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¿Qué cambia en México con la doble nacionalidad de sus gobernantes?

El Senado mexicano avala la nacionalidad única para la Presidencia, gubernaturas y Gobierno de Ciudad de México a partir de las elecciones de 2028

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doble nacionalidad política

Resumen

  • El Senado aprobó exigir nacionalidad mexicana única para gobernar
  • Quien tenga otra ciudadanía deberá renunciar antes de registrarse
  • La reforma apunta al proceso electoral de 2028 y aún requiere aval local

México ha dado un paso decisivo para endurecer los requisitos de acceso a sus principales cargos ejecutivos. El Senado aprobó una reforma constitucional que obligará a quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México a tener únicamente la nacionalidad mexicana. Quien posea otra deberá renunciar a ella antes de registrarse como candidato.

La medida, sin embargo, no elimina la doble nacionalidad en México ni obliga a los ciudadanos binacionales a escoger un pasaporte en su vida cotidiana. Su alcance es mucho más concreto: establece una condición especial para quienes pretendan encabezar el Poder Ejecutivo federal o los ejecutivos locales señalados por la Constitución. Y tampoco está plenamente concluido el procedimiento: al tratarse de una reforma constitucional, todavía necesita el respaldo de la mayoría de las legislaturas de los estados y de Ciudad de México antes de la declaración correspondiente y su publicación oficial.

Qué ha aprobado exactamente el Senado mexicano

El pleno del Senado avaló la reforma el 29 de septiembre con 86 votos a favor y 42 en contra, sin abstenciones. El texto modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución mexicana y llegó a la Cámara alta después de ser aprobado por la Cámara de Diputados el 22 de septiembre. Allí había recibido 344 votos favorables, 116 contrarios y una abstención en la votación general.

La nueva formulación exige que el aspirante sea mexicano por nacimiento y que no tenga ni adquiera otra nacionalidad. Si ya dispone de una segunda nacionalidad, tendrá que renunciar a ella antes de solicitar formalmente su registro electoral y acreditar que el vínculo jurídico con el otro Estado ha terminado. No basta, por tanto, con guardar el segundo pasaporte en un cajón y hacer como que nunca estuvo allí.

La prohibición continúa durante el ejercicio del cargo. Presidente, gobernador o jefe de Gobierno de Ciudad de México no podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad, invocarla ante autoridades extranjeras, utilizar documentación de identidad de otro país, ejercer derechos políticos vinculados a esa ciudadanía ni acogerse a su protección diplomática.

Una reforma pensada para las elecciones de 2028

Los cambios están diseñados para aplicarse a partir del proceso electoral de 2028 y no afectarán a quienes ya ocupen alguno de esos cargos cuando la reforma entre en vigor. El régimen transitorio establece asimismo un plazo de 90 días naturales para adaptar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral, mientras las entidades federativas deberán armonizar sus propias normas.

Ahí aparecerá una de las cuestiones menos vistosas pero más importantes: cómo se acredita una renuncia efectiva a la segunda nacionalidad. No todos los países tienen exactamente los mismos procedimientos, plazos o condiciones para perderla, de modo que la legislación secundaria deberá convertir el mandato constitucional en trámites verificables.

Por qué México cambia una norma que ya hablaba de otra nacionalidad

La peculiaridad del asunto está en que la Constitución mexicana no partía de cero. Su artículo 32 ya establece que los cargos para los cuales se exige ser mexicano por nacimiento están reservados a quienes tengan esa condición y no adquieran otra nacionalidad.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que esa redacción dejaba un vacío interpretativo, sobre todo respecto de quienes ya poseen otra nacionalidad, por ejemplo desde el nacimiento. De ahí el pequeño cambio de palabras que, jurídicamente, pesa bastante: pasar de hablar únicamente de no adquirir otra nacionalidad a exigir expresamente no tener ni adquirir ninguna distinta de la mexicana.

