¿Quiénes estaban marcados para ser fusilados tras el 23-F?

El 23-F también dejó una lista negra: Delibes, Aute, Miró y periodistas señalados. Orígenes, polémica y pistas en documentos desclasificados.

El 23 de febrero de 1981 no fue una escena, fue una cadena de escenas pegadas con cinta aislante: a media tarde, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpe en el Congreso con guardias civiles armados, dispara al techo y congela el hemiciclo; en Valencia, el capitán general Jaime Milans del Bosch mueve carros de combate por la calle como si la ciudad fuera un patio de maniobras; y, en paralelo, el general Alfonso Armada juega su propia partida, la de la “solución” que pretendía vestir el golpe con un gobierno “de concentración” y una apariencia de normalidad. Aquella tarde, España quedó suspendida entre el ruido seco de los disparos y el zumbido de los televisores encendidos en silencio, con los transistores pegados a la oreja como una prótesis colectiva.

Dentro del Congreso, el retrato es conocido y, aun así, cuesta mirarlo sin sentir el aire raro de aquellas horas: Adolfo Suárez inmóvil en su escaño, Santiago Carrillo sin agachar la cabeza, el general Manuel Gutiérrez Mellado encarando a los asaltantes mientras alrededor se tiran al suelo. No era solo un secuestro del Parlamento, era un secuestro del tiempo: la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo quedó a mitad de frase, con la Cámara convertida en un cuarto cerrado y la política española convertida, de golpe, en rehén.

Lo esencial, hoy, está bastante claro y a la vez sigue lleno de recovecos: Tejero entró en la Cámara con un grupo numeroso —se habló de cerca de 300 guardias civiles—, Milans proclamó el estado de guerra en Valencia y llamó a la disciplina militar, y el pulso se inclinó de madrugada cuando el rey Juan Carlos I, en uniforme de capitán general, apareció en televisión para ordenar a los mandos que se mantuvieran dentro de la legalidad constitucional. El mensaje se emitió ya entrado el 24 de febrero, alrededor de la 1.14, y fue el golpe de realidad que necesitaban muchas capitanías para no subirse al tren de la aventura.

A la historia del 23-F le acompaña, además, un prólogo que explica carácter y obsesiones: la Operación Galaxia de 1978, un intento previo que ya colocó a Tejero en el radar de la conspiración y dejó una sensación amarga de castigo ligero y redes que seguían respirando. Por eso, cuando se mira el 23-F con lupa, no se ve solo improvisación; se ve también un mundo de contactos, de sobremesas, de mandos descontentos, de ultras civiles y de un país con demasiadas grietas abiertas.

En ese contexto de tensión, miedo y teléfonos ardiendo, hay un detalle que vuelve cada cierto tiempo como un fantasma con folios: la existencia de listas negras —listas de detención, depuración o incluso de ejecución inmediata— preparadas para el “día después” si el golpe triunfaba. La idea suena brutal, sí, pero también suena tristemente verosímil en un país que aún tenía reciente la memoria de depuraciones y silencios forzados; y, además, encaja con una lógica clásica de cualquier intento autoritario: primero se inmoviliza el poder político, luego se controla el relato y, si hace falta, se corta la respiración cultural.

Esa lista, la más citada y la más polémica, se hizo famosa por un titular que aún corta: “Los que iban a morir el 24-F”. En ella aparecen nombres de escritores, músicos, cineastas y periodistas que forman, casi sin querer, un atlas sentimental de la España de entonces: Miguel Delibes, Antonio Gala, Juan Marsé, Luis Eduardo Aute, Miguel Ríos, Ana Belén, Juan Antonio Bardem, Pilar Miró, José Sacristán, Forges, Mercedes Milá… y muchos más. El debate real, el que importa, es doble: qué hay de cierto en ese documento y qué revela —sea auténtico, inflado o contaminado— sobre el clima político de la Transición tardía.

La lista del 24-F y el golpe convertido en inventario

Hablar de “la lista” exige bajar al barro de la hemeroteca y de la rumorología, porque aquí conviven hechos sólidos con relatos que han ido cambiando de forma, como esas fotos fotocopiadas mil veces que pierden nitidez a cada copia. La versión más repetida sitúa su publicación en el verano de 1982, en la revista Actual, en una serie de entregas que decían manejar un listado de alrededor de 3.000 personas, ordenadas por provincias, que habrían sido “objetivos” inmediatos si la intentona cuajaba. No se presentaba como un simple catálogo de detenciones: el tono y el marco sugerían algo peor, un plan de “limpieza” rápida, de tierra quemada, de madrugada sin jueces.

