Reino Unido lleva la presión fiscal a máximos de posguerra

El Gobierno laborista de Keir Starmer ha anunciado un paquete fiscal que elevará la recaudación en unos 26.000 millones de libras y llevará los ingresos tributarios al 38,3% del producto interior bruto. El porcentaje marcará un récord desde el final de la Segunda Guerra Mundial. No se trata, sin embargo, de una subida general de todos los tipos: el grueso del ajuste combina la congelación de los umbrales del impuesto sobre la renta con gravámenes sobre determinados activos, actividades y consumos.

La decisión responde a una economía que genera menos ingresos de lo previsto, una deuda elevada y un presupuesto cada vez más condicionado por el pago de intereses. La ministra de Hacienda, Rachel Reeves, sostiene que recaudar más permitirá sostener los servicios públicos y cumplir el objetivo de reducir la deuda en relación con el PIB. El coste político está en el modo elegido: aunque el Gobierno evita aumentar el tipo general del impuesto sobre la renta, muchos hogares pagarán más a medida que suban sus salarios nominales.

Un récord fiscal detrás de una cifra engañosamente sencilla

Decir que Reino Unido alcanzará la presión fiscal más alta desde 1945 no significa que cada contribuyente vaya a afrontar un tipo sin precedentes. La cifra del 38,3% expresa los ingresos tributarios en relación con el tamaño de la economía. Es una medida agregada: reúne distintos impuestos y muestra qué parte de la actividad económica termina en las arcas públicas. El récord habla del peso total de la recaudación, no de una única reforma ni de un gravamen que afecte por igual a toda la población.

El paquete presupuestario combina medidas que operan de formas distintas. Algunas elevan impuestos a rentas del capital o a actividades concretas; otras reducen ventajas fiscales. La más importante por su alcance es la prolongación de la congelación de los tramos del impuesto sobre la renta. Esa fórmula permite al Ejecutivo respetar formalmente su promesa electoral de no subir ese impuesto, el IVA ni las cotizaciones sociales, pero aumenta la recaudación conforme los ingresos nominales crecen y los umbrales permanecen inmóviles.

El Gobierno cifra el efecto total de las medidas en unos 26.000 millones de libras, equivalentes a cerca de 29.500 millones de euros según el cambio citado en el anuncio. Las cantidades divulgadas también dependen del año fiscal en que se mida el rendimiento: varias medidas entrarán en vigor de manera gradual y el impacto completo se calcula al final del horizonte presupuestario. Por eso, la cifra global no debe confundirse con una factura idéntica e inmediata para cada hogar o empresa.

El crecimiento débil reduce el margen de maniobra

La causa inmediata del ajuste es el empeoramiento de las previsiones económicas y, sobre todo, la revisión a la baja de la productividad. El cálculo oficial reduce su crecimiento anual medio previsto del 1,3% al 1% hasta el final de la década. La diferencia parece pequeña, pero acumulada durante varios años implica una economía menos capaz de producir más con los recursos disponibles y, por tanto, una base tributaria que crece más despacio. El recorte asociado a esa revisión supone 16.000 millones de libras menos de recaudación.

La productividad importa porque determina cuánto pueden crecer los salarios, los beneficios empresariales y la producción sin que el país dependa solo de aumentar el número de trabajadores o de encarecer los precios. Si el crecimiento potencial queda por debajo de lo esperado, el Tesoro recauda menos de lo que había previsto al diseñar el presupuesto. Reeves ha atribuido parte del problema a los años de gobiernos conservadores, a la pandemia y al Brexit, aunque también ha rechazado que esa debilidad sea inevitable.

Las previsiones de actividad reflejan esa cautela. El PIB crecería un 1,5% en 2025, medio punto más de lo calculado anteriormente, pero la estimación para 2026 baja al 1,4%. Para los tres años siguientes se recortan entre dos y tres décimas las previsiones, con un crecimiento anual en torno al 1,5%. No es una recesión, pero sí un ritmo modesto para un país que necesita ampliar ingresos, renovar servicios y atender una deuda muy elevada.

