¿Qué hay en el sobre de PDVSA que Aldama vincula al PSOE?

Aldama declara ante Pedraz, por el fraude de hidrocarburos y liga un sobre de PDVSA a Delcy Rodríguez; el PSOE lo niega y la UCO lo rastrea.

Víctor de Aldama declaró este jueves, 29 de enero de 2026, en la Audiencia Nacional ante el juez Santiago Pedraz por la causa del fraude del IVA en hidrocarburos y soltó una afirmación que ha incendiado el día: aseguró que Delcy Rodríguez le entregó un sobre de PDVSA que, según su versión, está ligado a una presunta financiación ilegal del PSOE y también a la Internacional Socialista. Lo dijo en sede judicial, a preguntas del fiscal, pero evitó explicar el contenido y dejó caer que ese asunto lo viene tratando “en privado” con la Fiscalía, insinuando un posible encaje de colaboración.

El PSOE negó de forma tajante cualquier financiación irregular y enmarcó las acusaciones en una estrategia de Aldama para desviar el foco de su situación procesal. Mientras tanto, la pieza del sobre no nace como una ocurrencia de última hora: la UCO ya había detectado referencias a ese material en el sumario y, según las fuentes judiciales citadas por varios medios, los agentes sospechan que Aldama lo dejó en custodia de un socio para que lo guardara, pero cuando fue detenido no apareció.

La declaración que enciende la Audiencia Nacional

La comparecencia de Aldama no era, sobre el papel, un capítulo sobre Venezuela ni sobre financiación de partidos, sino un episodio más del caso hidrocarburos: una investigación por un presunto fraude masivo en el IVA asociado a la compraventa de carburantes, con empresas y operadores que aparecen en los atestados como piezas de una maquinaria pensada para mover combustible y, en paralelo, hacer desaparecer el impuesto. En ese escenario, Aldama entra como investigado y plantea su relato: se presenta como un intermediario, se desvincula del diseño del fraude y, al mismo tiempo, introduce el elemento del sobre como si fuera una carpeta que alguien dejó a propósito en medio del pasillo.

El detalle que convierte la frase en noticia es el “quién” y el “cómo”. Aldama no dice “me llegó información”, dice que el sobre se lo entregó Delcy Rodríguez —figura central del chavismo, sancionada por la UE— y que dentro habría material relacionado con financiación irregular del PSOE a través de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Esa atribución, por sí sola, es explosiva: porque mezcla tribunales españoles, dinero, política y un nombre que en España sigue asociado a un episodio de alto voltaje institucional, el paso de Delcy por Madrid en 2020. Aun así, en la sala no hubo un “aquí está”, no hubo lectura ni exhibición; hubo una afirmación y un frenazo.

La escena, según lo publicado, tiene una tensión curiosa: el fiscal pregunta y Aldama responde marcando territorio. Viene a decir que ese tema lo lleva “con usted y yo” fuera del foco, y remata con una especie de amago: “si quiere le respondo”. Al final no entra en detalles. Es una forma de hablar que en un sumario se interpreta rápido: tengo algo que ofrecer o, al menos, tengo algo que digo que tengo.

El sobre de PDVSA: lo que está en el sumario y lo que falta

A estas alturas, el sobre existe como objeto judicial citado y como pieza narrativa. Lo más concreto que se ha publicado es que la UCO lo habría localizado en el contexto de conversaciones y que apareció incluso en una fotografía: un sobre con el logo de PDVSA, donde figuraba como remitente el entonces presidente de la petrolera venezolana, Manuel Quevedo Fernández, y como destinataria Delcy Rodríguez. Ese dato no es menor, porque baja la historia de la nube al papel: ya no es “me contaron”, es “hay un rastro documental citado en la investigación”.

Pero, justo cuando parece que todo va a concretarse, aparece el gran agujero: según las fuentes judiciales recogidas en prensa, la UCO sospecha que Aldama entregó ese sobre a un socio —mencionado como Alberto (Luis Alberto) Escolano, hombre de confianza— para que lo custodiara y, cuando los agentes lo detuvieron, el sobre no estaba. Esa ausencia convierte el asunto en una historia con dos capas: la del contenido que se insinúa y la de la cadena de custodia que se complica, porque sin el objeto físico (o una copia íntegra y verificable) cualquier afirmación queda colgando de un hilo.

