¿Por qué se frenan las protestas en Ceuta pese al hartazgo vecinal?

Las protestas ciudadanas en Ceuta han echado el freno, pero el malestar no ha desaparecido. Asociaciones vecinales y parte de los promotores de las movilizaciones decidieron suspender las marchas durante el fin de semana ante el temor de que los incidentes violentos y la presencia o influencia de grupos ultras terminaran contaminando unas reivindicaciones que buena parte de los participantes insiste en presentar como pacíficas. La pausa, en realidad, ha resultado relativa.

Pese a la desconvocatoria, alrededor de 200 personas volvieron a manifestarse el sábado 29 de agosto, recorrieron parte de la ciudad y acabaron realizando una sentada después de que la Policía impidiera que avanzaran hacia la frontera del Tarajal. Ceuta llega así al mes de una crisis migratoria excepcional con miles de personas todavía en su territorio, vecinos exhaustos, una fuerte presencia policial y militar y una convivencia que lleva semanas caminando sobre cristales.

Ceuta baja el tono de las protestas, pero el conflicto sigue vivo

La decisión de suspender temporalmente las movilizaciones buscaba, sobre todo, separar el hartazgo vecinal de las expresiones racistas, los altercados y determinadas consignas que se habían escuchado durante las jornadas anteriores. La frontera entre protesta y desorden empezaba a hacerse demasiado fina.

Durante varios días, centenares de personas habían salido a las calles para exigir una solución inmediata a la presencia de miles de migrantes llegados durante la entrada masiva del 30 y 31 de julio. Las movilizaciones se dirigieron en ocasiones hacia lugares donde permanecen grupos de extranjeros, especialmente las playas de El Trampolín y Benítez.

Hubo noches tensas. La Policía tuvo que impedir contactos directos entre manifestantes y migrantes, se registraron daños en asentamientos improvisados y fueron destruidas o incendiadas algunas estructuras utilizadas para dormir. El reparto de alimentos de Cruz Roja llegó a sufrir interrupciones por motivos de seguridad.

Ese punto resultó decisivo. Seguir protestando significaba asumir el riesgo de que una reclamación ciudadana heterogénea —en la que participan vecinos de sensibilidades políticas y sociales muy diferentes— terminara identificada en bloque con quienes buscaban el enfrentamiento. Y Ceuta, precisamente Ceuta, conoce bien el precio de jugar con identidades y comunidades como si fueran fichas de parchís.

La desconvocatoria no vació las calles

El sábado demostró hasta qué punto resulta difícil apagar una movilización organizada de manera muy horizontal. Aunque los principales actos habían sido suspendidos, unos 200 ceutíes se concentraron en las Murallas Reales con intención de aproximarse al Tarajal y posteriormente a Loma Colmenar, donde existe un dispositivo provisional de acogida.

La Policía Nacional impidió que continuaran hacia la frontera. Los participantes realizaron entonces una sentada de unos 20 minutos, que obligó a cortar temporalmente el tráfico, antes de regresar hacia el centro.

La marcha estuvo acompañada por agentes de la Unidad de Intervención Policial y efectivos militares. Se exhibieron banderas españolas y ceutíes y volvieron a escucharse las consignas que han marcado las protestas de los últimos días, centradas en exigir expulsiones y reclamar la recuperación de la normalidad.

No hubo, por tanto, un silencio repentino. Más bien una especie de tregua desordenada: parte del movimiento vecinal quería parar, mientras otros ciudadanos preferían continuar. Las convocatorias han circulado fundamentalmente a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, sin una dirección única capaz de pulsar un interruptor y mandar a todo el mundo a casa.

El miedo a que otros se apropien del malestar

Esa ausencia de una estructura clara también explica el temor de las asociaciones vecinales. Una movilización espontánea puede crecer con rapidez, pero también resulta más sencilla de infiltrar, instrumentalizar o radicalizar.

Las autoridades han mantenido la vigilancia ante la posible aparición de personas vinculadas a movimientos ultras. La Policía no había constatado una presencia masiva de esos grupos en las manifestaciones del fin de semana, aunque sí se han investigado movimientos y antecedentes relacionados con activistas radicales llegados desde la Península.

