Historia
Tal día como hoy: qué pasó el 27 de febrero en la historia

27F: del Sáhara al 23-F, del himno a la supercomputación. Viaje por hechos que marcaron España y el mundo y eco, con nombres y fechas clave.
Un 27 de febrero concentra, como si el calendario tuviera mala leche y buena memoria a la vez, decisiones y sacudidas que siguen teniendo eco. Este 27F de 2026 llega con una cifra redonda en el Sáhara Occidental: 50 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), una fecha que vuelve a poner a España en primer plano por historia, por diplomacia y por una herida que no termina de cerrarse.
En España, además, el 27 de febrero aparece en lugares muy distintos del archivo: el día en que se creó el Instituto Nacional de Previsión en 1908, el día en que Barcelona rebautizó “El Sport” como la Monumental en 1916, el día en que la Marcha Real recuperó oficialidad por decreto en 1937 y, ya en democracia, el día en que un millón y medio de personas se mojaron bajo la lluvia en Madrid en 1981 para decir que el 23-F no iba a marcar el futuro. Fuera, el mismo 27 de febrero se asocia al incendio del Reichstag de 1933 —con Adolf Hitler usando el humo como acelerador político— y al terremoto 8,8 de Chile en 2010, el famoso 27F que reordenó ciudades enteras a golpe de placas.
El 27F del Sáhara: 50 años de una proclamación incómoda
Este año, el 27 de febrero no cae en abstracto. Pesa. Se cumplen cinco décadas desde que el Frente Polisario proclamó la RASD en Bir Lehlu, en el desierto, en una escena que mezcla solemnidad y urgencia: un acto político nacido de un vacío administrativo y de una retirada española que, para unos, fue salida inevitable; para otros, abandono. Lo concreto es la secuencia: el 26 de febrero de 1976 España comunicó a Naciones Unidas que daba por terminada su presencia en el territorio y se consideraba exenta, desde ese momento, de responsabilidad internacional en relación con la administración del Sáhara Occidental; el 27 de febrero, llegó la proclamación saharaui.
La carta a la ONU la firmó el embajador Jaime de Piniés y estaba dirigida al entonces secretario general Kurt Waldheim. Ese detalle —nombre y firma— importa porque fija un punto oficial: no es un rumor, ni una crónica de bar, ni un “se dice”. Es una notificación diplomática con efectos políticos que, medio siglo después, todavía se discute en términos de potencia administradora, obligaciones pendientes y encaje legal. El Sáhara Occidental sigue figurando como territorio no autónomo en el marco de la ONU; y esa etiqueta, que suena a tecnicismo, se traduce en algo muy terrenal: el proceso de descolonización queda, formalmente, inconcluso.
La proclamación se vincula al liderazgo del Polisario de entonces, encabezado por El Uali Mustapha Sayed, considerado el primer presidente de la RASD; en el acto participaron también dirigentes saharauis que aparecen en distintas crónicas y testimonios de la época, como Ali Beiba, Emhamed Uld Zieu o Mahfud Ali Beida. La escena tiene localización y textura: Bir Lehlu era un pozo rodeado de construcciones de adobe, un lugar elegido por cercanía y logística, no por comodidad. Se izó la bandera saharaui, se leyó una declaración de independencia y se lanzó un mensaje al exterior: el pueblo saharaui se presentaba como sujeto político con institución propia, aunque el territorio estuviera —y siga estando en buena parte— bajo control de Marruecos.
En ese relato hay también una fecha que suele quedar eclipsada y aquí conviene fijar: el 28 de febrero de 1976, en El Aaiún, se arrió la bandera española en un acto oficial. Se cita al teniente coronel Valdés como el último gobernador del territorio en esa ceremonia, y se menciona el avión “Ciudad de Vigo” como el que sacó a los últimos militares y funcionarios españoles. En paralelo, el coronel Dlimi, jefe de las fuerzas marroquíes en el terreno según distintas fuentes históricas, dejó una frase que hoy suena a error de cálculo: prometió acabar con el Polisario “en tres meses”. No ocurrió.
