¿Qué revelan hoy los papeles del 23-F desclasificados?

El BOE abre los archivos secretos del 23-F: 153 documentos, transcripciones y claves del pulso en Moncloa, Interior y Zarzuela, con nombres.

El Gobierno ha activado este miércoles 25 de febrero de 2026 la desclasificación de los documentos del 23-F que seguían bajo llave, con una orden publicada en el BOE y la promesa de colgarlos en la web de La Moncloa a lo largo de la mañana, con el foco puesto en 153 “unidades documentales” procedentes de Interior, Defensa y Exteriores. No se trata de una caja de cintas misteriosas ni de audios inéditos: el propio Ejecutivo ha insistido en que no hay grabaciones sonoras, aunque sí transcripciones, informes y alguna imagen.

La decisión llega con ruido político dentro y fuera. Fuera, por el choque clásico de relatos sobre memoria, transparencia y oportunidad; dentro, por el pulso soterrado sobre quién mandaba en el proceso, qué se dejaba salir y cómo se blindaba el “daño colateral” institucional. En paralelo, el Congreso ha convertido el asunto en munición cruzada: desde la acusación de “cortina de humo” hasta la exigencia de que, si se pudo con el 23-F, se pueda con otros secretos que llevan décadas criando polvo en cajones oficiales.

Lo que se ha desclasificado, negro sobre blanco

La clave está en la letra, porque aquí la letra manda. La orden publicada en el BOE —firmada por Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes— no se limita a un lote concreto con nombre y apellidos, sino que abre la puerta a “cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos” vinculados al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, siempre dentro de lo “encontrado” en los archivos ministeriales y con el argumento central de que, transcurridos 45 años, ya no existe un “riesgo real y presente” para la seguridad y la defensa del Estado. Es una formulación amplia, casi de barrido, que suena a cierre de etapa administrativa: lo que quede de aquello, si estaba clasificado y aparece en esos fondos, deja de estarlo.

El acuerdo del Consejo de Ministros sitúa además a los protagonistas institucionales de la decisión, porque no es un “gesto” abstracto: la desclasificación se adopta a propuesta de los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y el propio departamento de Presidencia. En términos de política interna es importante, por lo que implica: el 23-F no se queda como un asunto “militar” o “de archivo”, sino como un expediente que atraviesa seguridad, diplomacia, inteligencia y gestión del Estado. Y en el BOE se justifica el movimiento invocando el derecho a la información y a los archivos públicos, el marco constitucional y la idea —casi pedagógica— de que conocer con rigor lo ocurrido fortalece la democracia.

La letra pequeña del BOE

En la orden se ve otra cosa: el Estado se cubre con un andamiaje legal muy reconocible. Aparecen la Ley de Secretos Oficiales de 1968, la Ley del CNI, la normativa de patrimonio histórico y archivos, y hasta referencias a la jurisprudencia europea sobre acceso a la información. En cristiano: el Gobierno no solo desclasifica, también se blinda por si alguien intenta tumbar la decisión por forma o por fondo. Y, de paso, coloca el 23-F en un marco comparado: se mencionan prácticas de otros países y, en el propio texto, ejemplos como una transcripción desclasificada en Alemania sobre una reunión de marzo de 1981. Es una manera de decir “no estamos inventando nada”: llegamos tardísimo, sí, pero esto se hace.

El BOE recuerda también un dato que suele pasar desapercibido cuando se habla del 23-F como si fuera una película ya vista: hubo sentencia firme y hubo tipificación muy concreta. El Tribunal Supremo condenó en 1983 por rebelión militar a los autores del golpe, y esa referencia —con fecha y todo— se utiliza como parte del razonamiento para sostener que el tiempo transcurrido permite abrir el material sin peligro actual. No es solo memoria: es también expediente judicial e institucional convertido en pieza de archivo, con sus capas de secreto, custodia y desclasificación.

153 unidades documentales: qué hay y qué no

Aquí conviene afinar, porque el número se presta al malentendido fácil. El Gobierno habla de “unidades documentales” y no de “153 folios” ni “153 archivos sueltos” por un motivo práctico: cada unidad puede ser un informe largo, una carpeta con anexos, una transcripción con varias páginas, o un conjunto de notas administrativas. Lo que sí ha repetido el Ejecutivo —y lo han reforzado varias coberturas— es que no hay audios ni una cinta escondida con voces de Zarzuela o del Congreso en bruto; lo que sale son informes, transcripciones y algunas imágenes. Ese matiz no es menor: baja las expectativas del “bombazo” inmediato, pero sube la utilidad para quien quiera reconstruir con precisión los hilos de mando, las llamadas, las dudas, los movimientos de despacho.

También queda claro lo que no entra en el paquete, y aquí hay confusión interesada. El sumario del juicio, por ejemplo, no se publica porque el Gobierno insiste en que no es un documento clasificado suyo: está bajo custodia del Tribunal Supremo. Y ese sumario —según publicaciones recientes— contiene un volumen enorme de material, con legajos, declaraciones y referencias a grabaciones o conversaciones telefónicas de aquella noche, pero es otra carpeta, otra jurisdicción y otro tipo de acceso. Traducido: desclasificar “lo que hay” en los ministerios no equivale a volcar “todo lo que existe” en el universo 23-F.

