¿Qué pasará en Ceuta el 23? España activa medidas ante nuevos cruces

España ha activado medidas preventivas ante el 23 de septiembre por la circulación en Marruecos de nuevas convocatorias para intentar cruzar irregularmente hacia Ceuta. El Gobierno asegura que no tiene constancia de que esos llamamientos estén alcanzando una movilización masiva, pero ha decidido anticiparse: Exteriores mantiene contactos con las autoridades marroquíes, difunde información para contrarrestar mensajes engañosos y trabaja para que exista un dispositivo capaz de frenar un eventual intento multitudinario.

La alerta llega, además, con una ciudad que todavía no ha recuperado la normalidad tras la crisis migratoria de finales de julio. Algo más de 3.000 migrantes continúan viviendo en calles, playas y otros espacios de Ceuta, según la estimación ofrecida este lunes por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Entre ellos hay varios centenares de menores. La frontera mira al miércoles 23 mientras detrás de ella siguen abiertas muchas de las heridas logísticas, administrativas y humanas de la entrada anterior.

España se adelanta al 23 de septiembre

El origen de la alerta está en mensajes difundidos durante las últimas semanas en redes sociales y grupos de mensajería utilizados en Marruecos. En ellos se ha señalado el 23 de septiembre como posible fecha para un nuevo intento de entrada en Ceuta, coincidiendo con las elecciones legislativas marroquíes.

No es una fecha aparecida de repente. Un análisis realizado en agosto sobre miles de mensajes publicados en grupos de WhatsApp ya detectó referencias al 23 de septiembre después de que perdieran fuerza otras convocatorias planteadas para mediados de agosto. Algunos mensajes proponían aprovechar precisamente la jornada electoral, bajo la idea de que buena parte del aparato de seguridad marroquí estaría pendiente de los comicios.

Eso no significa que vaya a producirse necesariamente una nueva entrada masiva. José Manuel Albares ha dicho que al Gobierno no le consta que la convocatoria esté calando de forma significativa. La decisión es actuar antes de comprobar hasta dónde puede llegar. Después de lo ocurrido a finales de julio, esperar simplemente a que el miércoles despeje la incógnita sería una apuesta con demasiado equipaje.

Diplomacia, mensajes y un dispositivo de disuasión

La respuesta española se mueve en varios terrenos a la vez. Exteriores está utilizando sus canales oficiales y los de la Embajada de España para difundir en Marruecos un mensaje muy concreto: entrar irregularmente en Ceuta no concede automáticamente derecho a permanecer en España ni a trasladarse a la Península o circular por Europa. El Ministerio también está trabajando con medios marroquíes para que esa información llegue a quienes reciben versiones distintas a través de redes sociales.

El Gobierno sostiene que buena parte de su trabajo consiste precisamente en combatir la desinformación asociada a estas convocatorias. No todo lo que circula por un teléfono al otro lado de la frontera acaba convertido en movimiento real de personas, pero una falsedad repetida miles de veces puede terminar teniendo consecuencias bastante físicas: kilómetros recorridos, concentraciones junto a la frontera, intentos de entrada y personas que ponen su vida en peligro.

El contacto con Marruecos vuelve a ser decisivo

Albares asegura mantener una comunicación frecuente con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, tanto para prevenir nuevas entradas como para gestionar el retorno de quienes ya se encuentran en Ceuta y no tengan derecho a permanecer en España una vez concluidos sus expedientes. Madrid quiere que Marruecos disponga de un dispositivo disuasorio capaz de intervenir si las convocatorias del miércoles terminan materializándose.

La cooperación marroquí vuelve así a ocupar el centro de una frontera singular. Ceuta no es únicamente el extremo sur de España: también es frontera exterior de la Unión Europea y mantiene controles específicos para el paso desde Marruecos y para determinados desplazamientos posteriores hacia la Península. La presión migratoria convierte cualquier movimiento numeroso en el entorno del Tarajal en un asunto que desborda rápidamente la dimensión local.

Más de 3.000 personas continúan en las calles de Ceuta

Mientras se prepara el 23 de septiembre, el problema inmediato sigue estando dentro de la ciudad. Torres estima que algo más de 3.000 migrantes, incluidos varios centenares de menores, permanecen fuera de los espacios habilitados. El Ejecutivo pretende continuar los traslados durante los próximos días y contempla abrir nuevos recursos si las plazas previstas resultan insuficientes.

