¿Por qué Trump prepara sanciones contra la Corte Penal Internacional?

La Administración de Donald Trump ha preparado sanciones contra la Corte Penal Internacional en su conjunto, un salto considerable respecto a las medidas adoptadas hasta ahora contra jueces, fiscales y otros responsables concretos. El paquete todavía no ha sido anunciado formalmente, pero fuentes conocedoras de los preparativos señalan que Washington pretende hacerlo próximamente, con la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York como uno de los momentos posibles.

La diferencia no es pequeña. Sancionar a determinadas personas complica su acceso al sistema financiero estadounidense; someter a restricciones a todo el tribunal de La Haya puede alcanzar pagos, contratos, seguros, servicios tecnológicos, investigaciones y relaciones con proveedores. No supone echar el candado a la sede de la CPI. Es algo menos aparatoso y, sobre el papel, bastante más profundo: hacer más difícil que la maquinaria que sostiene al tribunal funcione con normalidad.

Qué prepara Washington contra la Corte Penal Internacional

Las medidas estudiadas prohibirían a ciudadanos y empresas estadounidenses proporcionar determinados fondos, bienes o servicios a la Corte Penal Internacional sin una autorización específica de las autoridades de Estados Unidos. Según la información conocida, se contempla además un periodo de adaptación de entre seis y siete meses antes de que las restricciones entren plenamente en vigor.

Hasta este 21 de septiembre de 2026 conviene separar lo confirmado de lo que todavía está en preparación. Las sanciones han sido preparadas, pero no consta que Washington las haya impuesto formalmente a toda la institución. El alcance definitivo dependerá de la orden que se publique, de sus excepciones y, sobre todo, de las licencias que permitan seguir prestando ciertos servicios al tribunal.

Estados Unidos ya dispone de una arquitectura legal para ejercer esa presión. En febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional relacionada con determinadas actuaciones de la CPI y autorizó el bloqueo de bienes y otras restricciones contra personas vinculadas a investigaciones o procedimientos que Washington considera ilegítimos.

De sancionar a responsables a sancionar al propio tribunal

La presión de Washington sobre la CPI viene de lejos. Durante la primera presidencia de Trump, Estados Unidos ya impuso sanciones a responsables del tribunal por actuaciones relacionadas con Afganistán. La Administración de Joe Biden retiró aquellas medidas en 2021, aunque mantuvo discrepancias con la institución y con algunos de sus procedimientos.

El regreso de Trump a la Casa Blanca devolvió esa política a un terreno mucho más duro. La orden ejecutiva del 6 de febrero de 2025 sostuvo que la CPI había actuado de forma ilegítima contra Estados Unidos e Israel y señaló especialmente las órdenes de arresto dictadas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant.

Desde entonces, Washington ha aplicado medidas contra distintos integrantes del tribunal. En septiembre de 2026, la Unión Europea volvió a protestar por las sanciones estadounidenses dirigidas contra la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y contra el abogado principal Abdoulaye Seye, reiterando su respaldo a la independencia de la institución.

La novedad que se prepara cambia de escala. El objetivo dejaría de ser únicamente el juez, el fiscal o el funcionario que participa en un procedimiento. El sujeto sancionado pasaría a ser la propia Corte Penal Internacional. Ahí está el verdadero alcance de la noticia.

Por qué Trump quiere aumentar la presión sobre la CPI

Washington mantiene dos grandes frentes de conflicto con el tribunal. Uno procede de la investigación relacionada con Afganistán y con posibles actuaciones de personal estadounidense. El otro, políticamente mucho más visible, está relacionado con Israel y la guerra de Gaza, especialmente después de las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra dirigentes israelíes.

Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma, el tratado que creó la Corte Penal Internacional, e Israel tampoco es Estado parte. La Administración Trump sostiene que el tribunal no debe ejercer jurisdicción sobre nacionales de países que no hayan aceptado su autoridad y presenta esas actuaciones como una cuestión de soberanía.

La posición de la CPI es distinta. En la situación palestina, el tribunal considera que puede ejercer su competencia sobre determinados hechos ocurridos en territorio palestino porque Palestina se incorporó al Estatuto de Roma y porque su jurisdicción territorial comprende, según sus decisiones judiciales, Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este.

Las órdenes contra Netanyahu y Gallant

El 21 de noviembre de 2024, una sala de cuestiones preliminares de la CPI emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant. El tribunal afirmó que existían motivos razonables para atribuirles presunta responsabilidad por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con hechos ocurridos entre octubre de 2023 y mayo de 2024.

Una orden de arresto no equivale a una condena. Netanyahu y Gallant mantienen la presunción de inocencia y las acusaciones tendrían que ser examinadas dentro del correspondiente procedimiento judicial. Israel, por su parte, ha rechazado la competencia de la CPI y ha impugnado sus actuaciones.

La disputa, por tanto, no puede reducirse a un simple pulso personal entre Trump y los jueces de La Haya. En el fondo existe una controversia jurídica sobre jurisdicción y soberanía: hasta dónde puede llegar un tribunal internacional cuando investiga hechos ocurridos en territorio de un Estado que ha aceptado su competencia, aunque los sospechosos sean ciudadanos de otro país que no pertenece a la CPI.