El rastro del Cesid y el Informe Jáudenes

Donde sí se encienden las miradas —y no por morbo, sino por historia del poder— es en lo que pueda aparecer del Cesid, el servicio de inteligencia de entonces (antecedente del CNI). RTVE y otros medios han señalado un nombre que lleva décadas flotando como una boya: el Informe Jáudenes, redactado en abril de 1981 por el teniente coronel Juan Jáudenes Jordana por encargo del Cesid, con el objetivo de revisar el papel de agentes y coberturas durante la intentona. Es un documento del que se han conocido fragmentos y referencias, y que siempre ha alimentado preguntas incómodas: no sobre si el golpe ocurrió (ocurrió), sino sobre quién sabía qué, quién facilitó qué, quién jugó a dos bandas o, al menos, quién permitió que ciertas piezas se moviesen con una facilidad sospechosa.

El propio enfoque de “informe interno” explica por qué genera tanto ruido: no es un acta pública, no es una sentencia, no es una entrevista a posteriori. Es burocracia de inteligencia, que suele hablar con un lenguaje frío y, precisamente por eso, el lector atento huele los silencios. La Razón ha descrito ese informe como un texto de 18 folios, ligado a la figura de Narciso Carreras en el Cesid, y lo sitúa como lo “más llamativo” dentro del material que podría aflorar, frente a la expectativa de quienes esperan una revelación espectacular sobre Juan Carlos I. En otras palabras: quizá no haya trueno, pero sí chisporroteo documental del que luego salen titulares más serios, de esos que no se escriben a las 12:05, sino semanas después.

Zarzuela avisada y el foco sobre Juan Carlos I

En la trastienda institucional, Moncloa se movió con una idea sencilla: si esto toca a la Corona, mejor que no pille por sorpresa. El Confidencial ha publicado que el Gobierno avisó a Zarzuela con antelación, y que volvió a advertir poco antes del anuncio público de Pedro Sánchez, con una comunicación fluida entre el jefe de gabinete del presidente, Diego Rubio, y el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino. Ese detalle, aparentemente menor, dice mucho del clima: el Ejecutivo sostiene que no espera “terremoto”, la Casa del Rey tampoco, pero aun así nadie quiere una sorpresa en directo, con titulares ardiendo y teléfonos echando humo.

El foco sobre Juan Carlos I vuelve por inercia histórica: fue el rey que apareció en televisión para condenar el golpe y cuyo papel quedó fijado como decisivo en el relato institucional, pero alrededor de esa imagen han crecido durante décadas sospechas, lecturas alternativas y teorías que van desde la crítica razonada a la conspiración pura. El Gobierno, preguntado por si la desclasificación afectaría a la imagen del rey emérito, evitó mojarse; sí verbalizó algo más concreto: que la apertura puede ayudar a desactivar bulos, que el “algoritmo” empuja la desinformación y que España arrastraba una “anomalía democrática” manteniendo esos papeles en secreto tanto tiempo. El mensaje es claro: abrir para que no se invente… aunque abrir no garantice que se acabe el ruido.

Y en medio de todo reaparece una frase que en España funciona como contraseña histórica, casi como un golpe en la mesa: “ni está ni se le espera”, atribuida a Sabino Fernández Campo cuando varios mandos preguntaban por Alfonso Armada. El País ha recordado esa escena —y la importancia de aquellas llamadas— porque es ahí donde se juega buena parte de lo que muchos quieren mirar con lupa: los contactos entre el Congreso tomado, el exterior, las capitanías y el entorno del rey. Si lo que sale son transcripciones y notas, es justo en ese terreno donde puede haber precisión nueva: no “el gran secreto”, sino el detalle que cambia un matiz, y a veces un matiz cambia una biografía.

El pulso en Moncloa: Robles, Interior y el control de daños

La otra historia, la de ahora, no va de tricornios en el hemiciclo sino de carpetas, competencias y egos. En las últimas horas se han publicado informaciones que describen un choque interno durante la preparación de la desclasificación, con Margarita Robles mostrando reticencias sobre el alcance del “todo” y con malestar en el núcleo de Presidencia e Interior por cómo se gestionaba el asunto. Un agregador que reproduce el titular de El Mundo sostiene que el proceso arrancó en noviembre y que Robles “no quería” una desclasificación total, aunque terminó cediendo. El dato, sin más detalle, apunta a una tensión clásica en cualquier gobierno cuando se toca inteligencia: abrir sí, pero abrir sin que nadie salga herido… o sin que parezca que sale herido.

