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¿Por qué Venezuela renueva los 32 magistrados del Tribunal Supremo?
Venezuela pone en marcha la renovación completa del TSJ: una comisión parlamentaria abre el proceso para elegir a sus 32 nuevos magistrados.

Imagen: Guillermo Ramos Flamerich / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Resumen
- Venezuela abre el proceso para renovar los 32 magistrados del Supremo
- Una comisión de 11 diputados elegirá a 12 representantes de la sociedad civil
- El proceso nace del diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición
Venezuela ha puesto en marcha el procedimiento para renovar por completo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La Asamblea Nacional designó una comisión preliminar de once diputados que deberá preparar la formación del Comité de Postulaciones Judiciales, el órgano encargado de evaluar las candidaturas antes de que el Parlamento designe a los 32 nuevos magistrados. No se han elegido todavía jueces: comienza, más bien, la maquinaria que permitirá escogerlos.
El movimiento nace de los acuerdos alcanzados entre el chavismo y un sector de la oposición venezolana en las conversaciones impulsadas por Estados Unidos. La renovación completa del Supremo se pactó en agosto y durante septiembre avanzaron los cambios legislativos y los nuevos mecanismos de evaluación. El objetivo expresado por los negociadores es reforzar la institucionalidad de un tribunal cuya independencia ha sido cuestionada durante años por sectores opositores y organizaciones internacionales.
Hay, por tanto, bastante más detrás de esta aparentemente burocrática comisión parlamentaria. El TSJ es una de las piezas centrales del entramado institucional venezolano. Cambiar sus 32 magistrados supone tocar uno de los engranajes más delicados del Estado. Y ahí, como suele ocurrir cuando política y justicia comparten mesa, los nombres importan; el procedimiento, todavía más.
Qué ha aprobado exactamente el Parlamento venezolano
La Asamblea Nacional, controlada mayoritariamente por el chavismo, designó el 29 de septiembre a los once diputados de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales. Giuseppe Alessandrello, del PSUV, la preside, mientras que el opositor Pablo Pérez ocupa la vicepresidencia. Completan el organismo Gloria Castillo, José Óscar Villarroel, María Gabriela Vega, Fernando Bastidas, Carlos Mogollón, Jonathan García, Liliana González, Luis Florido y Félix Freites.
Ocho de esos parlamentarios están vinculados al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y otros tres proceden de sectores de la oposición parlamentaria. La composición refleja la correlación de fuerzas existente en la Cámara, pero también introduce participación opositora en un procedimiento que deriva directamente de las negociaciones políticas de los últimos meses.
La comisión tiene una misión inicial muy concreta: seleccionar a 12 representantes de la sociedad civil. Esos ciudadanos se incorporarán a los once diputados para formar el Comité de Postulaciones Judiciales, que tendrá así 23 integrantes. La comisión preliminar deberá revisar las credenciales de quienes aspiren a ocupar esas plazas y trasladar posteriormente las candidaturas a la Asamblea Nacional.
Cómo será la elección de los 32 nuevos magistrados
Una vez constituido el comité de 23 integrantes llegará la fase verdaderamente decisiva. Ese organismo deberá aprobar su propio cronograma, establecer los criterios de evaluación y abrir el procedimiento destinado a localizar, examinar y seleccionar a los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia.
Es decir, la designación parlamentaria de esta semana no sustituye directamente a los magistrados actuales. Todavía quedan varios filtros por delante: incorporación de los representantes de la sociedad civil, convocatoria de candidaturas, comprobación de requisitos, evaluación de credenciales y presentación de los nombres que finalmente deberán pasar por el Parlamento.
La presidencia de la Asamblea ha planteado que el calendario sea presentado públicamente. Después de constituir el comité completo deberá establecerse también el baremo de evaluación de los candidatos a magistrado. La palabra parece técnica —y lo es—, pero encierra buena parte del asunto: determina qué méritos pesan y cómo se comparan las candidaturas.
Un segundo filtro formado por siete juristas
El esquema incorpora otra pieza. Paralelamente al Comité de Postulaciones funcionará un consejo de siete juristas destinado a revisar las credenciales y los requisitos de los aspirantes al Supremo.
Ese grupo fue acordado durante la segunda ronda del diálogo y está compuesto por Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, Silio Sánchez, Deyanira Nieves, Federico Fuenmayor y María Bernardoni Govea. Los negociadores lo incorporaron como un filtro adicional dentro del procedimiento de selección.
