¿Qué pasa en Forestalia y qué investiga la Guardia Civil?

Registros, detenidos y licencias bajo sospecha: así estalla el caso Forestalia y por qué sacude Aragón y el negocio renovable español a fondo

Forestalia vuelve a estar en el centro de la noticia por un motivo mucho más serio que un plan industrial o un gran proyecto eólico. La Guardia Civil ha registrado este martes sus sedes de Zaragoza y Madrid, además de varios domicilios vinculados a la dirección de la compañía, dentro de una operación que investiga presuntas irregularidades en la tramitación de contratos y permisos de proyectos de energías renovables. El núcleo de la sospecha está en si durante la carrera administrativa de parques eólicos y plantas solares se alteraron o forzaron declaraciones de impacto ambiental para facilitar licencias. El operativo, según la información conocida a mediodía, se ha saldado con seis detenidos y se mueve en un terreno penal especialmente delicado: prevaricación ambiental, cohecho y blanqueo de capitales.

La magnitud de la noticia no se explica solo por el despliegue policial. Se explica por el tamaño del actor afectado. Forestalia no es una empresa marginal ni una promotora de paso, sino uno de los nombres más reconocibles del negocio renovable en Aragón y uno de los grupos privados que más crecieron durante la gran expansión verde de la última década. Fundada en Zaragoza por Fernando Samper Rivas, la compañía ha levantado su posición a base de eólica, fotovoltaica, biomasa y producción de pellets. Por eso el golpe tiene tanto recorrido. No cae bajo la lupa una firma secundaria, sino un símbolo empresarial del auge renovable aragonés.

Un registro que sacude mucho más que una sede

La escena del martes ha tenido algo de imagen de época. Agentes entrando en la sede del Coso zaragozano, movimientos en la oficina madrileña de Ortega y Gasset, registros en casas de directivos, ruido de sirenas, cámaras a distancia, silencio de empresa. La operación la pilota la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente, la UCOMA, adscrita al Seprona, y eso ya daba una pista bastante clara sobre la naturaleza del caso: no se estaba buscando solo un posible desorden administrativo, sino un posible fraude ligado al filtro ambiental que decide qué puede construirse y qué no.

Ese matiz importa. En el negocio renovable español, la declaración de impacto ambiental no es un papel accesorio, no es una carpeta más sobre una mesa. Es el punto en el que un proyecto puede avanzar, atascarse o directamente morir. De ahí que la investigación apunte justo ahí, al lugar donde se cruzan los intereses empresariales, la protección del territorio y la potestad de la Administración. Si se confirma que hubo manipulación o trato de favor, el caso dejaría de ser un episodio turbio de ventanilla para convertirse en un cuestionamiento profundo de cómo se autorizó parte del gran despliegue renovable.

La operación, además, no ha aparecido en el vacío. Es el segundo registro a Forestalia en pocos meses. El 11 de diciembre de 2025 la Guardia Civil ya había entrado en la sede de la empresa dentro de otra investigación que orbitaba alrededor de adjudicaciones, ayudas públicas y la causa abierta en la Audiencia Nacional por la llamada trama de Leire Díez. Aquello ya había colocado a la compañía en una posición incómoda. Lo de este martes la deja en una situación bastante más áspera. Hay una acumulación de sospechas, frentes y diligencias que cambia por completo la lectura pública del caso.

Y conviene dejar algo claro, porque en este tipo de noticias la frontera entre sospecha y condena se emborrona con facilidad. Un registro no prueba culpabilidad y una detención no equivale a una sentencia. Lo que sí demuestra es que los investigadores creen que hay base suficiente para buscar documentación, comunicaciones, informes, movimientos económicos o decisiones internas que ayuden a reconstruir si hubo una cadena irregular detrás de algunos proyectos. En estos casos, la clave no suele ser un hallazgo espectacular, sino el encaje minucioso de correos, expedientes, teléfonos y firmas.

Qué es Forestalia y cómo llegó a tener tanto peso

Para entender por qué esta noticia ha escalado tan deprisa hay que detenerse en la empresa. Forestalia nació en Zaragoza en 2011 y fue ganando tamaño justo cuando España volvía a abrir el grifo de las renovables tras años de frenazo regulatorio y parálisis. La compañía se presentó desde el principio como un promotor independiente de energía verde con una idea bastante clara: crecer a gran escala en eólica, solar y biomasa, captar proyectos, desarrollarlos y quedarse con una parte del valor en cada fase del proceso.