La revista Actual y el verano del 82

El momento no es un detalle menor. España iba hacia las elecciones generales de octubre de 1982 con la UCD desangrándose, con el PSOE creciendo como una ola y con la política aún marcada por la resaca del golpe. Publicar una relación de nombres señalados tenía, a la vez, un efecto de advertencia y un efecto de escándalo: dejaba claro que el 23-F no era solo “un señor entrando con pistola”, sino una atmósfera; y, al mismo tiempo, convertía el miedo en noticia medible, en lista imprimible. En la España de la fotocopia, una lista así viaja más rápido que cualquier explicación: se pasa de mano en mano, se comenta en redacciones, en teatros, en bares donde el humo todavía era parte del decorado.

La propia revista presentó el material como una exclusiva en tres entregas, con portadas que jugaban a la idea de “documento prohibido” y con un gancho irresistible para la época: la posibilidad de buscarse el nombre, de comprobar si uno estaba “marcado”. Hubo quien habló de números agotados, de conversaciones tensas, de llamadas cruzadas entre periodistas y gente de la cultura. También hubo críticas: se llegó a calificar el enfoque de amarillista, precisamente por mezclar un asunto de Estado con un formato de shock.

La potencia simbólica del documento reside en que no se limitaba a los sospechosos habituales del poder político. Señalaba también a la cultura y a los medios como objetivos prioritarios. Eso dice mucho del tipo de país que algunos imaginaban construir si ganaban: un país con obediencia y silencio, con una televisión domesticada y una prensa en correa corta; un país donde la música y el cine no molesten, donde el humor gráfico no pinche, donde las novelas no abran grietas.

Según la narración que acompañó a aquellos listados, el origen se situaba en diciembre de 1980 y se atribuía a ultras civiles —se mencionaban siglas y grupos de ambiente ultraderechista—, como si alguien hubiese querido dejar claro que el golpe tenía también un “brazo” fuera del cuartel. Ese tipo de detalle, cuando es verificable, resulta oro para entender la trama; cuando no lo es, funciona como un añadido de verosimilitud. Y ahí empieza el gran problema: la lista, en sí, puede ser un documento real, una mezcla o un artefacto, pero el relato que la envuelve ha ido cambiando con los años.

Detener, depurar, callar: la lógica del señalamiento

En cualquier plan autoritario, la lista cumple dos funciones, y las dos son tóxicas. La primera es operacional: sirve para ir a tiro hecho, para “saber a quién llamar a la puerta” a una hora impresentable. La segunda es psicológica: basta con que la gente crea que hay una lista para que se instale la autocensura, el repliegue, la prudencia convertida en mordaza. Por eso, incluso cuando se discute la autenticidad exacta de la lista de Actual, el fenómeno es revelador: en 1982 se podía publicar y, sobre todo, se podía creer. Ese “poder creerse” no sale de la nada; sale de un país que llevaba pocos años de democracia y demasiadas décadas de miedo administrado.

Conviene además distinguir, sin ponerse académico, entre lo que pudo circular en círculos golpistas duros —grupúsculos ultras, viejas redes franquistas, militares convencidos de la “mano dura”— y lo que se movía en el terreno de la maniobra política: papeles que se exageran, filtraciones interesadas, documentos que nacen para influir. El 23-F fue también eso, una guerra de versiones; y las listas, en ese sentido, son la versión más afilada, la que toca la piel.

Hay un detalle fino que a veces se pierde: la lista no solo amenazaba con “quitar gente de en medio”, amenazaba con vaciar el espacio público de referentes. Si desaparecen voces con autoridad cultural, si se silencia a quienes ponen palabras a la realidad, el país queda más dócil. Es una operación de cirugía social: no necesitas controlar a todos, te basta con cortar algunos nervios clave. Y ahí encajan los nombres famosos, no por celebridad, sino por capacidad de arrastre.

Delibes, Aute, Miró y los nombres que daban miedo

La lista impresiona por lo que dice y por cómo lo dice. Que aparezcan Miguel Delibes, Antonio Gala o Juan Marsé sugiere que el objetivo no era solo la militancia política; era también el relato de país que cada uno representaba. Delibes simbolizaba una literatura pegada al territorio y a la dignidad sin consignas; Gala era una figura popular, con un discurso propio, incómodo para la España de ordeno y mando; Marsé llevaba en la prosa la memoria de la posguerra y el barrio, la ironía y la herida. La cultura, en esas listas, no es “decoración”: es un adversario.