La fecha que Aldama coloca sobre la mesa

Hay una precisión adicional que también ha circulado: Aldama sitúa la entrega del sobre en 2020, según algunas informaciones, y lo enlaza con ese universo de contactos y episodios donde el nombre de Delcy ya era políticamente radiactivo. Si esa fecha se sostiene, el relato sugiere que el supuesto material habría estado años orbitando sin aflorar públicamente, algo que abre preguntas en el plano judicial —por qué aparece ahora, por qué se invoca en este momento procesal— sin necesidad de convertirlo en un juicio paralelo.

En paralelo, Aldama no sólo mencionó el PSOE; también habló de la Internacional Socialista, organización que preside Pedro Sánchez desde 2022, y ahí el discurso gana otra dimensión porque ya no sería una acusación doméstica, sino un posible relato de ramificación internacional. El problema, de nuevo, es el mismo: sin contenido expuesto ni documentación incorporada con garantías, lo que existe hoy es un señalamiento, no una prueba en sentido pleno.

El caso hidrocarburos: Villafuel, licencias y el IVA que se evapora

La causa por la que Aldama comparece tiene un núcleo mucho más terrenal que los grandes nombres: carburante, licencias de operadora, sociedades, trámites y un esquema en el que, según la investigación, el IVA habría sido el gran botín. Las cifras que han ido apareciendo varían según las referencias públicas, pero el propio procedimiento se ha movido en magnitudes de cientos de millones, con estimaciones que han oscilado entre alrededor de 182,5 millones y cifras por encima de 220 millones. Ese baile no es capricho: a veces depende del periodo analizado, de cómo se computan operaciones, de lo que se consigue reconstruir en un sector que puede funcionar como un laberinto de facturas.

En el epicentro aparece Villafuel, vinculada al empresario Claudio Rivas, y el sumario la describe como pieza clave de la operativa. En ese tablero, la UCO ha planteado en informes anteriores que hubo intentos de influir en la Administración para lograr permisos, con contactos que salpican a distintos ministerios. Aldama, en su declaración, intentó una jugada defensiva: separar su figura de Rivas en lo relativo a las “corruptelas” y desplazar la atención hacia otra empresaria, Carmen Pano, a la que señala como pagadora de sobornos… pero, según él, para otro objetivo empresarial distinto.

Aldama, además, ironizó con una frase que retrata la mentalidad del comisionista: vino a decir que si Villafuel hubiese buscado su “ayuda” para conseguir la licencia de operadora, no habría tardado casi dos años en obtenerla. Es una forma de hablar que pretende presentarse como alguien con contactos, sí, pero también como alguien capaz de “resolver”; y al mismo tiempo busca desmontar la idea de que él y Rivas dirigían una trama conjunta.

La prisión preventiva y el cambio de guion

El historial procesal de Aldama también pesa en cómo se lee su declaración. Fue detenido por el caso hidrocarburos el 7 de octubre de 2024, pasó alrededor de un mes en prisión preventiva y quedó en libertad tras comprometerse a colaborar con la justicia en el caso Koldo, una causa que ha terminado proyectándose sobre su figura como un foco permanente. EFE ha señalado que afronta una petición de siete años de cárcel y que el juicio por esa pieza se espera en el Tribunal Supremo. Con ese contexto, cada frase de Aldama se interpreta con doble lente: la de lo que denuncia y la de lo que gana o pierde al denunciarlo.

En esta jornada, su estrategia fue mezclarse con el sumario y, a la vez, intentar dirigirlo. “Yo no soy el cerebro”, “yo fui intermediario”, “yo puedo aportar cosas”, y, por encima de todo, esa idea de que hay material “sensible” que se trataría con la Fiscalía fuera del foco. Esa combinación —defensa y oferta— es un clásico en causas de corrupción, y no la hace verdadera ni falsa por sí misma; la vuelve, simplemente, relevante en términos procesales.

Nombres propios: Torres, Koldo, Salles y la ruta de los contactos

Más allá del sobre, la declaración de Aldama volvió a activar otros nombres. Según lo publicado, señaló al ministro Ángel Víctor Torres en relación con un proyecto que no llegó a salir: la apertura de depósitos fiscales en Canarias, esos grandes contenedores donde se almacena combustible en zonas con un régimen impositivo específico. Aldama sostuvo que en esa idea habrían estado Koldo García —exasesor de José Luis Ábalos— y el empresario Manuel Salles (Sallés), y afirmó que llegaron a viajar a las islas para reunirse con Torres. El negocio, siempre según su versión, no prosperó. (

Aquí conviene afinar: lo que Aldama describe es un intento de negocio y una cadena de reuniones, no una prueba automática de delito. Pero en una instrucción penal, los viajes, las reuniones y los mensajes son el barro donde se buscan huellas. RTVE añadió que, ese mismo día, estaban citados como testigos el director general de Política Energética y Minas, Manuel García, y el propio Sallés, lo que subraya que el juez no se limita a escuchar a un investigado: también quiere contrastar con quienes aparecen en los márgenes del relato.

