¿Quién es Jaime Campaner, el nuevo abogado de Begoña Gómez?

El relevo de abogado llega en un momento especialmente delicado. Begoña Gómez ha confiado su defensa al penalista Jaime Campaner, que sustituye a Antonio Camacho ante la perspectiva de que la causa termine en un juicio con jurado popular. El cambio, comunicado al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, se habría acordado entre la investigada y quien había dirigido su estrategia jurídica desde 2024.

No parece una simple sustitución de nombres en el membrete de un escrito. La investigación ha abandonado la fase de grandes titulares, recursos cruzados y diligencias sucesivas para entrar en un terreno donde importa otro tipo de precisión: seleccionar pruebas, ordenar testimonios, fijar un relato inteligible y preparar una defensa capaz de ser entendida por ciudadanos sin formación jurídica.

Ahí aparece Campaner. Un abogado habituado a caminar sobre esa cuerda estrecha que separa el expediente judicial del ruido político, la prueba concreta de la sospecha ambiental.

Quién es Jaime Campaner, el penalista elegido por Begoña Gómez

Jaime Campaner es socio director de Campaner Law y está especializado en Derecho Penal, Derecho Penal Económico y Derecho Procesal. Se licenció en la Universidad de las Islas Baleares, donde fue el número uno de su promoción, cursó un máster en Derecho Penal Económico Internacional y obtuvo el doctorado en Derecho Procesal por la Universidad Complutense de Madrid, con calificación cum laude y premio extraordinario.

Su trayectoria profesional tiene bastante más mármol de juzgado que plató de televisión. Ha intervenido en procedimientos de enorme exposición pública, entre ellos los casos Nóos, Pujol, Villarejo y Cursach, además de representar a empresarios, responsables institucionales, deportistas y entidades como el FC Barcelona. En el juicio de la familia Pujol asumió la defensa de Josep Pujol Ferrusola; en el caso Nóos representó al asesor fiscal Salvador Trinxet, que resultó absuelto.

Un abogado acostumbrado a traducir sumarios complejos

Los procedimientos económicos suelen llegar al tribunal convertidos en una habitación llena de archivadores: contratos, correos electrónicos, informes periciales, organigramas y conversaciones cuyo significado depende, a veces, de una sola línea. El trabajo de la defensa consiste en transformar ese material espeso en algo que pueda explicarse sin deformarlo.

Esa tarea resulta todavía más importante ante un jurado popular. Los ciudadanos que lo integran no tienen que convertirse en especialistas en contratación pública ni memorizar un bosque de resoluciones. Deben comprender qué conducta concreta se atribuye a la acusada, qué pruebas la sostienen y si esas pruebas permiten declarar su culpabilidad más allá de una duda razonable.

La fama del abogado puede llenar la puerta del juzgado de cámaras, pero dentro de la sala pesan otras cosas: las preguntas bien construidas, las contradicciones detectadas a tiempo y la capacidad de separar los hechos demostrados de las interpretaciones.

Por qué Begoña Gómez cambia de abogado en este momento

La elección de Campaner se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara la continuación del procedimiento mediante jurado popular por dos presuntos delitos: tráfico de influencias y malversación. La resolución acotó la causa respecto de planteamientos anteriores y confirmó el cauce procesal impulsado por el juez Juan Carlos Peinado.

Antonio Camacho había asumido la defensa desde el comienzo de la investigación. Durante ese periodo presentó recursos, solicitó el archivo y consiguió que distintas decisiones del instructor fueran revisadas o anuladas. El relevo no ha sido presentado como una ruptura ni como una censura a su trabajo, sino como un cambio vinculado a la nueva etapa del procedimiento.

La lectura jurídica es bastante transparente: una instrucción y un juicio no se disputan de la misma manera. Durante la investigación se combate la apertura de diligencias, su alcance y la suficiencia de los indicios. Cuando la causa se aproxima al juicio, el centro de gravedad se desplaza hacia la prueba que realmente podrá practicarse en la vista oral.

La primera decisión de Campaner: pedir tiempo para estudiar la causa

Uno de los primeros movimientos del nuevo abogado fue solicitar una ampliación del plazo para presentar las conclusiones provisionales de la defensa. El juez Peinado concedió un total de siete días y, al no habilitar agosto para este trámite, el escrito podrá entregarse en septiembre. Ese margen permitirá al nuevo equipo examinar un procedimiento acumulado durante más de dos años antes de fijar oficialmente su posición.