En música, la presencia de Luis Eduardo Aute, Miguel Ríos, Paco Ibáñez o Raimon —cuando aparecen— subraya el mismo punto: se señalaba a quienes habían convertido la libertad en canción, a quienes llenaban teatros y plazas con letras que no pedían permiso. En algunas relaciones también se citaban nombres tan distintos como Ramoncín o Paco de Lucía, y ahí la lectura es interesante: no se trataba solo de ideología explícita, sino de visibilidad, de influencia, de ese poder intangible que tiene un artista cuando media España tararea lo que canta.

El cine y la escena aparecen como un frente aparte. Pilar Miró encarnaba televisión y cine con nervio y también conflicto institucional; Juan Antonio Bardem era un emblema del cine politizado; José Sacristán y Fernando Fernán Gómez eran algo más que actores, eran institución cultural con voz propia. En el ecosistema de la Transición, un intérprete conocido podía decir una frase y mover más aire que una rueda de prensa. Por eso, en la cabeza de un golpista, el escenario y la redacción se parecen: ambos son altavoces.

En periodismo y comunicación se citan nombres de primera fila: Juan Luis Cebrián, José Luis Balbín, Raúl del Pozo, Rosa Montero, José Oneto, Mercedes Milá… y aquí la lista se vuelve casi una confesión del miedo al titular, al editorial, a la entrevista incómoda. Que figure Forges en varias versiones es, además, un detalle casi literario: se teme al humor como se teme al espejo, porque el humor desarma la solemnidad del uniforme. Una dictadura puede soportar el insulto, a veces; lo que lleva peor es el chiste que se entiende en un segundo.

La nómina —y esto es importante— no se habría quedado en “celebridades”. En los listados publicados se mezclaban dirigentes políticos, sindicalistas, activistas, profesores, abogados, gente sin foto y sin focos. En algunas versiones, incluso, aparecen Adolfo Suárez o Gutiérrez Mellado, lo que sugiere una depuración a varias bandas, no solo contra la izquierda sino contra cualquiera que no encajara en el esquema del nuevo poder. Ahí asoma una lógica típica de los golpes: se empieza prometiendo orden y se acaba desconfiando de todos.

Hay otro elemento que no se suele comentar lo suficiente: en 1981-1982, la cultura española estaba en aceleración. La televisión pública aún era el gran altavoz, la radio era un motor de conversación diaria, y los periódicos estaban construyendo su autoridad. Tocar la prensa y tocar a los creadores era tocar el sistema nervioso del país. Por eso la idea de “fusilar a escritores, músicos, artistas y periodistas” no es solo una barbaridad moral; es una estrategia de control, una forma de decir: aquí manda quien decide qué se puede contar y qué no.

Autenticidad en disputa y el documento que no se deja atrapar

La lista de Actual ha sido revisada y discutida durante décadas, y no solo por nostalgia o morbo. Hay preguntas técnicas —de archivo, de autoría, de trazabilidad— que no se han cerrado del todo. Se ha señalado que el reportaje se firmó con un nombre que después se consideró seudónimo, que parte de los nombres podían coincidir con listados fácilmente recopilables, y que la estructura “provincia por provincia” era perfecta para dar sensación de cobertura total. Dicho de otra manera: hay argumentos para sospechar que el documento, tal como se publicó, pudo incluir errores, inflados o incluso intencionalidad política.

Una línea de investigación ha llegado a plantear que la “lista de fusilados” pudo ser una maniobra ligada al clima electoral de 1982 y a las finanzas de la propia revista, con testimonios posteriores que hablan de entregas “llegadas a dirección” y de redacciones donde también había dudas. Es un planteamiento grave y, por eso, hay que tratarlo como lo que es: una hipótesis defendida por algunos y rechazada por otros, que no ha quedado resuelta con un documento definitivo que cierre la discusión. El problema, como casi siempre, es la falta de papeles incontestables.

Pero hay un riesgo en esta pelea: confundir “lista dudosa” con “amenaza inexistente”. La España de aquellos años no era un tablero limpio. Había violencia política en la calle, había un terrorismo que marcaba la agenda, había sectores que coqueteaban con la idea de la involución, y había un aparato del Estado aún en transición, con inercias franquistas que no desaparecen por decreto. En ese caldo, que circulen papeles de señalamiento no es descabellado; lo descabellado sería creer que un golpe solo se prepara con discursos y pistolas y sin planes de control posterior.