En la práctica, el nuevo texto convierte en explícita una condición que hasta ahora estaba repartida entre distintos artículos y podía provocar controversias sobre su alcance. México ya dispone incluso de un certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento para determinados cargos reservados a quienes deben acreditar una situación compatible con esas restricciones.

A quién afecta y a quién no

La reforma aprobada se concentra en tres categorías: la Presidencia de México, las gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. No supone, por sí misma, una prohibición general de la doble nacionalidad para diputados, senadores, alcaldes o cualquier otro cargo político; otras funciones públicas pueden estar sometidas a requisitos propios establecidos por la Constitución o por las leyes.

Ese matiz importa. Un mexicano con nacionalidad estadounidense, española, canadiense o de cualquier otro país seguirá pudiendo conservar ambas nacionalidades con carácter general. La reforma no elimina la ciudadanía múltiple, cada vez más habitual en sociedades marcadas por la emigración, sino que introduce una condición específica vinculada a determinadas jefaturas del poder ejecutivo.

El punto de fricción aparece precisamente ahí: el ciudadano conserva su doble nacionalidad, pero si pretende competir por uno de esos puestos deberá escoger jurídicamente una sola.

Soberanía frente a derechos políticos: el núcleo del debate

Sheinbaum presentó la iniciativa con un argumento de soberanía. Su Gobierno considera que quien representa al Estado mexicano desde su máximo nivel ejecutivo debe mantener un vínculo jurídico exclusivo con México y evitar cualquier posible conflicto derivado de otra ciudadanía. La tesis del Ejecutivo es que quien ocupa esos cargos debe mantener una única vinculación nacional.

Morena y sus aliados defendieron en el Senado que la reforma no elimina los derechos asociados a la doble nacionalidad para el conjunto de la población, sino que crea una condición específica para puestos en los que, a su juicio, la soberanía nacional exige una vinculación exclusiva.

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Desde la oposición se argumentó que la medida restringe derechos políticos de mexicanos binacionales y puede afectar especialmente a ciudadanos vinculados a las amplias comunidades migrantes mexicanas. Sus representantes sostuvieron durante el debate que disponer de una segunda nacionalidad no implica necesariamente mantener una segunda lealtad política.

Son dos planos distintos que la discusión política mezcla inevitablemente: quién puede ser mexicano y qué requisitos adicionales puede exigir el Estado para gobernarlo. La reforma no modifica lo primero; endurece lo segundo.

Qué falta para que la reforma sea definitiva

La votación del Senado no supone todavía que la nueva regla esté plenamente incorporada a la Constitución. México utiliza para estas reformas un procedimiento reforzado: además de la aprobación por dos tercios de los legisladores presentes en el Congreso de la Unión, se necesita el respaldo de la mayoría de las legislaturas de las 32 entidades federativas. Después corresponde al Congreso o a la Comisión Permanente realizar el cómputo y declarar aprobada la reforma.

Una vez completado ese recorrido y publicado el decreto, el cambio entrará en el marco constitucional, aunque sus efectos electorales se hayan fijado para 2028. Después llegará la letra pequeña: adecuación de la Ley de Nacionalidad, legislación electoral, normas estatales y procedimientos con los que un candidato deberá demostrar que su segunda nacionalidad dejó realmente de existir.

Una palabra cambia el acceso al poder

En apariencia, la reforma gira alrededor de una idea sencilla: un gobernante, una nacionalidad. Jurídicamente es bastante más interesante. México no está cerrando la puerta a la doble ciudadanía; está delimitando quién puede aspirar a determinados cargos cuando esa doble condición existe.

La diferencia cabe casi en una línea constitucional, pero sus consecuencias son muy concretas. A partir de 2028, si el proceso de reforma culmina, un mexicano por nacimiento con otra nacionalidad podrá seguir siendo binacional mientras quiera. Lo que no podrá hacer es conservar las dos y, al mismo tiempo, presentarse a la Presidencia, gobernar un estado o dirigir el Gobierno de Ciudad de México. Para entrar en esas oficinas habrá que llegar con una sola nacionalidad en los papeles: la mexicana.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.