La cuestión no es menor. Entre quienes protestan hay vecinos que denuncian inseguridad, presión sobre sus barrios o pérdida de espacios públicos y, al mismo tiempo, rechazan abiertamente el racismo y la violencia. La fotografía de Ceuta es bastante menos cómoda que el habitual combate político de dos colores. Hay enfado, miedo, solidaridad, discursos xenófobos, ayuda humanitaria y cansancio mezclados en las mismas calles.

Miles de migrantes siguen en Ceuta un mes después

El origen inmediato de las protestas continúa sin resolverse. Un mes después de la entrada masiva desde Marruecos, miles de migrantes permanecen todavía en la ciudad autónoma.

Ni siquiera existe una cifra completamente pacífica. El Gobierno central sitúa alrededor de 5.000 las personas que continúan en Ceuta, mientras que las autoridades de la ciudad han manejado estimaciones superiores, cercanas a 9.000. La dispersión de los migrantes por diferentes barrios, playas y recursos provisionales complica el recuento.

Sanidad ha informado de que alrededor de 3.800 personas se encuentran ya en espacios de acogida temporal, mientras continúan preparándose nuevas plazas. Entre quienes permanecen en Ceuta hay aproximadamente 1.500 menores, cuya situación jurídica y protección requieren procedimientos distintos de los aplicables a los adultos.

Y esa diferencia importa. Entrar irregularmente en España no significa adquirir automáticamente derecho a permanecer, pero tampoco permite una expulsión colectiva improvisada. Cada situación debe tramitarse conforme a la legislación de extranjería, protección internacional y, cuando corresponde, protección de menores.

España ha solicitado apoyo de Frontex y Europol para acelerar la identificación y el tratamiento de los expedientes. El Gobierno pretende ampliar los recursos de acogida y sacar de playas y calles a quienes permanecen a la intemperie para poder realizar filiaciones, controles sanitarios y procedimientos administrativos con unas mínimas garantías.

La paradoja resulta bastante visible: cuanto más tiempo pasan miles de personas desperdigadas por la ciudad, mayor es el malestar vecinal; pero precisamente para ejecutar devoluciones legalmente hay que identificar primero a esas personas, determinar su situación y tramitar sus expedientes. La burocracia puede ser desesperante. La alternativa a la burocracia, cuando hablamos de derechos fundamentales, suele ser bastante peor.

Inseguridad, agresiones y unas cifras que necesitan contexto

Las últimas jornadas también han dejado hechos violentos que han aumentado la sensación de inseguridad. Varios militares y guardias civiles han sufrido agresiones en distintos incidentes, y se han producido detenciones y expulsiones ordenadas judicialmente de algunos ciudadanos marroquíes implicados.

El sábado fueron detenidos cuatro marroquíes en situación irregular después de una nueva agresión con piedras contra militares. Días antes se había producido otro ataque contra una patrulla. Este domingo se conoció además la expulsión de otros cuatro ciudadanos marroquíes condenados por lesionar a tres guardias civiles tras un incidente ocurrido en la zona del Sarchal.

Son episodios graves. También conviene no convertirlos en una estadística imaginaria sobre miles de personas. Según datos trasladados por la Delegación del Gobierno, la criminalidad ha aumentado alrededor de un 5% durante el último mes. Se han registrado asimismo 17 agresiones sexuales, pero una parte esencial del dato suele desaparecer cuando empieza el ruido: la mayoría de las víctimas son menores migrantes.

La crisis tiene víctimas a ambos lados de la verja invisible que se está levantando dentro de la propia ciudad.

Vecinos denuncian que han dejado de utilizar con normalidad algunas playas y espacios públicos y que determinadas familias limitan las salidas de sus hijos. Comerciantes y empresarios hablan del impacto económico. Organizaciones humanitarias, entretanto, aseguran haber recibido insultos y amenazas por proporcionar alimentos y asistencia a los migrantes.

Ese es probablemente el retrato más incómodo de Ceuta: dos vulnerabilidades conviviendo a pocos metros. Una población que reclama recuperar su vida cotidiana y miles de extranjeros que duermen en condiciones precarias mientras esperan saber si serán expulsados, acogidos o trasladados.