Además, el 23-F tuvo múltiples capas y, por tanto, múltiples posibles listas. Una cosa es la lista “de sangre” que se atribuye a golpistas duros; otra, las listas de detención típicas de cualquier estado de excepción; otra, el señalamiento informal que ya existía en comisarías, cuarteles o despachos por pura ideología. Si el país hubiera entrado en un régimen de facto, la frontera entre detención y eliminación se habría vuelto más fina, más peligrosa. Esa ambigüedad es parte del horror: no hace falta escribir “fusilar” para que el resultado acabe siendo el mismo.

También ayuda mirar el después. El juicio del 23-F, con el Consejo Supremo de Justicia Militar dictando sentencia en 1982 y revisiones posteriores, dejó condenas duras para los principales implicados: Tejero y Milans del Bosch recibieron la pena máxima de 30 años por rebelión, mientras que el recorrido penal de Armada fue más complejo, con cambios de calificación y una salida de prisión por indulto en 1988 por motivos de salud, tras cumplir más de seis años. Tejero, ya expulsado del cuerpo, salió en libertad condicional en 1996; Milans, también en libertad condicional, lo hizo en 1990. Ese calendario no prueba la existencia de listas, pero sí recuerda algo básico: hubo un golpe real, con estructura y consecuencias.

Lo que sí parece indiscutible es el efecto social del documento. Hubo quienes se reconocieron en él, quienes comprobaron que su nombre aparecía, quienes lo negaron y quienes lo tomaron como confirmación de que la democracia aún caminaba por una cuerda floja. En paralelo, la lista se convirtió en objeto político: para unos, prueba del peligro; para otros, un artefacto destinado a agitar y condicionar. Años después, sigue siendo un espejo incómodo porque obliga a mirar la Transición sin filtros románticos, con su mezcla de esperanza y amenaza.

Papeles desclasificados en 2026 y las preguntas que vuelven

Este 24 de febrero de 2026, coincidiendo con el 45º aniversario del golpe, el Gobierno ha aprobado la desclasificación de la documentación del 23-F que permanecía bajo secreto, con una cifra concreta: 153 unidades documentales. La liberación se materializa el 25 de febrero, mediante publicación oficial, y con consulta pública a través de La Moncloa a partir del mediodía. El presidente Pedro Sánchez ha enmarcado la medida como una deuda pendiente y la ministra portavoz Elma Saiz ha insistido en que mantener cerrados esos papeles era una anomalía en una democracia que ya no puede vivir con la memoria bajo llave.

Que se abran archivos no significa que aparezca, de golpe, una “pistola humeante”. Muchas veces lo que aparece es más sutil: notas internas, oficios, comunicaciones, informes, rastros de conversaciones, actas de reuniones, papeles que muestran qué se sabía y qué no se supo, quién avisó, quién calló, quién exageró, quién se equivocó. Y ahí es donde la cuestión de las listas puede ganar o perder terreno: si emergen referencias a planes de detención selectiva, a “objetivos prioritarios”, a seguimientos sobre periodistas o creadores, el fenómeno se ancla; si, por el contrario, todo apunta a una improvisación sin estructura posterior, la lista quedará más cerca del mito político.

También hay un límite evidente. Parte de los materiales más deseados —registros íntegros de comunicaciones sensibles, documentación completa de inteligencia o determinados informes operativos— puede no estar, puede haber desaparecido o puede seguir protegida por otros marcos legales. Y, aun cuando esté, la desclasificación suele venir con tachaduras, con nombres velados, con huecos. Incluso con huecos, el simple hecho de que el Estado permita mirar cambia el terreno: se pasa del “se dice” al “aquí hay un folio”, de la leyenda al rastro administrativo.

Este movimiento, además, se produce en un debate más amplio sobre secretos oficiales y memoria reciente: no faltan voces que reclaman abrir también otros archivos de alta carga política, desde episodios del franquismo a los GAL. Que el 23-F entre en esa agenda no lo convierte en un asunto del pasado remoto; lo devuelve al presente, porque obliga a decidir qué se considera “seguridad del Estado” y qué es, sencillamente, derecho a saber.

En el fondo, la lista negra del 23-F sobrevive porque pone nombres a una intuición colectiva: que el golpe no era solo un asalto, era un proyecto de país. De ahí que hoy, con documentos abriéndose y con el debate reactivado, la pregunta no sea solo si existió una lista exacta con Delibes, Gala, Marsé, Aute, Miguel Ríos, Ana Belén, Bardem, Pilar Miró, Sacristán, Forges o Milá, sino qué lugar ocupaban la cultura y la prensa en la mente de quienes soñaban con la involución. A veces la historia no necesita confirmación total para ser útil; le basta con mostrar el mapa del miedo, ese papel que alguien escribió a máquina, con teclas duras, y que todavía hoy hace ruido al caer sobre la mesa.