El gesto tiene poca espectacularidad, pero bastante lógica. Ningún penalista serio aterriza en un sumario de este tamaño y redacta su defensa mirando el reloj como quien responde un correo atrasado. Antes hay que leer, clasificar, descartar y localizar las piezas que podrían convertirse en prueba durante el juicio.

Qué puede cambiar con la llegada de Jaime Campaner

El nombramiento no altera los hechos investigados ni borra las resoluciones dictadas. Tampoco garantiza un resultado. Cambiar de abogado no equivale a reiniciar el procedimiento, aunque sí puede modificar la manera de presentar el caso y de relacionar cada acusación con la prueba disponible.

La nueva defensa deberá decidir qué testigos considera necesarios, qué documentos cuestionará, qué informes periciales utilizará y cómo explicará las funciones desempeñadas por Gómez y por su asesora, Cristina Álvarez. También tendrá que delimitar qué actuaciones pertenecían a la esfera institucional y cuáles estaban relacionadas con la actividad académica desarrollada en la Universidad Complutense.

En una causa rodeada por el estruendo de la política nacional, el principal desafío consiste precisamente en bajar el volumen. Un juicio penal no debería funcionar como un plebiscito sobre Pedro Sánchez, su Gobierno o la oposición. El objeto del proceso son unas conductas determinadas, no el clima político que creció a su alrededor como humedad sobre una pared.

El jurado obliga a construir una defensa más clara

La celebración de un juicio con jurado introduce una arquitectura particular. La prueba se practica ante nueve ciudadanos, mientras un magistrado preside la vista y dirige jurídicamente el procedimiento. Al final, el jurado debe responder a un conjunto de hechos planteados en el denominado objeto del veredicto.

Esto obliga tanto a la acusación como a la defensa a expresarse con especial claridad. Las largas discusiones doctrinales pueden ser útiles en los recursos, pero ante un jurado importa que cada argumento encuentre un anclaje reconocible: un correo, una reunión, una orden, una decisión administrativa o la ausencia de una intervención que la acusación considera necesaria.

Campaner llega con reputación de abogado meticuloso y didáctico, dos cualidades particularmente útiles cuando el expediente parece una madeja y la opinión pública lleva tiempo tirando de todos sus hilos.

En qué punto se encuentra el caso Begoña Gómez

El procedimiento que afronta Gómez se mantiene por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Las acusaciones sostienen que habría utilizado su posición y recursos vinculados a la Presidencia del Gobierno en beneficio de actividades profesionales relacionadas con la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense.

La defensa rechaza esa interpretación y previsiblemente pedirá la absolución. La Fiscalía también ha anunciado una posición absolutoria, mientras la acusación popular encabezada por Hazte Oír solicita trece años de prisión para Gómez. Son peticiones de las partes, no una decisión judicial ni una declaración de culpabilidad.

Esa distinción es esencial. La apertura o continuación de un juicio significa que un tribunal considera que existe materia suficiente para celebrar la vista y examinar las pruebas, no que los hechos hayan quedado acreditados. La presunción de inocencia permanece intacta hasta que exista una sentencia firme.

Un relevo que anticipa la batalla jurídica definitiva

El fichaje de Jaime Campaner revela que la defensa de Begoña Gómez considera agotada una etapa. Camacho pilotó la respuesta durante la instrucción, discutió el perímetro de la investigación y consiguió reducir las acusaciones que continúan vivas. Campaner recoge ahora un expediente voluminoso y entra cuando el proceso exige menos movimiento defensivo y más puntería.

Su trabajo consistirá en llevar una causa políticamente inflamable al lenguaje más frío del Derecho Penal: hechos, pruebas, autoría e intención. No será sencillo. El caso llega cubierto por capas de declaraciones, campañas partidistas y titulares que han fabricado convicciones antes de que se escuche al jurado.

En esa atmósfera, el nuevo abogado tendrá que hacer algo aparentemente modesto, aunque decisivo: convencer al tribunal de que mire dentro del sumario y no a través de la ventana.