¿Por qué el PSOE llama «mal virus» a Feijóo por Ceuta y voto exterior?

El enfrentamiento entre el PSOE y Alberto Núñez Feijóo ha subido otro grado. La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, calificó este sábado 19 de septiembre al presidente del PP de «mal virus» de la política española y vinculó esa dura expresión a dos conflictos muy concretos: la gestión de la crisis migratoria de Ceuta y la batalla abierta alrededor de la llamada ley de nietos. La frase, pronunciada en Alicante durante la Conferencia Política del PSPV-PSOE, es una descalificación política de Torró, no una descripción factual del dirigente popular.

El fondo de su acusación es bastante más preciso que la metáfora. Torró sostiene que Feijóo ha llevado al PP a endurecer su posición ante la crisis de Ceuta, incluso condicionando la actuación del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y que al mismo tiempo está sembrando dudas sobre el voto de españoles que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática. El PP mantiene una lectura radicalmente distinta y responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez tanto de la gestión migratoria como del conflicto político alrededor del censo exterior.

Torró convierte a Feijóo en el centro del choque

La intervención tuvo lugar en la apertura de la conferencia política de los socialistas valencianos, celebrada en Alicante. Torró reclamó una oposición «seria» y con «sentido de Estado» y acusó al PP de convertir los problemas que afronta el Gobierno en instrumentos de desgaste político. Fue ahí donde apareció la expresión que ha marcado su discurso: Feijóo sería, según sus palabras, un «mal virus» que habría infectado la política y a dirigentes de su propio partido.

El lenguaje es grueso, incluso para una política española poco necesitada últimamente de ayuda para subir el volumen. Pero Torró quiso apoyarlo sobre dos asuntos que llevan semanas ocupando el centro de la confrontación entre Gobierno y oposición. Uno está en Ceuta, con miles de migrantes y menores llegados desde Marruecos y una capacidad de acogida sometida a enorme presión. El otro está en los tribunales y afecta al censo electoral exterior.

Ceuta, el primer frente entre PSOE y PP

La crisis migratoria de Ceuta se agravó tras la entrada masiva registrada a finales de julio. Durante septiembre, el Gobierno fue ampliando los espacios de acogida: de las aproximadamente 500 o 600 plazas que existían al comienzo de la crisis se pasó a varios miles, con la previsión oficial de superar las 6.000 mientras continuaban los procedimientos de identificación, protección internacional, retorno y atención a menores.

Feijóo ha acusado al Ejecutivo de falta de previsión y de no garantizar adecuadamente la frontera. El PP ha utilizado una terminología mucho más dura para describir lo ocurrido y ha reclamado una política migratoria más restrictiva. El Gobierno, mientras tanto, defiende que está movilizando recursos extraordinarios de acogida y seguridad para responder a una situación que ha desbordado la capacidad habitual de Ceuta.

El giro que el PSOE atribuye a Juan Jesús Vivas

Aquí aparece Juan Jesús Vivas. Torró sostiene que el presidente ceutí, del PP, había colaborado anteriormente con el Gobierno central pero que ahora habría cambiado de actitud siguiendo directrices de Feijóo. En concreto, la dirigente socialista le reprochó haber pasado de «tirar del carro» a «poner palos en las ruedas» de las medidas adoptadas desde Madrid. Es una acusación política del PSOE: la intervención no aporta por sí sola una prueba independiente de una orden concreta de Feijóo a Vivas.

La distancia política, eso sí, existe y es pública. Vivas ha endurecido sus críticas al Ejecutivo, mientras el PP reclama cambios en la gestión de la crisis. El Gobierno replica que las actuaciones deben realizarse dentro del marco legal y continúa con la identificación, el alojamiento y la tramitación de expedientes de los migrantes. El choque ya no gira únicamente alrededor de cuántas plazas hacen falta o dónde instalar un centro; también se disputa el relato de lo ocurrido en Ceuta y quién debe asumir la responsabilidad política.

La ley de nietos abre otra batalla

El segundo asunto citado por Torró es completamente distinto, aunque la pelea partidista lo haya colocado en el mismo escaparate. La denominada ley de nietos no es una ley independiente con ese nombre, sino la expresión utilizada habitualmente para aludir a una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que abrió vías para optar a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles.

