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¿Qué denuncia Amnistía sobre los militares y los migrantes en Ceuta?

Amnistía documenta 22 testimonios de presuntos malos tratos militares en Ceuta y reclama investigar lo ocurrido tras la entrada masiva de julio.

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vejaciones de militares a migrantes en Ceuta

Resumen

  • Amnistía recoge 22 testimonios sobre presuntos abusos militares en Ceuta
  • Los relatos incluyen golpes, humillaciones y posibles casos de tortura
  • La ONG pide investigar los hechos y mejorar la acogida de los migrantes

Amnistía Internacional ha denunciado presuntas torturas, palizas, humillaciones y otros malos tratos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas españolas contra migrantes y solicitantes de asilo que permanecen en Ceuta después de la entrada masiva de finales de julio. La organización sostiene que los testimonios recogidos sobre el terreno, especialmente los referidos a efectivos de Regulares y de la Legión, podrían revelar algo más preocupante que una sucesión de incidentes aislados: un posible patrón de abusos.

La acusación es grave y conviene colocar cada palabra en su sitio. Amnistía Internacional habla de hechos que, por su severidad, podrían constituir tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. No existe, por tanto, una sentencia que haya establecido esas responsabilidades. Sí hay testimonios, lesiones documentadas, material audiovisual y una petición expresa para que las autoridades españolas investiguen de forma independiente lo sucedido.

Amnistía recoge 22 testimonios directos en Ceuta

La organización visitó Ceuta entre el 10 y el 15 de septiembre. Durante esos días entrevistó a más de 65 migrantes y solicitantes de asilo y recopiló 22 testimonios directos sobre presuntos abusos.

Entre las personas entrevistadas había 31 menores de entre 13 y 17 años, 26 mujeres —dos de ellas embarazadas— y personas procedentes de Marruecos, Argelia, Somalia y Yemen. Doce habían solicitado asilo o afirmaban tener intención de hacerlo.

Los relatos describen golpes con porras, puñetazos, patadas y amenazas, además de insultos, confiscación o destrucción de teléfonos móviles y robo de dinero. Algunos migrantes aseguran que fueron atacados mientras estaban inmovilizados con bridas; otros relatan haber sido golpeados en la cabeza y la espalda o empujados desde desniveles.

Amnistía afirma haber observado lesiones compatibles con algunos de esos testimonios. Dos jóvenes presentaban heridas en la cabeza y otro tenía marcas en las muñecas. La ONG también asegura haber accedido a imágenes en las que aparecen militares actuando de noche y, en determinados casos, con el rostro cubierto.

Humillaciones, amenazas y vejaciones sexuales

La denuncia va más allá de las agresiones físicas. Algunos entrevistados sostienen que fueron obligados a raparse el pelo o a arrodillarse y besar una cruz pese a ser musulmanes. Otros aseguran que se les impedía dormir por la noche o permanecer durante el día en determinados espacios públicos.

Las mujeres entrevistadas denunciaron igualmente insultos y humillaciones, incluidas vejaciones de carácter sexual. Amnistía distingue estos testimonios de otros casos de violencia sexual registrados durante la crisis migratoria, por lo que no atribuye automáticamente todos esos episodios a miembros de las Fuerzas Armadas.

Uno de los elementos que más inquieta a la organización es precisamente la repetición de relatos similares en lugares y momentos distintos. De ahí que emplee la palabra «patrón». Es una diferencia importante: una conducta individual exige responsabilidades individuales; una práctica repetida obligaría a mirar también hacia los mecanismos de mando, supervisión y control.

«Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos»

Durante su investigación, Amnistía asegura haber presenciado un episodio que considera ilustrativo del clima existente en la ciudad. Según su relato, varios militares preguntaron a personas racializadas que conversaban sentadas en un banco si eran de Ceuta y posteriormente les ordenaron marcharse.

Cuando integrantes de la organización preguntaron el motivo, uno de los militares habría respondido que tenían «órdenes para que no se sientan cómodos».

La ONG denuncia también situaciones de perfilamiento racial, es decir, controles o actuaciones basadas aparentemente en la apariencia física o el supuesto origen de una persona. Según Amnistía, este problema no afectaría únicamente a los recién llegados, sino también a ceutíes percibidos como marroquíes.

El asunto resulta especialmente delicado en una ciudad donde la frontera y la convivencia cotidiana llevan décadas compartiendo unos pocos kilómetros cuadrados. En Ceuta esas líneas casi nunca son abstractas: atraviesan barrios, familias y lugares de trabajo.