El esfuerzo de acogida ha crecido deprisa. El 15 de septiembre, el Gobierno contabilizaba 4.160 personas instaladas en plazas temporales, donde se realizan tareas de triaje e identificación, y anunciaba la preparación de unas 1.800 plazas adicionales hasta acercarse a una capacidad total de 6.000. Una semana antes apenas se habían habilitado alrededor de 3.400. La fotografía cambia casi por días.

Los menores añaden otra capa al problema

La situación de los menores complica aún más la gestión. El Gobierno informó el 15 de septiembre de 2.048 menores ya filiados, 1.612 de ellos llegados desde los episodios del 30 y 31 de julio. Entonces Torres estimaba que entre 700 y 1.000 podían permanecer todavía fuera de los recursos; las cifras posteriores apuntan a varios centenares.

Adultos y menores no acompañados no pueden permanecer mezclados en los mismos centros, lo que obliga a disponer de espacios y procedimientos diferenciados. Cada identificación abre además otras preguntas administrativas: edad, posibles vínculos familiares, tutela, protección internacional o eventual reagrupación. Sobre el papel parecen casillas. En una ciudad pequeña y bajo presión, cada casilla necesita camas, personal, abogados, policías y tiempo.

Las cifras muestran una crisis difícil de medir

Hay un matiz importante: no existe una cifra única e inamovible sobre cuántas personas permanecen actualmente en Ceuta. Las estimaciones han cambiado conforme avanzan las identificaciones, los traslados a recursos temporales, los retornos voluntarios y las expulsiones. También existen diferencias entre los cálculos manejados por distintas administraciones, algo inevitable cuando miles de personas entran en un periodo corto y no todas quedan registradas de inmediato.

No es necesariamente una contradicción que se resuelva con una calculadora. Las entradas y salidas no se produjeron mediante un registro ordenado y simultáneo, hay retornos diarios y siguen completándose filiaciones. El propio Ejecutivo ha reconocido la dificultad de establecer con precisión cuántas personas permanecen fuera de los recursos hasta que avance la identificación y aumente el número de migrantes trasladados a espacios controlados.

Ahí está uno de los problemas menos vistosos, pero más importantes. No basta con saber cuántas personas cruzaron una frontera; después hay que determinar quiénes son, distinguir adultos y menores, comprobar solicitudes de protección internacional, estudiar posibles reagrupaciones familiares y tramitar retornos con garantías legales. El atasco no se ve desde el Tarajal, pero pesa tanto como una valla.

Retornos, protección internacional y expedientes pendientes

El Gobierno sostiene que buena parte de los adultos que no acrediten derecho a permanecer en España serán devueltos a Marruecos una vez terminados los procedimientos correspondientes. No ocurre automáticamente. Primero deben ser identificados y sometidos al procedimiento administrativo previsto, precisamente uno de los motivos por los que se han reforzado los equipos policiales destinados al triaje.

Hasta el 15 de septiembre, los datos oficiales contabilizaban 5.482 retornos voluntarios a Marruecos y 307 expulsiones desde el comienzo del dispositivo. Este lunes Torres situó el ritmo reciente de regresos voluntarios entre 150 y 200 personas diarias y señaló que 160 habían regresado durante las 24 horas anteriores.

Quedan fuera de ese esquema quienes puedan obtener protección internacional y los menores para los que no resulte posible una reagrupación familiar. En esos casos las autoridades deben estudiar cada expediente. El Gobierno plantea trasladar a la Península a menores que no puedan ser reagrupados para reducir la presión sobre los recursos de Ceuta, una ciudad de poco más de 18 kilómetros cuadrados donde varios miles de personas adicionales alteran muy deprisa cualquier equilibrio cotidiano.

Ceuta llega al 23 con la crisis todavía abierta

El 23 de septiembre se ha convertido así en otra fecha marcada en el calendario, aunque por ahora no existe certeza de que vaya a producirse un nuevo cruce masivo. Lo confirmado es la existencia de llamamientos en redes, la reacción preventiva del Gobierno español y los contactos con Marruecos para reforzar la disuasión. Confundir una convocatoria digital con un hecho consumado sería adelantarse a los acontecimientos; ignorarla después de la experiencia de julio sería, por el contrario, difícil de justificar.

Ceuta llega a ese miércoles todavía bajo presión. Miles de personas siguen pendientes de alojamiento o de la resolución de sus expedientes, continúan los retornos y las administraciones aceleran una maquinaria que hace unas semanas tuvo que multiplicar casi de golpe sus plazas de acogida. La prevención en la frontera y la atención dentro de la ciudad forman ya parte de la misma crisis: impedir que vuelva a crecer mientras se intenta ordenar lo que todavía queda de la anterior.