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¿Qué cambia en el BOE con el nuevo decreto de vivienda y alquileres?

El BOE publica el nuevo decreto de vivienda con cambios en alquileres, desahucios, fiscalidad, pisos turísticos y acceso a la primera vivienda.

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el BOE con el nuevo decreto

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Resumen

  • El BOE publica el primer decreto de vivienda y deja pendiente el segundo
  • El texto cambia alquileres, desahucios, fiscalidad y pisos turísticos
  • El ICO financiará parte de la primera vivienda con préstamos al 0%

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles 30 de septiembre el Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, un paquete amplio que cambia reglas del alquiler, endurece determinados contratos temporales y por habitaciones, prolonga la protección frente a algunos desahucios, modifica la fiscalidad de la vivienda y crea una nueva vía de financiación pública para comprar la primera casa. Con carácter general, la norma entra en vigor el 1 de octubre, aunque algunas medidas tienen calendarios propios.

Hay una ausencia importante. El Gobierno aprobó dos decretos de vivienda, pero solo el primero aparece publicado por el momento en el BOE. El segundo está dedicado a reforzar la estabilidad de determinados contratos de alquiler de vivienda habitual. Es decir, una parte del paquete tiene ya letra oficial y fecha de entrada en vigor; la otra todavía debe completar su publicación.

El nuevo decreto de vivienda cambia mucho más que los alquileres

El Real Decreto-ley 26/2026 ocupa casi un centenar de páginas y toca buena parte de las costuras del mercado residencial: arrendamientos, fiscalidad, pisos turísticos, SOCIMI, desahucios, compras inmobiliarias y acceso a la primera vivienda. No es precisamente una corrección menor. La norma llega además en plena presión social por el precio de la vivienda y tras el caso de Maricarmen Abascal, de 87 años, cuyo desahucio volvió a colocar el problema habitacional en el centro del debate público.

Una de las medidas que puede notarse con mayor rapidez afecta a los contratos de vivienda habitual cuyo periodo legal de prórroga termine antes del 31 de diciembre de 2028. El inquilino que se encuentre al corriente del pago y lo haya estado durante los ocho meses anteriores podrá solicitar una prórroga extraordinaria por anualidades hasta un máximo de dos años adicionales.

La solicitud deberá ser aceptada por el arrendador salvo las excepciones establecidas en la norma, entre ellas que ambas partes acuerden condiciones distintas, firmen un nuevo contrato o exista una necesidad real y acreditada del propietario para ocupar la vivienda personalmente o destinarla a determinados familiares.

También se interviene sobre la actualización de las rentas. Hasta el 31 de diciembre de 2027, cuando el alquiler ya se encuentre por encima del límite máximo resultante del sistema estatal de índices de referencia, no procederá incremento. En los demás supuestos, las partes podrán pactar la actualización y, en ausencia de acuerdo, el aumento no podrá superar el 2%.

Los alquileres de temporada y por habitaciones cambian de reglas

Uno de los movimientos de mayor calado está en los llamados alquileres temporales. El decreto exige que exista una causa real y acreditable que justifique el desplazamiento desde la residencia habitual del inquilino. La intención es impedir que un contrato aparentemente temporal funcione, en la práctica, como un alquiler residencial permanente pero con menos garantías.

La duración de estos contratos deberá ser superior a 31 días y, como regla general, no podrá exceder de 12 meses. Si el motivo de la temporalidad continúa, podrá existir una prórroga mediante acuerdo de las partes. Pero superar esos doce meses sin justificación o encadenar más de dos contratos consecutivos entre las mismas partes y sobre la misma vivienda hará que el primero pase a considerarse un contrato de vivienda habitual.

La reforma entra también en el alquiler por habitaciones. La suma de las rentas de todas las habitaciones contratadas simultáneamente no podrá superar la renta que correspondería al alquiler de la vivienda completa. En zonas de mercado residencial tensionado entran, además, las limitaciones de precio previstas legalmente.

El decreto refuerza igualmente las garantías sobre gastos de gestión inmobiliaria, reparaciones y estado de la vivienda. La letra pequeña importa bastante aquí: buena parte de los conflictos entre propietario e inquilino no nace de la renta mensual que aparece en grande, sino de lo que se desliza después entre garantías, desperfectos y gastos añadidos.

Los desahucios de personas vulnerables tendrán protección hasta 2030

La protección extraordinaria frente a determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2030. La medida no paraliza indiscriminadamente cualquier desahucio: el decreto establece distintos supuestos según las circunstancias del afectado y las características del demandante.

En determinados procedimientos promovidos por entidades dedicadas a adquirir inmuebles o carteras hipotecarias con fuertes descuentos, el lanzamiento podrá quedar suspendido cuando la persona afectada carezca de alternativa habitacional. También se regula un régimen para otros demandantes y se contemplan compensaciones en ciertos casos.

Otro de los puntos que más titulares está generando necesita una precisión. El BOE no impide cualquier compra de vivienda por parte de una sociedad o fondo. Hasta finales de 2028 limita determinadas adquisiciones realizadas por entidades cuyo objeto incluya la compra de inmuebles cuando el precio sea inferior al 70% del valor de tasación de mercado.