Cómo podrían afectar las sanciones al funcionamiento del tribunal

El poder práctico de las sanciones estadounidenses va bastante más allá de las fronteras de Estados Unidos. El dólar y el sistema financiero norteamericano atraviesan una parte considerable de las operaciones internacionales, y muchos bancos y empresas aplican políticas especialmente cautelosas cuando aparece una entidad sancionada por Washington.

Ese fenómeno puede desembocar en lo que se conoce como sobrecumplimiento: compañías que cortan una relación comercial incluso cuando determinada operación podría ser legal, simplemente para evitar riesgos regulatorios. Para una institución como la CPI, esa reacción puede convertirse en un problema tan serio como la propia letra de las sanciones.

Bancos, seguros y tecnología bajo presión

Un tribunal internacional no funciona únicamente con jueces, fiscales y expedientes. Necesita servidores, comunicaciones, almacenamiento seguro de datos, seguros, bancos, viajes, investigadores y proveedores tecnológicos. Es la fontanería invisible de cualquier institución moderna; casi nadie la mira hasta que deja de salir agua.

Si la CPI queda sancionada como entidad, las compañías estadounidenses podrían necesitar una licencia específica para mantener determinados servicios. Las empresas de otros países también podrían revisar sus contratos por temor a exponerse al sistema de sanciones de Estados Unidos.

Las consecuencias concretas dependerán, eso sí, de la versión definitiva del paquete. No todas las sanciones financieras son iguales y las autoridades estadounidenses pueden aprobar exenciones y licencias para mantener actividades concretas. Presentar una paralización total del tribunal como un hecho consumado sería adelantarse bastante a los documentos que todavía deben conocerse.

El posible periodo de gracia de seis o siete meses tendría precisamente esa función: permitir revisar contratos, buscar proveedores alternativos y reducir algunas dependencias. Pero sustituir servicios bancarios o tecnológicos complejos no es como cambiar de compañía telefónica. A veces hay sistemas enteros detrás.

Gaza y Afganistán están en el centro del enfrentamiento

La confrontación actual quedó profundamente marcada por las órdenes contra Netanyahu y Gallant. Estados Unidos considera que la CPI ha sobrepasado sus competencias al actuar contra dirigentes de Israel, uno de sus principales aliados, mientras el tribunal sostiene que la nacionalidad del investigado no elimina automáticamente su jurisdicción cuando los presuntos hechos se produjeron en territorio sometido a su competencia.

Afganistán añade una capa anterior al conflicto. Washington ha rechazado durante años que personal estadounidense pueda quedar sometido a investigaciones de la CPI vinculadas con aquel país. La controversia trasciende así la guerra de Gaza y toca una cuestión mucho más antigua: los límites de la justicia penal internacional frente a Estados que nunca ratificaron el Estatuto de Roma.

La Administración Trump busca que la CPI abandone determinadas actuaciones que afectan a Estados Unidos y a Israel. El tribunal, mientras tanto, defiende que sus jueces y fiscales deben ejercer sus funciones sin interferencias políticas externas. Son dos posiciones frontalmente incompatibles, y las sanciones trasladan esa discusión jurídica al terreno financiero.

Europa respalda a la Corte Penal Internacional

La Unión Europea mantiene una posición distinta de la estadounidense. Bruselas ha reiterado durante 2026 su apoyo a la CPI y ha defendido la independencia de jueces, fiscales y funcionarios frente a sanciones o presiones externas.

Tras las últimas medidas estadounidenses contra responsables del tribunal, la UE volvió a manifestar en septiembre su respaldo a la institución y advirtió de que las sanciones pueden perjudicar su capacidad para desarrollar su trabajo. La eventual extensión de las restricciones a todo el organismo elevaría la disputa desde el terreno personal hasta el institucional.

La cuestión tiene también una dimensión práctica. La CPI tiene su sede en La Haya y una parte importante de su entorno administrativo, diplomático y financiero se encuentra en Europa. Una sanción amplia estadounidense obligaría a los países que apoyan al tribunal a estudiar cómo mantener su funcionamiento sin colocar a empresas y entidades financieras en situaciones jurídicamente incómodas.

Eso no significa que todos los gobiernos europeos compartan exactamente la misma interpretación de cada actuación de la CPI. Sí existe, en cambio, un respaldo institucional de la Unión Europea al Estatuto de Roma y a la continuidad de la Corte como pieza del sistema internacional de justicia penal.

El próximo choque puede librarse entre bancos y servidores

La cuestión inmediata ya no consiste únicamente en saber qué juez o fiscal aparece en una lista estadounidense. Washington prepara una medida dirigida contra la estructura de la Corte Penal Internacional, y eso transforma la naturaleza del enfrentamiento.

Faltan todavía elementos decisivos: el anuncio formal, el texto jurídico definitivo, las posibles excepciones, las licencias y la fecha exacta de aplicación. Sin esos detalles sería prematuro afirmar que la CPI quedará paralizada. Lo que sí está sobre la mesa es un mecanismo capaz de complicar operaciones financieras y comerciales fundamentales para su actividad cotidiana.

La pelea entre Estados Unidos y la CPI lleva años atravesando Gaza, Afganistán, Israel, soberanía nacional y justicia internacional. Esta vez, sin embargo, el terreno elegido es mucho más prosaico: dinero, bancos, software, seguros y contratos. Las grandes batallas jurídicas también necesitan pagar nóminas, mantener servidores y renovar pólizas. Y es precisamente ahí donde Washington prepara su siguiente movimiento.