¿Por qué cuesta llegar a fin de mes? Un profesor explica las causas

Llegar a fin de mes se ha complicado para muchas familias españolas y el profesor de Economía Javier Díaz-Giménez ha puesto una explicación sobre la mesa que difícilmente iba a pasar inadvertida. El economista del IESE sostiene que no puede atribuirse todo el deterioro del bolsillo únicamente a la inflación o a unos salarios estancados y apunta también al cambio en las pautas de consumo: «cada vez tenemos gustos más extravagantes».

La frase, pronunciada este 14 de septiembre durante una intervención en La mirada crítica, ha encendido el debate porque llega en un momento bastante poco abstracto para los hogares: el IPC adelantado de agosto se encuentra en el 4,3% interanual, su nivel más alto desde febrero de 2023, mientras vivienda, combustible y otros gastos cotidianos continúan apretando unas cuentas domésticas que, para mucha gente, ya llegaban justas.

Qué ha dicho realmente Javier Díaz-Giménez

La intervención del profesor partió de una discusión sobre cuánto se ha encarecido la vida en España desde 2018. Díaz-Giménez pidió distinguir entre la sensación de que «todo» ha subido de precio y el comportamiento real del índice general de precios, que reúne cientos de productos y servicios y les asigna un peso distinto dentro de la cesta de consumo.

Su argumento tiene una parte difícil de discutir: no todos los precios evolucionan igual. Un teléfono móvil puede abaratarse mientras la gasolina se dispara; una prenda de ropa apenas cambia mientras el restaurante de la esquina modifica dos veces la carta. El IPC intenta meter todas esas piezas en una sola fotografía estadística. El problema es que la fotografía media no siempre se parece al álbum familiar.

Díaz-Giménez también rechazó la idea de que los salarios no hayan aumentado durante estos años. Citó expresamente el salario mínimo y las pensiones, dos rentas que han registrado incrementos importantes. El SMI es de 1.221 euros mensuales en 14 pagas en 2026, frente a los 735,90 euros de 2018. Es decir, el suelo salarial legal ha crecido alrededor de un 66% en términos nominales durante ese periodo, bastante más que el IPC general.

La polémica aparece después. Al explicar por qué existe, pese a esas subidas, una percepción tan extendida de dificultad económica, el profesor introdujo los cambios de consumo y unos deseos cada vez más costosos. Un argumento sugerente en una clase de economía del comportamiento; bastante más áspero cuando se escucha mientras el recibo de la vivienda ocupa media nómina.

Los precios sí han subido alrededor de un 27% desde 2018

Aquí conviene limpiar el cristal. La cifra del 27% de aumento acumulado del IPC desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa tiene una base estadística reconocible, aunque las fechas exactas importan.

La calculadora oficial del Instituto Nacional de Estadística sitúa en un 27,0% el aumento del índice general nacional entre julio de 2018 y junio de 2026. El dato desmonta la idea de que ese porcentaje sea simplemente una exageración política. Otra cosa es utilizarlo para concluir que todos los españoles son exactamente un 27% más pobres, algo que las estadísticas no permiten afirmar.

Los precios tampoco han subido de forma uniforme. Hasta marzo de 2026, comparando con junio de 2018, los alimentos y bebidas no alcohólicas acumulaban un encarecimiento del 41,5%; restaurantes y alojamientos, del 32,6%; seguros y servicios financieros, del 28,4%; vivienda, agua, electricidad y gas, del 23,1%. Información y comunicaciones, en cambio, era un 3,4% más barata. Ahí está una de las trampas de las medias: nadie cena un índice de telecomunicaciones.

El golpe depende también de dónde se gasta el dinero

Dos hogares con los mismos ingresos pueden sufrir inflaciones muy distintas en la práctica. Una familia que destina buena parte de su sueldo al alquiler, al coche y a alimentar a tres hijos nota especialmente las categorías que más han subido. Otra persona con vivienda pagada, poco uso del automóvil y capacidad de ahorro puede atravesar el mismo periodo con bastante menos erosión.

Por eso existe una diferencia entre inflación oficial e inflación percibida que no implica necesariamente que una de las dos sea falsa. El IPC mide correctamente lo que pretende medir: una cesta representativa del consumo agregado. Pero ningún hogar español es exactamente esa cesta.

Y agosto ha vuelto a complicar la ecuación. El avance del INE sitúa la inflación anual en el 4,3%, siete décimas por encima de julio, impulsada especialmente por los combustibles. La inflación subyacente, que elimina energía y alimentos no elaborados para observar mejor la tendencia de fondo, se modera al 2,9%. Dicho de otra manera: parte del último fogonazo procede de la energía, aunque el resto de los precios tampoco ha regresado precisamente a 2018.

Los salarios han subido, pero no todos corren a la misma velocidad

La otra mitad del debate está en las nóminas. Y aquí una afirmación general —«los salarios han subido» o «los salarios no han subido»— sirve de poco. La evolución depende del sector, del convenio, del salario de partida y de si existe o no una cláusula de revisión salarial.