El gran salto llegó con las subastas estatales. En 2016 logró adjudicarse más de 408 megavatios eólicos y de biomasa, y en 2017 sumó más de 1.500 megavatios en nuevas adjudicaciones eólicas y fotovoltaicas. Aquello la colocó de golpe en el mapa grande del sector. No era ya la empresa aragonesa con ambición regional, sino un actor con presencia nacional y con capacidad para tejer alianzas con grupos internacionales. Forestalia supo leer antes que muchos el nuevo ciclo energético y convirtió esa lectura en tamaño, cartera y músculo financiero.

A partir de ahí fue construyendo un perfil que mezclaba desarrollo propio, promoción para terceros y alianzas con gigantes industriales y fondos de inversión. La empresa sostiene que ha promovido y construido más de 1.500 MW eólicos y más de 500 MW fotovoltaicos. A eso suma proyectos de biomasa, una planta de generación en Cubillos del Sil, en León, y la actividad de Arapellet, en Erla, una instalación muy conocida en Aragón por su capacidad en producción de pellets. Su modelo no se limitó a levantar molinos o placas: se extendió a toda una red de sociedades, suelos, líneas de evacuación, acuerdos con socios y presencia territorial.

En la práctica, Forestalia se convirtió en una de las compañías que mejor encarnaron una idea muy poderosa en Aragón: que la transición energética podía ser también industria, inversión privada, empleo rural y gran infraestructura. Durante años ese relato le funcionó. Sus proyectos se expandieron por comarcas aragonesas como Campo de Belchite, Cinco Villas, Campo de Borja, Ribera Baja, Zaragoza, Jiloca, Cuencas Mineras o Bajo Martín, y su nombre quedó asociado a algunos de los mayores desarrollos renovables del territorio. No era raro que apareciera vinculada a macroproyectos, ejes de evacuación o anuncios de fuerte inversión.

De las subastas al corazón del mapa verde aragonés

El ascenso de Forestalia coincidió con algo más amplio: Aragón pasó de ser una promesa de la nueva energía a ser uno de sus laboratorios principales. Hay viento, hay sol, hay espacio, hay nudos estratégicos y hay una posición geográfica que la hace muy interesante para evacuar energía o atraer consumos intensivos. Forestalia encontró ahí su terreno natural. El paisaje de la expansión renovable aragonesa no se entiende sin esta empresa, para bien o para mal.

La compañía participó en proyectos ya muy conocidos dentro del sector, como Goya y Phoenix, y promovió clústeres eólicos y fotovoltaicos que después acabaron en manos o en operación de grandes grupos como Repsol, CIP, Lightsource BP o Bruc. Ese dato es importante porque muestra algo esencial: Forestalia no ha sido solo operadora final, también ha sido promotora y articuladora de desarrollos que luego alimentaban estrategias de terceros. En ese esquema, la tramitación administrativa era casi tan decisiva como la obra física. Sin permisos, sin acceso, sin informes favorables, no había negocio.

El punto más delicado: licencias, declaraciones ambientales y trato de favor

Aquí está el hueso del asunto. La investigación se centra en si algunos proyectos avanzaron con un camino administrativo torcido, en especial en la obtención de las declaraciones de impacto ambiental y de las licencias necesarias para parques eólicos y solares. Dicho de manera menos jurídica: si alguien consiguió despejar obstáculos que no debían despejarse, o hacerlo de una forma que no era legal, para que determinados expedientes siguieran adelante.

No es un detalle técnico reservado a especialistas. La declaración de impacto ambiental es el gran dique del sistema. Ahí se analiza el daño potencial sobre fauna, paisaje, hábitats, corredores ecológicos, vegetación, ruido, líneas de evacuación o espacios sensibles. En una comunidad como Aragón, donde el despliegue de megaproyectos ha sido enorme y la contestación social en algunas zonas también, ese documento vale oro. Si el informe es favorable, el proyecto respira. Si sale mal, el promotor se complica la vida. Si se acredita que fue manipulado, la herida es institucional y no solo empresarial.

Por eso la combinación de delitos que aparece en la causa resulta tan seria. La prevaricación ambiental apunta a decisiones injustas dictadas a sabiendas en un ámbito especialmente sensible. El cohecho coloca sobre la mesa la posibilidad de favores, pagos o contraprestaciones. El blanqueo abre el foco a cómo pudo moverse o reintroducirse dinero presuntamente ilícito. No es lenguaje de trámite, desde luego. Es el vocabulario penal de los casos que pueden erosionar no solo a una empresa, sino a un sistema de autorización entero.

