¿Por qué 60 policías piden retirar la Gavidia de Memoria Democrática?

Sesenta policías nacionales han pedido a la Junta de Andalucía que los antiguos calabozos de la comisaría de la Gavidia, en Sevilla, dejen de figurar como Lugar de Memoria Democrática. También se han dirigido al alcalde, José Luis Sanz, para reclamar que el futuro espacio expositivo previsto dentro del edificio no presente una imagen que, a su juicio, pueda menoscabar la profesionalidad y la dignidad de quienes trabajaron allí. La petición abre un conflicto que mezcla historia, memoria, Policía, franquismo y la transformación de una vieja jefatura en un hotel de lujo.

El punto esencial es menos simple de lo que sugiere el titular: no está protegido todo el edificio como escenario represivo, sino una parte de los antiguos calabozos del semisótano, aproximadamente 215 metros cuadrados. La Junta justificó su inscripción por los interrogatorios y detenciones de ciudadanos vinculados a sus ideas políticas, reivindicaciones sociales u orientación sexual durante la dictadura. Los agentes que reclaman su retirada cuestionan precisamente la lectura que pueda hacerse de ese pasado y temen que termine proyectándose sobre el conjunto de los policías que prestaron servicio en la Gavidia.

Qué fue realmente la comisaría de la Gavidia

La llamada comisaría de la Gavidia es la antigua sede de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, aunque su dirección está en la plaza de la Concordia, junto a la propia plaza de la Gavidia y El Duque. El edificio fue levantado a comienzos de los años sesenta y funcionó como sede policial desde 1964 hasta 2003. Su arquitectura, sobria, geométrica, muy de aquella España desarrollista de hormigón, despachos y fluorescentes, terminó convirtiéndolo también en una pieza reconocible del paisaje urbano sevillano.

Pero su importancia histórica no procede de la fachada. Durante la dictadura, la sede estuvo vinculada a la actividad policial contra opositores políticos, sindicalistas, estudiantes y otros ciudadanos considerados contrarios al régimen. Testimonios de antiguos detenidos y documentación reunida durante el procedimiento administrativo describen interrogatorios, privaciones de libertad y episodios de represión en los calabozos de la jefatura. Esa es la razón jurídica que llevó a proteger una zona concreta del inmueble, no una valoración genérica sobre toda la historia de la Policía española ni sobre todas las personas que pasaron por aquellas oficinas.

Conviene afinar también una fecha que suele aparecer simplificada. En 2017 terminó la fase de valoración para reconocer varios espacios andaluces de memoria; el procedimiento formal sobre la Gavidia se incoó en enero de 2019 y la inscripción definitiva de sus antiguos calabozos en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía fue aprobada por el Consejo de Gobierno el 30 de junio de 2020. Es decir, la decisión final se produjo ya durante la presidencia de Juanma Moreno.

Por qué los 60 policías piden retirar esa protección

La reclamación de los agentes tiene dos vertientes. Una va dirigida a la Junta de Andalucía y pretende que desaparezca la inscripción memorialista. La otra mira al Ayuntamiento de Sevilla: reclaman que el futuro centro de interpretación no se convierta, según la expresión recogida en su petición, en una exposición que pueda «denigrar» la profesionalidad y dignidad de cientos de policías que trabajaron en la antigua jefatura. Entre los firmantes hay antiguos mandos y personal relacionado con la dependencia policial.

El fondo de su posición es fácilmente identificable. Una comisaría puede haber servido durante una dictadura como engranaje de represión política y, al mismo tiempo, haber continuado funcionando durante décadas dentro de un Estado democrático con centenares de profesionales que nada tuvieron que ver con aquellos hechos. Una etapa histórica no convierte automáticamente a todos sus trabajadores posteriores en responsables de lo ocurrido antes.

Pero tampoco ocurre lo contrario. Que el edificio continuara funcionando después de 1978, acogiera a generaciones distintas de policías o desarrollara una actividad ordinaria de seguridad ciudadana no elimina los hechos anteriores que fundamentaron administrativamente la protección de los calabozos. La discusión, por tanto, no es tanto si hubo policías que ejercieron correctamente su trabajo —los hubo— como qué debe recordar exactamente el espacio y de qué manera debe hacerlo.

La Gavidia también fue objetivo de ETA

Hay, además, otra capa histórica que pesa en la memoria profesional de la antigua jefatura. El 2 de abril de 1990 fue detenido Henri Parot, integrante de ETA, cuando se dirigía hacia Sevilla con un vehículo cargado con más de 300 kilos de explosivos. El objetivo previsto era la Jefatura Superior de Policía de la plaza de la Concordia. La operación frustró un atentado que habría tenido lugar en pleno centro de una ciudad que se preparaba entonces para la Expo de 1992.

Ese episodio forma parte también de la biografía del inmueble. Lo cual muestra la dificultad de encerrar sesenta años de historia en una sola etiqueta: centro de represión durante el franquismo, comisaría durante la democracia y objetivo del terrorismo de ETA años más tarde. Son hechos distintos, cronologías distintas y responsabilidades distintas. Una exposición rigurosa puede explicar todos sin necesidad de borrar ninguno.

Lo que dice realmente la declaración de memoria democrática

La Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática define estos lugares como espacios donde ocurrieron hechos de especial relevancia relacionados con la lucha por las libertades democráticas o con la represión durante el golpe de 1936, la dictadura franquista y el proceso posterior de recuperación de la democracia. La inscripción supone protección, conservación y reconocimiento institucional.