También se han revisado al alza las previsiones de inflación: el índice cerraría 2025 en el 3,5% y 2026 en el 2,5%, antes de situarse en el 2% entre 2027 y 2029. La inflación alta no solo encarece la vida cotidiana; complica las decisiones presupuestarias y puede empujar los salarios nominales al alza. En ese contexto, dejar quietos los umbrales fiscales se convierte en una manera eficaz de obtener ingresos adicionales sin anunciar una subida directa de tipos.

La congelación de umbrales y el impuesto que crece sin cambiar de tipo

Los tramos del impuesto sobre la renta permanecerán congelados hasta abril de 2031. Sumada a la congelación anterior, la medida hará que algunos umbrales no cambien durante una década. El Tesoro espera obtener de esta prolongación unos 8.300 millones de libras. Cerca de un millón de contribuyentes podrían pasar a pagar tipos marginales más altos a medida que aumenten sus ingresos, aunque eso no significa que todo su sueldo vaya a tributar al tipo superior.

El mecanismo es conocido como arrastre fiscal. Si el salario sube en libras, pero el límite de cada tramo no se mueve, una porción mayor de los ingresos queda sujeta a tributación o pasa a un tramo superior. El tipo legal puede seguir siendo el mismo y, aun así, aumentar la cantidad pagada. Si el sueldo apenas compensa la subida de precios, el trabajador puede encontrarse con una factura fiscal mayor sin haber ganado mucho poder adquisitivo real: ahí reside el carácter poco visible de esta medida.

El efecto alcanza a más personas que una subida dirigida únicamente a las rentas más altas, porque depende de la evolución de los ingresos y no solo de un nuevo tipo máximo. El umbral superior del impuesto sobre la renta está asociado a un tipo marginal del 45% para ingresos por encima de 125.140 libras. Sin embargo, el impacto concreto depende de los ingresos, de las circunstancias fiscales y de las reglas aplicables en cada territorio; no se puede deducir una cantidad única para todos los contribuyentes a partir del anuncio general.

La congelación también permite entender cómo el Gobierno intenta cuadrar dos objetivos que chocan entre sí: elevar la recaudación y afirmar que no ha incumplido su promesa de campaña de no aumentar el impuesto sobre la renta. En términos formales, los tipos no suben; en términos prácticos, el Estado recauda más de los salarios a medida que estos avanzan. Esa diferencia explica por qué sus defensores la presentan como una decisión gradual y sus críticos como una subida fiscal encubierta.

Más presión sobre el capital, el juego y las viviendas caras

El presupuesto también modifica la tributación de dividendos, ahorro y ganancias de capital. Los tramos básico y superior de estos impuestos aumentarán en dos puntos, mientras se reducen ciertos beneficios fiscales vinculados a pensiones. El diseño busca que parte del ajuste recaiga sobre ingresos procedentes de activos y patrimonios, además de sobre quienes se ven afectados por el arrastre fiscal. No elimina las diferencias entre tipos de renta, pero estrecha algunas de las ventajas que hasta ahora podían hacer más favorable el tratamiento de determinados ingresos.

Una de las medidas más visibles es el nuevo gravamen anual para las viviendas de valor muy elevado. Las propiedades valoradas en más de dos millones de libras pagarán 2.500 libras al año, y las que superen los cinco millones abonarán 7.500. El Gobierno calcula que afectará a menos del 1% del parque inmobiliario y que recaudará unos 400 millones de libras. Su rendimiento es pequeño frente al paquete completo, pero la medida tiene una carga simbólica clara: pedir una contribución específica a los propietarios de las viviendas más caras.

Otros sectores también aportarán más. El Ejecutivo elevará los impuestos al juego en internet y a las apuestas digitales, ampliará el gravamen sobre las bebidas azucaradas y aplicará cambios que afectan a los vehículos de gama alta. Además, se prevé un nuevo gravamen para los vehículos eléctricos a partir de 2028. Este último movimiento apunta a un problema de largo recorrido: si la electrificación reduce el consumo de combustibles gravados, también erosiona una fuente de ingresos pública que ha dependido del uso de esos productos.

