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¿Por qué el PP eleva la tensión con Francia y Marruecos a la vez?
El rechazo del tratado con Francia y la escalada verbal con Marruecos exponen el difícil equilibrio del PP entre oposición y vocación de Gobierno.

Imagen: European People's Party / Wikimedia Commons, CC BY 2.0
Resumen
- El PP ha elevado el tono frente a Francia y Marruecos en pocas semanas
- El Senado, con mayoría del PP, rechazó el tratado bilateral con Francia
- La estrategia tensiona su imagen de oposición y de alternativa de Gobierno
El Partido Popular no ha roto relaciones con Francia ni con Marruecos, pero en pocas semanas ha elevado el tono frente a dos países decisivos para España. Con Rabat, Alberto Núñez Feijóo ha endurecido su discurso después de la crisis migratoria de Ceuta y el PP ha responsabilizado a Marruecos, según su propia formulación, «por acción u omisión». Con París, la mayoría popular del Senado rechazó el Tratado de Amistad y Cooperación con Francia justo durante la visita de Estado de Emmanuel Macron a España.
Son conflictos diferentes, con causas distintas, pero juntos dibujan una tensión política evidente: el PP quiere marcar distancia con la política exterior de Pedro Sánchez, exhibir firmeza en soberanía, fronteras y relaciones internacionales y, al mismo tiempo, consolidar su perfil como alternativa de Gobierno. Ahí aparece el dilema. Lo que funciona como oposición contundente puede convertirse después en una relación diplomática que habrá que administrar desde La Moncloa, con los mismos vecinos, los mismos intereses y bastante menos margen para el gesto.
Francia: el Senado convierte el tratado en batalla política
El episodio francés resulta especialmente llamativo por el momento elegido. El 29 de septiembre, mientras Macron realizaba una visita de Estado a España, el Senado rechazó el Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países. Hubo 142 votos en contra, correspondientes al PP y Vox, 106 a favor y una abstención de UPN. El BNG no participó en la votación.
El acuerdo había sido firmado en Barcelona en enero de 2023 por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron. Uno de sus puntos más discutidos era el artículo 2.4, que originalmente contemplaba que miembros de los gobiernos español y francés pudieran participar periódicamente en los consejos de ministros del otro país. El PP cuestionó la constitucionalidad de ese mecanismo. Después, España y Francia fijaron una interpretación según la cual esos encuentros se producirían en los márgenes de las reuniones, no dentro de la sesión formal del Consejo de Ministros.
El Tribunal Constitucional despejó buena parte de esa discusión el 23 de septiembre: por unanimidad declaró que no existía contradicción entre la Constitución y el artículo 2.4 en los términos sometidos a su examen. Seis días después, el PP mantuvo su rechazo al tratado. La senadora popular Pilar Rojo defendió que su partido seguía preocupado por el alcance de los compromisos y recalcó que el voto contrario no cuestionaba a Francia como amigo, vecino y socio.
Eso modifica, al menos parcialmente, el terreno de la disputa. La objeción constitucional que había centrado buena parte de la controversia quedó despejada por el tribunal, mientras el PP mantuvo otras reservas políticas e institucionales. Sus adversarios interpretan esa continuidad como una forma de confrontación con el Gobierno; los populares sostienen que un tratado internacional de esta importancia exige garantías suficientes y compromisos claros. Las dos lecturas conviven. Lo que no cambia es la fotografía: el principal partido de la oposición española votó contra el acuerdo durante la visita oficial del presidente francés.
Rechazar el tratado no equivale a romper con París
Conviene no convertir una disputa parlamentaria en una ruptura diplomática que no existe. España y Francia mantienen relaciones económicas, militares, policiales, energéticas y europeas construidas durante décadas. El tratado pretende ordenar y reforzar esa cooperación, pero la relación bilateral no depende exclusivamente de ese documento. El propio Gobierno español lo presenta como un marco destinado a dar continuidad a unos vínculos políticos, económicos, socioculturales, de seguridad y defensa que ya son muy intensos.
