante el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales y una obligación de pago anticipado equivalente al 110% del IVA correspondiente al carburante extraído de esos depósitos. La lógica es cerrar el margen que permite a una sociedad retirar producto, venderlo y desaparecer antes de ingresar el impuesto. También se han anunciado reformas para elevar los requisitos fiscales y medioambientales de los operadores. Estas medidas buscan reducir el riesgo, aunque no sustituyen la investigación de cada operación ni garantizan que desaparezcan todas las formas de fraude.

La gasolina o el gasóleo vendidos a un precio excepcionalmente bajo no prueban por sí solos una irregularidad. Puede haber razones comerciales legítimas, pero una diferencia persistente puede justificar que Hacienda examine proveedores, facturas y trazabilidad. Esa distinción importa para evitar que el consumidor convierta una sospecha en una acusación contra una estación concreta. El problema de fondo es menos visible que el precio del surtidor: la factura fiscal puede quedar abandonada en una sociedad mientras el combustible sigue su camino.

Lo que puede afirmarse y lo que sigue abierto

La investigación debe resolver si Villafuel recibió ayuda indebida para obtener su licencia, si hubo pagos dirigidos a responsables públicos y si Aldama, Koldo García o Ábalos intervinieron en las gestiones descritas. También debe aclarar si el dinero que Pano dijo haber trasladado llegó a Ferraz o tuvo otro destino. El PSOE ha rechazado que existiera financiación ilegal y ha defendido que sus cuentas están auditadas y examinadas por el Tribunal de Cuentas. Además, ha reclamado explicaciones por 27,9 millones de euros cuyo desvío a Portugal investiga la Fiscalía Europea en relación con empresas vinculadas al caso de hidrocarburos.

En paralelo, Ferraz ha sostenido que algunas personas pudieron utilizar el nombre del partido sin autorización. La cuestión judicial es si los contactos descritos fueron iniciativas individuales, exageraciones para obtener influencia o parte de una estructura con respaldo efectivo. Una persona que menciona a un ministro no demuestra que el ministro conociera una operación; una reunión tampoco equivale a una decisión irregular. La prueba puede surgir de documentos, comunicaciones, movimientos bancarios y testimonios coincidentes, pero debe valorarse en conjunto.

Las acusaciones sobre financiación política vinculada al crudo venezolano permanecen igualmente pendientes de verificación. El contrato atribuido a Apamate, el sobre de PDVSA y los relatos sobre pagos a intermediarios pueden orientar diligencias, pero no acreditan por sí mismos que el PSOE recibiera fondos ilegales ni que Rodríguez participara en los hechos descritos. La investigación tiene que determinar si hubo transacciones reales, quién las ejecutó y dónde acabó el dinero. Mientras tanto, la diferencia entre una declaración y una prueba corroborada sigue siendo decisiva.

El mapa que queda es amplio, pero no cerrado: fraude de IVA en un sector con cadenas empresariales complejas; gestiones para obtener permisos; acusaciones de pagos y contactos políticos; y una presunta operación para influir en la defensa de Aldama. Cada línea puede tener conexiones con las demás, aunque esa relación todavía debe demostrarse. La causa no trata solo de quién habló con quién, sino de si el dinero, las decisiones administrativas y las maniobras atribuidas forman una secuencia verificable.

Una trama que la Justicia aún debe desenredar

El interés público del caso nace de la combinación de dos daños potenciales: el perjuicio a Hacienda y la posibilidad de que decisiones públicas o procedimientos judiciales fueran objeto de presiones. El combustible puede cambiar de empresa y de factura en cuestión de días; reconstruir quién se benefició exige seguir una cadena de sociedades, depósitos y pagos. A esa tarea se suma la necesidad de comprobar si los contactos políticos descritos tuvieron efectos reales o se usaron para aparentar influencia.

Las novedades sobre Aldama, el petróleo venezolano y los intentos atribuidos de intervenir en su defensa no cierran la investigación; abren preguntas que requieren respuestas documentadas. La UCO aporta informes y los declarantes ofrecen versiones, pero corresponde a los jueces contrastar las pruebas y, en su caso, determinar responsabilidades. Hasta entonces, la trama seguirá siendo un conjunto de causas relacionadas por personas y operaciones, no una sentencia única sobre todos los nombres que han aparecido.

El dato que mantiene unido el expediente es también el más prosaico: detrás de cada acusación debe haber una operación rastreable. Una transferencia, una licencia, una factura, una llamada o una decisión administrativa pueden aclarar el recorrido del dinero, pero solo cuando encajan con el resto de la prueba. Separar el fraude acreditable de las sospechas políticas será la medida real del alcance del caso.