La arquitectura, sobre el papel, multiplica los controles. Otra cosa será comprobar cómo funcionan cuando empiecen a circular nombres concretos. La independencia judicial no depende únicamente del número de comités, sino de los criterios utilizados, de la transparencia de las evaluaciones y del funcionamiento efectivo de esos filtros.
Por qué Venezuela renueva todo el Tribunal Supremo
La renovación no apareció de repente en una sesión parlamentaria. Fue uno de los principales acuerdos alcanzados el 12 de agosto durante el primer ciclo de conversaciones entre representantes del chavismo y una delegación opositora encabezada por Dinorah Figuera. Las negociaciones cuentan con el impulso de Estados Unidos y forman parte del proceso político abierto en Venezuela durante 2026.
Para ejecutar aquel acuerdo fue necesario modificar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La reforma amplió de 21 a 23 el número de integrantes del Comité de Postulaciones: se mantienen los once parlamentarios, mientras que la representación de la sociedad civil pasa de diez a doce miembros y obtiene así mayoría numérica dentro del organismo.
El procedimiento anterior quedó, de hecho, reiniciado para adaptarse a los acuerdos alcanzados y a la nueva regulación. La diferencia no es menor. En lugar de limitarse a cubrir algunas vacantes, el pacto político contempla sustituir a los 32 magistrados del máximo tribunal.
El peso de la oposición y los límites del acuerdo
Conviene precisar una cuestión que puede perderse entre titulares: cuando se habla de un acuerdo entre chavismo y oposición no se está hablando de toda la oposición venezolana.
En la negociación participa la delegación encabezada por Dinorah Figuera, vinculada a la Asamblea Nacional elegida en 2015. Otros sectores opositores relevantes no forman parte de estas conversaciones. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, entre otros dirigentes, han permanecido fuera de esta mesa política.
También existe controversia alrededor de algunos parlamentarios opositores que sí participan en las instituciones actuales. Sectores de la oposición tradicional han calificado de colaboradores del Gobierno a Pablo Pérez, Luis Florido y Félix Freites, los tres integrantes no oficialistas de la comisión preliminar. Se trata de una valoración política atribuida a esos sectores, no de una condición institucional de los diputados.
Ese matiz explica por qué la renovación del Supremo puede convertirse en una prueba política mucho más compleja que la simple sustitución de treinta y dos nombres. Habrá que observar quién puede presentarse, quién supera los filtros y cómo se realizan las designaciones previstas por el procedimiento.
El Supremo, una pieza delicada del proceso venezolano
La importancia del proceso rebasa el ámbito estrictamente judicial. La sustitución de los 32 magistrados del TSJ se ha situado entre los principales cambios institucionales discutidos en las conversaciones políticas promovidas por Estados Unidos. Las autoridades venezolanas también han hablado de futuros procesos electorales, aunque a finales de septiembre no existe una fecha oficial fijada para unas nuevas elecciones presidenciales.
El vínculo entre justicia y elecciones resulta evidente. Un Tribunal Supremo interviene en conflictos constitucionales, recursos electorales y disputas entre poderes públicos, además de resolver cuestiones capaces de afectar directamente a partidos y candidatos. De ahí que la composición del tribunal tenga consecuencias políticas que desbordan las salas de audiencia.
Durante años, sectores opositores y organizaciones internacionales han cuestionado la independencia del sistema judicial venezolano. Las autoridades y sus aliados han rechazado buena parte de esas acusaciones y defendido la legalidad de las instituciones. Esa controversia explica, en parte, por qué el procedimiento actual incorpora mecanismos adicionales de selección y revisión.
Treinta y dos nombramientos que medirán el nuevo proceso
La comisión creada por el Parlamento no transforma todavía el Supremo. Abre la puerta. Primero deberá incorporar a los doce representantes de la sociedad civil; después se constituirá el comité de 23 miembros, se fijarán los criterios, llegarán las candidaturas y comenzará la evaluación. Paralelamente actuará el consejo de siete juristas acordado en la mesa política. Solo al final aparecerán los nombres destinados a integrar el nuevo TSJ.
El diseño institucional incorpora más actores y filtros que el procedimiento anterior, pero el alcance de la renovación dependerá de cómo se apliquen esas reglas, de la transparencia de las evaluaciones y de los perfiles que terminen llegando al tribunal.
Por ahora hay un dato concreto: Venezuela ha decidido reiniciar la elección de todo su Tribunal Supremo, no hacer un simple retoque de vacantes. En un país donde la justicia lleva años situada en el centro de la confrontación política, sustituir de una vez a sus 32 magistrados convierte este procedimiento en una de las operaciones institucionales más relevantes del actual escenario venezolano.