La convivencia se convierte en el terreno decisivo

Ceuta tiene cerca de 85.000 habitantes y una identidad social peculiar, construida durante generaciones alrededor de comunidades cristianas, musulmanas, judías e hindúes. Convertir cualquier conflicto migratorio en un choque entre musulmanes y cristianos no solo sería falso; también sería echar gasolina en uno de los lugares donde menos conviene jugar con cerillas.

Numerosos vecinos musulmanes ceutíes participan en la preocupación por la crisis y otros ciudadanos cristianos colaboran proporcionando comida o ayuda a los migrantes. Hay asociaciones que reclaman expulsiones rápidas y otras que denuncian ataques racistas. Incluso dentro de una misma familia pueden convivir esas contradicciones.

La expresión repetida estos días —“no somos racistas”— revela precisamente esa batalla por definir qué significan las protestas. Para muchos ciudadanos, el problema es la incapacidad de las administraciones para absorber una llegada extraordinaria y devolver la normalidad. Para organizaciones humanitarias, determinados actos ya han cruzado claramente la frontera hacia el hostigamiento xenófobo.

Ambas cosas pueden coexistir. Reconocer el derecho de los ceutíes a exigir seguridad y servicios públicos funcionales no obliga a justificar ataques contra migrantes; denunciar comportamientos racistas tampoco convierte automáticamente en racista a cualquier vecino que proteste. Lo sencillo sería meterlo todo en una caja ideológica. La realidad, impertinente como suele, no cabe.

El 2 de septiembre vuelve a poner a prueba las calles

La siguiente fecha importante será el 2 de septiembre, Día de Ceuta. Las asociaciones vecinales tienen prevista una nueva gran movilización y, paralelamente, se han convocado concentraciones de apoyo a la ciudad en distintos puntos de España.

La cita ya ha entrado también en la refriega política nacional. El PP ha anunciado su respaldo a las concentraciones, mientras que el PSOE ha acusado a los populares de utilizar partidistamente las convocatorias promovidas desde la Federación Española de Municipios y Provincias y ha anunciado que no participará en ellas.

Mientras los partidos discuten sobre quién capitaliza el enfado, el problema físico sigue allí: personas durmiendo en condiciones precarias, dispositivos policiales, espacios de acogida insuficientes y barrios que quieren volver a una normalidad que hace un mes parecía aburridamente garantizada. Ahora resulta casi un lujo.

El Gobierno confía en disponer de nuevos espacios de acogida durante las próximas semanas. Ángel Víctor Torres, responsable del mando único creado para gestionar la crisis, ha advertido de que una escalada de violencia retrasaría la solución y calcula que la normalización completa podría necesitar varios meses.

Interior también ha anunciado el refuerzo de la seguridad con nuevos policías. Paralelamente continúan las devoluciones judicialmente autorizadas y los procedimientos para determinar quién tiene derecho a permanecer en España y quién debe regresar a Marruecos.

Este domingo, la llamada Armada de la Solidaridad, formada por unos 60 barcos llegados principalmente desde Andalucía, recorrió aguas ceutíes acompañada por embarcaciones locales. Centenares de vecinos acudieron a despedirla con banderas españolas y de Ceuta. Otro síntoma, más festivo, de una ciudad que quiere hacerse escuchar.

Ceuta necesita recuperar algo más que sus calles

Las protestas se han frenado porque parte de la sociedad ceutí teme que la violencia y los extremismos secuestren una reivindicación que nació del cansancio. Pero el hartazgo sigue intacto. La manifestación espontánea del sábado lo dejó bastante claro y el 2 de septiembre ofrecerá una medida mucho más precisa de hasta dónde llega la movilización ciudadana.

Resolver la crisis exige reducir cuanto antes la presencia de personas viviendo en playas y calles, acelerar los expedientes, proteger a los menores, ejecutar las devoluciones que correspondan legalmente y garantizar la seguridad. También impedir que el miedo convierta a cualquier migrante en sospechoso o que cualquier protesta vecinal sea despachada cómodamente como xenofobia.

Un mes después, Ceuta continúa buscando algo bastante elemental: volver a utilizar sus calles sin miedo y sin odio. Parece poca cosa. Hasta que se pierde.