El presupuesto incluye asimismo cambios en el tratamiento fiscal de ciertas aportaciones a planes de pensiones, que se espera que generen 4.700 millones de libras adicionales. Las medidas no entran todas en vigor a la vez ni recaen sobre los mismos grupos. En conjunto, muestran que el ajuste no se limita a una gran subida de tipos: el Gobierno intenta ampliar varias bases tributarias y reducir ventajas concretas para construir una recaudación más alta a lo largo de los próximos años.

El coste de la deuda y la promesa de proteger los servicios

La deuda pública británica asciende a unos 2,3 billones de libras, cerca del tamaño anual de toda la economía. El problema no es solo el volumen acumulado, sino el coste de atenderlo: los intereses absorben aproximadamente una de cada diez libras del presupuesto. Ese dinero no está disponible para otros usos, desde la sanidad y la educación hasta el transporte o la inversión. Con una economía de crecimiento lento, reducir esa presión resulta más difícil sin recaudar más o recortar gastos.

Reeves presenta la subida de ingresos como una alternativa a una nueva ronda de recortes en el Estado del bienestar. La apuesta es conservar margen para financiar servicios públicos y, al mismo tiempo, cumplir el compromiso de que la deuda comience a caer en proporción al PIB durante la legislatura. El presupuesto prevé mantener la inversión en infraestructuras y equipamientos, con 120.000 millones de libras destinados a transporte e infraestructuras durante el mandato. También sitúa el gasto en defensa en el 2,6% del PIB.

El equilibrio no está garantizado. Si el crecimiento se debilita más, la recaudación puede quedarse corta; si el gasto en intereses sigue pesando, el espacio para financiar servicios será limitado incluso con impuestos récord. Por eso el plan depende de que las previsiones económicas se acerquen a la realidad y de que la inversión anunciada se traduzca en mejoras productivas. Recaudar más puede aliviar las cuentas, pero no sustituye a una economía capaz de crecer con continuidad.

El Gobierno también ha acompañado el ajuste con medidas de apoyo a las familias. Entre ellas figura la eliminación del límite que restringía determinadas prestaciones familiares a partir del tercer hijo, junto con aumentos de las pensiones y del salario mínimo por encima de la inflación y la congelación de las tarifas ferroviarias. Son decisiones que elevan el gasto o moderan algunos costes, de modo que el presupuesto no consiste únicamente en extraer más ingresos: combina mayores impuestos con ayudas y compromisos sociales.

Empresas, hogares y el reparto político de la factura

El Ejecutivo evita en este presupuesto volver a cargar el grueso del aumento sobre las empresas. La decisión llega después de una subida fiscal anterior de 40.000 millones de libras que afectó principalmente al sector empresarial. Sus efectos han alimentado la discusión sobre la contratación y los precios: para las compañías, una carga mayor puede encarecer el empleo o reducir recursos para invertir; para los hogares, parte de ese coste puede acabar trasladándose a los productos y servicios.

Las Cámaras Británicas de Comercio han expresado alivio porque el nuevo paquete no les impone una subida comparable y han valorado el compromiso de inversión en transporte e infraestructuras. También el sector bancario había temido un aumento de impuestos que finalmente no se materializó, y las acciones de varias entidades subieron tras el anuncio. La reacción empresarial, por tanto, no fue de rechazo uniforme: convivieron la preocupación por el impacto acumulado de decisiones anteriores y el reconocimiento de que algunas de las nuevas medidas evitan cargas directas sobre la actividad empresarial.

En los hogares, el efecto está distribuido de forma menos evidente. La congelación de umbrales puede elevar la factura de trabajadores con ingresos medios conforme progresen sus salarios, mientras que los cambios sobre dividendos, ahorro y plusvalías afectan más directamente a quienes reciben ese tipo de rentas. El impuesto a las viviendas de lujo se concentra en una fracción pequeña del mercado. No hay, por tanto, un único contribuyente que represente el paquete: el coste se reparte entre mecanismos y grupos diferentes.