En paralelo, La Razón ha hablado de que el CNI “controló daños” y de que Bolaños evitó exponerse públicamente con el contenido, aunque habría dado claves a los ministros. Y aquí aparece un contraste interesante: el Gobierno ha mantenido que ni siquiera el presidente conoce la documentación, que la gestionan profesionales de los ministerios que custodiaban los archivos; pero algunas crónicas apuntan a que Sánchez estaba al tanto del material o, al menos, del enfoque. No es solo una pelea de versiones: es la fotografía de cómo se maneja un material sensible en democracia cuando la sensibilidad no está en la bomba, sino en el uso político posterior.

Hay, además, un contexto de fondo que explica por qué el mando de estos asuntos genera fricción. En los últimos años, la gestión de la información clasificada y el impulso de una nueva ley han pivotado en buena medida sobre el Ministerio de la Presidencia y sobre Bolaños, en parte por crisis anteriores y por la necesidad de ordenar quién clasifica, quién custodia y quién desclasifica. El Independiente ha recordado que el Gobierno llevaba tiempo con este debate encima, con borradores y ajustes para sacar adelante una reforma que sustituya la ley de 1968, y que la reclamación sobre los papeles del 23-F venía de lejos, con presión política y también de historiadores e investigadores. La desclasificación, vista así, no es un gesto aislado: es también una pieza en un tablero más grande, el de la ley futura.

Qué se sabe ya del 23-F y qué sigue en penumbra

A estas alturas, el 23-F no es un misterio en su esqueleto: es un hecho histórico con cronología conocida, protagonistas identificados y un juicio que dejó rastro. Antonio Tejero entra armado en el Congreso durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, se retiene a los diputados, Milans del Bosch mueve tanques en Valencia, Alfonso Armada aparece como figura clave en el guion de una “solución” y, ya de madrugada, el rey interviene por televisión. La sentencia del Supremo y el relato institucional consolidado fijaron culpables y responsabilidades, pero la historia —la de verdad— siempre vive en los márgenes: en las llamadas, en las notas previas, en las conversaciones de pasillo, en quién decía una cosa y hacía otra. Y ahí es donde una desclasificación, aunque no traiga audio, puede traer textura.

RTVE ha señalado dos zonas donde siguen las incógnitas más jugosas: los diálogos telefónicos entre el Congreso y el exterior, y la identidad —o el sentido real— del llamado “Elefante Blanco”, esa alta autoridad que, según el imaginario de la noche, debía presentarse para tomar el mando político del golpe. Algunos análisis lo han atribuido a Armada; otros sostienen que fue un símbolo, una coartada, una manera de mantener cohesionados a actores distintos sin nombrar al verdadero paraguas. Si los documentos incluyen transcripciones de conversaciones entre protagonistas, ese capítulo puede ganar precisión: no por revelar un nombre mágico, sino por mostrar cómo se hablaba del “Elefante” y quién usaba la palabra, cuándo, con qué intención.

Y luego está el “universo sumario”, que no depende de lo que hoy cuelgue Moncloa. La Razón ha descrito que el Tribunal Supremo conserva un sumario voluminoso —habla de 89 legajos— con declaraciones y material de aquella noche, y recuerda que el Alto Tribunal fijó en su día límites temporales para mantener ocultas ciertas piezas, con una referencia que situaría un umbral en 2031 si se aplicara un criterio de 50 años desde la intentona. Incluso sin entrar en la batalla de interpretaciones, el dato útil es este: hay una parte del 23-F que depende de custodias judiciales y de criterios distintos a la mera voluntad política del Consejo de Ministros. La desclasificación de hoy es enorme, sí, pero no agota el expediente histórico.

Cuando el secreto deja de mandar

El debate no se quedó en los papeles: se fue directo al Parlamento. En la sesión de control, Alberto Núñez Feijóo cargó contra Pedro Sánchez y le acusó de “arrasar con todo”, rematando con una frase que busca la carcajada agria: que, a este paso, intentará hacer creer que el 23-F lo paró él. A la vez, Ernest Urtasun defendió que, aunque tarde, el Gobierno “está haciendo su trabajo” y expresó el deseo de que la documentación pública esté disponible para investigación. Y desde EH Bildu, Mertxe Aizpurua aprovechó para exigir que se levante el secreto de otros “sucesos y crímenes” relevantes, subrayando la idea de que, si hubo voluntad para abrir el 23-F, hay voluntad para abrir más.

En ese cruce de golpes aparece la pieza que puede marcar el después: la reforma de la ley de secretos. El Gobierno insiste en que quiere que la desclasificación no sea una excepción, sino que exista un marco con plazos y procedimientos claros, alineado con democracias comparables. Pero la aritmética parlamentaria es la que es, y la ley se mueve entre desconfianzas, límites de plazos y recelos de quienes temen que abrir archivos sea abrir guerras. Hoy, el Ejecutivo vende la foto de transparencia; la oposición discute la intención; los socios piden extensión del modelo a otras materias. Mientras tanto, los documentos —fríos, planos, a veces decepcionantes para quien espera fuegos artificiales— empiezan a tener una virtud rara: obligan a discutir sobre hechos y no solo sobre leyendas. Esa, al final, es la verdadera pelea del 23-F en 2026: no quién grita más fuerte, sino qué aguanta cuando se enciende la luz.