A la vez, el caso hidrocarburos arrastra una trama de gestiones ante distintos departamentos del Gobierno. En los informes se han mencionado contactos con jefes de gabinete, como Marc Pons (Transición Ecológica) o Juan Ignacio Díaz Bidart (Industria), y Aldama, al hablar de esas presiones, dibujó a Koldo como alguien que disparaba mensajes “como una ametralladora” porque no sabía bien a quién dirigirse. La expresión es suya, casi de barra de bar, pero el trasfondo es serio: los investigadores llevan meses intentando reconstruir si hubo presión organizada para lograr licencias y favores administrativos.

En ese ecosistema reaparece otra pieza incómoda: el chalet de La Alcaidesa (Cádiz) que, según informes de la UCO citados en prensa, estaría vinculado a la trama como supuesto “premio” o contraprestación; Aldama, por su parte, sostuvo que el cálculo del “millón de euros” en compra de voluntades sería un error porque incorporaría el valor de esa vivienda. Es un choque de interpretaciones que en instrucción se resuelve con documentos, escrituras, pagos, periciales y cronología, no con impresiones.

El choque político: negación total del PSOE y la presión del relato

La reacción del PSOE fue inmediata en lo sustancial: negación completa. Desde Ferraz sostienen que “ni ha habido ni hay” financiación irregular y que Aldama recicla acusaciones sin prueba cada vez que su situación judicial se complica. Es una línea defensiva previsible, pero también un mensaje que busca fijar una idea: lo que no se prueba no debe contaminar. En un país donde la palabra “financiación ilegal” es una etiqueta que se pega incluso antes de que existan autos, esa negación es parte de la batalla por el terreno.

Aldama, en cambio, juega al filo: suelta el concepto, insinúa que puede aportar, pero se reserva el contenido. Y ese “me lo guardo” alimenta dos lecturas opuestas que conviven sin tocarse: la de quienes creen que el sobre es una prueba guardada y la de quienes lo ven como un anzuelo procesal para negociar. En ambos casos, el punto ciego es idéntico: el contenido no está sobre la mesa pública, y el propio sumario, por lo que se sabe, no lo ha exhibido como documento incorporado y peritado.

El efecto inmediato es que el caso hidrocarburos —ya de por sí voluminoso— se contamina de política. No porque la política sea un añadido artificial, sino porque los nombres citados lo empujan hacia allí: PSOE, Sánchez, Internacional Socialista, Delcy, PDVSA. Y, aun así, el procedimiento sigue siendo el mismo: el juez instruye, la Fiscalía pregunta, la UCO investiga y el investigado responde lo que quiere, lo que puede y lo que le conviene dentro de la ley.

El sobre, el sumario y la prueba que falta

El futuro del episodio del sobre se decide en un lugar mucho menos vistoso que los titulares: en la capacidad de aportar, ubicar y verificar. Si el sobre existió y contiene información relevante, la justicia necesitará saber dónde está, quién lo tuvo, si hay copia íntegra, si hay metadatos, si hay correspondencia con transferencias, contratos o comunicaciones internas que sostengan la acusación. Si el sobre no aparece y el contenido no se materializa, la historia queda reducida a una afirmación grave que tendrá que convivir con el principio básico del proceso: lo que no se prueba no condena.

Aldama ha dejado algo claro con su forma de responder: intenta mantener el control del tiempo. Habla cuando le interesa, se reserva lo que cree que le da valor y sugiere que la llave está en la Fiscalía Anticorrupción. Esa táctica puede salirle cara o cruz, porque también expone una contradicción: si se afirma que hay pruebas de financiación ilegal, la presión para mostrarlas crece; si no se muestran, el relato se erosiona. En medio, el caso hidrocarburos seguirá avanzando con su propio ritmo, con testigos citados, con informes y con decisiones judiciales que no dependen del ruido, sino del expediente.