En Aragón, además, el ruido alrededor de estas tramitaciones no empezó este martes. Lleva años acumulándose. Diversos colectivos, plataformas vecinales y actores políticos venían denunciando desde hace tiempo un supuesto trato diferencial a favor de algunos proyectos de Forestalia, especialmente en expedientes de gran impacto territorial. Las críticas se concentraban en si algunos informes ambientales se corrigieron, suavizaron o gestionaron de manera anómala, y en si hubo fraccionamiento de proyectos, externalizaciones dudosas de evaluaciones o resoluciones incomprensiblemente favorables frente a otros promotores que recibían un trato más duro.

El clúster del Maestrazgo, el nombre que vuelve una y otra vez

En el trasfondo del caso aparece una y otra vez el clúster del Maestrazgo, uno de los desarrollos más controvertidos ligados al universo Forestalia. Hablamos de un macroproyecto de 22 parques eólicos en Teruel, una iniciativa de enorme escala que desde hace tiempo arrastra oposición social, recursos y denuncias por sus posibles efectos ambientales y paisajísticos. Es uno de esos proyectos que ya no son solo una inversión, sino un campo de batalla político, judicial y territorial.

El Maestrazgo ha sido señalado por varios colectivos como el ejemplo más claro de lo que consideran una tramitación extraordinariamente benevolente. Ahí se ha discutido sobre informes técnicos críticos que no habrían pesado lo suficiente, sobre el papel del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el Inaga, sobre documentos internos que alertaban de deficiencias, sobre la forma en que se agrupaban parques en un mismo expediente y sobre si el Ministerio terminó validando una fotografía incompleta del impacto real. Nada de eso prueba por sí solo un delito, pero sí explica por qué la UCOMA no ha caído en este tablero por casualidad.

A estas alturas, el Maestrazgo funciona casi como un emblema. Resume en un solo nombre casi todos los conflictos del modelo: macroparques frente a territorio, evaluación ambiental frente a urgencia inversora, promotor privado frente a control público, y transición energética frente a sensación de atropello local. Si la investigación judicial termina encontrando pruebas sólidas en ese entorno, el daño reputacional sería enorme y el debate político en Aragón se recrudecería todavía más.

Fernando Samper y la dirección del grupo, bajo máxima presión

Toda gran empresa tiene un rostro que la sintetiza, y en Forestalia ese rostro es Fernando Samper Rivas. Fundador y presidente del grupo, Samper ha sido durante años una figura muy visible en el empresariado aragonés, asociada a la expansión renovable, a operaciones de gran volumen y a la idea de que desde Zaragoza podía construirse un actor energético de primer nivel. Su nombre aparece hoy inevitablemente pegado al caso porque los registros han alcanzado también su domicilio y porque, en empresas tan personalizadas, la frontera entre la marca y el dirigente casi nunca es limpia.

Eso no significa, por sí mismo, responsabilidad penal acreditada. Significa exposición máxima. Cuando la investigación entra en casas, en despachos personales y en el círculo directivo, la noticia cambia de escala. Ya no se habla solo de una empresa investigada, sino de personas concretas cuyo rastro documental puede ayudar a explicar cómo se tomaban decisiones, quién empujaba qué expediente, qué intermediarios aparecían y si hubo o no una arquitectura de favores. En este tipo de causas, los correos y los teléfonos suelen pesar más que los comunicados.

Por ahora, la posición pública de la compañía es de extremo silencio. No se ha conocido una explicación de fondo sobre el operativo de este martes, más allá del contexto habitual de secreto judicial que suele rodear diligencias de esta clase. En diciembre, tras el anterior registro, Forestalia ya expresó colaboración con la Justicia y mantuvo la normalidad de su actividad. Esta vez el golpe llega con un añadido incómodo: la sensación de reincidencia procesal, aunque las causas no sean exactamente la misma. Para una empresa que negocia con administraciones, fondos, bancos y socios industriales, dos registros en menos de tres meses pesan como una losa.

Hay otro elemento que aprieta. La empresa ya no se mueve en un entorno de crecimiento incontestado. En los últimos tiempos, Forestalia había seguido proyectando ambición con nuevos desarrollos, incluida su vinculación a grandes planes energéticos e industriales en Aragón. Justo por eso el registro resulta tan demoledor. La imagen de compañía llamada a protagonizar el futuro choca de frente con la imagen de una sede bajo inspección policial. Es una colisión muy difícil de amortiguar.

Lo que realmente está en juego en Aragón y en el sector renovable

Lo ocurrido no afecta solo a Forestalia. Toca una fibra especialmente sensible del modelo renovable español. La transición energética necesita velocidad, sí, pero también legitimidad. Y esa legitimidad se rompe en cuanto aparece la sospecha de que algunos expedientes pudieron avanzar con atajos, con evaluaciones medioambientales debilitadas o con un terreno de juego desigual entre empresas. El gran riesgo del caso es que acabe contaminando la percepción de todo un sector que ya venía conviviendo con una fuerte contestación territorial en varias comarcas.