El coste salarial medio por trabajador alcanzó los 2.403,80 euros mensuales en el primer trimestre de 2026, un 4,9% más que un año antes, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral. Hay, por tanto, aumentos nominales claros.

Pero la carrera relevante no se disputa contra el salario del año pasado, sino contra lo que cuestan las cosas. Los trabajadores cubiertos por convenios colectivos vigentes registraban incrementos salariales medios de alrededor del 3,04%, mientras la inflación de agosto alcanzaba el 4,3%. Para unos 8,8 millones de trabajadores incluidos en esos acuerdos, vuelve a aparecer una pérdida de poder adquisitivo si esa distancia se mantiene.

El SMI cuenta otra historia. Ha pasado de 735,90 euros mensuales en 2018 a 1.221 euros en 2026, un incremento nominal muy superior al de los precios. Quienes estaban en el tramo más bajo de salarios han recibido, por tanto, una protección considerable frente a la inflación acumulada. No significa que vivan holgadamente. Significa algo bastante más preciso: su salario mínimo legal ha crecido más deprisa que el IPC general.

La vivienda cambia por completo la conversación

Hay un elefante bastante grande en la habitación: la vivienda. Y no cabe en una cesta de la compra.

España se encuentra entre los países europeos donde acceder a una casa exige un mayor esfuerzo económico. Un hogar tipo necesita destinar cerca del 40% de sus ingresos brutos para comprar vivienda, mientras adquirir una casa requiere casi siete años de renta familiar neta; en mercados como Madrid o Málaga, el esfuerzo puede acercarse a diez años.

Eso explica por qué dos estadísticas aparentemente contradictorias pueden ser ciertas al mismo tiempo. El salario de una persona puede haber subido y su capacidad para comprarse una vivienda haber empeorado. Puede tener una nómina mayor, pero encontrarse con alquileres o precios inmobiliarios que han corrido todavía más.

El coste financiero tampoco ayuda. El tipo medio de las nuevas hipotecas a más de tres años para comprar vivienda libre se situó en el 3,077% en julio, frente al 2,840% de marzo. Son décimas que parecen pequeñas sobre el papel; multiplicadas por veinte o treinta años de préstamo, dejan de ser decoración decimal.

¿Son realmente los «gustos extravagantes» el problema?

El consumo ha cambiado. Eso es evidente. Hace veinte años apenas existían en el presupuesto doméstico las plataformas de vídeo, las suscripciones digitales, determinados servicios tecnológicos o algunos hábitos de ocio que hoy parecen ordinarios. También viajamos más, pedimos comida a domicilio con mayor frecuencia y vivimos rodeados de productos que generaciones anteriores considerarían lujos cotidianos.

Pero reducir las dificultades económicas a esos nuevos deseos sería quedarse con media película. Los grandes gastos de un hogar continúan siendo muy poco extravagantes: casa, comida, transporte y energía. Precisamente varias de esas partidas se encuentran entre las que más han encarecido la vida durante los últimos años.

La idea de Díaz-Giménez funciona mejor como advertencia sobre el llamado lifestyle inflation, la tendencia a gastar más a medida que mejoran los ingresos y aparecen nuevas necesidades, que como explicación completa de la pérdida de poder adquisitivo. Hay hogares que podrían recortar suscripciones o cenas fuera. Otros apenas tienen ya dónde meter las tijeras.

El propio escenario salarial muestra esa diversidad. No está igual quien cobra el SMI, quien firmó un convenio con cláusula de revisión salarial, quien arrastra una nómina prácticamente congelada o quien compró su vivienda hace quince años. Hablar del «español medio» sirve para hacer estadística. Para pagar las facturas, bastante menos.

El bolsillo no cabe en una sola explicación

La intervención de Javier Díaz-Giménez ha resultado incómoda porque toca una cuestión real —el aumento de las expectativas de consumo— justo cuando los datos describen otra realidad igualmente tangible: vivir en España es sustancialmente más caro que en 2018.

El IPC general había aumentado un 27% entre julio de 2018 y junio de 2026, la inflación volvió al 4,3% en agosto y algunos salarios negociados crecen este año por debajo de los precios. Al mismo tiempo, el salario mínimo ha avanzado muy por encima de la inflación acumulada y otros costes salariales también mantienen subidas relevantes. No existe una única España económica. Hay varias, superpuestas.

La frase sobre los «gustos extravagantes» explica una parte pequeña y discutible del cuadro. La vivienda explica otra mucho más pesada; los carburantes, los alimentos, la estructura salarial y el tipo de hogar completan la escena. Al final, el problema de llegar a fin de mes tiene algo de estadística y bastante de vida corriente: la nómina entra una vez; las facturas, en cambio, parecen saber perfectamente dónde está la puerta.