¿Por qué Telefónica fue condenada por plagiar tecnología de una pyme?

La Justicia ha condenado a Telefónica por plagiar o utilizar indebidamente una solución informática desarrollada por Sistemas de Oficina de Rioja, empresa integrada en Grupo Pancorbo. La tecnología estaba destinada a virtualizar escritorios y puestos de trabajo educativos del Gobierno de La Rioja, uno de esos sistemas que funcionan lejos del foco público hasta que un litigio enseña cuánto dinero y conocimiento hay detrás de una pantalla aparentemente corriente.

El Tribunal de Instancia de Logroño considera que la solución pertenece a la pyme riojana y obliga a Telefónica a cesar en su utilización. La resolución, sin embargo, todavía no es firme: la multinacional dispone hasta el 7 de octubre de 2026 para recurrir. Ese matiz importa. Hay una condena judicial, pero el procedimiento aún puede continuar.

Una tecnología riojana en el corazón de las aulas

El origen del conflicto no está en una aplicación menor ni en un programa perdido en algún servidor. Se trata de tecnología de virtualización de escritorios, conocida en el sector como VDI —Virtual Desktop Infrastructure—, que permite acceder a un entorno informático remoto desde distintos dispositivos. En términos más mundanos: el ordenador con el que trabaja una persona deja de depender tanto de la máquina que tiene delante y pasa a apoyarse en una infraestructura centralizada.

La historia arranca en 2017, cuando el Gobierno de La Rioja impulsó un proyecto para virtualizar los puestos utilizados por profesores y alumnos de Primaria y Secundaria. Telefónica obtuvo aquel concurso utilizando una tecnología de la que disponía Grupo Pancorbo, según la documentación conocida del caso. Años después, aquella infraestructura resultó especialmente útil durante la pandemia, cuando buena parte de la actividad educativa tuvo que trasladarse de golpe a los hogares.

La tecnología había dejado de ser una comodidad administrativa. Era parte de la fontanería digital de los colegios: invisible cuando funciona, imprescindible cuando todo lo demás se atasca.

De colaborar con Telefónica a terminar en los tribunales

El siguiente capítulo llegó en 2021, con el denominado proyecto NEOTEC del Gobierno de La Rioja. Telefónica y Grupo Pancorbo plantearon colaborar en distintas partes de la nueva contratación tecnológica. Según la versión sostenida por la empresa riojana durante el procedimiento, Pancorbo facilitaría su solución y, si Telefónica lograba la adjudicación, sus servicios serían subcontratados.

La relación acabó exactamente en el lugar opuesto. La sentencia concluye que Telefónica presentó como propia una solución tecnológica perteneciente a Sistemas de Oficina de Rioja y utilizó ese conocimiento en la contratación pública. El tribunal ha reconocido ahora la titularidad de la pyme sobre esa tecnología y ha ordenado que la multinacional deje de emplearla.

Un conflicto que ya había llegado a Transparencia

Hay un detalle documental especialmente revelador. En julio de 2022, Sistemas de Oficina de Rioja pidió al Gobierno regional acceso a la documentación presentada por Telefónica para los lotes 5, 7 y 9 del proyecto NEOTEC. La Administración permitió consultar solo una parte de la oferta, alegando motivos relacionados con la ciberseguridad, los intereses comerciales y el secreto empresarial. La pyme recurrió aquella limitación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que terminó desestimando su reclamación en 2023.

La documentación de aquel expediente permite reconstruir algunas fechas. Telefónica presentó su oferta el 18 de enero de 2022; los contratos se formalizaron el 23 de junio y la ejecución arrancó el 26 de junio. Sistemas de Oficina de Rioja había solicitado el 25 de febrero de ese año la inscripción de derechos de propiedad intelectual sobre varios trabajos relacionados con la administración de VDI y el mantenimiento de infraestructuras informáticas. La inscripción se practicó posteriormente, el 16 de agosto de 2022.

Ese calendario fue objeto de discusión administrativa, pero no ha impedido que la resolución judicial conocida en septiembre de 2026 reconozca la tecnología a Grupo Pancorbo.