En el caso de la Gavidia, el acuerdo publicado en el BOJA fue bastante concreto. Identificó como espacio protegido una parte de los antiguos calabozos del semisótano, susceptible de funcionar independientemente del resto del edificio y con acceso propio desde la plaza de la Concordia. La superficie estimada ronda los 215 metros cuadrados. El documento consideró necesaria su señalización como referente de memoria democrática y la conservación de aquellos elementos capaces de testimoniar los hechos históricos ocurridos allí.

Este detalle importa mucho. Formalmente, el acuerdo no afirma que todos los policías destinados en la Gavidia fueran represores, ni convierte las siete plantas de la antigua jefatura en un museo sobre la dictadura. La protección jurídica se concentra en los calabozos y en los hechos que justificaron su reconocimiento.

¿Puede la Junta eliminar ahora la Gavidia del inventario?

Sí existe un procedimiento legal para hacerlo, pero no basta con solicitarlo. El artículo 25 de la Ley 2/2017 permite modificar o cancelar la inscripción de un Lugar de Memoria Democrática cuando hayan cambiado o desaparecido las circunstancias que motivaron su inclusión. Esa cancelación debe tramitarse mediante un procedimiento equivalente al utilizado para inscribirlo.

Ahí está el nudo jurídico de la petición presentada por los policías. La Junta tendría que analizar si concurren las condiciones previstas por la ley y motivar cualquier eventual cambio. Mientras no exista otro acuerdo administrativo, los antiguos calabozos continúan protegidos por su actual régimen de memoria democrática.

Y hay una circunstancia política relevante, aunque estrictamente factual: la inscripción definitiva de 2020 no fue una decisión heredada sin más de un Gobierno anterior. La aprobó el Consejo de Gobierno presidido por Juanma Moreno, después de que el expediente hubiera comenzado años antes. La petición de los agentes coloca así al actual Ejecutivo andaluz ante una resolución adoptada durante su propia etapa de gobierno.

Un hotel de cinco estrellas encima de los antiguos calabozos

Mientras la discusión histórica sigue abierta, el edificio ha cambiado radicalmente de vida. Después de permanecer cerrado durante años, fue vendido para su rehabilitación y transformación en un hotel de cinco estrellas, el Thompson Sevilla. El proyecto mantiene dentro del inmueble el espacio reservado a la memoria democrática, pero con entrada independiente desde la plaza de la Concordia.

En julio de 2026, el Ayuntamiento recibió formalmente el derecho de uso de esos 215 metros cuadrados, ubicados en el semisótano. El compromiso de reservarlos ya estaba asociado a la venta del edificio y a su posterior desarrollo hotelero. Una puerta conduce al lujo contemporáneo; otra, literalmente, debe conducir a los antiguos calabozos. Sevilla y sus paradojas urbanas rara vez necesitan guionista.

La polémica se había calentado unas semanas antes por una primera propuesta de musealización vinculada al proyecto hotelero que incluía elementos de tono desenfadado y posibilidades de uso que provocaron fuertes críticas de organizaciones memorialistas. El alcalde aseguró después que el Ayuntamiento todavía no disponía de un proyecto definitivo de contenidos y que las asociaciones relacionadas con la memoria democrática serían consultadas.

Ese antecedente ayuda a entender por qué los policías han intervenido también en el debate sobre la exposición. Unos temen la banalización del sufrimiento de quienes pasaron por los calabozos; otros, una representación que transforme a generaciones completas de funcionarios policiales en personajes secundarios de una historia de tortura. Las dos discusiones no son idénticas, aunque hayan terminado chocando en los mismos 215 metros cuadrados.

Memoria histórica no significa memoria única

El caso de la Gavidia plantea algo bastante más interesante que una disputa administrativa. Los edificios sobreviven a los regímenes políticos y acumulan vidas que no encajan bien en una placa de bronce. Aquella jefatura perteneció al aparato policial de una dictadura, fue escenario documentado de represión política, siguió funcionando durante la democracia y décadas después reaparece convertida en hotel mientras una pequeña parte de sus sótanos queda reservada para recordar precisamente lo que ocurrió allí.

Reconocer los abusos cometidos durante el franquismo no exige atribuirlos colectivamente a quienes vistieron después el mismo uniforme. Del mismo modo, reivindicar la dignidad de los policías que trabajaron durante la democracia no obliga a desdibujar las detenciones, interrogatorios y actos de represión que sustentaron la declaración oficial del lugar.

La cuestión que tendrá que resolver la Junta es administrativa y jurídica: si existen razones legales para cancelar la inscripción. La que tendrá que afrontar el Ayuntamiento es distinta y quizá más delicada: decidir cómo contar esa historia dentro del futuro centro de interpretación sin convertirla ni en propaganda ni en decoración de hotel.

Un sótano pequeño para una historia demasiado grande

La antigua comisaría de la Gavidia ya no volverá a ser lo que fue. Sobre sus viejos despachos avanza un hotel de lujo; debajo quedan 215 metros cuadrados cargados de una historia incómoda, de esas que ningún cambio de uso consigue reformar del todo.

Los 60 policías quieren que la Junta retire la protección memorialista y reclaman que el relato futuro no dañe la imagen de quienes ejercieron allí su profesión. La legislación vigente, mientras tanto, mantiene inscritos los antiguos calabozos por su relación con la represión franquista y solo contempla cancelar esa condición cuando hayan cambiado o desaparecido las circunstancias que motivaron la declaración.

Ahí está el asunto, despojado del ruido. No se discute únicamente qué ocurrió en la Gavidia, sino cómo debe recordarse y a quién alcanza ese recuerdo. Entre borrar el pasado y convertirlo en una caricatura hay bastante espacio. Aproximadamente, en este caso, 215 metros cuadrados.