El rechazo del Senado tampoco significa necesariamente que el tratado esté definitivamente enterrado. La Constitución establece que cuando Congreso y Senado discrepan sobre determinados acuerdos internacionales debe intentarse una solución mediante una Comisión Mixta de diputados y senadores. Si tampoco prospera ese texto común, la decisión puede terminar en manos del Congreso por mayoría absoluta.
La cuestión, por tanto, no es si Francia desaparece del tablero español porque el Senado haya votado que no. Evidentemente no. Es qué señal transmite una formación que aspira a gobernar cuando mantiene una confrontación institucional sobre un acuerdo con uno de los socios europeos más importantes de España. París seguirá siendo imprescindible en defensa, energía, infraestructuras, seguridad y decisiones comunitarias. Los Pirineos no entienden de legislaturas.
Marruecos: Ceuta cambia el tono de Feijóo
El frente marroquí es diferente y mucho más sensible. La entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta durante los últimos días de julio provocó una crisis de enorme magnitud en una ciudad con algo más de 80.000 habitantes. Dos meses después, miles de migrantes continuaban todavía en la ciudad y las autoridades seguían gestionando identificaciones, retornos y una capacidad de acogida sometida a una presión extraordinaria.
Feijóo endureció su posición rápidamente. El 3 de septiembre aseguró en el Congreso que la operación había salido de Marruecos, había sido consentida por Marruecos y que existían indicios de una posible coordinación. Días más tarde afirmó que, si dispusiera de información sobre una entrada masiva semejante, blindaría la frontera y recurriría a las Fuerzas Armadas si lo considerase necesario. Son afirmaciones y propuestas del líder del PP; la atribución definitiva de responsabilidades por lo ocurrido continúa siendo materia de controversia política y de investigación.
La tensión escaló todavía más cuando Marruecos rechazó convertirse, según la expresión utilizada por su Ministerio de Exteriores, en «chivo expiatorio» de los ajustes de cuentas políticos españoles y criticó una retórica que calificó de irracional y populista. El PP respondió que «nada está por encima de la defensa de España» y atribuyó a Marruecos responsabilidad «por acción u omisión», pero añadió algo que a veces se pierde entre los titulares: también defendió que la relación bilateral debe ser «leal y estable».
Rabat tampoco es un vecino opcional
Ahí está la dificultad de cualquier política española hacia Marruecos. Puede exigirse firmeza en Ceuta y Melilla, reclamar explicaciones o discutir la cooperación migratoria; otra cosa es actuar como si la relación bilateral pudiera desconectarse durante una temporada. Marruecos está a pocos metros de Ceuta, comparte con España intereses de seguridad, inmigración y comercio y será, junto con España y Portugal, uno de los anfitriones del Mundial de fútbol de 2030.
La dimensión económica tampoco es secundaria. España es el primer socio comercial de Marruecos, con un intercambio bilateral superior a 22.500 millones de euros anuales según los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Más de 350 empresas españolas están instaladas en el país. Son cifras que ayudan a entender por qué casi todos los gobiernos españoles, de colores distintos, han intentado combinar presión y cooperación con Rabat.
Eso no convierte a Marruecos en un socio al que España deba evitar criticar. Tampoco implica aceptar automáticamente la posición del Gobierno de Sánchez. Significa algo bastante más prosaico: la geografía obliga a negociar. Y una política exterior eficaz suele necesitar dos instrumentos que en la política doméstica parecen incompatibles: hablar con dureza cuando toca y mantener abierto el teléfono después.
Una oposición que quiere hablar también como Gobierno
Aquí aparece la tensión central para Feijóo. El PP quiere presentarse como un partido preparado para gobernar, integrado en las instituciones europeas y capaz de ofrecer estabilidad después de una etapa política marcada por la polarización. Al mismo tiempo, utiliza los instrumentos parlamentarios de los que dispone para combatir decisiones importantes del Ejecutivo también en política exterior.