Que esto vuelva ahora a portada no es casual. En febrero de 2026 se han multiplicado actos, manifiestos y debates públicos en España por el cincuentenario, con asociaciones solidarias y colectivos recordando el conflicto, la situación de los campamentos de refugiados en Argelia y la dimensión humanitaria. Y, al mismo tiempo, el tablero diplomático se mueve: hay presión internacional para reactivar conversaciones entre Marruecos, el Polisario y los actores regionales —Argelia y Mauritania—, con la ONU en el centro de la mediación y con Estados Unidos jugando su propia partida.
En la parte española, el Sáhara sigue siendo una pieza delicada porque mezcla historia y presente: memoria colonial, política exterior, migraciones, energía, relación con Marruecos, y también un punto de fricción interno desde el giro del Gobierno de Pedro Sánchez en 2022, cuando se comunicó a Rabat que el plan marroquí de autonomía era “la base más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto. La frase —literalmente repetida y debatida hasta el agotamiento— acabó convirtiéndose en un hito político por su ruptura con la posición tradicional de neutralidad activa y apoyo al proceso de la ONU.
Hoy, el Polisario está liderado por Brahim Ghali, secretario general desde 2016 y presidente de la RASD, un nombre que enlaza con los primeros años del conflicto y con la diplomacia contemporánea: fue representante del Frente Polisario en España durante años y es una figura clave en el pulso político del Magreb. Y mientras tanto, el conflicto sigue pegado a una pregunta estructural que bloquea soluciones: el censo y el mecanismo de consulta. No hace falta adornarlo: sin acuerdo sobre quién vota y qué se vota, todo lo demás se convierte en una coreografía.
1981: el 27F en que España salió a la calle empapada
El 27 de febrero de 1981 no fue un aniversario bonito ni un “día de”. Fue una respuesta inmediata al miedo. Cuatro días antes, el 23-F, el teniente coronel Antonio Tejero había irrumpido armado en el Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, con disparos al techo y la imagen del tricornio clavada para siempre en la retina. La Transición, que ya caminaba con muletas —crisis económica, violencia política, tensiones territoriales—, se vio al borde del abismo.
El 27F llegó como un golpe de realidad, pero en la calle. En Madrid, la manifestación fue gigantesca: se habló de un millón y medio de personas recorriendo el tramo entre Embajadores y la plaza de las Cortes, con la Ronda de Valencia, Atocha y el paseo del Prado convertidos en marea humana. No es una cifra casual; es una de esas magnitudes que, cuando se pronuncian, cambian la escala de lo que parecía posible. Y llovía. Llovía lo justo para que quedara una imagen: democracia bajo paraguas, abrigos oscuros, pegatinas, un ruido de fondo de consignas y alivio.
La cabecera fue una foto histórica por acumulación de nombres. Estaban líderes políticos y sindicales que raramente compartían pancarta con naturalidad. Aparecieron Felipe González por el PSOE, Santiago Carrillo por el PCE, Manuel Fraga por Alianza Popular, y dirigentes del entorno de UCD como Agustín Rodríguez Sahagún, además de figuras sindicales como Nicolás Redondo (UGT) y Marcelino Camacho (CCOO). También se vio a Rafael Calvo Ortega y a otros representantes institucionales. La pancarta llevaba el lema que se repetiría como martillo: “Por la libertad, la democracia y la Constitución”.
Aquel día, además, la logística de una marcha masiva dejó escenas casi de película: hubo petardos, apagones momentáneos en el paseo del Prado que dispararon el nervio colectivo, intentos de mantener un silencio que era inviable con esa densidad humana. La manifestación acabó cerca del Congreso, con un estrado preparado, y el manifiesto se leyó con interrupciones de aplausos y gritos. La voz que lo leyó fue la de Rosa María Mateo, entonces un rostro conocido de TVE, porque el presidente del Tribunal Constitucional, Antonio Hernández Gil, no pudo asistir. Al final, Landelino Lavilla, presidente del Congreso, se asomó a una ventana y saludó sin discurso, un gesto pequeño en lo físico y enorme en lo simbólico.
En 2026, ese 27F vuelve a escena por dos motivos muy concretos. El primero, de actualidad pura: Antonio Tejero ha fallecido con 93 años, reabriendo el archivo del 23-F y, por arrastre, el del 27-F. El segundo, institucional: el Gobierno ha declarado las manifestaciones del 27 de febrero de 1981 como Lugar Inmaterial de Memoria Democrática, una figura que pretende fijar el valor histórico de aquella respuesta civil. El acuerdo oficial recuerda, además, cifras de movilización en otras ciudades: Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Oviedo, Alicante, Granada, Murcia, Valladolid, A Coruña, Málaga… un mapa de plazas llenas que desmonta la idea de que todo se concentró en Madrid.