Aragón es, en ese sentido, un territorio especialmente expuesto. Ha concentrado una parte enorme del despliegue eólico y fotovoltaico, ha sido escaparate de inversión y al mismo tiempo escenario de una protesta persistente contra macroproyectos, líneas de evacuación y planificación percibida como agresiva. Si ahora se investiga si hubo trato de favor, informes corregidos o decisiones administrativas contaminadas, el problema rebasa el nombre de una empresa. La pregunta pasa a ser si los controles funcionaron de verdad o si simplemente acompañaron una expansión ya decidida de antemano.

Eso tiene una derivada política evidente. Los permisos y declaraciones no los firma una turbina ni una placa solar. Los firman personas dentro de la Administración, en organismos concretos y bajo gobiernos concretos. De ahí que el caso reabra el debate sobre el papel del Inaga, del Ministerio para la Transición Ecológica y de la cadena de validación técnica y política que dio luz verde a muchos expedientes. No se investiga solo un negocio; se investiga la calidad del sistema que debía fiscalizarlo.

También hay una derivada económica. Las renovables viven de la financiación y de la confianza. Un fondo no entra igual en una operación cuando la promotora está bajo sospecha penal. Un banco no calibra igual el riesgo. Un socio industrial no lee igual un calendario de ejecución. Incluso cuando la actividad ordinaria continúa, la reputación se encarece. Y en un sector donde cada retraso administrativo puede costar millones, la reputación vale casi tanto como un permiso de acceso.

Lo que puede pasar desde ahora

A partir de aquí empieza la parte menos vistosa, pero quizá la más decisiva. Los registros son solo el arranque visible de una fase probatoria larga. Toca analizar documentación, cotejar mensajes, revisar expedientes, reconstruir cronologías, rastrear movimientos societarios y determinar si las sospechas iniciales tienen respaldo sólido o se desinflan. Es un trabajo lento, casi quirúrgico. Los grandes titulares del primer día suelen depender después de lo que digan los pequeños detalles.

En paralelo, el caso puede abrir varias capas. Una estrictamente penal, centrada en los delitos investigados. Otra administrativa, si se revisan expedientes o se detectan defectos relevantes en autorizaciones. Y otra política, porque las comisiones, las comparecencias y el choque partidista en Aragón van a intensificarse. La oposición aprovechará el caso para cuestionar el modelo previo; quienes defendieron estos desarrollos intentarán separar la expansión renovable de las eventuales conductas ilícitas. Ese debate ya está encendido, aunque la instrucción apenas avanza.

Para Forestalia, el problema inmediato no es solo lo que termine diciendo un juez dentro de meses o años. El problema inmediato es la erosión de credibilidad. Una empresa puede sobrevivir a un mal trimestre, a un conflicto territorial o a un frenazo regulatorio. Sobrevivir a una doble irrupción policial en tan poco tiempo es otra cosa. La marca queda asociada a la sospecha, y esa sombra tarda mucho en levantarse incluso cuando no hay condena.

Cuando el caso deja de ser una anécdota

A esta hora, lo que hay es bastante nítido. La Guardia Civil ha vuelto a entrar en Forestalia, esta vez en una operación sobre contratos y permisos de renovables que apunta a posibles irregularidades graves en la tramitación ambiental. Hay sedes registradas en Zaragoza y Madrid, domicilios de directivos bajo inspección, seis detenidos y una investigación que busca determinar si se amañaron o forzaron declaraciones de impacto ambiental para abrir paso a parques eólicos y solares. Y todo eso recae sobre una de las compañías más importantes del ecosistema energético aragonés, fundada por Fernando Samper, con un historial de crecimiento muy notable desde 2011 y con un papel central en la expansión verde de la comunidad.

Lo que convierte el episodio en algo más que una noticia judicial del día es otra cosa. Forestalia representa una manera de hacer la transición energética a gran escala, con grandes promotores, macroproyectos, mucha ingeniería financiera y una relación constante con la Administración. Si el caso termina acreditando que parte de ese crecimiento se apoyó en atajos ilegales, no quedará en entredicho solo una empresa. Quedará tocado un modelo que durante años se presentó como sinónimo de modernización, descarbonización y desarrollo rural. Y si no se acredita, la compañía seguirá arrastrando durante mucho tiempo el peso de dos registros consecutivos y de un nombre, el del Maestrazgo, que ya se ha convertido en sinónimo de conflicto.