No hay nada excepcional en ello. La oposición tiene derecho a rechazar un tratado internacional, cuestionar la relación con Marruecos o exigir una política distinta. La política exterior no pertenece al Gobierno de turno como si fuera una finca privada. Pero cuanto más probable pretende parecer una futura alternancia, más atención reciben las posiciones del PP fuera de España. Un partido con aspiraciones de Gobierno deja de ser observado únicamente como oposición: sus palabras empiezan a cotizar como posibles decisiones futuras.
El propio PP insiste en que su postura responde a principios reconocibles: mayor firmeza ante Marruecos, defensa de la soberanía española y rechazo de compromisos internacionales que considera insuficientemente garantizados. Sus adversarios ven detrás un intento de extender la batalla contra Sánchez a todos los ámbitos posibles. Entre ambas interpretaciones hay una realidad menos vistosa pero bastante práctica: un eventual Gobierno de Feijóo tendría que sentarse desde el primer día con París y Rabat.
El riesgo de llevar la batalla interna al escenario exterior
En política internacional existe un activo que rara vez aparece en los mítines: la previsibilidad. Los gobiernos extranjeros necesitan saber qué compromisos españoles dependen de una mayoría coyuntural y cuáles sobreviven a los cambios de Ejecutivo. No significa exigir unanimidad entre PSOE y PP. Sería extraño pedir semejante cosa en una democracia. Significa que determinados cambios de rumbo tienen consecuencias más largas que una sesión de control.
Francia coopera con España dentro de la Unión Europea, en defensa, seguridad, infraestructuras y energía. Marruecos es esencial en comercio, control fronterizo, cooperación policial y gestión migratoria. Las fricciones con cualquiera de los dos países pueden ser perfectamente legítimas cuando existen desacuerdos reales; acumularlas obliga, eso sí, a explicar qué modelo alternativo de relación exterior se propone.
Ahí es donde la estrategia del PP empieza a ser examinada con más atención. La cuestión no es determinar si la formación debe ser más amable o más dura con otros gobiernos. Es comprobar si existe una línea coherente entre lo que promete desde la oposición y lo que tendría que ejecutar si llegase a La Moncloa. El propio Feijóo ha defendido una relación estable y constructiva con Marruecos incluso mientras elevaba sus acusaciones sobre Ceuta. Esa combinación revela que Génova conoce el dilema: la firmeza y la interlocución tienen que convivir.
Dos frentes que ponen a prueba la política exterior del PP
Decir que el PP «rompe con todos» exageraría lo sucedido. No ha roto con Francia ni con Marruecos. Sí ha protagonizado, en cambio, dos fricciones relevantes casi simultáneas: una escalada verbal con Rabat después de la crisis de Ceuta y el rechazo en el Senado del tratado con París durante la visita de Macron. Son hechos distintos, aunque juntos proyectan una política exterior mucho más combativa que la que el partido exhibía hace unos meses.
Puede interpretarse como una estrategia de diferenciación frente a Sánchez: más dureza en soberanía y fronteras y menos disposición a acompañar los acuerdos internacionales promovidos por el Ejecutivo. También puede generar dudas sobre cómo trasladaría esa posición un futuro Gobierno del PP a relaciones que requieren continuidad, negociación y compromisos de largo alcance. No hace falta escoger entre ambas lecturas para ver la contradicción que deberá resolver Feijóo.
Porque la oposición puede cambiar de batalla cuando cambia la agenda. Un Gobierno tiene otra servidumbre: los vecinos continúan allí al día siguiente. Francia seguirá al otro lado de los Pirineos y Marruecos seguirá frente a Ceuta y Melilla. En política exterior, esa geografía obstinada suele sobrevivir a todas las tácticas parlamentarias.