La diferencia es considerable. No se cierra de golpe el mercado residencial a todo inversor institucional; se restringen unas operaciones concretas realizadas con descuentos especialmente fuertes sobre la tasación. El propio decreto denomina esta intervención limitación de la compra especulativa y establece excepciones para determinados supuestos.

Fiscalidad, pisos turísticos y deducciones también cambian

El nuevo paquete incorpora una deducción estatal por alquiler de vivienda habitual para contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 33.007,20 euros. La deducción asciende al 10% de las cantidades satisfechas y tiene una base máxima de 11.630 euros cuando la base imponible no supera 23.007,20 euros, reduciéndose progresivamente a partir de esa cifra.

Para los propietarios cambia igualmente el sistema de reducciones en el IRPF aplicables a los rendimientos obtenidos por el alquiler de vivienda. Los porcentajes dependen de elementos como la renta pactada, la existencia de una zona tensionada, la edad del arrendatario o que el inmueble se destine a determinados programas de alquiler social. En algunos supuestos la reducción puede alcanzar el 100%.

Los alquileres de corta duración afrontan también un cambio fiscal importante. Desde el 1 de diciembre de 2026, determinados arrendamientos de apartamentos o viviendas amuebladas de corta duración dejarán de estar exentos de IVA y quedarán incluidos en el tipo reducido del 10%. La medida afecta a los supuestos definidos por la propia norma y contempla excepciones.

Los ayuntamientos situados en zonas de mercado residencial tensionado reciben además capacidad para aplicar un recargo del IBI sobre alojamientos turísticos. Puede alcanzar el 50% y elevarse hasta el 100% cuando un mismo titular tenga dos o más viviendas turísticas y hasta el 150% cuando posea cuatro o más. Es una potestad municipal: no significa que el recargo se aplique automáticamente en todos los municipios.

También se revisa el tratamiento de las SOCIMI. Los beneficios no distribuidos procedentes de determinados arrendamientos residenciales, turísticos o de corta duración quedan sujetos a un gravamen especial del 25%. Ese gravamen puede reducirse cuando una proporción elevada del parque de la entidad se destine a alquiler asequible y se cumplan las condiciones previstas en la norma.

TU CASA: hasta 50.000 euros al 0% para la primera vivienda

Para quienes intentan entrar en el mercado como compradores aparece el mecanismo TU CASA, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial. Su objetivo es complementar la financiación privada para adquirir la primera vivienda habitual hipotecada.

Los préstamos podrán cubrir la cantidad menor entre el 20% del valor de la vivienda y 50.000 euros. Se concederán por un máximo de diez años, tendrán un interés del 0% y estarán libres de comisiones. La norma contempla también un periodo de carencia vinculado al plazo de la hipoteca, con un máximo de 30 años.

El mecanismo todavía necesita desarrollo para concretar aspectos como beneficiarios, límites, requisitos y procedimiento. El decreto crea la herramienta y fija sus líneas esenciales; el acceso efectivo dependerá también de las condiciones que se establezcan posteriormente.

El segundo decreto de vivienda todavía no figura en el BOE

La peculiaridad política de este paquete está en que el Consejo de Ministros lo dividió en dos reales decretos-leyes. El publicado este miércoles contiene el grueso de las medidas sobre protección frente a desahucios, alquiler temporal, fiscalidad, compras inmobiliarias y financiación. El segundo se centra en reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento habitual.

La división hace posible que ambos textos tengan recorridos parlamentarios distintos. Y ahí aparece la aritmética del Congreso, esa otra modalidad de arquitectura. Los decretos deberán afrontar su correspondiente convalidación parlamentaria, de modo que la publicación en el BOE no convierte en permanente por sí sola toda la reforma.

Conviene también distinguir entre medidas anunciadas y medidas vigentes. Mientras el segundo real decreto-ley no aparezca publicado oficialmente, sus detalles definitivos deben separarse de los del Real Decreto-ley 26/2026, que sí cuenta ya con texto completo y fecha de entrada en vigor.

Qué supone el decreto desde el 1 de octubre

La fotografía que deja el BOE es bastante concreta. Desde el 1 de octubre de 2026 empiezan a operar, con las excepciones temporales previstas, nuevas reglas que afectan a inquilinos, propietarios, empresas inmobiliarias, SOCIMI, ayuntamientos y compradores de primera vivienda. Algunos cambios fiscales entrarán después y otras protecciones permanecerán hasta 2027, 2028 o 2030.

La reforma intenta actuar sobre varias caras de un mismo problema: permanencia en el alquiler, contratos temporales, vulnerabilidad, fiscalidad, turismo, inversión inmobiliaria y acceso a la propiedad. Mucha materia para un solo decreto. Y también bastante letra pequeña: en vivienda, como casi siempre, la diferencia entre un gran titular y lo que finalmente afecta al bolsillo suele esconderse unas páginas más abajo.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.