Lo interesante del 27F de 1981 no está en la épica, sino en el mecanismo: el golpe fracasó dentro, y el país selló el rechazo fuera, a la vista de todos. Esa doble pinza —instituciones resistiendo y calle sosteniendo— es la que explica por qué aquel día se recuerda como un punto de inflexión, más allá de discursos posteriores y lecturas ideológicas. El 27F fue, literalmente, una demostración de fuerza, pero una fuerza sin uniforme: gente.
Del vapor al silicio: dos 27F que cambiaron la velocidad del país
1853: la “Primera Española”, bendición y un susto en Montgat
Barcelona, 27 de febrero de 1853, estación, invitados, autoridades, y una locomotora que no llega como simple máquina sino como acontecimiento. A partir de las diez de la mañana fueron apareciendo los asistentes: el gobernador provincial Manuel Lasala, el ingeniero jefe del distrito Juan Merlo, representación eclesiástica, comisiones de la empresa, y un nombre que sorprende por modernidad en el relato ferroviario: Ildefonso Cerdá, ligado a la compañía. La locomotora todavía no tenía nombre oficial. En plena ceremonia, se decidió bautizarla como “1ª Española”, porque era la primera locomotora construida por la industria ferroviaria del país, fabricada en los talleres vinculados al ferrocarril de Barcelona a Mataró.
El protagonista técnico fue Joseph White, director mecánico, que condujo la máquina hasta el punto preparado para el acto: un altar dispuesto en la estación. Allí, el cura párroco de la Barceloneta, asistido por otro sacerdote, bendijo solemnemente la locomotora, que quedó bautizada oficialmente con ese nombre. La escena dice mucho del siglo XIX español: industria naciente, religiosidad pública, autoridades civiles y un orgullo casi artesanal por haber logrado montar una máquina con medios limitados, sin una cadena industrial madura.
La jornada, además, tuvo un giro inesperado que la vuelve más humana y menos ceremonial. Estaba previsto que la locomotora encabezara un tren especial de invitados hacia Mataró, pero el convoy que debía venir desde allí sufrió un descarrilo en las inmediaciones de Montgat. La solución fue improvisada y práctica: la “1ª Española” partió sola hacia Montgat para recoger la composición detenida, regresó a Barcelona y, una vez reorganizado el tren, salió rumbo a Mataró. Ese viaje inaugural se hizo con paradas reglamentarias y duró 56 minutos, una cifra que hoy parece casi anecdótica, pero que en 1853 era velocidad con mayúsculas.
En Mataró hubo almuerzo, discursos y felicitaciones. El gobernador habló del esfuerzo tras el logro y el presidente de la Junta Directiva, Manuel Gibert, agradeció la asistencia y subrayó el reconocimiento a Joseph White por su aportación técnica. También quedaron apuntes menos épicos y más reales: la locomotora presentaba algunas imperfecciones en superficies curvas por falta de utillaje durante el proceso de construcción, y el coste se movía en torno a los 5.500 duros en materiales, con ajustes posteriores. Lo relevante no es el detalle contable, sino lo que implica: la industria española estaba aprendiendo a fabricar aquello que antes compraba fuera, y lo hacía a base de oficio, prueba y error, y una dosis de orgullo que olía a aceite y metal caliente.
2004: MareNostrum, una capilla llena de cálculo
Otro 27 de febrero, el de 2004, España volvió a presumir de máquina, pero ya no con vapor. Ese día el Gobierno aprobó un acuerdo que desembocó en la instalación del superordenador MareNostrum, con un contrato firmado con IBM. La imagen que se quedó fue casi cinematográfica: un ordenador de alta potencia instalado dentro de una capilla, la de la Torre Girona, en el campus de la Universitat Politècnica de Catalunya. Cristal, cables, aire frío, racks; y detrás, una idea: poner a España en el mapa de la supercomputación.