Un contrato público mucho mayor de lo que parece

El nombre completo del expediente da una pista de su tamaño: Servicios de evolución y mantenimiento de infraestructuras tecnológicas para los servicios prestados por el Gobierno de La Rioja en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. Proyecto NEOTEC. No era precisamente cambiar cuatro ordenadores en una consejería.

El contrato comprendía comunicaciones, redes, WiFi, dispositivos, servicios de soporte, impresión, centros de datos, nube, seguridad informática y escritorios virtuales. El expediente completo partía de un presupuesto base próximo a los 93,94 millones de euros, con diferentes lotes y adjudicatarios.

La parte especialmente relacionada con el conflicto era el lote 5, denominado “Dispositivos, Escritorio Virtual, CAU y OIS”. Un informe posterior del Tribunal de Cuentas cifra su importe total adjudicado en 34,28 millones de euros sin IVA. Con el impuesto incluido, la documentación contractual del Gobierno riojano sitúa la cifra alrededor de los 41,48 millones.

Es una precisión importante porque algunas informaciones han redondeado el proyecto en torno a los 36 millones. La documentación pública permite afinar bastante más: estamos ante una contratación tecnológica de gran dimensión y ante un lote donde el escritorio virtual era una pieza expresamente identificada.

Qué obliga a hacer la sentencia a Telefónica

El efecto inmediato de la resolución conocida es delicado para Telefónica: debe dejar de utilizar la solución tecnológica cuya titularidad se reconoce a Grupo Pancorbo. Y no solo en el futuro; la prohibición afecta a la continuidad de ese uso en los términos recogidos por la sentencia.

A partir de ahí aparece una segunda cuestión, esta vez administrativa. Los abogados de Grupo Pancorbo sostienen que el Gobierno de La Rioja podría encontrarse ante dos escenarios: que el servicio continúe con participación de la empresa propietaria de la tecnología o que la Administración valore las consecuencias contractuales derivadas de la situación, incluida una eventual resolución por incumplimiento culpable. Por ahora, esa segunda vía es una interpretación planteada por la representación jurídica de la pyme, no una decisión ya adoptada por el Gobierno regional.

La distinción es relevante. Una sentencia sobre propiedad intelectual no rompe automáticamente un contrato público de decenas de millones. La Administración debe analizar la resolución, su eventual recurso y el impacto concreto sobre la ejecución del servicio.

Telefónica todavía puede recurrir

El calendario judicial tampoco está agotado. Telefónica puede presentar recurso hasta el 7 de octubre, de modo que la condena conocida el 29 de septiembre no debe confundirse con una resolución definitivamente firme.

Mientras eso se aclara, Grupo Pancorbo sitúa el coste empresarial del conflicto mucho más allá de los abogados y los expedientes. La empresa asegura que tuvo que realizar 15 despidos como consecuencia del perjuicio económico sufrido durante estos años. Es una de las caras menos visibles de este tipo de pleitos: para una gran compañía, varios años de litigio pueden ser una partida; para una pyme, pueden convertirse en nóminas, oficinas vacías y conocimiento que termina marchándose por la puerta.

Cuando el tamaño de la empresa no decide de quién es una idea

El caso enfrenta dos escalas empresariales casi opuestas. De un lado está Telefónica, una multinacional acostumbrada a competir por grandes contratos tecnológicos. Del otro, una pyme riojana que desarrolló conocimiento especializado para gestionar escritorios virtuales y terminó defendiendo ante los tribunales la propiedad de ese trabajo.

La particularidad es que la disputa atraviesa también la contratación pública. No se discute únicamente quién escribió determinada documentación o quién desarrolló una determinada solución: esa tecnología terminó vinculada a un servicio contratado por una Administración y utilizado en una infraestructura educativa. Ahí el pleito privado deja de ser tan privado.

La sentencia del Tribunal de Instancia de Logroño coloca de momento la balanza del lado de Sistemas de Oficina de Rioja y Grupo Pancorbo: reconoce su tecnología y ordena a Telefónica cesar en el uso cuestionado. Falta saber qué ocurrirá con el recurso y cómo responderá el Gobierno riojano ante un servicio que sigue teniendo que funcionar cada mañana, cuando profesores y alumnos encienden sus equipos y esperan, sencillamente, que todo aparezca en la pantalla.