La controversia actual no consiste simplemente en estar a favor o en contra de que descendientes de españoles obtengan la nacionalidad. El conflicto judicial se ha concentrado en las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, el CERA, derivadas de esas nacionalizaciones y en la interpretación administrativa aplicada para acreditar determinados supuestos de exilio.

Qué ha suspendido realmente el Tribunal Supremo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dejó en suspenso los efectos electorales de determinadas altas en el CERA vinculadas a esta vía mientras los consulados acreditan que concurren los requisitos previstos en la ley. La medida cautelar responde a recursos presentados por Iustitia Europa y Vox contra una decisión de la Junta Electoral Central.

La decisión es cautelar. No equivale a una sentencia definitiva sobre el fondo y tampoco supone, por sí misma, retirar la nacionalidad española a quienes la hayan obtenido. El Supremo ha establecido excepciones para los casos en los que los registros consulares acrediten que el ascendiente sufrió exilio conforme a los requisitos legales, sin aplicar automáticamente la presunción introducida posteriormente mediante una instrucción administrativa.

Ahí es donde Torró sitúa su segunda acusación contra Feijóo. La dirigente socialista sostiene que el PP está alimentando sospechas sobre el sistema electoral y reprocha al líder popular su posición después de haber defendido en otros momentos los vínculos de los descendientes de españoles residentes en países como Argentina. Para el PSOE, poner bajo sospecha esos votos amenaza derechos políticos; el PP sostiene, por el contrario, que la actuación judicial ha frenado una aplicación de la norma que considera inadecuada. Son dos interpretaciones enfrentadas y será el procedimiento judicial el que determine la cuestión jurídica de fondo.

Dos conflictos distintos dentro de la misma pelea política

Ceuta y la ley de nietos tienen poco que ver jurídicamente. Una cuestión afecta a inmigración, fronteras, acogida y relaciones con Marruecos; la otra, a nacionalidad, interpretación administrativa y derechos electorales. Políticamente, sin embargo, han terminado confluyendo porque PSOE y PP los utilizan para confrontar sus modelos de actuación del Estado.

El PP presenta la crisis ceutí como prueba de una política migratoria fallida y sostiene que el Gobierno debe ser mucho más contundente. En el debate del censo exterior, quienes han recurrido ante el Supremo consideran necesario comprobar que las inscripciones cumplen estrictamente los requisitos legales. El PSOE, por su parte, acusa a los populares de explotar políticamente la inmigración y de proyectar sospechas injustificadas sobre nuevos ciudadanos españoles.

La frase de Torró comprime todo ese enfrentamiento en dos palabras deliberadamente agresivas: «mal virus». Pero detrás del titular hay una disputa bastante menos simple. Hay una emergencia migratoria todavía gestionándose sobre el terreno, resoluciones judiciales cautelares pendientes de una decisión de fondo y una pugna política cada vez más áspera sobre inmigración, ciudadanía y voto.

Feijóo vuelve al centro de una confrontación que no afloja

El episodio de Alicante confirma hasta qué punto Feijóo se ha convertido en destinatario directo de las críticas del PSOE. Torró no limitó su ataque a una decisión concreta del PP: responsabilizó personalmente al presidente popular del rumbo adoptado por su partido en Ceuta y de la ofensiva política alrededor de la ley de nietos. Esa responsabilidad es la tesis defendida por el PSOE, mientras el PP dirige sus reproches hacia Sánchez y su Gobierno.

Quedan, mientras tanto, hechos que no dependen de metáforas. Ceuta continúa afrontando las consecuencias de la llegada masiva de migrantes; el Estado mantiene recursos extraordinarios de acogida y tramitación; el PP reclama una política fronteriza distinta; y el Tribunal Supremo deberá resolver una controversia que afecta al censo de españoles residentes en el extranjero. Entre medias, la política hace lo suyo: convertir debates jurídicos y administrativos muy complejos en una pelea de pocas palabras. Esta vez, dos bastaron.