MareNostrum empezó a funcionar en 2005 y se convirtió en una referencia europea. En el ranking internacional Top500, la primera versión llegó a situarse en posiciones de élite; se habló de un cuarto puesto global en un momento en el que Europa competía por no quedarse atrás frente a Estados Unidos y Asia. El centro que lo acoge, el Barcelona Supercomputing Center (BSC), ha estado asociado a un nombre clave en la computación española: Mateo Valero, figura central del proyecto desde sus inicios y uno de los científicos más reconocidos en este campo.
A partir de ahí, MareNostrum no fue un “aparato” sino una infraestructura con aplicaciones prácticas, aunque suene a ciencia de bata blanca. Con supercomputación se modela el clima, se simulan materiales, se exploran interacciones moleculares para fármacos, se optimizan procesos industriales, se entrenan sistemas avanzados de inteligencia artificial, se calculan escenarios de riesgo. Y mientras el público veía una “máquina en una capilla”, por dentro se estaba consolidando una cultura tecnológica que hoy enlaza con debates de soberanía digital, datos en suelo europeo y capacidad de investigación competitiva.
En 2026, el salto de 2004 se entiende mejor porque el país ha seguido empujando: el BSC trabaja con generaciones posteriores del superordenador, participa en proyectos europeos y se ha convertido en un nodo donde conviven computación tradicional de alto rendimiento y nuevas líneas como la computación cuántica. La idea de fondo es sencilla, sin humo: quien calcula mejor, decide antes. Y eso, en ciencia y en economía, marca la diferencia entre llegar y mirar desde la grada.
Himno, previsión y ciudad: tres 27F que explican España
La historia del 27 de febrero en España también se escribe con decretos y con espacios urbanos que cambian de significado. En 1908, el Estado dio un paso clave en protección social; en 1916, Barcelona selló una transformación cultural con un cambio de nombre; en 1937, en plena guerra, el poder utilizó la música como sello de autoridad. Son tres hechos distintos, pero comparten una idea: el Estado y la sociedad se organizan con símbolos, con instituciones y con lugares.
El 27 de febrero de 1908 se creó, por ley, el Instituto Nacional de Previsión (INP) durante la presidencia del Gobierno de Antonio Maura. Dicho así parece un dato administrativo; en realidad es el origen de una arquitectura que acabaría desembocando en el sistema de Seguridad Social. El INP nació con la misión de impulsar la previsión popular, especialmente en forma de pensiones de retiro, en un país que empezaba a enfrentar de forma más visible los riesgos de la industrialización: accidentes, vejez sin red, desigualdad laboral. El instituto sobrevivió décadas y no desapareció hasta 1978, cuando se reorganizó la estructura del sistema; su existencia es una línea continua que conecta debates de hoy —pensiones, sostenibilidad, cobertura— con decisiones tomadas cuando España era otro mundo.
Ocho años después, el 27 de febrero de 1916, Barcelona vivió un día de reinauguración y rebautizo. La plaza de toros conocida como “El Sport” pasó a llamarse la Monumental, con una corrida de reinauguración en la que torearon Joselito el Gallo, Francisco Posada y Julián Sainz Martínez “Saleri II”, con toros de Benjumea. A nivel urbano, aquello fue más que un espectáculo: consolidaba un espacio como símbolo de una época y de una forma de ocio masivo. La Monumental crecería en aforo y se convertiría en un lugar cargado de debates posteriores, desde el declive de la tauromaquia en Cataluña hasta su reconversión como recinto de eventos. La fecha, clavada en el calendario, marca el momento en que el edificio empezó a ser “monumental” no solo por tamaño, sino por peso social.
Y llegamos al 27 de febrero de 1937. En plena Guerra Civil, en la zona sublevada, un decreto restableció la oficialidad de la Marcha Real como himno. El gesto no era inocente ni decorativo: el himno funciona como una firma sonora del poder, un modo de decir “esto es oficial” sin necesidad de palabras. La Marcha Real, también conocida como Marcha Granadera, venía de una historia larga —se menciona en el siglo XVIII y fue asociada a ceremonias reales—, pero su oficialidad había tenido interrupciones: durante la Segunda República se utilizó el Himno de Riego, por ejemplo. En 1937, el decreto fue un golpe de Estado simbólico dentro del caos bélico: recuperar una música como bandera política.