Una crisis migratoria que desbordó la ciudad

Las denuncias deben situarse en el escenario extraordinario abierto los días 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta. El Gobierno español fijó posteriormente en unas 72.000 las entradas, aunque otras estimaciones manejadas durante la crisis y la propia Amnistía han hablado de cifras superiores.

La gran mayoría regresó a Marruecos en las primeras jornadas, pero miles permanecieron en territorio ceutí. La llegada dejó saturados los dispositivos de acogida y obligó a desplegar recursos extraordinarios de Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas.

El Gobierno amplió plazas del CETI, habilitó instalaciones temporales, reforzó la asistencia sanitaria y envió material para alojamiento. Aun así, Amnistía sostiene que durante su visita encontró personas durmiendo al raso, incluidos menores, familias y mujeres, y graves carencias de agua potable, duchas, productos de higiene, ropa limpia y atención médica.

La organización recorrió zonas como las playas de Benítez y El Trampolín, las Naves del Tarajal, los alrededores del CETI, La Hípica, Loma Colmenar y otros asentamientos improvisados. El paisaje que describe es el de una emergencia que dos meses después todavía no había logrado convertirse en una acogida normalizada.

También hubo agresiones contra militares y agentes

El cuadro no es de una sola dirección. Amnistía reconoce expresamente la dificultad del trabajo de los militares y las fuerzas de seguridad desplegados en Ceuta y recuerda que más de una treintena de migrantes han sido detenidos por agresiones contra efectivos.

Durante septiembre se registraron ataques contra guardias civiles y soldados. Algunos militares sufrieron lesiones graves y Defensa llegó a autorizar el uso de espráis irritantes para determinadas situaciones de seguridad y legítima defensa.

Ese contexto, sin embargo, no elimina las obligaciones legales de quienes ejercen la autoridad. La capacidad para emplear la fuerza está precisamente rodeada de límites legales porque existe una enorme desigualdad entre quien la ejerce en nombre del Estado y quien la recibe. Una agresión contra un militar puede ser delito; una respuesta ilícita del militar, también. Ambas realidades caben en la misma frase sin necesidad de borrar ninguna.

Amnistía reclama por ello que las denuncias sean investigadas de manera pronta, imparcial e independiente, que cesen los posibles abusos y que se adopten medidas para proteger especialmente a menores, mujeres y solicitantes de protección internacional.

Defensa y el Gobierno, ante las denuncias

Las acusaciones sobre malos tratos no aparecen de repente con este informe. Durante septiembre ya habían circulado testimonios e imágenes de presuntas agresiones de militares contra migrantes. El Gobierno manifestó entonces su condena ante determinadas imágenes y anunció que los hechos serían investigados.

Defensa, ante denuncias concretas relacionadas con el uso de espray irritante, había señalado que no tenía constancia de actuaciones ilegales y defendió que esos medios estaban autorizados exclusivamente dentro de los límites establecidos para garantizar la seguridad y la legítima defensa.

Amnistía ha remitido cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con sus conclusiones. Reclama asistencia humanitaria suficiente, investigación de los abusos denunciados, protección de las personas vulnerables y respeto al derecho de asilo y al principio de no devolución.

También pide que los menores reciban protección adecuada y que, cuando Ceuta no pueda absorberlos, se facilite su traslado a otras comunidades autónomas.

Lo que está realmente en juego en Ceuta

La denuncia de Amnistía Internacional abre un problema que desborda las imágenes concretas de golpes, campamentos o patrullas. Lo que está en juego es cómo responde un Estado democrático cuando una frontera se desborda y la emergencia dura mucho más que las primeras horas de caos.

España tiene derecho a controlar sus fronteras y a proteger a sus agentes y ciudadanos. Los militares tienen derecho a defenderse cuando son atacados. Los migrantes, incluso quienes hayan entrado irregularmente, conservan al mismo tiempo derechos fundamentales que no desaparecen al cruzar una valla, una playa o una frontera.

Precisamente ahí está la prueba incómoda. Las situaciones fáciles apenas ponen a prueba las reglas; las difíciles sí. Ceuta lleva dos meses viviendo dentro de esa tensión. Y después de las denuncias recopiladas por Amnistía, investigar qué ocurrió, quién hizo qué y bajo qué órdenes deja de ser una cuestión de imagen. Es una cuestión de responsabilidad pública y Estado de derecho.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.