La dimensión territorial también importa. Escocia tiene competencias propias para fijar tramos y tipos del impuesto sobre la renta, mientras que en Inglaterra y Gales el marco fiscal correspondiente depende del Gobierno central. Por ello, unos ingresos similares no siempre implican una carga idéntica en todo el Reino Unido. La comparación entre territorios exige tener en cuenta esas reglas y no tratar el país como un sistema tributario completamente uniforme.

Mercados tranquilos, pero con un calendario incierto

La presentación del presupuesto no provocó una reacción de alarma en los mercados. El FTSE 100, principal índice bursátil de Londres, subió un 0,85% después del anuncio, mientras que el coste de la deuda británica a 10 años registró un ligero descenso. Son movimientos moderados, no una validación definitiva del plan. Indican que, en esa jornada, los inversores no interpretaron las medidas como un motivo inmediato para exigir una prima de riesgo mucho mayor.

Para el Tesoro, la credibilidad importa porque la deuda debe refinanciarse y porque las expectativas sobre ingresos, gasto y crecimiento influyen en las condiciones de financiación. Sin embargo, el paquete también lleva un riesgo político: una parte de la recaudación llegará después del ejercicio fiscal 2029-30, mientras que las próximas elecciones están previstas para 2029 si no se adelantan. El Instituto de Estudios Fiscales ha advertido de que ese desfase deja abierta la pregunta de quién asumirá las decisiones necesarias para cumplir las previsiones en los años siguientes.

La oposición conservadora acusa al Gobierno de priorizar los ingresos y de no controlar suficientemente el gasto público. Reform UK, que ha ganado terreno en las encuestas según la información disponible, se ha convertido también en parte del pulso político: Reeves ha criticado sus propuestas de recorte por no explicar con claridad dónde se aplicarían. A la vez, el laborismo debe responder a quienes esperaban que su llegada al poder se tradujera en una mejora más rápida del crecimiento y de los servicios.

La polémica por la filtración de las líneas principales del presupuesto añadió tensión a la jornada parlamentaria, pero no altera el dilema de fondo. El Gobierno busca que el aumento de ingresos refuerce la confianza en sus cuentas sin frenar una economía ya débil. Si los impuestos reducen demasiado el consumo o la inversión, el crecimiento podría resentirse; si la recaudación no basta, reaparecería la presión para recortar gastos o buscar nuevos ingresos. La estabilidad fiscal depende tanto de las cifras como de que el plan resulte sostenible políticamente.

Una apuesta fiscal que todavía depende del crecimiento

El dato histórico del 38,3% resume la magnitud del giro, pero no resuelve por sí solo la discusión sobre sus resultados. El Gobierno sostiene que el esfuerzo permitirá financiar servicios, mantener inversiones y evitar recortes abruptos. Sus críticos replican que aumentar impuestos no corrige las causas de la productividad débil ni garantiza una mejora de la economía. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez: unas cuentas más sólidas dan margen al Estado, pero el crecimiento que las sostenga requiere algo más que una cifra presupuestaria.

La medida decisiva para muchos contribuyentes será la congelación de los umbrales, precisamente porque su efecto se acumula sin necesidad de modificar los tipos anunciados. Para los hogares con patrimonio elevado, el foco estará en las nuevas cargas sobre viviendas y rentas del capital; para las empresas, en si la inversión pública y la estabilidad fiscal compensan los costes anteriores y la incertidumbre económica. El reparto final dependerá de la evolución de los salarios, los precios, los beneficios y las decisiones que acompañen al presupuesto.

Reino Unido intenta ganar tiempo para reparar unas cuentas afectadas por una productividad menor de la esperada, una deuda costosa y una recaudación que ya no puede apoyarse en previsiones optimistas. El récord fiscal expresa el precio de esa apuesta, no la garantía de que vaya a funcionar. Si la economía responde, el Estado tendrá más recursos para sus prioridades; si el crecimiento vuelve a decepcionar, la discusión regresará a la misma encrucijada: cuánto recaudar, qué proteger y qué gasto está dispuesto a reducir el país.