Más tarde, ya con la dictadura consolidada, esa oficialidad se ratificó en 1942. Y décadas después, en democracia, se reguló con precisión mediante un real decreto de 1997, vinculando la partitura oficial a la armonización histórica de Bartolomé Pérez Casas y a la revisión del maestro Francisco Grau, director de la banda de la Guardia Real. Datos aparentemente técnicos —duración, versión larga o corta, uso ceremonial— explican algo muy práctico: la música como protocolo de Estado, con reglas para cuándo suena y ante quién.
Estas tres historias —INP, Monumental, Marcha Real— cuentan España desde ángulos distintos. Una habla de protección social, otra de cultura popular y una tercera de autoridad política. El 27 de febrero aparece, así, como una fecha que no se limita a “pasó esto”, sino que define cómo se organiza un país: quién queda protegido, qué espacios se celebran y qué símbolos se oficializan.
Cuando el 27F aprieta fuera: Reichstag 1933, Chile 2010… y el eco de aquí
El 27 de febrero también tiene un lado internacional que funciona como advertencia y como manual de emergencias. En Berlín, el 27 de febrero de 1933, ardió el edificio del Reichstag, el parlamento alemán. Detuvieron allí mismo a Marinus van der Lubbe, un joven neerlandés de 24 años, y el incendio se convirtió en la palanca política perfecta para el recién nombrado canciller Adolf Hitler. Al día siguiente se firmó el llamado Decreto del Incendio del Reichstag, impulsado bajo la autoridad del presidente Paul von Hindenburg, que suspendía derechos fundamentales y abría la puerta a detenciones y persecución de opositores, especialmente comunistas. El incendio, más allá de la discusión histórica sobre autorías y responsabilidades, quedó como ejemplo de cómo una crisis puede ser utilizada para acelerar un cambio de régimen.
El episodio tuvo juicio, el conocido proceso de Leipzig, con acusados como Ernst Torgler y el comunista búlgaro Georgi Dimitrov, además de Blagoy Popov y Vasil Tanev. Dimitrov se defendió con una habilidad que lo convirtió en figura internacional. El único condenado a muerte fue van der Lubbe, ejecutado el 10 de enero de 1934. Décadas después, la justicia alemana anuló condenas y revisó el caso, pero lo esencial ya estaba escrito: el incendio sirvió como coartada para desmontar libertades con apariencia de legalidad. Es un patrón que la historia repite con distintos disfraces, y por eso se recuerda.
El otro gran 27F internacional, más cercano en tiempo y brutal en energía, es el de Chile en 2010. A las 03.34 de la madrugada, un terremoto de magnitud 8,8 sacudió el país con epicentro marino frente a la zona centro-sur. Afectó de forma severa a regiones como Maule y Biobío, golpeó ciudades como Concepción, Talcahuano, Constitución, Talca o Curicó, provocó tsunami en zonas costeras y dejó un balance oficial que terminó fijándose en 525 fallecidos y 23 desaparecidos tras revisiones de listas. El seísmo duró minutos interminables y dejó una lección doble: la ingeniería antisísmica salva vidas, pero la gestión de alertas y coordinación institucional puede marcar la diferencia entre susto y tragedia.
¿Por qué se cuela esto en un artículo sobre “qué pasó un 27 de febrero” y “por qué importa” sin caer en grandilocuencia? Porque el calendario no es solo memoria: es contexto. En España, el 27F de 2026 convive con el cincuentenario del Sáhara y con el retorno a portada del 23-F por la muerte de Tejero, además de la declaración oficial de las manifestaciones de 1981 como lugar de memoria. A la vez, el 27F recuerda que los Estados pueden aprovechar un incendio para endurecer un régimen, y que un terremoto puede obligar a revisar protocolos y edificios como si fuera un examen que nadie pidió.
Y, entre medias, aparecen esas otras historias españolas del mismo día —la locomotora “1ª Española” bendecida en una estación, el superordenador MareNostrum encerrado en cristal dentro de una capilla, la creación del INP como embrión de protección social, la transformación de la Monumental como símbolo urbano, el decreto que devuelve la Marcha Real a la oficialidad— que, sin necesidad de moraleja, dibujan un mapa claro: el 27 de febrero es una fecha donde se cruzan poder, infraestructura, derechos y memoria, y ese cruce, en 2026, sigue teniendo consecuencias reales en política exterior, en debate público y en cómo se entiende el país.












